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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03760-01

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03760-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del 11 de junio de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de estado, a través de la cual declaró improcedente la acción, y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03760-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

31 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03760-01
Accionante: Juan Carlos Torres Ojeda
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima – Sala de Oralidad.

Tema: Derechos al debido proceso, igualdad, trabajo y ejercicio de
cargos públicos. Presunto desconocimiento del
precedente constitucional. REVOCA SENTENCIA - NIEGA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Juan Carlos Torres Ojeda,
en contra de la sentencia del 11 de junio de 2026, proferida por Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela por
no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo y al ejercicio de cargos públicos, los cuales considera vulnerados
con la providencia del 30 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal administrativo
del Tolima - Sala de Oralidad, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 73001-33-33-005-
2021-00121-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que mediante Resolución No. 3478 del 11 de diciembre de 2020, la Policía Nacional
lo retiró del servicio activo por la causal de llamamiento a calificar servicios y
promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
propósito de obtener la nulidad de dicho acto

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Que el conocimiento del proceso correspondió en primera instancia al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, el cual, mediante sentencia
del 14 de junio de 2023 y declaró la nulidad parcial del acto de retiro, con
fundamentó en que el acto no satisfacía las reglas fijadas por la sentencia SU-237
de 2019 de la Corte Constitucional. Que el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala
de Oralidad, que mediante sentencia del 30 de octubre de 2025 revocó la decisión
y negó las pretensiones de la demanda.

Que la autoridad accionada incurrió en desconocimiento del precedente
constitucional, porque omitió aplicar la regla fijada en la Sentencia SU-237 de 2019
de la Corte Constitucional, «Maxime cuando el Juzgado administrativo Quinto del
Circuito de Ibagué Tolima lo tuvo como base para declarar la nulidad parcial de la
Resolución Nro. 3.478 del 11 de diciembre de 2.020, en lo relacionado al retiro por
llamamiento a calificar servicios del señor Teniente Coronel Juan Carlos Torres
Ojeda».

Que la providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al trabajo, al ejercicio de cargos públicos y a la primacía de
la realidad sobre las formalidades.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados; se deje sin efectos
la sentencia del 30 de octubre de 2025 y, en consecuencia, se ordene al Tribunal
Administrativo del Tolima – Sala de Oralidad, que profiera una nueva sentencia con
observancia de las reglas fijadas por la Sentencia SU-237 de 2019 de la Corte
Constitucional.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 21 de mayo de 2026 se admitió la acción; se vinculó al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, al Ministerio de Defensa Nacional y a
la Policía Nacional, como terceros interesados y, se ordenó notificar a las partes e
intervinientes.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Tribunal Administrativo del Tolima – Sala de Oralidad no intervino.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué remitió el
expediente digital del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 73001-33-33-005-2021-00121-00/01.

El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional afirmó que no existió un
uso indebido de la figura del llamamiento a calificar servicios, por cuanto su
aplicación se sustentó en dos requisitos objetivos: que el uniformado hubiera

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cumplido el tiempo mínimo de servicio y que tuviera derecho a la asignación de
retiro.

Afirmó que la Corte Constitucional, mediante las sentencias SU-091 de 2016, SU-
217 de 2016 y SU-237 de 2019, unificó la jurisprudencia relacionada con la causal
de llamamiento a calificar servicios y la diferenció del retiro por voluntad del
Gobierno nacional.

Que dicha causal permite el relevo del personal en las diferentes líneas jerárquicas;
no constituye un despido ni una exclusión infamante; corresponde a una facultad
discrecional; no exige motivación expresa adicional a la prevista en la ley; requiere
el cumplimiento del tiempo mínimo de servicio para acceder a la asignación de
retiro; responde a la estructura piramidal de la carrera policial; y obedece a razones
de conveniencia institucional y necesidades del servicio, ajenas a las condiciones
personales o profesionales del funcionario.

Añadió que las inconformidades formuladas por el accionante carecen de sustento
jurídico y buscan que el juez constitucional efectúe un nuevo estudio de legalidad
propio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por tal razón, solicitó que
se declarara improcedente la acción de tutela.

No se presentaron más intervenciones.

SENTENCIA IMPUGNADA

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 11 de junio de
2026, declaro improcedente la acción de tutela al considerar que no cumplió con el
requisito de relevancia constitucional.

Afirmó que el accionante atribuyó al Tribunal Administrativo del Tolima – Sala de
Oralidad el desconocimiento de la sentencia SU-237 de 2019 de la Corte
Constitucional, por cuanto estimó que dicha autoridad judicial omitió verificar el
cumplimiento del requisito relativo a los cinco años de permanencia en el grado de
teniente coronel al momento del retiro por llamamiento a calificar servicios.

Que el tribunal accionado concluyó, al revocar el fallo de primera instancia, que «el
llamamiento a calificar servicios para oficiales de la Policía Nacional exige, de
manera exclusiva, la verificación del tiempo de servicios necesario para causar la
asignación de retiro y el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa, presupuestos que se acreditaron en el asunto sub examine ». Así mismo,
consideró que la permanencia de cinco años en el grado de teniente coronel
constituye un requisito propio del régimen de ascensos y no una condición para la
aplicación de dicha causal de retiro.

Dijo que la providencia cuestionada también concluyó que las calificaciones,
felicitaciones y condecoraciones recibidas por el actor no generan un fuero de
estabilidad ni impiden la aplicación de la figura del llamamiento a calificar servicios,

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y que no se acreditaron los vicios de nulidad alegados frente al acto administrativo
de retiro.

Estimó que el actor «busca imponer su criterio, el cual estima más acertado, sobre
el del Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad, lo cual denota un
desconcierto respecto al sentido de la decisión; máxime si se tiene en cuenta que
esa autoridad judicial, centró su análisis en (i) la figura del llamamiento a calificar
servicio; (ii) la no exigencia de motivación adicional, conforme a lo previsto en la SU-
091 de 20167 ; (iii) la permanencia de 5 años en el grado de teniente coronel
constituye un parámetro propio del régimen de ascensos; (iv) que el antes nombrado
tenía las condiciones objetivas para ser destinatario de la causal de retiro en
comento; y (v) en todo caso, no se probaron los vicios de nulidad endilgados ».

Con fundamento en lo anterior, declaró improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

IMPUGNACIÓN

El apoderado del accionante impugnó la decisión y dijo que el asunto tiene
naturaleza constitucional porque involucra la fuerza vinculante de las sentencias de
unificación de la Corte Constitucional, el deber de aplicación uniforme de la
jurisprudencia, el deber de respeto al precedente constitucional y la interpretación
del alcance de la sentencia SU-237 de 2019.

En su criterio, la controversia no corresponde a una discusión de carácter legal o
probatorio, sino a la correcta aplicación de un precedente constitucional obligatorio.

Manifestó que el Tribunal Administrativo del Tolima «omitió aplicar la regla fijada por
la Corte Constitucional en la Sentencia SU-237 de 2019, según la cual el juez debe
verificar que el funcionario retirado por llamamiento a calificar servicios hubiere
acreditado los años de servicio establecidos en el artículo 23 del Decreto 1791 de
2000, modificado por el artículo 7 de la Ley 1792 de 2016 ».

Que dicha regla fue reconocida expresamente por el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito Judicial de Ibagué al declarar la nulidad del acto de retiro en la primera
instancia del proceso ordinario.

Dijo que el artículo 23 del Decreto 1791 de 2000 prevé para el grado de teniente
coronel un tiempo mínimo de servicio de cinco años. Señaló que el propio Tribunal
Administrativo del Tolima, en la sentencia cuestionada, reconoció que el actor
registraba cuatro años y diez días en dicho grado al momento de su retiro del
servicio activo.

Por lo anterior, pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
estudiar de fondo los cargos formulados por desconocimiento del precedente
constitucional contenido en la Sentencia SU-237 de 2019.

Se decidirá previas las siguientes,

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CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir la impugnación propuesta, para lo cual abordará
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…) Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.

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encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

La Sala considera que sí se supera la exigencia general de la relevancia
constitucional, puesto que lo pretendido es lograr la protección de derechos
fundamentales, los cuales se estiman vulnerados con la sentencia mencionada, por
el presunto desconocimiento del precedente contenido en la Sentencia SU-237 de
2019 de la Corte Constitucional.

En efecto, el solicitante procura demostrar la incursión en alguna de las causales
específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la procedencia de
la tutela cuando se discuten providencias judiciales, la cual sustentó de forma que
resultan comprensibles sus desacuerdos respecto a la providencia controvertida y
que podrían tener una incidencia en la decisión adoptada.

En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia, se
observa que I) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que la sentencia
del 30 de octubre de 2025 fue notificada mediante mensaje de datos enviado el 7
de noviembre del mismo año, y esta acción fue instaurada el 15 de mayo de 2026;
II) no se está invocando una irregularidad procesal, por lo que no hay lugar al estudio
sobre dicha exigencia; III) se agotaron los medios judiciales con los que se contaba;
IV) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los
derechos estimados como transgredidos; y V) no se trata de una sentencia de tutela.
Por lo anterior, se procederá al estudio del fondo del asunto.

El actor sostiene que la autoridad judicial accionada dejó de aplicar la regla fijada
por la Corte Constitucional, según la cual el juez debe verificar que el funcionario
retirado por llamamiento a calificar servicios hubiere acreditado los años de servicio
previstos en el artículo 23 del Decreto 1791 de 2000, modificado por el artículo 7 de
la Ley 1792 de 2016. A partir de esa premisa afirma que el acto de retiro resultaba
contrario al precedente constitucional, pues para la fecha de su desvinculación no
había completado cinco años en el grado de teniente coronel.

El Tribunal analizó expresamente el régimen jurídico aplicable al llamamiento a
calificar servicios, examinó la normativa especial que regula la materia, estudió la
jurisprudencia constitucional y contenciosa pertinente y expuso las razones por las
cuales concluyó que los requisitos exigibles para la procedencia de dicha causal de
retiro eran: I) el cumplimiento del tiempo de servicio necesario para acceder a la
asignación de retiro y II) la existencia del concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa, requisitos que encontró acreditados en el caso concreto.

Se pronunció de manera expresa sobre el argumento relativo a los cinco años de
permanencia en el grado de teniente coronel y concluyó que dicho parámetro
pertenece al régimen de ascensos y no constituye una condición habilitante para el
llamamiento a calificar servicios.

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Se pretende demostrar que la interpretación acogida por el Tribunal Administrativo
del Tolima es errónea y que debió prevalecer la tesis asumida por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué. Sin embargo, esa discrepancia
interpretativa, por sí sola, no permite concluir la existencia de un defecto ni habilita
la intervención del juez constitucional para reemplazar el criterio adoptado por la
jurisdicción ordinaria; pues precisamente hace parte de la autonomía del juez de
segunda instancia.

Tampoco se advierte que la autoridad judicial accionada hubiera actuado de forma
arbitraria, caprichosa o carente de fundamentación. La providencia cuestionada
contiene una exposición detallada de las normas, antecedentes y razones que
condujeron a la decisión adoptada

En consecuencia, se revocará la sentencia del 11 de junio de 2026 que declaró
improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional
y, en su lugar, se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del 11 de junio de 2026 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de estado, a través de la cual declaró improcedente la acción,
y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta
providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. de los derechos fundamentales invocados por el señor Juan Carlos
Torres Ojeda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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