Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03746-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03746-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03746-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
19 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03746-00
Accionantes: José Carlos Toncel García y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03746-00
Accionantes: José Carlos Toncel García y otros
Accionados: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por Heivind Palomino Gutiérrez, quien
manifestó actuar como agente oficioso de los señores Juan David López Rojas,
Federman Asley López y José Carlos Toncel García, contra el Tribunal Administrativo del
Cesar, el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, el Juzgado Ciento Tres
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Valledupar, el
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Valledupar y la Oficina
Judicial de Valledupar.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Heivind Palomino Gutiérrez, quien manifestó actuar como agente oficioso de los señores
Juan David López Rojas, Federman Asley López y José Carlos Toncel García, promovió
acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales
a la libertad personal, al habeas corpus efectivo, al debido proceso, a la defensa técnica,
de postulación, de acceso efectivo a la administración de justicia, a la doble instancia
funcional, a la tutela judicial efectiva, y a los principios pro libertate y pro homine1, que
consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar y el Consejo de Estado-
Sección Tercera-Subsección B al proferir las providencias del 8 de mayo de 2026 y 13
de mayo de 2026, respectivamente, dentro de la acción de habeas corpus identificada
con el radicado número 20001-23-33-000-2026-00137-00/01.
Adicionalmente, también atribuyó la vulneración de las garantías fundamentales de sus
representados con ocasión de las actuaciones adelantadas por el Juzgado Ciento Tres
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI,
certificado 3DE5DDCC7018346F CBEB28B4B7311EE5 FF9991C1329A4D39
D21FB9A7C4BCC733, páginas 1 a 23.
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Accionantes: José Carlos Toncel García y otros
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Valledupar, el
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Valledupar y la Oficina
Judicial de Valledupar con ocasión a las acciones u omisiones en las que incurrieron en
“la concesión, remisión, reparto, registro, ubicación, trámite o documentación del recurso
de apelación interpuesto contra la medida de aseguramiento impuesta el 26 de marzo de
2026”2.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. El 20 de marzo de 2026 los señores Juan David López Rojas, Federman Asley López
y José Carlos Toncel García fueron capturados en la ciudad de Valledupar (Cesar) por la
presunta comisión del delito de extorsión.
2.2. Mediante providencia dictada en audiencia del 26 de marzo de 2026, el Juzgado
Ciento Tres Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Valledupar
(Cesar) impuso en su contra medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva en establecimiento carcelario por la supuesta comisión de los punibles de
concierto para delinquir agravado con fines de extorsión en concurso con extorsión
agravada.
2.3. Según afirma la parte actora, en la misma fecha, por conducto de apoderado judicial,
interpusieron y sustentaron recurso de apelación, en el efecto devolutivo, contra la
decisión que restringió su libertad.
2.4. Ante la ausencia de trámite del recurso de apelación, el 7 de mayo de 2026, los
señores Juan David López Rojas, Federman Asley López y José Carlos Toncel García,
a través de apoderado judicial, promovieron acción de habeas corpus, con el propósito
de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso
y, en consecuencia, se ordenara su libertad inmediata “por haberse configurado una
prolongación ilegal, indebida prolongación ilegal, indebida e injustificable de la privación
de la libertad, derivada de la falta de trámite verificable, concesión, remisión, reparto,
registro, ubicación, decisión y control efectivo del recurso de apelación interpuesto y
sustentado en la misma audiencia contra la decisión que les impuso medida de
aseguramiento el 26 de marzo de 2026”3.
La parte actora indicó que, para el 7 de mayo de 2026, habían transcurrido 42 días desde
la imposición de la medida de aseguramiento sin que se hubiera resuelto el recurso de
apelación y que, aunque el proceso penal continuó su trámite ordinario, se configuró una
prolongación ilegal de la privación de la libertad, máxime cuando la apelación había
permanecido sin trazabilidad verificable.
2 Ibid.
3 Solicitud de habeas corpus visible en el
índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 3DE5DDCC7018346F
CBEB28B4B7311EE5 FF9991C1329A4D39 D21FB9A7C4BCC733, páginas 24 a 36.
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2.5. La acción constitucional de habeas corpus se identificó con el radicado núm. 20001-
23-33-000-2026-00137-00 y le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del
Cesar, autoridad judicial que, mediante providencia del 8 de mayo de 2026, dictada en
sala unitaria, declaró la improcedencia de la acción por no superar el presupuesto de
subsidiariedad.
El tribunal indicó que el habeas corpus fue promovido sin que la parte actora acreditara
haber acudido previamente a los mecanismos ordinarios de impulso, verificación y
reclamación disponibles dentro del proceso penal para establecer el estado del recurso
de apelación que interpuso contra la medida de aseguramiento impuesta contra sus
defendidos el 26 de marzo de 2026.
2.6. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora presentó recurso de apelación,
cuyo conocimiento correspondió al despacho del magistrado Fredy Ibarra Martínez de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien, en sala unitaria del
13 de mayo de 2026 confirmó la providencia de primera instancia. Estimó que, si los
accionantes consideraban que existió mora en el trámite de asignación y resolución del
recurso de apelación y que esta configuraba una causal inmediata de libertad, debieron
formular la correspondiente solicitud de libertad ante cualquiera de los jueces de control
de garantías competentes.
Precisó que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema
de Justicia han señalado que la acción de habeas corpus no constituye un recurso
ordinario adicional a los mecanismos previstos por el legislador en la normativa procesal
penal, ni una instancia adicional del proceso. En consecuencia, indicó que dicha acción
resulta improcedente cuando existen mecanismos ordin arios idóneos y eficaces para
reclamar la protección del derecho fundamental a la libertad.
2.7. La parte actora indicó que, dentro del trámite del habeas corpus, se registró
información según la cual el recurso de apelación habría sido repartido el 8 de mayo de
2026 al Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar, bajo el radicado núm.
20400600119720260007600, secuencia 386.
2.8. El extremo activo afirmó que, con posterioridad, la defensa fue notificada de la
audiencia de lectura de la providencia que resolvió el recurso de apelación penal.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó:
“PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales a la libertad personal, debido
proceso, defensa técnica, derecho de postulación, acceso efectivo a la administración
de justicia, doble instancia, tutela judicial efectiva y garantía constitucional del habeas
corpus de JUAN DAVID LÓPEZ ROJAS, FEDERMAN ASLEY LÓPEZ y JOSÉ
CARLOS TONCEL GARCÍA, en conexidad con los principios pro libertate y pro
persona.
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Accionantes: José Carlos Toncel García y otros
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS, para los fines del presente amparo
constitucional, la providencia proferida el 13 de mayo de 2026 por el Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, dentro
del expediente 20001233300020260013701, mediante la cual se confirmó la
improcedencia del habeas corpus promovido en favor de JUAN DAVID LÓPEZ
ROJAS, FEDERMAN ASLEY LÓPEZ y JOSÉ CARLOS TONCEL GARCÍA.
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS, en lo
pertinente, la providencia del 8 de mayo de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, dentro del radicado 20001233300020260013700, mediante
la cual se declaró improcedente el habeas corpus, en cuanto dicha decisión fue
confirmada sin resolver de fondo el problema constitucional planteado por la defensa.
CUARTO. ORDENAR al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, que dentro del término perentorio que fije el juez
constitucional profiera una decisión de reemplazo, en la cual analice de manera
expresa, material y completa el núcleo real del habeas corpus, la ausencia de
trazabilidad verificable del recurso de apelación interpuesto y sustentado contra la
medida de aseguramiento el 26 de marzo de 2026, hasta su aparición, recepción o
reparto informado el 8 de mayo de 2026.
QUINTO. ORDENAR que la decisión de reemplazo no reconduzca artificialmente el
debate a una libertad por vencimiento de términos del artículo 317 de la Ley 906 de
2004, ni a la simple existencia posterior de una audiencia de lectura o decisión del
recurso, sino que examine si durante el período comprendido entre el 26 de marzo y
el 8 de mayo de 2026 existió una afectación constitucional autónoma derivada de la
falta de acta visible, constancia efectiva de concesión, remisión verificable, despacho
receptor identificado, reparto oportuno y posibilidad real de control por la defensa.
SEXTO. ORDENAR que, al emitir la decisión de reemplazo, se determine
expresamente si la aparición tardía de la trazabilidad del recurso el 8 de mayo de
2026, o la eventual lectura posterior de la decisión de segunda instancia, saneó o no
la lesión constitucional ya consumada durante el lapso en que la apelación careció de
ruta institucional verificable.
SÉPTIMO. ORDENAR al Juzgado 103 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías Ambulante de Valledupar, al Centro de Servicios Judiciales del Sistema
Penal Acusatorio de Valledupar, a la Oficina Judicial de Valledupar y al Juzgado
Primero Penal del Circuito de Valledupar que, dentro del término que fije el juez
constitucional, remitan los soportes preexistentes, originales, físicos, digitales,
electrónicos o de sistema, que den cuenta de la interposición, sustentación,
concesión, remisión, recepción, reparto, ingreso al despacho y trámite del recurso de
apelación interpuesto contra la medida de aseguramiento el 26 de marzo de 2026,
indicando fecha, hora, funcionario responsable, medio utilizado y dependencia
receptora.
OCTAVO. Como medida consecuencial, y únicamente en caso de que el juez
constitucional concluya que la ausencia de trazabilidad verificable del recurso produjo
una afectación actual, material y no saneada sobre el título restrictivo de la libertad,
ADOPTAR la medida necesaria para restablecer efectivamente los derechos
vulnerados, incluida, si fuere procedente, la libertad inmediata de JUAN DAVID
LÓPEZ ROJAS, FEDERMAN ASLEY LÓPEZ y JOSÉ CARLOS TONCEL GARCÍA,
salvo que exista en su contra otro título judicial autónomo, distinto, vigente y
debidamente soportado.
NOVENO. Subsidiariamente, si el juez constitucional considera que no procede dejar
sin efectos las providencias cuestionadas ni adoptar una medida directa sobre la
libertad, DECLARAR la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
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ausencia de trazabilidad verificable del recurso de apelación durante el período
comprendido entre el 26 de marzo y el 8 de mayo de 2026, y ORDENAR a las
autoridades judiciales competentes adoptar las medidas correctivas necesarias para
que las apelaciones contra medidas de aseguramiento intramural sean registradas,
remitidas, repartidas, comunicadas y consultables de manera inmediata, verificable y
trazable por las partes”4.
Como medidas provisionales, la parte actora pidió la preservación y recaudo de
información relacionada con la audiencia concentrada del 26 de marzo de 2026, el trámite
del recurso de apelación, las actuaciones surtidas en el habeas corpus y la situación de
custodia de los procesados, mediante órdenes dirigidas a las autoridades judiciales y
penitenciarias competentes para conservar, certificar y remitir los respectivos registros y
soportes documentales.
Como fundamento a sus pretensiones la parte actora atribuyó a las providencias
proferidas por el Tribunal Administrativo del Cesar y por el Consejo de Estado varios
defectos que, en su criterio, configuran una vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
Alegó la configuración de un defecto fáctico, por cuanto las autoridades judiciales
habrían realizado una valoración incompleta y distorsionada de las pruebas relevantes
obrantes en el trámite de habeas corpus. Adujo que los jueces omitieron otorgar el
alcance debido al informe rendido por el Centro de Servicios Judiciales de Valledupar, en
el que inicialmente se indicó que no existía acta que acreditara la interposición y
concesión del recurso de apelación ni se había efectuado reparto alguno de este. A su
juicio, esa circunstancia evidenciaba una ruptura real en la trazabilidad del recurso
destinado a controlar la medida de aseguramiento, aspecto que no fue analizado
adecuadamente por las providencias cuestionadas.
Asimismo, sostuvo que se configuró un defecto sustantivo por aplicación indebida de
las reglas de subsidiariedad ordinaria y por asimilar de manera inadecuada el caso a una
solicitud de libertad por vencimiento de términos. Agregó que la providencia emitida por
el Consejo de Estado incurrió en el mencionado defecto “al reconducir el caso hacia la
lógica de una solicitud ordinaria de libertad ante juez de control de garantías, como si la
defensa estuviera invocando una causal de libertad del artículo 317 CPP o pretendiera
reemplazar los mecanismos ordinarios del proceso penal”5.
Según el accionante, la controversia planteada no versaba sobre la configuración de una
causal ordinaria de libertad ni sobre la sustitución de los mecanismos propios del proceso
penal, sino sobre la desaparición funcional de la apelación ya interpuesta y sustentada
contra la medida de aseguramiento.
Adicionalmente, adujo una incongruencia entre el problema jurídico planteado y el
resuelto por los jueces del habeas corpus. Afirmó que con la acción constitucional se
buscaba determinar si la privación de la libertad podía mantenerse mientras el recurso
4 Índice 00002 del aplicativo SAMAI,
certificado 3DE5DDCC7018346F CBEB28B4B7311EE5 FF9991C1329A4D39
D21FB9A7C4BCC733, páginas 1 a 23.
5 Ibid.
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de apelación carecía de una ruta institucional verificable, sin embargo, las providencias
cuestionadas se limitaron a examinar la existencia formal de la medida de aseguramiento,
el efecto devolutivo de la apelación y la posibilidad de acudir a otros mecanismos
judiciales, sin pronunciarse sobre la cuestión central propuesta por la defensa.
Manifestó que se configuró un defecto procedimental, en la medida en que las
autoridades judiciales habrían validado una cadena de trámite no verificable en un asunto
de libertad personal. A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas
omitieron establecer con precisión cuándo fue concedido, remitido, recibido y repartido el
recurso de apelación, así como las razones por las cuales inicialmente no existían
registros que permitieran identificar su ubicación y estado procesal.
Asimismo, los accionantes reprocharon que las providencias incurrieron en una falta de
motivación suficiente, pues consideró que no explicaron por qué la ausencia de
trazabilidad verificable de la apelación durante más de cuarenta días no constituía una
afectación constitucionalmente relevante de la libertad personal. En su criterio, los jueces
se limitaron a constatar la existencia de un título judicial de privación de la libertad y la
posterior aparición del reparto del recurso, sin resolver las cuestiones sustanciales
planteadas en el habeas corpus.
Señaló la existencia de una violación directa de la Constitución, pues consideró que
se desconoció el alcance material del habeas corpus como garantía destinada no solo a
proteger frente a capturas ilegales, sino también frente a prolongaciones indebidas o
irrazonables de la privación de la libertad.
Por último, la parte convocante invocó el desconocimiento del principio pro libertate
y del deber de verificación material intensa que, a su juicio, debía orientar el examen del
habeas corpus.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 22 de mayo de 20266 el Despacho de la magistrada ponente admitió
la acción de tutela; vinculó en calidad de terceros con interés, al Juzgado Primero Penal
del Circuito de Valledupar y al centro de reclusión la “Permanente Central” de Valledupar;
requirió a los señores Juan David López Rojas, Federman Asley López y José Carlos
Toncel García, para que, en el término de tres (3) días ratificaran la acción promovida en
su nombre, bien sea por intermedio de su abogado o a través del centro de reclusión
“Permanente Central”, en el que actualmente se encuentran privados de la libertad;
requirió al abogado Heivind Palomino Gutiérrez para que, en caso de no ser posible la
ratificación de la agencia oficiosa, aportara el correspondiente mandato judicial; negó la
medida provisional; solicitó a las autoridades judiciales accionadas la remisión del
expediente de habeas corpus; requirió al Juzgado Primero Penal del Circuito de
Valledupar y al Juzgado Ciento Tres Penal Municipal Con Funciones de Control de
Garantías Ambulante de Valledupar que allegaran el expediente identificado con el
6 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado FD8AA5567A4AAEB0 30A048A9433D0806 D4526220A8B0128B
A9E31E95570EA289.
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radicado núm. 20400600119720260007600; ordenó la notificación a las partes; y dispuso
la suspensión de los términos.
Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Juzgado Ciento Tres Penal Municipal Con Funciones de Control de Garantías
Ambulante de Valledupar7 rindió el correspondiente informe en el que indicó que el 26
de marzo de 2026, dentro del radicado 20400-60-01197-2026-00076, celebró audiencia
concentrada de formulación e imputación de cargos contra Federman Asley López, Juan
David López Rojas y José Carlos Toncel García, por delitos relacionados con concierto
para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada. En la misma
diligencia impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en
detención preventiva en establecimiento de reclusión. Contra dicha decisión la defensa
interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido en efecto devolutivo y se ordenó la
remisión inmediata de las diligencias al Centro de Servicios Administrativos para el
trámite correspondiente. Precisó que esa fue la única actuación adelantada por el
despacho respecto de los mencionados procesados.
Agregó que, como consecuencia de lo anterior, se libró “BOLETA DE
ENCARCELAMIENTO NÚMERO 012 AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE VALLEDUPAR – LA JUDICIAL Y/O
GAULA DE VALLEDUPAR Y ESTACIÓN DE POLICIA DE CURUMANÍ – CESAR”8.
Por último, manifestó que no se avizoraba en las actuaciones desplegadas por ese
juzgado alguna acción u omisión vulneradora de derecho fundamental alguno de acuerdo
con las exigencias legales y constitucionales, razón por la cual el despacho solicita muy
respetuosamente se declare la improcedencia de la presente acción constitucional.
Adicionalmente, aportó copia digital del expediente 204006001197202600076.
4.2. El abogado Heivind Palomino Gutiérrez aportó poder9 conferido por los señores Juan
David López Rojas, Federman Asley López y José Carlos Toncel García para que
represente sus intereses al interior de la acción de tutela de la referencia.
En el mencionado documento, manifestaron que ratificaban en todas sus partes la
solicitud de amparo promovida por el profesional del derecho.
4.3. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar 10 allegó el expediente
radicado 2010030019720260007601, sin embargo, guardó silencio respecto de las
pretensiones de amparo.
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Índice 00009 del aplicativo SAMAI, certificado AF7CC1EF4A0C53CA 31D7F7BEFC57CECC FEA476F8C50BE6F7
D9FB011CC54F5A87.
8 Ibid.
9 Índice 00010 del aplicativo SAMAI, certificado 1DC1F37889945D4B A45748F65E6D2E85 F885A553B6069A02
BFF0AB1CC60B049D
10 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, certificado 58BEC6ADCADC9F80 62F3CE80020DF1A9 E840BA64160AE75A
3BD87414F86A49F7.
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4.4. El Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B 11, a través del magistrado
ponente de la decisión cuestionada, se opuso a las pretensiones de la acción de tutela al
considerar que esta no superaba el requisito de relevancia constitucional , debido a que
pretende crear, indebida e injustificadamente, una tercera instancia frente a una decisión
en la que se hizo un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico ya que la providencia
fue sustentada en derecho y con base en los medios de prueba valorados de manera
razonada e integral.
Sostuvo que los accionantes no agotaron el mecanismo judicial idóneo para solicitar su
libertad, pues, si consideraban que la mora en la asignación y resolución del recurso de
apelación configuraba una causal de libertad, debían formular la correspondiente solicitud
ante un juez de control de garantías y agotar los recursos previstos en el Código de
Procedimiento Penal. Como no existía prueba de que hubieran promovido dicho trámite
antes de acudir al hábeas corpus, concluyó que este resultaba improcedente por su
carácter subsidiario y residual.
Agregó que los argumentos planteados por los accionantes carecían de relevancia
constitucional, pues se orientaban a reabrir el debate probatorio ya resuelto por el juez
natural y a obtener una nueva revisión del asunto mediante la acción de tutela,
convirtiéndola indebidamente en una tercera instancia para controvertir la decisión
adoptada dentro del trámite de habeas corpus.
4.5. El Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Penales con Función
de Control de Garantías de Valledupar12 solicitó su desvinculación de la acción de
tutela al considerar que no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes.
Explicó que la audiencia de legalización de captura se realizó el 21 de marzo de 2026
ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías
Ambulante de Valledupar y que, posteriormente, el 26 de marzo de 2026, la solicitud de
audiencia de imputación y medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía fue
repartida al Juzgado Ciento Tres Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
Ambulante de Valledupar, conforme a las reglas ordinarias de reparto.
Indicó que el 8 de mayo de 2026 recibió la apelación interpuesta contra la medida de
aseguramiento y que esta fue repartida al Juzgado Primero Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Valledupar, despacho que mediante auto del 15 de mayo
de 2026 confirmó la decisión recurrida. Añadió que cualquier cuestionamiento sobre la
competencia del juez debía formularse durante la respectiva audiencia de control de
garantías, oportunidad que no fue utilizada por los accionantes.
Por último, manifestó que la tutela resulta improcedente porque existen otros
mecanismos judiciales de defensa y porque, tratándose de asuntos relacionados con la
libertad personal, el artículo 86 de la Constitución y el artículo 6 Decreto 2591 de 1991
11 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 7489E94B6A4343D2 8B3BB9ACEBA1B47F 70E9EFBA32BF7B23
DB32387B3B4B293E.
12 Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado 25C95D86D5749C80 4E149D55EAEB55B1 B6AF7C6756C96D53
22C656A6D7AE0A37.
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Accionantes: José Carlos Toncel García y otros
prevén el hábeas corpus como mecanismo específico de protección. Por ello, concluyó
que no existió vulneración de derechos fundamentales atribuible al Centro de Servicios y
solicitó su desvinculación del trámite.
4.6. El Tribunal Administrativo del Cesar13 aportó el expediente de habeas corpus
objeto de la solicitud de amparo. No obstante, no se pronunció sobre los argumentos de
tutela.
4.7. La Oficina Judicial de Valledupar14 solicitó su desvinculación de la acción de tutela
al señalar que no participó en los hechos que originan el amparo. Indicó que su actuación
se limitó a recibir y repartir la acción de hábeas corpus al Tribunal Administrativo del
Cesar, y precisó que las actuaciones relacionadas con la apelación de la medida de
aseguramiento y del hábeas corpus correspondían a las autoridades judiciales
competentes. Por ello, sostuvo que no existe acción u omisión atribuible a esa
dependencia y pidió declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.
4.8. La Policía Metropolitana de Valledupar15 deprecó su desvinculación de la acción
constitucional, dado que no es la llamada a satisfacer las pretensiones de amparo.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. Se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto los
señores Juan David López Rojas, Federman Asley López y José Carlos Toncel García
son los titulares de los derechos fundamentales que afirman les fueron vulnerados, en su
condición de accionantes dentro del habeas corpus identificado con el radicado núm.
20001-23-33-000-2026-00137-00/01.
Ahora bien, en lo que respecta a la agencia oficiosa, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 dispone que la acción de tutela puede ser ejercida por un agente oficioso cuando el
titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados no se encuentre en
condiciones de promover directamente su propia defensa. Al respecto, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional ha precisado que la procedencia de la agencia oficiosa en el
trámite de tutela es de carácter excepcional y se encuentra sujeta al cumplimiento de dos
13 Índice 00017 del aplicativo SAMAI, certificado 281B35A35EF583F5 8EFAB52FD0E18FC1 4E325539948DB962
1B03642977DDEA6C.
14 Índice 00018 del aplicativo SAMAI, certificado 1EF5856C8C65F1AB F63B5776D029A2DD 26B4A8510741A2AF
6B5ABC8121594B8D.
15 Índice 00020 del aplicativo SAMAI, certificado 67F8396A68022E71 B41DA3AEF9FB14D5 7C3B712DBB8CB9E4
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presupuestos: (i) que el agente manifieste expresamente que actúa en dicha calidad y (ii)
que se acredite la imposibilidad del agenciado para ejercer directamente la defensa de
sus derechos. En relación con este último requisito, la Corte ha señalado que dicha
imposibilidad puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio idóneo16.
En el caso concreto, la Sala advierte que el abogado Heivind Palomino Gutiérrez
manifestó, desde el escrito inicial, su condición de agente oficioso, aunado al hecho de
que los accionantes se encontraban privados de la libertad. Asimismo, en atención al
requerimiento efectuado por el Despacho sustanciador, aportó acto de apoderamiento en
el que los accionantes ratificaron en todas sus partes la solicitud de amparo promovida
por el profesional del derecho.
Ahora bien, la Corte Constitucional respecto a la agencia oficiosa ha establecido los
siguientes requisitos para su configuración:
“(…) La Corte Constitucional se ha ocupado de establecer algunos requisitos que
deben verificarse cuando un ciudadano actúa como agente oficioso de otra persona.
En primer lugar, debe manifestar que actúa en tal calidad. En segundo lugar, debe
encontrarse acreditado en el expediente que la persona a favor de quien actúa no
puede interponer por sí misma el amparo que se invoca. En tercer lugar, no es
necesario que exista una relación jurídica entre el agente y el agenciado o agenciados
titulares de los derechos fundamentales. Y en cuarto lugar, cuando ella sea posible,
debe existir una ratificación oportuna por parte del agenciado respecto de los hechos
o las pretensiones que se consignan en el escrito de tutela. Sin embargo, los
anteriores requisitos deben aplicarse en forma flexible, atendiendo a las
circunstancias particulares de cada caso concreto9 (…)”17.
En tales condiciones, se estiman demostrados los requisitos exigidos para la procedencia
de la agencia oficiosa, dado que se aportó la correspondiente ratificación de la acción por
parte de los titulares de los derechos fundamentales invocados como desconocidos.
2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto el Tribunal Administrativo Cesar y el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B fueron las autoridades que profirieron las decisiones que, según los
tutelantes, vulneraron sus derechos fundamentales.
2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en primera
como en segunda instancia, circunscribirá su análisis a la providencia del 13 de mayo de
2026 dictada por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, por cuanto fue la
providencia que puso fin a la actuación.
Por otra parte, se analizará la procedencia de la pretensión relativa a ordenar a las
autoridades judiciales competentes adoptar las medidas correctivas necesarias para que
las apelaciones contra medidas de aseguramiento intramural sean registradas, remitidas,
16 Corte Constitucional, sentencia T-382 de 2021 [Fundamentos jurídicos 24 y 26]
17 Corte Constitucional, sentencia T-844 de 2011.
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repartidas, comunicadas y consultables de manera inmediata, verificable y trazable por
las partes.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200518 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 19 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 20.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
20 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artícu lo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
20 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”21.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 22.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
21 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
22 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico; y iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 23.
5. Caso concreto
La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Del examen del escrito de tutela se observa que la parte actora atribuyó a la
providencia proferida por el Consejo de Estado la configuración de los siguientes
defectos: (i) defecto fáctico, por la supuesta valoración incompleta de las pruebas
relacionadas con la trazabilidad del recurso de apelación; (ii) defecto sustantivo, por haber
reconducido el debate a una solicitud ordinaria de libertad y a las reglas de subsidiariedad
propias del proceso penal; (iii) incongruencia, al estimar que las autoridades accionadas
omitieron resolver el problema constitucional relativo a la ausencia de una ruta
institucional verificable de la apelación; (iv) defecto procedimental, por validar una cadena
de actuaciones que, en su criterio, carecía de trazabilidad suficiente; (v) falta de
motivación, por no explicar por qué la ausencia de trazabilidad del recurso durante más
de cuarenta días no afectaba la libertad personal; (vi) violación directa de la Constitución,
por desconocer el alcance material del habeas corpus frente a prolongaciones indebidas
de la privación de la libertad; y (vii) desconocimiento del principio pro libertate y del deber
de verificación material intensa que, a su juicio, debía orientar el análisis de la solicitud
de habeas corpus.
5.2. Ahora bien, del análisis de la decisión cuestionada, proferida por el Consejo de
Estado-Sección Tercera-Subsección B, se advierte que, mediante providencia del 13 de
mayo de 2026, dicha autoridad judicial arribó a las siguientes conclusiones:
“1) Se pone de presente que en el presente asunto el tribunal de primera instancia
declaró improcedente la solicitud de habeas corpus por el hecho de que i) los actores
se encuentran detenidos en cumplimiento de una medida de aseguramiento y, ii)
correspondía al apoderado de los accionantes realizar las gestiones necesarias de
impulso procesal para establecer el estado del recurso de apelación que se interpuso
contra la decisión que restringió la libertad de aquellos.
23 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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Los demandantes en la impugnación solicitan que se ordene su libertad inmediata,
para lo cual insisten en que no existe trazabilidad respecto de la impugnación
formulada contra la decisión que impuso la medida de aseguramiento de detención
en establecimiento carcelario y que dicha irregularidad ha ocasionado una
prolongación ilegal de la libertad.
2) En los términos en los que ha sido propuesta la apelación esta Sala de Decisión
confirmará la sentencia de primera instancia, por razones distintas (…)”24.
Para llegar a tal conclusión, la autoridad judicial definió que el artículo 2 de la Ley 906 de
2004, con base en el cual se adelanta el proceso penal en contra de los aquí accionantes,
prevé que nadie podrá ser privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito
de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos
previamente definidos en la ley; asimismo, la referida disposición establece que es el juez
de control de garantías quien ordena el levantamiento de la medida de aseguramiento, el
texto de la norma es el siguiente:
“ARTÍCULO 2. LIBERTAD. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad.
Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades
legales y por motivos previamente definidos en la ley.
El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación,
ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para
garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la
comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las
partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o
revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la
convirtieren en irrazonable o desproporcionada (…)”
Asimismo, la autoridad judicial explicó que los artículos 308 y 313 de la Ley 906 de 2004
estatuyen que el juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación
o su delegado, decretará la medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario.
Adicionalmente, adujo que el artículo 36 de la Ley 906 de 2004 dispone que los jueces
penales del circuito son los competentes para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra los autos proferidos por los jueces que ejerzan la función de control de
garantías, mientras que el artículo 177 del mismo Código de Procedimiento Penal
preceptúa que el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que impone una
medida de aseguramiento se concede en el efecto devolutivo; a su vez, el artículo 178
de la misma codificación establece el trámite que se debe imponer para la concesión y
conocimiento de dicho recurso.
Igualmente, indicó que el artículo 317 de la Ley 906 de 2004 prevé cuáles son las
causales de libertad de los imputados o acusados. En ese punto manifestó que:
“e) La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que, en
los casos en los cuales se solicita la libertad por una prolongación de los límites del
24 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 3DE5DDCC7018346F CBEB28B4B7311EE5 FF9991C1329A4D39
D21FB9A7C4BCC733, página 486 a 504.
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cautiverio, se debe formular la petición de libertad ante el juez competente y agotar
los recursos correspondientes, de la siguiente forma:
“La acción de habeas corpus, debe agregarse, no ha sido concebida para
sustituir los mecanismos ordinarios de defensa, establecidos al interior del
ordenamiento penal para protección de la vigencia del derecho fundamental,
pues desatender la existencia de aquellos conllevaría a pasar por alto «la
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio» (art. 29
Constitución Política).
En consecuencia, la procedencia de esta vía de acción se encuentra supeditada
a que el afectado con la privación ilegal de la libertad o con su prolongación
ilícita, haya acudido primero a los medios previstos en el ordenamiento legal
dentro del proceso que se le adelanta, pues lo contrario conduce a una
injerencia indebida en las facultades que son propias del funcionario judicial que
conoce de la respectiva actuación.
Así pues, cuando existe una actuación judicial en trámite, el habeas corpus no
puede emplearse con alguno de los siguientes propósitos: i) sustituir los
procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las
peticiones de libertad, ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y
apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las
decisiones que interfieren el derecho, iii) desplazar al funcionario judicial
competente, y iv) obtener una opinión diversa -a manera de instancia adicional-
de la autoridad llamada a resolver el particular. (…)
f) De las pruebas allegadas al proceso de la referencia se tiene que i) el Juzgado
Ciento Tres Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de
Valledupar (Cesar) por providencia dictada en audiencia del 26 de marzo de 2026
impuso en contra de los aquí accionantes medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva en establecimiento carcelario y, ii) la defensa de los actores
presentó recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue concedido en el
efecto devolutivo, tal como consta en el documento denominado PDF
“023Recepciónexpediente” (expediente digital primera instancia) y que contine el link
que remite a la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento.
g) Ahora bien, en relación con el trámite de la referida impugnación se pone de
presente que, aunque inicialmente el Centro de Servicios de los Juzgados Penales
de Valledupar mediante escrito del 7 de mayo de 2026 informó que “no ha realizado
reparto alguno de dicho recurso a ningún Juzgado Penal del Circuito”, posteriormente,
en correo electrónico suscrito por Anaris Milena López Córdoba -escribiente de esa
dependencia- con copia al Juzgado Ciento Tres Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías Ambulante de Valledupar (Cesar) se indicó que el recurso de
apelación formulado en la audiencia del 26 de marzo de 2026 fue repartido el 8 de
mayo de 2026 al Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar, de igual manera,
se precisó que el número de radicación del expediente es el 204006001197-2026
00076-00 secuencia 386.
h) La revisión del sistema de gestión de consulta de procesos de la Rama Judicial, a
partir del mencionado número de radicación, evidencia que, en efecto, el 8 de mayo
de 2026 se registró la actuación relacionada con el recurso de apelación y que este
fue asignado al Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar; esta circunstancia
fue confirmada mediante comunicación telefónica tanto por la funcionaria Anaris
Milena López Córdoba como por el secretario de ese despacho judicial6, quien,
además, expuso que el expediente se encontraba en trámite para la adopción de la
correspondiente decisión en segunda instancia”25.
25 Ibid.
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En ese contexto, el magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado advirtió que, contrario a lo sostenido por los actores, sí existía
trazabilidad del recurso de apelación interpuesto contra la decisión que les impuso
medida aseguramiento en establecimiento carcelario; igualmente, se encuentra
acreditado que dicho recurso fue concedido en el efecto devolutivo y que en la actualidad
es tramitado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar, además, el
expediente puede consultarse en la página web de la rama judicial con el número de
radicación 204006001197-2026-00076-00.
Adicionalmente, la autoridad judicial accionada indicó que:
“j) De otra parte, si los accionantes consideran que existió mora en el trámite de
asignación y resolución del recurso de apelación y que la misma configura una causal
inmediata de libertad, debieron formular la correspondiente solicitud de libertad ante
cualquiera de los jueces de control de garantías competentes.
k) Ciertamente, como se expuso en apartados anteriores, toda petición de libertad -
en el marco de las medidas de aseguramiento de detención preventiva- debe
presentarse ante el juez de control de garantías competente y agotarse los recursos
procesales y dispuestos para ello en el Código de Procedimiento Penal.
l) En el presente asunto no hay ninguna prueba que indique los actores solicitaron su
libertad ante un juez de control de garantías; de manera que, esto conduce,
inequívocamente, a concluir que la petición de habeas corpus es improcedente puesto
que, como fue explicado anteriormente, en el marco de la regulación constitucional y
legal, la acción de habeas corpus es un instrumento especial y excepcional de
protección de la libertad individual de las personas pero, que no puede ser utilizado o
aplicado en forma indiscriminada y menos aun cuando el procesado cuenta con
instrumentos judiciales ordinarios idóneos y eficaces de protección y de defensa para
salvaguarda y eficacia del derecho constitucional fundamental a la libertad.
(…)
m) Por consiguiente, como los señores José Carlos Toncel García, Juan David López
Rojas y Federman Asley López presentaron recurso de apelación contra la decisión
que les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, el juez
constitucional no puede pronunciarse sobre la supuesta privación ilegal mientras
dicho recurso se encuentre pendiente de resolución7; asimismo, tampoco puede el
juez constitucional reemplazar al juez natural y decidir acerca de una eventual
prolongación ilegal de la libertad, cuando ni siquiera se ha elevado ante el juez de
control de garantías la respectiva solicitud de libertad; se insiste, no puede
pretenderse válidamente, a través del mecanismo excepcional de habeas corpus
desplazarse o sustituirse la competencia que sobre el particular tiene el juez natural,
pues, el juez constitucional no está llamado a invadir esferas que le corresponden al
juez penal competente para conocer y dilucidar el caso en estudio, motivo por el cual
la petición resulta improcedente.
n) Las razones expuestas son diferentes a las dadas por el tribunal de primera
instancia, pues, no se comparte que los procesados deban realizar trámites
adicionales para establecer el juzgado que conoce los recursos de apelación, este
conocimiento debe ser garantizado por la administración de justicia; en todo caso, se
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impone confirmar, por los argumentos precedentes, la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de habeas corpus”26.
5.3. En ese contexto, la Sala advierte que el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B expuso de manera suficiente, clara y razonada las razones por las cuales
concluyó que no procedía la acción de habeas corpus. En efecto, consideró que los
accionantes se encontraban privados de la libertad en virtud de una medida de
aseguramiento impuesta por autoridad judicial competente y que, contra dicha decisión,
habían interpuesto recurso de apelación en efecto devolutivo, cuyo trámite se encontraba
en curso.
Para sustentar dicha conclusión, realizó un análisis del marco normativo aplicable a la
libertad personal, las medidas de aseguramiento, el trámite de los recursos y las causales
legales de libertad previstas en la Ley 906 de 2004, así como de la jurisprudencia relativa
al carácter excepcional y subsidiario de la acción de habeas corpus. Con fundamento en
ello, precisó que dicho mecanismo constitucional no podía emplearse para sustituir los
instrumentos ordinarios de defensa previstos dentro del proceso penal ni para desplazar
la competencia atribuida al juez natural.
Asimismo, valoró las pruebas allegadas al trámite constitucional y constató que, si bien
inicialmente existía información según la cual no se había efectuado reparto del recurso
de apelación, posteriormente se acreditó que este había sido asignado el 8 de mayo de
2026 al Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar, circunstancia que fue
corroborada mediante consulta al sistema de información de la Rama Judicial y
verificaciones realizadas con funcionarios de las dependencias involucradas. A partir de
ello, concluyó que sí existía trazabilidad respecto del recurso interpuesto contra la
medida de aseguramiento y que este se encontraba siendo tramitado por la autoridad
judicial competente.
Por último, señaló que, en caso de estimar que existía una mora en la asignación o
resolución del recurso y que ello podía generar consecuencias sobre la restricción de la
libertad, correspondía a los interesados acudir previamente ante el juez de control de
garantías y agotar los mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento procesal
penal. Por estas razones, confirmó la decisión de primera instancia que había declarado
improcedente la acción de habeas corpus.
Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.
5.4. Por el contrario, se observa que, a pesar de que la parte accionante invocó la
configuración de defectos, lo cierto es que omitió estructurar sus reparos de cara a los
26 Ibid.
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requisitos constitucionales. Tal circunstancia evidencia que su inconformidad se
circunscribe a un debate de mera legalidad, sin que se haya desplegado un esfuerzo
argumentativo dirigido a demostrar la vulneración de derechos fundamentales.
Sobre este punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara
que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitu cional, se requiere demostrar: i)
su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien
acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional
advertir tal vulneración 27.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y
eleve su argumentación a rango constitucional.
La Sala observa que todos los defectos invocados parten de una misma premisa, que
exponen que el juez del habeas corpus debió concluir que la ausencia temporal de
información sobre el reparto de la apelación comportaba una prolongación ilegal de la
libertad. Así, bajo distintas denominaciones (defecto fáctico, sustantivo, procedimental,
incongruencia, falta de motivación y violación directa de la Constitución) la parte actora
persigue que el juez de tutela reevalúe los mismos hechos, pruebas y argumentos ya
examinados por el juez constitucional del habeas corpus, con el propósito de obtener una
conclusión diferente. Tal planteamiento desnaturaliza la acción de tutela contra
providencias judiciales y la convierte en una instancia adicional de revisión.
5.5. Ahora bien, respecto al defecto fáctico alegado por la parte accionante a la luz del
requisito de relevancia constitucional, es preciso recordar que la Corte Constitucional ha
señalado que este se configura cuando “resulta evidente que el apoyo probatorio en que
se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado
(...)”28 o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por
el juez en su providencia”29.
En esa medida, la indebida valoración de las pruebas, ya sea desde su dimensión positiva
o negativa30, solo adquiere relevancia constitucional cuando el yerro es ostensible,
27 Sentencia SU215 de 2022.
28 Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de 1999, T-
1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012.
30 Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que
se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella, abarca supuestos
como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba trascendentales frente a la decisión
adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en los que el juez se encuentre
habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las circunstancias del caso se derive la obligación de hacerlo
para esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La dimensión positiva del defecto fáctico puede abarcar supuestos
tales como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre que las mismas hubieren sido determinantes del sentido de la
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flagrante y manifiesto, y tiene la entidad suficiente para incidir en el sentido de la decisión
adoptada31. Por ello, para que se configure este defecto es indispensable identificar la
prueba que no fue valorada o que fue apreciada de manera irrazonable, así como
demostrar que tal irregularidad tenía la potencialidad de modificar el resultado de la
decisión judicial cuestionada.
.
En ese orden, los argumentos relacionados con la configuración de un defecto fáctico no
exponen una irrazonabilidad en la interpretación probatoria por parte de la autoridad
judicial accionada, sino que pretenden, nuevamente, insistir en mostrar una solución
distinta al caso concreto de manera favorable a los intereses del tutelante, pues no
advierten reparos concretos, de carácter iusfundamental en contra del análisis realizado
por la autoridad judicial.
La controversia planteada por la parte actora se centra en cuestionar la valoración
probatoria efectuada por el juez del habeas corpus. Aunque invoca la existencia de un
defecto fáctico por omisión valorativa, los argumentos expuestos evidencian
principalmente una inconformidad con las conclusiones a las que llegó la autoridad
judicial respecto de la trazabilidad del recurso de apelación. Tales cuestionamientos
pertenecen al ámbito propio del proceso de habeas corpus y no revelan, por sí solos, una
vulneración autónoma de derechos fundamentales. La tutela no puede convertirse en una
instancia adicional destinada a reabrir debates probatorios ya resueltos por el juez
competente.
5.6. Aunado a lo anterior, esta subsección resalta que los planteamientos de la parte
actora se encuentran dirigidos a demostrar que hubo una omisión respecto al trámite del
recurso de apelación presentado, lo que a su juicio debía provocar de manera automática
su libertad. No obstante, la parte convocante ignora los argumentos de procedibilidad
brindados por el juez del habeas corpus, en el que se le explicó que ese mecanismo
debía emplearse de manera subsidiaria y no principal, por lo que no podía ser utilizado
para sustituir los mecanismos ordinarios del proceso penal.
En este punto, la Sala resalta que los cargos formulados por la parte actora no están
dirigidos a demostrar la configuración de defectos constitucionalmente relevantes en la
providencia cuestionada, sino a controvertir las conclusiones jurídicas y probatorias a las
que arribó el Consejo de Estado al resolver la acción de habeas corpus. En efecto, bajo
la invocación de presuntos defectos fácticos, sustantivos, procedimentales, de
motivación, incongruencia y violación directa de la Constitución, el accionante pretende
que el juez de tutela reexamine el mismo material probatorio, revalore los hechos
acreditados en el trámite constitucional y adopte una interpretación distinta acerca de la
procedencia del habeas corpus frente a las circunstancias del caso.
decisión; ii) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conduzcan a demostrar los hechos en que se
fundamenta la providencia judicial que se cuestiona en tutela”.
31 Sentencias T-442 de1994 y T-456 de 2010.“(…) El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad
que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio
de que la tutela es un medio alternativo de def ensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones.(…)”. (Resaltado de la Sala).
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Las anteriores consideraciones resultan extensibles a los restantes defectos invocados,
pues todos ellos se fundamentan en la misma inconformidad respecto de la valoración
jurídica efectuada por el juez del habeas corpus y persiguen la reapertura de un debate
ya resuelto por la autoridad judicial competente.
5.7. Así las cosas, resulta claro que la parte actora pretende imponer su interpretación
sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como reiterar su
discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en el trámite
del proceso primigenio.
En efecto, la acción de tutela formulada está encaminada a continuar con el debate
surtido en el trámite de instancia, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio desarrollados en el marco de esta, sin esbozar las razones concretas por las
cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que
escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta
en el principio de autonomía judicial.
Cabe recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional, para
evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre sus
características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su procedencia
está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales invocados por
la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad
judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende
la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya
surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 32, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso de habeas
corpus33.
Así las cosas, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado, por no superar el
requisito de relevancia constitucional.
Por último, respecto a la pretensión subsidiaria dirigida a ordenar a las autoridades
judiciales competentes adoptar las medidas correctivas necesarias para que las
apelaciones contra medidas de aseguramiento intramural sean registradas, remitidas,
repartidas, comunicadas y consultables de manera inmediata, verificable y trazable por
las partes, se pone de presente que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado
para elevar tal pedimento, en la medida en que esta opera de manera subsidiaria y no
principal. Por lo tanto, la parte actora debe agotar los mecanismos de los que dispone al
interior del proceso penal, razón por la cual la solicitud de amparo se torna improcedente.
32 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
33 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Heivind
Palomino Gutiérrez, quien manifestó actuar como agente oficioso de los señores Juan
David López Rojas, Federman Asley López y José Carlos Toncel García contra el
Tribunal Administrativo del Cesar, el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B,
el Juzgado Ciento Tres Penal Municipal Con Funciones de Control de Garantías
Ambulante de Valledupar, el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio
de Valledupar y la Oficina Judicial de Valledupar, conforme lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: RECONOCER personería al doctor Heivind Palomino Gutiérrez, identificado
con la cédula de ciudadanía número 18.263.208 y portador de la tarjeta profesional
número 151.337 del C. S. de la J., como apoderado de los señores Juan David López
Rojas, Federman Asley López y José Carlos Toncel García, en los términos y para los
efectos del poder conferido.
CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF
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