Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03755-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03755-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03755-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03755-00
Demandante: Manuel Alejandro Troya España
Demandado: Tribunal Superior de Bogotá
Temas: Derecho de petición / Certificado laboral / Respuesta parcial
Decisión: Amparar el derecho fundamental de petición
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
_____________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Manuel Alejandro Troya España, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Manuel Alejandro Troya España promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental de petición, el cual consideró vulnerado con ocasión
de la falta de respuesta a la solicitud de certificado laboral elevada el 19 de noviembre
de 2025, ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En la referida fecha, solicitó mediante correo electrónico «a la titular del Despacho
16 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá una certificación laboral detallada de los
servicios prestados».
2.2. El 8 de mayo de 2026, ante la ausencia de respuesta, reiteró la petición mediante
correo electrónico.
2.3. La autoridad judicial demandada vulneró su derecho fundamental por cuanto a
la fecha no ha recibido respuesta a la solicitud, pues no se ha expedido el documento
requerido, pese a su reiteración.
11 Ver índice 2 de Samai, actuación denominada «10ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03755-00
Demandante: Manuel Alejandro Troya España
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERA. Se proteja mi derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23
de la Constitución Política.
SEGUNDA. Que, en tal virtud, se ordene al DESPACHO 16 DE LA SALA CIVIL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, a cargo de la Magistrada AÍDA VICTORIA LOZANO
RICO, dar respuesta de fondo a mis peticiones del 19 de noviembre de 2025 y su respectiva
reiteración del 8 de mayo de 2026, y expida la certificación laboral con funciones en las
condiciones solicitadas. […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil2 requirió que
se negara la petición de amparo por cuanto «[e]l pasado 12 de mayo, con anterioridad a la
expedición del libelo, se expidió la certificación solicitada y se notificó a la dirección electrónica
desde la que se elevó el requerimiento».
2. Consideraciones
5. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema jurídico; iii)
procedencia de la solicitud de tutela - el derecho de petición; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
6. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1° del Decreto 333 del 6 de abril
de 20216, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Tribunal Superior de Bogotá.
2.2. Problema jurídico
7. De conformidad con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Superior de Bogotá vulneró el derecho fundamental de petición de Manuel Alejandro
Troya España, ante la respuesta parcial otorgada a la solicitud de certificado laboral,
radicada el 19 de noviembre de 2025?
2.3. Procedencia de la solicitud tutela
8. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de amparo:
2 Ver índice 10 de Samai, actuación denominada «17_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
000202603755001(.pdf) NroActua 10».
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03755-00
Demandante: Manuel Alejandro Troya España
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
9. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un
derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.3.1. Sobre el derecho de petición
10. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
petición ha señalado la Corte Constitucional:
«[…] Aun cuando es claro que el ordenamiento jurídico tiene establecidos otros mecanismos
de defensa judicial para exigir el cumplimiento del derecho de petición, como lo es el acudir
ante la jurisdicción contenciosa administrativa, luego de agotada la vía gubernativa, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que resulta muy oneroso para el peticionario
acceder al mecanismo judicial con el solo propósito de obtener la respuesta a una petición
formulada, corriendo el riesgo que, para la época en que se adopte la decisión judicial,
ningún interés represente ya para el accionante la solicitud formulada o no produzca en
forma oportuna el efecto inicialmente pretendido por éste.
Por tanto, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, y con el fin de evitar
un desgaste innecesario del aparato judicial, atendiendo a su carácter de derecho
fundamental de aplicación inmediata, ha considerado esta Corporación que el derecho de
petición solo puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a través de la acción de
tutela cuya finalidad, como quedó expuesto, es satisfacer al particular con un
pronunciamiento frente a la solicitud por él realizada […]»3.
11. En cuanto a los aspectos generales del derecho fundamental en estudio, de
conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política , «[…] [t]oda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]», lo cual no solo
implica que la respuesta se produzca dentro de los términos de ley, sino que esta sea
suficiente, efectiva y congruente.
12. En similar sentido, la Constitución Política determinó que el derecho de petición
comprende varios elementos, así: i) la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas
ante las autoridades, sin que estas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas; ii) el
derecho a obtener una respuesta oportuna; iii) el derecho a que dicha respuesta sea de
fondo, es decir, que quien la expide tiene la obligación de emitir un pronunciamiento
completo y coherente respecto de todos los asuntos relacionados en la solicitud, sin
que ello signifique que la misma deba ser favorablemente al peticionario; y iv) el derecho
a recibir una comunicación oportuna frente a la decisión.
3 Sentencia T-1103 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Demandante: Manuel Alejandro Troya España
2.3.2. Del derecho de petición ante autoridades judiciales
13. Ahora, en cuanto a las peticiones elevadas ante autoridades judiciales, se
recuerda que serán procedentes, únicamente, cuando se trate de requerimientos
ajenos a cuestiones e impulsos procesales; así lo señaló la Corte Constitucional en la
sentencia T-394 de 20184:
«[…] 5.2. Ahora bien, en lo que respecta al derecho de petición ante autoridades judiciales,
esta Corporación ha precisado sus alcances al manifestar que si bien es cierto que el
derecho de petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia estos se encuentran
en la obligación de tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, [37] también lo
es que “el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también
las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que
las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones
relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a
las normas propias de cada juicio”.[38]
En este sentido, la Corte ha sostenido que el alcance del derecho de petición encuentra
limitaciones respecto de las peticiones presentadas frente a autoridades judiciales, toda vez
que han de diferenciarse los tipos de solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i) las
referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el
procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar entonces la decisión a los
términos y etapas procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser
ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la
autoridad judicial bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la
administración y,[39] en especial, de la Ley 1755 de 2015[40].
En este orden, la omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones relacionadas a
su actividad jurisdiccional según las formas propias del proceso respectivo, configura una
violación del debido proceso y del derecho al acceso a la administración de justicia[41]. Por
otro lado, la omisión de la autoridad jurisdiccional en resolver las peticiones formuladas en
relación con los asuntos administrativos constituye una vulneración al derecho de petición[42].
[…]»
14. Al respecto, si bien en el presente caso no se desconoce que el derecho de
petición fue radicado ante una autoridad judicial, lo cierto es que, del contenido de este,
se evidencia que en nada tiene que ver con actuaciones propiamente judiciales, pues,
se trató de un certificado laboral, por lo que la misma no se torna improcedente.
2.4. Análisis de la Sala
15. Manuel Alejandro Troya España acudió al juez de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental y, en consecuencia, se ordenara al Tribunal Superior
de Bogotá, dar respuesta de fondo al derecho de petición, radicado el 19 de noviembre
de 2025 y expedir la certificación laboral en las condiciones pretendidas. Al respecto,
de las pruebas obrantes en el expediente se observa:
15.1. En la referida fecha, el demandante presentó derecho de petición ante la
autoridad judicial demandada, en los siguientes términos:
4 MP Diana Fajardo Rivera
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15.2. Respecto de la cual obra el siguiente soporte de trazabilidad:
15.3. La anterior solicitud fue reiterada mediante correo electrónico del 8 de mayo de
2026, en los siguientes términos:
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Demandante: Manuel Alejandro Troya España
15.4. El 12 de mayo de 2026, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Civil expidió la siguiente certificación:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03755-00
Demandante: Manuel Alejandro Troya España
15.5. La cual fue notificada al demandante, mediante correo electrónico de la misma
fecha, así:
16. Ahora bien, aunque en principio existe respuesta al requerimiento formulado, toda
vez que la autoridad judicial demandada expidió la certificación laboral correspondiente
y la remitió al mismo correo electrónico desde el cual se presentó la solicitud, la Sala
advierte que dicho documento únicamente consigna el cargo desempeñado, las fechas
de vinculación y las funciones ejercidas. Sin embargo, en la petición también se requirió
la identificación de los actos administrativos de nombramiento y retiro, documentos
respecto de los cuales no se evidencia su incorporación en la certificación ni su remisión
como anexos independientes. Omisión que transgrede su derecho fundamental de
petición, por lo que se accederá al amparo pretendido en tal sentido.
3. Decisión
16. En este orden de ideas, la Sala amparará el derecho fundamental de petición de
Manuel Alejandro Troya España. En consecuencia, se le ordenará al Tribunal Superior
de Bogotá que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, a la
notificación de esta providencia, otorgue respuesta complementaria a la petición
elevada el 19 de noviembre de 2025, con identificación de los actos de nombramiento
y retiro, a través del correo electrónico autorizado para tal fin.
17. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,
F A L L A:
Primero. Amparar el derecho fundamental de petición de Manuel Alejandro Troya
España.
Segundo. Ordenar al Tribunal Superior de Bogotá que, en el término de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes, a la notificación de esta providencia, otorgue respuesta
complementaria a la petición elevada el 19 de noviembre de 2025, con identificación de
los actos de nombramiento y retiro, a través del correo electrónico autorizado para tal
fin.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03755-00
Demandante: Manuel Alejandro Troya España
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con permiso
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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