Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03762-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03762-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03762-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
18 de junio de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dieciocho (18) de junio dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03762-00
Demandante: ALEX JAVIER PALOMO OROZCO
Demandado: UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA
Asunto: LAS PERSONAS QUE SE MATRICULARON A LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA
CURSAR LA CARRERA DE DERECHO EN VIGENCIA DE
LA LEY 1905 DE 2018 OBLIGATORIAMENTE DEBEN
ACREDITAR LA APROBACIÓN DEL EXAMEN DE
INDONEIDAD DEL ESTADO
Síntesis del caso: el actor cuestionó la exigencia de presentar el examen de Estado previsto en la Ley
1905 de 2018 para acceder a la tarjeta profesional de abogado. Sin embargo, la Sala declarará la
carencia actual de objeto por situación sobreviniente, porque durante el trámite de la presente acción
el propio accionante presentó el examen cuya exigibilidad cuestionaba, circunstancia que modificó
sustancialmente el supuesto fáctico que dio origen a la solicitud de amparo y tornó inocua cualquier
orden encaminada a exceptuarlo del cumplimiento de dicho requisito.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Alex Javier Palomo Orozco
en contra de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura para la protección de sus derechos fundamentales a
la igualdad, trabajo y mínimo vital consagrados en los artículos 13, 25 y 53 de la
Constitución Política, presuntamente vulnerados por la exigencia de dicha autoridad en
la aprobación del examen de Estado para expedir la tarjeta profesional de abogado.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
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Mediante escrito radicado el 15 de mayo de 2026 (índice 02 de Sami).
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03762-00
Actor: Alex Javier Palomo Orozco
Acción de tutela
Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) Ingresó el 20 de agosto de 2019 al programa de Derecho de la Universitaria de
Colombia, institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación
Nacional.
2) Desde el año 2019, desarrolló actividades como comerciante independiente, inscrito
en la Cámara de Comercio de Bogotá, ingresos con los cuales sufragaba sus gastos
personales y los costos de sus estudios universitarios.
3) Con ocasión de la pandemia ocasionada por el COVID-19, su actividad económica se
vio gravemente afectada, circunstancia que le impidió ejercer oportunamente las
obligaciones económicas adquiridas con la institución educativa.
4) La deuda acumulada con la universidad le impidió acceder a los requisitos académicos
y administrativos exigidos para optar al título profesional, entre ellos, el consultorio
jurídico, el proyecto de grado y la presentación de las pruebas Saber Pro, toda vez que
la institución condicionaba el acceso a tales actividades al pago de los saldos pendientes.
5) Dicha situación económica se prolongó durante los años 2022 y 2023, período durante
el cual no pudo avanzar en el cumplimiento de los requisitos de grado debido a la
imposibilidad material de cancelar las obligaciones financieras contraídas con la
universidad.
6) Con el propósito de superar esa situación, su cónyuge adquirió un crédito por valor de
$33.000.000, de cuyos recursos destinó $24.320.000 para cancelar la deuda
universitaria, pago que efectuó el 9 de julio de 2024.
7) Una vez superado el bloqueo financiero, adelantó de manera consecutiva los requisitos
pendientes para obtener el título profesional, por lo que culminó satisfactoriamente el
consultorio jurídico, el proyecto de grado y las pruebas Saber Pro y, posteriormente,
obtuvo el título de abogado el 3 de diciembre de 2025, conforme con el Acta de Grado
no. 4678 expedida por la Universitaria de Colombia.
8) Después de graduarse, intentó adelantar el trámite de inscripción y expedición de la
tarjeta profesional de abogado ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
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Actor: Alex Javier Palomo Orozco
Acción de tutela
Auxiliares de la Justicia, pero el sistema le exigió acreditar la aprobación del examen
previsto en la Ley 1905 de 2018.
Fundamento de la vulneración
La parte actora alegó que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia vulneró sus derechos fundamentales al exigirle la aprobación del examen de
Estado previsto en la Ley 1905 de 2018 para obtener la tarjeta profesional de abogado,
sin considerar que no pudo culminar oportunamente los requisitos de grado ni solicitar
dicha tarjeta antes del 26 de diciembre de 2023 debido a las dificultades económicas que
afrontó como consecuencia de la pandemia y a las restricciones administrativas
derivadas de la deuda que mantenía con la institución educativa.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“TUTELAR mis derechos fundamentales a la igualdad material, al trabajo, al
mínimo vital, a la dignidad humana, al acceso a la administración de justicia y a
la libre escogencia de profesión u oficio.
APLICAR la excepción de inconstitucionalidad respecto de la aplicación
automática del criterio temporal derivado de la Sentencia SU-128 de 2024 y de
la exigencia prevista en la Ley 1905 de 2018, exclusivamente para el caso
concreto del accionante.
ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), que en el término perentorio
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo,
EXCEPCIÓN a favor de ALEX JAVIER PALOMO OROZCO el requisito del
examen de Estado, y en consecuencia, proceda a INSCRIBIR al accionante en
el SIRNA y EXPEDIR de manera inmediata su Tarjeta Profesional de Abogado
de forma definitiva”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI).
Actuación procesal
Mediante auto del 19 de mayo de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Consejo Superior de la
Judicatura y al director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia (URNA) y, se vinculó, como terceros con interés, al rector y al decano o al
director(a) del programa de derecho de la Universitaria de Colombia, con el fin de que
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03762-00
Actor: Alex Javier Palomo Orozco
Acción de tutela
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 04
de Samai).
Intervenciones de las autoridades demandadas
El actor (índice 10 de Samai) presentó escrito adicional dentro del trámite constitucional,
mediante el cual puso de presente que el 17 de mayo de 2026 presentó el examen de
Estado para el ejercicio de la abogacía, sin embargo, dicha circunstancia no comporta la
configuración de una carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en que
aún no cuenta con un resultado aprobatorio que le permita obtener la tarjeta profesional.
Sin embargo, persiste la afectación de sus derechos fundamentales, pues continúa
imposibilitado para ejercer la profesión jurídica y obtener ingresos derivados de ella,
situación que, a su juicio, configura un perjuicio irremediable.
En consecuencia, solicitó valorar su situación a la luz de los precedentes constitucionales
relacionados con la implementación del examen de Estado y descartar una interpretación
meramente formal de los requisitos exigidos para el ejercicio de la profesión.
La Institución Universitaria de Colombia (índice 11 de Samai) solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional por falta de legitimación en la causa
por pasiva, en razón a que las pretensiones formuladas por el accionante se dirigen
exclusivamente a cuestionar actuaciones relacionadas con la exigencia del examen de
Estado para el ejercicio de la abogacía, la inscripción en el Sistema de Información del
Registro Nacional de Abogados (SIRNA) y la expedición de la tarjeta profesional, asuntos
que corresponden de manera privativa a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, respecto de los cuales carece de competencia e injerencia
alguna.
En cuanto a los hechos expuestos en la solicitud de amparo, reconoció que el señor Alex
Javier Palomo Orozco ingresó al programa de Derecho de esa institución y obtuvo el título
de abogado el 3 de diciembre de 2025, no obstante, no es cierto que haya existido un
bloqueo administrativo, pues sostuvo que la situación descrita por el actor obedeció a la
aplicación ordinaria de las disposiciones reglamentarias relativas a la pérdida de la
calidad de estudiante por falta de renovación de matrícula y al posterior trámite de
reingreso.
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Actor: Alex Javier Palomo Orozco
Acción de tutela
El accionante ingresó a la cohorte 2019-II del programa de Derecho, conservó la calidad
de estudiante activo únicamente durante los primeros períodos académicos y
posteriormente la perdió por no renovar oportunamente la matrícula, razón por la cual fue
necesario adelantar el correspondiente trámite de reingreso, el cual se formalizó el 8 de
julio de 2024, fecha a partir de la cual regularizó su situación académica y financiera
mediante el pago de las obligaciones pendientes, circunstancia que le permitió culminar
los requisitos exigidos para optar al título profesional.
De modo que la imposibilidad de cursar actividades como el consultorio jurídico, el
proyecto de grado o la inscripción a las pruebas Saber Pro no obedeció a una decisión
arbitraria o discriminatoria de la institución, sino a la ausencia de matrícula vigente y de
la condición de estudiante activo, exigencias que resultan aplicables a todos los
estudiantes por igual, por lo que cualquier retraso en el avance académico del accionante
no sería atribuible a la universidad sino a su situación de inactividad académica y al
incumplimiento de las obligaciones pecuniarias correspondientes.
Finalmente, las circunstancias económicas alegadas por el actor son ajenas a la
institución educativa y cualquier decisión relacionada con la aplicación de la Ley 1905 de
2018, la sentencia SU-128 de 2024 o la expedición de la tarjeta profesional corresponde
exclusivamente a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
razón por la cual solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
universidad y, en consecuencia, negar el amparo respecto de esa institución o disponer
su desvinculación del trámite constitucional.
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (índice 12
de Samai) solicitó declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, al señalar que mediante la Resolución no. 749 de 21 de enero
de 2026 negó la expedición de la tarjeta profesional solicitada por el actor, decisión que
le fue debidamente notificada y frente a la cual procedía el recurso de reposición,
mecanismo que no fue ejercido por el interesado pese a constituir el escenario idóneo
para controvertir la decisión administrativa y exponer los argumentos que ahora plantea
por vía constitucional.
Con posterioridad, el accionante presentó una petición encaminada a obtener una
evaluación individual de su situación particular, la cual fue respondida el 16 de febrero de
2026, no obstante, dicha actuación no sustituía el recurso administrativo procedente ni
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03762-00
Actor: Alex Javier Palomo Orozco
Acción de tutela
habilitaba el ejercicio de la acción de tutela como mecanismo alternativo para reabrir una
controversia que contaba con cauces ordinarios de defensa.
En todo caso no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la
intervención excepcional del juez constitucional, pues las circunstancias económicas
expuestas por el actor relacionadas con obligaciones financieras y dificultades derivadas
de la ausencia de tarjeta profesional no permiten, demostrar la configuración de un daño
grave, inminente e impostergable que autorice desplazar los mecanismos ordinarios
previstos por el ordenamiento jurídico.
En cuanto al fondo del asunto, afirmó que la decisión adoptada por la entidad se limitó a
aplicar el marco normativo vigente, toda vez que el accionante solicitó la expedición de
la tarjeta profesional el 9 de diciembre de 2025 y, al verificar la información reportada en
el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados por la institución de
educación superior, se constató que inició sus estudios de Derecho con posterioridad al
28 de junio de 2018 y que no acreditaba la aprobación del examen de Estado exigido por
la Ley 1905 de 2018, razón por la cual no cumplía con los requisitos legales para acceder
a la tarjeta profesional.
Además, la fecha relevante para determinar la aplicabilidad de la Ley 1905 de 2018
corresponde al inicio del programa académico reportado por la institución de educación
superior y no a la fecha de culminación de materias, de obtención del título profesional o
a las circunstancias económicas que hubieran incidido en el desarrollo de la formación
académica del interesado.
No era posible extender al accionante los efectos de la sentencia SU-128 de 2024, por
cuanto dicha providencia definió unos supuestos específicos para quienes habían
solicitado tarjeta profesional provisional o habían radicado la solicitud de tarjeta
profesional antes del 26 de diciembre de 2023, hipótesis en las que no se encuentra el
actor, quien presentó su solicitud el 9 de diciembre de 2025.
De otra parte, el accionante cuenta con inscripción vigente en el Registro Nacional de
Abogados desde el 5 de diciembre de 2025, de manera que no se encuentra
completamente imposibilitado para desarrollar actividades relacionadas con su formación
jurídica, dado que la tarjeta profesional únicamente se exige para aquellas actuaciones
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03762-00
Actor: Alex Javier Palomo Orozco
Acción de tutela
que impliquen representación judicial de terceros o para los eventos expresamente
previstos por la ley.
Finalmente, manifestó que el actor culminó las materias del programa académico en
septiembre de 2022 y que, en su condición de egresado, podía inscribirse a las
aplicaciones 2024-II, 2025-I y 2025-II del examen de Estado, sin embargo, no lo hizo y
únicamente presentó la prueba correspondiente a la aplicación 2026-I, realizada el 17 de
mayo de 2026, por lo que deberá esperar la publicación de los resultados y, en caso de
aprobar el examen, podrá adelantar nuevamente el trámite de expedición de la tarjeta
profesional conforme con la normatividad vigente.
Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y,
subsidiariamente, negar el amparo reclamado.
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) la solicitud de desvinculación y
3) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03762-00
Actor: Alex Javier Palomo Orozco
Acción de tutela
La solicitud de desvinculación
La Institución Universitaria de Colombia solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, la Sala recuerda que su vinculación fue como tercero con interés en las
resultas del proceso, en consideración a que algunos de los hechos expuestos en la
solicitud de amparo guardan relación con el proceso académico adelantado por el
accionante en dicha institución y con las circunstancias que, según el accionante,
incidieron en la obtención de su título profesional.
Por consiguiente, no se accederá a la solicitud formulada, toda vez que la Institución
Universitaria de Colombia no fue vinculada al presente trámite en calidad de autoridad
accionada, sino como tercero con interés en las resultas del proceso, con el propósito de
garantizar su derecho al debido proceso y permitir su intervención respecto de los hechos
expuestos en la solicitud de amparo, así como que aportara los elementos probatorios
que obraran en su poder relacionados con los hechos de la demanda.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales
antes mencionados, presuntamente vulnerados debido a que dicha autoridad negó la
expedición de su tarjeta profesional de abogado por no acreditar la aprobación del
examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018.
Así las cosas, en los términos en los que se propuso la controversia se declarará la
carencia actual de objeto por situación sobreviniente, por las razones que procederá a
exponer:
3.1 Sobre la figura de la carencia actual de objeto por situación sobreviniente
La acción de tutela tiene como finalidad brindar una protección inmediata y efectiva frente
a la amenaza o vulneración actual de derechos fundamentales, por lo que, cuando
durante el trámite constitucional desaparecen las circunstancias que dieron origen a la
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03762-00
Actor: Alex Javier Palomo Orozco
Acción de tutela
solicitud de amparo o sobrevienen hechos que modifican sustancialmente la situación
inicialmente planteada, el juez debe verificar si subsiste un objeto sobre el cual pueda
recaer la orden de protección.
En ese contexto, la jurisprudencia constitucional2 ha precisado que la denominada
carencia actual de objeto puede configurarse, entre otros eventos, por hecho superado,
daño consumado o situación sobreviniente y, esta última hipótesis se presenta cuando,
con posterioridad a la presentación de la acción, ocurre una circunstancia nueva que
altera de manera significativa el supuesto fáctico que motivó la solicitud de amparo y torna
inocua, innecesaria o carente de utilidad práctica la intervención del juez constitucional
respecto de las pretensiones originalmente formuladas.
En tales eventos, aun cuando no pueda afirmarse que la vulneración cesó completamente
o que las pretensiones fueron satisfechas en su integridad, la modificación sustancial de
las circunstancias inicialmente planteadas impide adoptar una orden de protección
efectiva frente al problema constitucional propuesto, razón por la cual corresponde al juez
declarar la carencia actual de objeto por situación sobreviniente.
3.2 Análisis de la carencia actual de objeto por situación sobreviniente en el caso
concreto
1) La Sala advierte que, mediante escrito allegado durante el trámite constitucional, el
accionante puso de presente que el 17 de mayo de 2026 presentó el examen de Estado
para el ejercicio de la abogacía y, con fundamento en ello, sostuvo que no se configura
una carencia actual de objeto, pues, a su juicio, la situación de vulneración persistirá
hasta tanto obtenga un resultado aprobatorio que le permita acceder a la tarjeta
profesional y ejercer plenamente la profesión.
2) No obstante, la Sala no comparte dicho planteamiento, toda vez que a partir de la
lectura integral del escrito de tutela se advierte que la pretensión principal del accionante
estuvo encaminada a obtener la inaplicación, para su caso concreto, de la exigencia
prevista en la Ley 1905 de 2018 y, en consecuencia, a que se le exceptuara de presentar
el examen de Estado como requisito para acceder a la tarjeta profesional de abogado
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Corte Constitucional, T-322 de 2025, MP Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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Actor: Alex Javier Palomo Orozco
Acción de tutela
3) En efecto, durante el trámite de la presente acción ocurrió un hecho nuevo y
jurídicamente relevante, consistente en que el propio accionante decidió presentar el
examen cuya exigibilidad cuestionaba mediante este mecanismo constitucional, de modo
que tal circunstancia modificó sustancialmente el supuesto fáctico que dio origen a la
controversia y tornó inocua cualquier orden judicial encaminada a relevarlo del
cumplimiento de dicho requisito.
4) Ahora bien, la Sala reconoce que aún no se ha producido la expedición de la tarjeta
profesional solicitada por el actor, no obstante, lo cierto es que ya presentó el examen y
su situación jurídica ya no depende de la exigencia de presentar el examen de Estado,
sino del resultado que obtenga en la prueba que voluntariamente presentó el 17 de mayo
de 2026.
5) En otras palabras, el debate constitucional inicialmente propuesto dejó de existir en los
términos en que fue planteado por el actor, toda vez que la controversia ya no versa sobre
la obligación de presentar el examen previsto en la Ley 1905 de 2018, en los términos
solicitados en el escrito de tutela; si bien el actor con posterioridad a la presentación de
la demanda allegó un escrito adicional en el que dijo que la solicitud de amparo continua
vigente porque no ha aprobado dicho examen ello constituye un argumento nuevo que
dista de lo pretendido inicialmente y que varía su pretensión inicial, por lo que frente a
ello no es posible emitir pronunciamiento alguno dado que las accionadas no tuvieron
oportunidad de defenderse frente a ello.
6) Por consiguiente, la Sala concluye que en el presente asunto se configuró una carencia
actual de objeto por situación sobreviniente, pues los acontecimientos ocurridos con
posterioridad a la presentación de la acción modificaron de manera sustancial las
circunstancias que dieron origen a la solicitud de amparo y privaron de utilidad práctica
cualquier orden de protección relacionada con las pretensiones originalmente
formuladas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03762-00
Actor: Alex Javier Palomo Orozco
Acción de tutela
FALLA:
1º) Declárase la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Niégase la solicitud de desvinculación elevada por Institución Universitaria de
Colombia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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