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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03762-01

Fecha
20 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03762-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DENEGAR la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03762-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

20 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03762-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ALEX JAVIER PALOMO OROZCO

TESIS: SE REVOCA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DECLARÓ LA CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR SITUACIÓN SOBREVINIENTE Y, EN SU LUGAR, SE
DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD ACCIONADA NO HA
VULNERADO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR Y, POR EL
CONTRARIO, HA ACTUADO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY Y
LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SU-128 DE 2024, PROFERIDA POR LA CORTE
CONSTITUCIONAL.

ADEMÁS, NO HAY LUGAR A ACCEDER A LA SOLICITUD DE INAPLICAR, POR VÍA
DE EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, LA REGLA JURISPRUDENCIAL
FIJADA EN LA SENTENCIA SU-128 DE 18 DE ABRIL DE 2024, TODA VEZ QUE
LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES INVOCADAS POR EL ACCIONANTE NO
DESVIRTÚAN LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO PREVISTO EN LA LEY
1905 DE 2018 NI PERMITEN EXTENDER LOS EFECTOS DEFINIDOS POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL EN LA REFERIDA PROVIDENCIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, TRABAJO, MÍNIMO
VITAL, DIGNIDAD HUMANA, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA Y LIBRE ESCOGENCIA DE PROFESIÓN U OFICIO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

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Actor: ALEX JAVIER PALOMO OROZCO

sentencia de 18 de junio de 2026, proferida por la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que

declaró la carencia actual de objeto por situación sobreviniente.

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor ALEX JAVIER PALOMO OROZCO, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de

la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital, a la dignidad

humana, al acceso a la administración de justicia y a la libre

escogencia de profesión u oficio, los cuales estima vulnerados por la

UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y

AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA 2 por la exigencia de la aprobación del examen de

Estado para expedir su tarjeta profesional de abogado.

I.2.- Hechos

Afirmó que inició sus estudios de derecho el 20 de agosto de 2019 en

1
En adelante SECCIÓN TERCERA.
2
En adelante UNIDAD.

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la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA3,

establecimiento de educación superior reconocida por el

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

Aseguró que desde el año 2019, desarrolló actividades como

comerciante independiente con el fin de sufragar los costos de sus

estudios; sin embargo, debido a la pandemia ocasionada por el

COVID-19, su situación económica se vio gravemente afectada,

circunstancia que le impidió ejercer oportunamente las obligaciones

de pago adquiridas con la institución educativa y acceder a los

requisitos académicos y administrativos exigidos para optar al título

profesional.

Manifestó que una vez superado el bloqueo financiero, adelantó de

manera consecutiva los requisitos pendientes para obtener el título

profesional, por lo que culminó satisfactoriamente el consultorio

jurídico, el proyecto de grado y las pruebas Saber Pro y,

posteriormente, el 3 de diciembre de 2025, obtuvo el título de

abogado conforme consta en el acta de grado núm. 4678 expedida

por la UNIVERSIDAD.

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En adelante UNIVERSIDAD.

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Indicó que ha intentado acceder a la expedición de su tarjeta

profesional de abogado mediante el SISTEMA DE INFORMACIÓN

DEL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS4 (SIRNA), pero la

plataforma le exige de manera automática e inflexible la aprobación

del examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 28 de junio de

20185.

I.3. Fundamentos de derecho

Puso de presente que, si bien la sentencia SU-128 de 18 de abril de

2024, proferida por la Corte Constitucional, fijó un criterio temporal

relacionado con la solicitud de la tarjeta profesional antes del 26 de

diciembre de 2023, también lo es que se debe tener en cuenta que

en su caso se presenta una circunstancia constitucional excepcional,

pues no pudo cumplir dicho requisito temporal debido a las

dificultades económicas que afrontó como consecuencia de la

pandemia y a las restricciones administrativas derivadas de la deuda

que mantenía con la institución educativa.

Aseguró que: “[…] La aplicación rígida y automática de dicho criterio

temporal genera en mi caso una discriminación indirecta por

4
En adelante SIRNA.
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“Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”.

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condición económica, toda vez que una regla aparentemente neutra

termina produciendo un impacto desproporcionado sobre quien,

debido a la pobreza sobrevenida, se vio impedido para registrar sus

requisitos de grado a tiempo. Actualmente me encuentro gravemente

afectado en mi derecho al trabajo y en mi mínimo vital, toda vez que

la mayoría de las oportunidades laborales dentro del campo jurídico

exigen la tarjeta profesional de abogado como requisito obligatorio,

viéndome relegado al transporte informal para subsistir y cubrir los

compromisos crediticios del hogar. […]”.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] APLICAR la excepción de inconstitucionalidad respecto
de la aplicación automática del criterio temporal derivado de la
Sentencia SU-128 de 2024 y de la exigencia prevista en la Ley
1905 de 2018, exclusivamente para el caso concreto del
accionante.

ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
(URNA), que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de este fallo,

EXCEPCIÓN a favor de ALEX JAVIER PALOMO OROZCO el
requisito del examen de Estado y, en consecuencia, proceda a
INSCRIBIR al accionante en el SIRNA y EXPEDIR de manera
inmediata su Tarjeta Profesional de Abogado de forma
definitiva. […]”.

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I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIVERSIDAD solicitó ser desvinculada del presente

trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que

las pretensiones formuladas por el actor están dirigidas a cuestionar

las actuaciones relacionadas con la exigencia del examen de Estado

para el ejercicio de la abogacía, la inscripción en el SIRNA y la

expedición de la tarjeta profesional, asuntos que corresponden,

exclusivamente a la UNIDAD y frente a las cuales carece de

competencia e injerencia alguna.

Agregó que no es cierto que haya existido un bloqueo administrativo,

pues la situación descrita por el accionante obedeció a la aplicación

ordinaria de las disposiciones reglamentarias relativas a la pérdida

de la calidad de estudiante por falta de renovación de matrícula y al

posterior trámite de reingreso y, además, las circunstancias

económicas alegadas por aquel y cualquier decisión frente a la

aplicación de la Ley 1905 de 2018 o la sentencia SU-128 de 2024, le

son ajenas.

I.5.2.- La UNIDAD solicitó declarar improcedente la solicitud de

amparo por no cumplirse el requisito de la subsidiariedad, por cuanto

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mediante la Resolución núm. 749 de 21 de enero de 2026 negó la

expedición de la tarjeta profesional solicitada por el actor, decisión

que le fue debidamente notificada y frente a la cual procedía el

recurso de reposición, mecanismo que no fue ejercido por el

interesado pese a constituir el escenario idóneo para controvertir la

decisión administrativa y exponer los argumentos que ahora plantea

por vía constitucional.

Precisó que no era posible extender al accionante los efectos de la

sentencia SU-128 de 2024, en la medida en que dicha providencia

definió unos supuestos específicos para quienes habían solicitado la

tarjeta profesional provisional o habían radicado la solicitud de

tarjeta profesional antes del 26 de diciembre de 2023, hipótesis en

las que no se encuentra el señor PALOMO OROZCO, quien presentó

su solicitud el 9 de diciembre de 2025.

Por último, señaló que la acción de tutela no puede ser utilizada para

sustituir los recursos administrativos que el actor decidió no

interponer, ni para obtener por vía excepcional la inaplicación de una

exigencia legal cuya finalidad fue reconocida por la Corte

Constitucional como legítima, esto es, verificar la idoneidad

profesional de quienes ejercen la abogacía mediante la

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representación de terceros.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 18 de junio de 2026,

denegó la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la

causa por pasiva presentada por la UNIVERSIDAD y declaró la

carencia actual de objeto por situación sobreviniente, por cuanto los

acontecimientos ocurridos con posterioridad a la presentación de la

acción modificaron las circunstancias que dieron origen a la solicitud

de amparo.

Para tal efecto, indicó que de la lectura del escrito de tutela se

advertía que la pretensión principal del accionante estaba

encaminada a obtener la inaplicación, para su caso concreto, de la

exigencia prevista en la Ley 1905 de 2018 y, en consecuencia, a que

se le exceptuara de presentar el examen de Estado como requisito

para acceder a la tarjeta profesional de abogado.

No obstante, consideró que durante el trámite de la presente acción

ocurrió un hecho nuevo y jurídicamente relevante, consistente en

que el propio actor decidió presentar el examen cuya exigibilidad

cuestionaba mediante este mecanismo constitucional, por lo que tal

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circunstancia modificó sustancialmente el supuesto fáctico que dio

origen a la controversia y tornó inocua cualquier orden judicial

encaminada a relevarlo del cumplimiento de dicho requisito.

Resaltó que, si bien no se ha expedido la tarjeta profesional solicitada

por el actor, lo cierto era que este al haber presentado

voluntariamente el examen el 17 de mayo de 2026, su situación

jurídica ya no depende de tal exigencia, sino del resultado que

obtenga.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque en su integridad, debido a que de conformidad con

lo dispuesto en la SU-316 de 2021, no basta con que ocurra una

variación fáctica para declarar la carencia actual de objeto por

situación sobreviniente, sino que es indispensable, además, que esa

variación implique la pérdida de interés del accionante en obtener lo

pedido, o que las pretensiones ya no puedan llevarse a cabo, lo cual

no ocurre en su caso, teniendo en cuenta que aún no ha obtenido la

tarjeta profesional.

Adujo que en la sentencia de primera instancia se confundió el

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cumplimiento de una actuación material de mitigación del daño con

el restablecimiento efectivo de los derechos fundamentales

invocados, lo que constituye un error de apreciación que debe ser

corregido por el superior funcional.

Precisó que no le asistió razón al a quo al calificar su memorial como

una pretensión nueva, pues los procesos constitucionales son

dinámicos y el haber informado que presentó el examen no equivale

a la modificación de sus pretensiones, en la medida en que la petición

original relativa a la excepción de inconstitucionalidad y la expedición

de su tarjeta profesional ha permanecido inalterada durante todo el

trámite.

Por último, recalcó que la sentencia de primera instancia se profirió

por fuera del término legal de diez (10) días, desconociendo el

carácter preferente y sumario de la acción de tutela y agravando la

vulneración alegada.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

Antes de resolver el problema jurídico, la Sala advierte que con

posterioridad a la admisión de la demanda el actor en escrito obrante

en el índice 10 del expediente digital contentivo en SAMAI, puso de

presente que el 17 de mayo de 2026 presentó el examen de Estado

para el ejercicio de la abogacía y afirmó que, sin embargo, dicha

circunstancia no comporta la configuración de una carencia actual de

objeto por hecho superado, en la medida en que aún no cuenta con

un resultado aprobatorio que le permita obtener la tarjeta

profesional.

Además, insistió en que continúa la afectación de sus derechos

fundamentales, pues sigue imposibilitado para ejercer la profesión

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jurídica y obtener ingresos derivados de ella, situación que, a su

juicio, configura un perjuicio irremediable.

Por lo anterior, reiteró su solicitud de valorar su situación a la luz de

los precedentes constitucionales relacionados con la implementación

del examen de Estado y descartar una interpretación meramente

formal de los requisitos exigidos para el ejercicio de la profesión o la

configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado,

pues su pretensión sigue insatisfecha y la vulneración a sus derechos

es actual y persistente.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente asunto, el actor promovió la presente acción de tutela

con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la

igualdad, al trabajo, al mínimo vital, a la dignidad humana, al acceso

a la administración de justicia y a la libre escogencia de profesión u

oficio, los cuales estima vulnerados por la UNIDAD por la exigencia

de la aprobación del examen de Estado para expedir su tarjeta

profesional de abogado.

A juicio del actor, se debe inaplicar, por vía de excepción de

inconstitucionalidad, la regla jurisprudencial fijada en la sentencia

SU-128 de 2024, proferida por la Corte Constitucional, relativa a la

exigencia de aprobar el examen de Estado prevista en la Ley 1905

de 2018, teniendo en cuenta su situación particular, esto es, que no

pudo cumplir dicho requisito debido a las dificultades económicas que

afrontó como consecuencia de la pandemia y a las restricciones

administrativas derivadas de la deuda que mantenía con la institución

educativa.

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 18 de junio de

2026, declaro la carencia actual de objeto por situación

sobreviniente, por considerar que al haber presentado el actor

voluntariamente el examen de Estado el 17 de mayo de 2026, su

situación jurídica ya no depende de la exigencia de este, sino del

resultado que obtenga, por lo que dicha circunstancia modificó

sustancialmente el supuesto fáctico que dio origen a la controversia

y tornó inocua cualquier orden judicial encaminada a relevarlo del

cumplimiento de dicho requisito.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en

primera instancia y solicitó que se revoque, toda vez que el haber

informado que presentó el examen de Estado no equivale a la

modificación de sus pretensiones, en la medida en que la petición

original relativa a la excepción de inconstitucionalidad y la expedición

de su tarjeta profesional ha permanecido inalterada durante todo el

trámite. Además, señaló que la sentencia de primera instancia se

profirió por fuera del término legal de diez (10) días, desconociendo

el carácter preferente y sumario de la acción de tutela y agravando

la vulneración alegada.

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Antes de entrar al fondo del asunto, es del caso precisar que si bien

la UNIDAD en su contestación indicó que el presente mecanismo de

amparo no cumple con el requisito de la subsidiariedad, por cuanto

con anterioridad mediante la Resolución núm. 749 de 21 de enero de

2026, se le negó la expedición de la tarjeta profesional al actor y que

aquel no hizo uso del recurso de reposición, también lo es que, como

quedó visto, en este escenario no se está cuestionando la validez y/o

legalidad de tal acto administrativo, sino las particularidades y

exigencias que rodean al mencionado examen del Estado.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual

deberá establecer: i) si la UNIDAD vulneró los derechos

fundamentales invocados como vulnerados por el actor al exigir la

aprobación del examen de Estado para expedir su tarjeta profesional

de abogado y; ii) si, en el caso concreto, procede inaplicar, por vía

de excepción de inconstitucionalidad, la regla jurisprudencial fijada

en la sentencia SU-128 de 2024, en virtud de la cual se consideró

ajustada a la Constitución la exigencia de aprobar la mencionada

prueba prevista en la Ley 1905 de 2018.

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Frente a la exigencia de presentación del examen de Estado, la Sala

advierte que la Ley 1905 de 2018, como requisito adicional para

ejercer la profesión de abogado, estableció lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado,
además de los requisitos exigidos en las normas legales
vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de
aprobación del Examen de Estado que para el efecto
realice el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ),
directamente o a través de una Institución de Educación
Superior acreditada en Alta Calidad que se contrate para
tal fin.

Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado
supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En
el resultado individual de cada examen, el CSJ señalará la
representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media
nacional.

PARÁGRAFO 1. Si el egresado o graduado no aprueba el
examen, se podrá presentar en las siguientes convocatorias que
señale el CSJ hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo exigido.

PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen
de Estado será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura
o por el órgano que haga sus veces para la expedición de la
Tarjeta Profesional de Abogado. Para ser representante de una
persona natural o jurídica para cualquier trámite que requiera
un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional de
abogado, que solo se otorgará a quienes hayan aprobado el
examen. Para las demás actividades no se requerirá tarjeta
profesional.

ARTÍCULO 2. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la
profesión de abogado establecido en la presente ley se aplicará
a quienes inicien la carrera de derecho después de su
promulgación.

ARTÍCULO 3. Vigencia y derogatorias. La presente ley
deroga las normas que le sean contrarias y rige a partir
de la fecha de su promulgación […]” (Resaltado y
subrayado fuera de texto).

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Al respecto, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA expidió

el Acuerdo núm. PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024, “Por el cual

se establecen normas para la inscripción en el Registro

Nacional de Abogados, expedición de la tarjeta profesional de

abogado y se dictan otras disposiciones”, en el que previó lo

siguiente:

“[…] ACUERDA:

Artículo 1. Inscripción en el Registro Nacional de
Abogados. Para ejercer la profesión de abogado se requiere
estar inscrito en el Registro Nacional de Abogados.

Artículo 2. Trámite para la inscripción en el Registro
Nacional de Abogados. La inscripción en el Registro Nacional
de Abogados se solicitará ante el Consejo Superior de la
Judicatura-URNA, por los medios dispuestos para tal fin en la
página Web https://sirna.ramajudicial.gov.co […]

[…]

Artículo 3. Trámite de expedición de tarjeta profesional
de abogado. El abogado inscrito en el Registro Nacional
de Abogados que haya iniciado su carrera de derecho
después del 28 de junio de 2018 y que apruebe el Examen
de Estado para Abogados de la Ley 1905 de 2018, podrá
solicitar la expedición de la tarjeta profesional de
abogado.

Los abogados inscritos a quienes no les aplica la Ley 1905
de 2018, podrán solicitar la tarjeta profesional de
abogado sin el requisito del Examen de Estado para
Abogados.

[…]

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Actor: ALEX JAVIER PALOMO OROZCO

Artículo 11 Transitorio. Tarjeta profesional con anotación
de vigencia provisional. El abogado destinatario de la
Ley 1905 de 2018 podrá solicitar, sin la acreditación de
aprobación del Examen de Estado para Abogados, el
trámite de registro y expedición de la tarjeta profesional
de abogado, la cual contendrá la
denominación "Provisional' y tendrá vigencia hasta la
publicación final de los resultados de la prueba aplicada
el 26 de mayo de 2024.

Parágrafo. El abogado con tarjeta profesional con
anotación de vigencia provisional que haya aprobado el
Examen de Estado para Abogados señalado en la
Ley 1905 de 2018, podrá solicitar la expedición de la
tarjeta profesional de abogado sin anotación de
provisionalidad, para lo que deberá adelantar el trámite
de cambio descrito en el artículo 6 de este Acuerdo.

Artículo 12. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta de la Judicatura y deroga el
Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022 y demás disposiciones que
le sean contrarias […]” (Resaltado y subrayado fuera de
texto).

Posteriormente, la SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

mediante sentencia de unificación 128 de 18 de abril de 2024,

al estudiar las acciones de tutela de los expedientes acumulados T-

9.201.808AC7, T-9.286.2158, T-9.374.1749, dispuso lo siguiente:

“[…] Quinto. INAPLICAR por inconstitucional el artículo 11
transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024 del
Consejo Superior de la Judicatura que prevé la categoría de
tarjeta profesional provisional para los destinatarios de la Ley
1905 de 2018, de conformidad con las consideraciones de esta
providencia.

7
Actor: Gustavo Adolfo Grajales Granada contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros; M.P.:
Natalia Ángel Cabo.
8
Actor: Giovanni López Giraldo contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros; M.P.: Natalia Ángel
Cabo.
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Actor: José Humberto Gómez Herrera contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros; M.P.: Natalia
Ángel Cabo.

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Actor: ALEX JAVIER PALOMO OROZCO

Sexto. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que en
el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación
de esta providencia, proceda a expedir a los señores Gustavo
Adolfo Grajales Granada, Giovanni López Giraldo y José
Humberto Gómez Herrera la tarjeta profesional de abogado con
carácter definitivo y sin la exigencia de aprobación del Examen
de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018, conforme a lo
dispuesto en esta providencia. Adicionalmente, la entidad
accionada deberá eliminar cualquier referencia al carácter
provisional de la tarjeta profesional de los accionantes en las
respectivas actas de registro y certificados de vigencia. En
virtud de los efectos inter pares de esta providencia, las
mismas órdenes deberán cumplirse frente a (i) todas
aquellas personas graduadas del pregrado en Derecho y
destinatarias de la Ley 1905 de 2018, a quienes el Consejo
Superior de la Judicatura hubiere expedido tarjeta
profesional provisional, y que presentaron la solicitud
antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de
2023 y (ii) todas las personas graduadas del pregrado en
Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que
presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de las
cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, siempre y
cuando satisfagan los demás requisitos vigentes para la
expedición de la tarjeta profesional.

Séptimo. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que
si al 30 de mayo de 2024 no se ha llevado a cabo la aplicación
de la primera prueba del Examen de Estado dispuesto en la Ley
1905 de 2018, deberá expedir la tarjeta profesional definitiva a
todas las personas que hayan sido admitidas como inscritas al
examen, de conformidad con la convocatoria realizada mediante
el Acuerdo PCSJA23-12127 del 22 de diciembre de 2023,
siempre y cuando satisfagan los demás requisitos para la
expedición de la tarjeta profesional.

Octavo. PREVENIR al Consejo Superior de la Judicatura para
que en adelante se abstenga de incurrir en acciones u omisiones
que pueden constituir incumplimiento de sus obligaciones
constitucionales y legales y que generen nuevas vulneraciones
de derechos fundamentales como las que dieron mérito al
amparo concedido en esta providencia […]” (Resaltado y
subrayado fuera de texto).

De lo precedente, se tiene que la SALA PLENA DE LA CORTE

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Actor: ALEX JAVIER PALOMO OROZCO

CONSTITUCIONAL le ordenó al CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA expedir la tarjeta profesional con carácter definitivo y

sin la exigencia de aprobación del examen de Estado de

idoneidad previsto en la Ley 1905 de 2018, únicamente, a: i)

todas las personas graduadas del pregrado en derecho y

destinatarias de la Ley 1905 de 2018, a quienes el Consejo Superior

de la Judicatura hubiere expedido tarjeta profesional provisional y

que presentaron la solicitud antes de las cero horas (0:00) del 26 de

diciembre de 2023; y ii) todas aquellas graduadas del pregrado en

derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron la

solicitud de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del 26

de diciembre de 2023.

En ese entendido y una vez revisadas las pruebas obrantes en el

proceso de la referencia, la Sala advierte que el actor inició su carrera

de derecho el 20 de agosto de 2019, es decir, después del 28 de

junio de 2018, fecha de la promulgación de la Ley 1905 de 2018, lo

que da cuenta que es destinatario de tal normativa y,

posteriormente, se graduó el 3 de diciembre de 202510, por lo que

se evidencia que debe presentar el examen de idoneidad de

10
Como consta en el Acta de grado núm. 4678 de 3 de diciembre de 2025, expedido por la
UNIVERSIDAD.

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abogados como requisito establecido en la referida ley para que le

sea expedida la tarjeta profesional de abogado.

Dicho lo anterior, la Sala advierte que la UNIDAD ha actuado de

conformidad con lo previsto en la Ley 1905 de 2018 y en los acuerdos

para la implementación del examen de idoneidad para abogados y,

además, carecía de competencia para exceptuar al actor del

cumplimiento de un requisito previsto expresamente en la ley y cuya

constitucionalidad fue analizada por la Corte Constitucional en la

sentencia SU-128 de 2024.

Igualmente, se advierte que el actor tampoco cumple con los

presupuestos de la sentencia de unificación SU-128 de 2024, toda

vez que a pesar de que es destinatario de la Ley 1905 de 2018, como

quedó visto, no estaba graduado del pregrado en derecho con

anterioridad al 26 de diciembre de 2023, razón por la cual debe

cumplir con el requisito del examen de Estado establecido en la Ley

1905 de 2018, para poder solicitar la expedición de su tarjeta

profesional de abogado.

Asimismo, en atención a lo informado por el mismo accionante

mediante memorial obrante en el índice 10 de SAMAI, la Sala observa

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que presentó el examen de Estado el 17 de mayo de 2026, no

obstante, se encuentra a la espera del resultado, lo que da cuenta

que tiene conocimiento que la presentación de dicha prueba es una

disposición legal que no puede ser omitida y que debe aprobar para

poder obtener su tarjeta profesional de abogado definitiva.

De lo expuesto en precedencia, la Sala advierte que en el presente

asunto la autoridad accionada no ha vulnerado los derechos

fundamentales del actor y, por el contrario, ha actuado de

conformidad con lo previsto en la ley y la sentencia de unificación

SU-128 de 2024, proferida por la Corte Constitucional.

Ahora bien, frente a la solicitud del actor encaminada a que se

inaplique, por vía de excepción de inconstitucionalidad, la regla

jurisprudencial fijada en la sentencia SU-128 de 18 de abril de 2024,

la Sala advierte que dicha petición no está llamada a prosperar, toda

vez que las circunstancias particulares invocadas por aquel no

desvirtúan la observancia del régimen jurídico previsto en la Ley

1905 de 2018, ni permiten extender los efectos definidos por la Corte

Constitucional en la referida providencia.

En efecto, el hecho de que el actor manifieste haber afrontado

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dificultades económicas derivadas de la pandemia y limitaciones

administrativas asociadas a obligaciones pendientes con la institución

educativa constituye una situación personal que, si bien puede

explicar las razones por las cuales presentó el examen de Estado en

una fecha posterior, no tiene la entidad suficiente para relevarlo del

cumplimiento de un requisito legal previsto para todos los

destinatarios de la Ley 1905 de 2018, ni para ubicarlo dentro de los

supuestos fácticos específicos respecto de los cuales la Corte

Constitucional extendió los efectos de la sentencia SU-128 de 2024.

Así las cosas, admitir la tesis propuesta por el actor implicaría ampliar

los efectos de la sentencia de unificación a un supuesto distinto del

expresamente delimitado por la Corte Constitucional, desconociendo

el alcance de dicha decisión y el carácter vinculante del precedente

constitucional. En consecuencia, no resulta procedente inaplicar, por

vía de excepción de inconstitucionalidad, la regla jurisprudencial

invocada por el accionante y, por ende, se reitera, la actuación de la

UNIDAD, al exigir el cumplimiento del requisito previsto en la Ley

1905 de 2018 para la expedición de la tarjeta profesional de

abogado, no vulneró los derechos fundamentales invocados.

Finalmente, la Sala advierte que la inconformidad del actor en el

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escrito de impugnación relativa a que la decisión de primera instancia

también debe revocarse por haberse proferido por fuera del término

de diez días no tiene vocación de prosperidad por resultar

abiertamente improcedente, toda vez que su inobservancia no

genera nulidad alguna de la actuación surtida.

Cabe señalar que las irregularidades procesales solo adquieren

relevancia constitucional cuando comportan una afectación real del

derecho al debido proceso, lo cual no se configura en el presente

caso, en tanto la decisión de primera instancia fue proferida con

plena garantía del derecho de defensa y principio de contradicción y,

además, el a quo resolvió, según su criterio, las pretensiones

expuestas por el actor en el escrito de tutela.

Consecuente con lo anterior, la Sala revocará la sentencia impugnada

que declaró la carencia actual de objeto por situación sobreviniente

y, en su lugar, denegará el amparo solicitado y así se dispondrá en

la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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Actor: ALEX JAVIER PALOMO OROZCO

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DENEGAR la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la

parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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