RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03761-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03761-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03761-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto de la presente acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03761-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

16 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03761-00
Demandante: David Andrés Parra Quintero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., 16 de julio de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03761-00
Demandante: DAVID ANDRÉS PARRA QUINTERO
Demandado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Temas: Derecho fundamental al debido proceso. Reubicación de juez
escrutador. Carencia actual de objeto

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por David Andrés Parra Quintero contra el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 15 de mayo de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, David
Andrés Parra Quintero pidió la protección de su derecho fundamental al debido proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con la expedición de la Resolución
216 de 2026 del 11 de mayo de 2026, por medio de la cual la Sala Plena del Tribunal
Superior de Bogotá designó al actor como Escrutador 1 en la ciudad de Bogotá, localidad
de Chapinero, sin tener en cuenta que de manera previa se había considerado la
posibilidad de hacer tal designación en su lugar de residencia, que es la ciudad de Cajicá.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Amparar mi derecho fundamental al debido proceso, afectado por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá – Presidencia y Sala Plena.

2. Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que, en el término de 48 horas desde
la notificación del fallo, proceda a pronunciarse de manera razonable, motivada y fundada en derecho
sobre mi solicitud 27 de abril de 2026, reiterada el 13 de mayo de 2026, y si es del caso, proceda
con el cambio de comisión para desempeñarme como juez escrutador en el municipio de Cajicá –
Cundinamarca, lugar de residencia – o aledaños, en las entrantes elecciones presidenciales.

3. Hechos

Del expediente de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El accionante se desempeña como Juez 26 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá desde el 16 de marzo del 2018.

El 20 de abril de 2026, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá profirió el Oficio
CSJBTOP26-568, por medio del cual autorizó el traslado de residencia del actor al
municipio de Cajicá, Cundinamarca, por considerar que el municipio es cercano a Bogotá
y cuenta con una movilidad eficiente para el desplazamiento, con la advertencia de que
la autorización para residir en un municipio distinto a Bogotá no podía “afectar en manera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03761-00
Demandante: David Andrés Parra Quintero

alguna la prestación normal del servicio de acceso a la Justicia durante las horas
laborales y sin perjuicio del control que esta Sala pueda ejercer”.

El 27 de abril de 2026, el accionante remitió correo electrónico a la presidencia de la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el que informó sobre la
autorización de cambio de residencia fuera del Distrito y solicitó que su designación como
Juez escrutador se hiciera en su lugar de residencia o en un municipio cercano.

El 30 de abril del 2026, la Presidencia del Tribunal Superior de Bogotá, expidió el oficio
0903 en el que informó al accionante que: “La situación expuesta y la solicitud formulada
serán tenidas en cuenta y objeto de estudio al momento de efectuarse las designaciones y
decisiones administrativas correspondientes al proceso de escrutinios para las elecciones
presidenciales, atendiendo las necesidades del servicio, los criterios organizacionales y las
circunstancias puestas en conocimiento de esta Corporación. Agradecemos la información
suministrada y la antelación con la cual fue comunicada, la cual permitirá su valoración dentro del
análisis institucional correspondiente”.

El 13 de mayo de 2026 se notificó al tutelante la Resolución 216 de 2026 del 11 de mayo
de 2026 proferida por la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá, por la cual se le
designó como Escrutador 1 en la ciudad de Bogotá, localidad de Chapinero, para la
jornada electoral del 31 de mayo de 2026.

En consecuencia, en esa misma fecha el actor remitió solicitud al Tribunal Superior de
Bogotá, a modo de insistencia, para que se hiciera su designación como Juez escrutador
en el municipio de residencia o uno aledaño, escrito en el que aclaró que no se solicitaba
ser relevado de la designación, sino reconsiderar la designación en Bogotá atendiendo a
las circunstancias especiales de residencia autorizada por el Consejo Seccional de la
Judicatura.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora alegó que la autoridad judicial vulneró su derecho al debido proceso, pues
aunque informó con la debida antelación el cambio de residencia fuera del Distrito Judicial
de Bogotá y su superior se comprometió a tener en cuenta dicha circunstancia para la
designación como Juez escrutador en las elecciones presidenciales, el 13 de mayo de
2026 se emitió una resolución de carácter general sin realizar manifestación, análisis ni
decisión sobre la solicitud elevada el 27 de abril de 2026.

Explicó que, si bien se entiende que no es obligación del Tribunal Superior de Bogotá
acceder a lo solicitado, sí era imperioso que, previo a la designación, se hubieran
considerado las circunstancias especiales de residencia del actor, no solo porque así se
comprometió en la respuesta brindada el 30 de abril de 2026, sino también por las
implicaciones logísticas y de seguridad que ello conlleva.

Indicó que los escrutinios presidenciales implican jornadas continuas, extensas y de alta
exposición funcional, que se prolongan durante el día de la votación hasta la medianoche
y los días posteriores, con desplazamientos reiterados en horarios nocturnos, de baja
circulación y fuera del horario laboral ordinario; por lo que la asignación de un lugar
significativamente alejado del actual sitio de residencia comporta un riesgo cierto,
previsible y evitable para la seguridad personal del accionante, contrario a los principios
de prevención del riesgo, razonabilidad administrativa y protección del funcionario que
rigen la organización del servicio público judicial.

Manifestó que se vulneró también el principio de confianza legítima depositado
razonablemente y de buena fe en el superior, al haberse abstraído de manera absoluta y
sin motivación de valorar la solicitud del 27 de abril de 2026 y no dar respuesta a la
solicitud de insistencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03761-00
Demandante: David Andrés Parra Quintero

5. Trámite procesal

El 21 de mayo de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda y negó la medida
provisional solicitada por el accionante. Asimismo, entre otras cosas, ordenó notificar en
calidad de demandados a los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá.

En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó la
notificación correspondiente por correo electrónico enviado el 26 de mayo de 2026.

6. Intervenciones

La presidenta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá informó que la
solicitud del 13 de mayo de 2026 sí fue respondida por el Tribunal mediante Oficio 1085
de 14 de mayo de 2026, notificado al accionante el 19 de mayo de 2026, escrito en el
que el Tribunal le informó de manera clara, motivada y con fundamento en el artículo 157
del Código Electoral que no era posible designarlo fuera del distrito judicial de Bogotá,
por cuanto la ley limita la competencia de los Tribunales Superiores para designar
escrutadores exclusivamente dentro de su respectivo distrito. Por tanto, precisó que no
existe omisión atribuible al Tribunal y la afirmación del accionante resulta inexacta.

Aclaró que la autorización de cambio de residencia otorgada por el Consejo Seccional de
la Judicatura no modificó la competencia territorial del Tribunal para designar
escrutadores, ni eximió al accionante de cumplir sus funciones como Juez del Distrito
Judicial de Bogotá. Agregó que la residencia en Cajicá (perteneciente al Distrito Judicial
de Cundinamarca) no traslada automáticamente al actor a dicho distrito para efectos de
las comisiones escrutadoras, pues su nombramiento como juez corresponde al distrito
de Bogotá y es en esa calidad que debe atender las designaciones que realice su
superior.

Sostuvo que la designación como escrutador fue proferida por la Sala Plena del Tribunal
en ejercicio de sus facultades legales exclusivas. Añadió que tampoco se vulneró el
principio de confianza legítima, toda vez que el Oficio 0903 del 30 de abril de 2026 no
constituyó una promesa de designarlo en Cajicá, sino el anuncio de un análisis que
efectivamente se realizó y que concluyó en la imposibilidad jurídica de acceder a lo
pedido.

El accionante allegó escrito en el que señaló que el 19 de mayo de 2026 fue notificado
del Oficio 1085 de 14 de mayo de 2016, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá se pronunció sobre la solicitud de fecha 13 de mayo de 2026.

Señaló que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá estaba en plena capacidad
de redirigir la solicitud a la autoridad que ostentaba la competencia para solventar lo
pretendido desde el 27 de abril de 2026, pues dicha labor, más allá de estar sujeta a
solicitud, se corresponde con el deber de debida diligencia que les asiste a las
autoridades en pro de dar solución efectiva a los asuntos sometidos a su consideración.

Alegó que la parte demandada asumió una actitud de falta de diligencia y colaboración
armónica entre autoridades, limitándose a negar lo solicitado por estar fuera de su
competencia, ignorando la obligación de dar solución efectiva.

Resaltó que desde el 27 de abril de 2026, la parte accionada conocía de la solicitud y el
30 de abril “se comprometió a tenerla en cuenta, sin realizar manifestación alguna sobre su
imposibilidad; luego, resulta contraproducente que, a hoy, en el curso de la acción de tutela, se
percaten sobre la normativa invocada en la respuesta y a partir de ello se retracten sobre lo
indicado el 30 de abril de 2026 para, en su lugar, cerrar de plano la posibilidad de la designación
en mi lugar de residencia”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03761-00
Demandante: David Andrés Parra Quintero

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por David
Andrés Parra Quintero para proteger su derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado por la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá, al designarlo
como escrutador 1 en la ciudad de Bogotá, sin tener en cuenta que de manera previa se
había considerado la posibilidad de hacer tal designación en su lugar de residencia, que
es la ciudad de Cajicá, y no dar respuesta a su solicitud de insistencia.

La Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto, porque la primera vuelta de
las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 se celebró el domingo 31 de mayo
de 2026. Además, no se advierte vulneración a los derechos fundamentales al debido
proceso y de petición, pues la tutela fue presentada cuando solo habían transcurrido 2
días desde la presentación de la petición del 13 de mayo de 2026 y, con todo, el 19 de
mayo de 2026 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá respondió
negativamente la solicitud elevada por el actor de cambio de lugar para ejercer la
designación como Juez escrutador y, a la fecha, ya culminó la jornada electoral de 2026.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la carencia
de objeto en materia de tutela y, (ii) analizará el caso concreto.

2. Sobre la carencia de objeto en materia de tutela

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: “Si, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada,
se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes”.

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente. En lo que aquí
interesa, el hecho superado ocurre cuando «la acción de tutela pierde su razón de ser,
debido a la “alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen”1 a
su presentación.

Sobre el segundo escenario, la Corte Constitucional ha precisado que este “[s]e configura
cuando la amenaza o la vulneración del derecho fundamental ha producido el perjuicio
que se pretendía evitar con la acción de tutela”2. En este evento, “ante la imposibilidad de
hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
imparta una orden para retrotraer la situación”3. La Corte ha señalado que el daño
causado debe ser irreversible para que el juez de tutela pueda declarar la carencia actual
de objeto.

3. Análisis el caso concreto

Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, la inconformidad de la
parte actora se centra en que el Tribunal Superior de Bogotá lo designó como escrutador
1 en la ciudad de Bogotá para las elecciones de la segunda vuelta presidencial, sin tener

1 Ver sentencias T-070 de 2023, SU-255 de 2013, SU-655 de 2017 y SU-522 de 2019.
2
Sentencias T-149 de 2018 y T-011 de 2016.
3
Sentencias SU-109 de 2022 y SU-522 de 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03761-00
Demandante: David Andrés Parra Quintero

en cuenta que de manera previa se había considerado la posibilidad de hacer tal
designación en su lugar de residencia, que es la ciudad de Cajicá.

Sobre el particular, se advierte que, en efecto, el actor solicitó a la autoridad accionada
que se le permitiera ejercer su labor como Juez escrutador en su municipio de residencia
(Cajicá) y no en la ciudad de Bogotá. De igual manera, se acreditó que mediante oficio
0903 de 30 de abril del 2026 el Tribunal Superior de Bogotá señaló que la situación puesta
en conocimiento por el actor sería tenida en cuenta al momento de efectuarse las
designaciones “atendiendo las necesidades del servicio, los criterios organizacionales y las
circunstancias puestas en conocimiento de esta Corporación. Agradecemos la información
suministrada y la antelación con la cual fue comunicada, la cual permitirá su valoración dentro del
análisis institucional correspondiente”.

Como consecuencia de lo anterior, el actor radicó escrito del 13 de mayo de 2026 en el
que recordó al Tribunal Superior de Bogotá que desde el 15 de abril de 2026 había
informado sobre su permiso para residir en otro municipio y solicitado que este nuevo
lugar de domicilio fuera tenido en cuenta al momento de designarlo como juez escrutador,
por lo que insistía en tal solicitud. Resaltó que el tribunal le había señalado que su
situación sería tenida en cuenta al momento de designar los jueces escrutadores, pero
que ello no fue así.

Ahora bien, mediante Oficio 1085 de 14 de mayo de 2026, notificado al accionante el 19
de mayo de 2026 (cuando ya se había radicado la tutela -15 de mayo de 2026-) el Tribunal
informó al accionante que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Código
Electoral, no era posible designarlo fuera del distrito judicial de Bogotá, por cuanto la ley
limita la competencia de los Tribunales Superiores para designar escrutadores
exclusivamente dentro de su respectivo distrito.

Por su parte, la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 se
celebró el domingo 31 de mayo de 2026, por lo que, en principio, se materializó el hecho
que el demandante pretendía evitar y que configura una carencia actual de objeto.

Sin embargo, la Sala advierte necesario pronunciarse sobre el fondo del asunto. En
cuanto al derecho de petición, se advierte que la acción de tutela fue presentada cuando
solo habían transcurrido 2 días desde la radicación de la solicitud del 13 de mayo de
2026, de modo que, para ese momento, no se había vencido el término legal con el que
contaba la autoridad accionada para resolverla; por consiguiente, no puede predicarse
una vulneración de este derecho a partir de una omisión que, en estricto rigor, aún no se
había configurado.

En cuanto al debido proceso, la Sala encuentra que la respuesta brindada por la autoridad
accionada se ajustó a la normativa aplicable, sin que existiera, contrario a lo sostenido
por el accionante, una obligación de acceder favorablemente a su solicitud. Ello es así
porque la autoridad expuso un fundamento legal vinculante: el artículo 157 del Código
Electoral, que le impedía autorizar al accionante para ejercer su labor de escrutinio en un
distrito judicial distinto de aquel en el que desempeña sus funciones jurisdiccionales, de
manera que su decisión no obedeció a una discrecionalidad arbitraria, sino al
cumplimiento de un límite legal de competencia territorial.

De modo que la Sala no advierte una vulneración del debido proceso, entendido como
“el conjunto de garantías que tienden por el respeto y protección de los derechos de los
individuos que se encuentran incursos en una determinada actuación de carácter judicial
o administrativa; y en virtud de las cuales, las autoridades estatales cuentan con la
obligación de ajustar su accionar conforme a los procedimientos contemplados para cada
tipo de trámite”4.

Valga señalar que el que en su momento el tribunal haya señalado que tendría en cuenta
la situación administrativa del tutelante no implicaba una obligación, compromiso o un

4 Corte Constitucional Sentencia T-916/14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03761-00
Demandante: David Andrés Parra Quintero

anuncio de que debía acceder a lo solicitado, de manera que de la actuación adelantada
no es posible concluir una vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Cabe reiterar que, como se señaló en el auto de 21 de mayo de 2026, el actor no alegó
una situación de perjuicio inminente que ameritara la intervención del juez de tutela, pues
la acción se interpuso solo para que se le permitiera al accionante cumplir con el deber
de actuar como Juez escrutador en Cajicá y no en Bogotá y, aunque se alegaron razones
de seguridad, ninguna prueba fue allegada al respecto.

Así las cosas, la Sala observa que la pretensión formulada por la accionante, encaminada
a que se cambiara su lugar de designación como Juez escrutador, ya no puede ser
concedida, en la medida en que ya se llevó a cabo la jornada electoral.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto de la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 5

5
Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03761-00
Demandante: David Andrés Parra Quintero

funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.