Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03765-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03765-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03765-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03765-01
Accionante: CARLOS EFRÉN CÁCERES
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTROS
Temas: Tutela por presunta mora judicial. Confirma decisión que negó
el amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación de la parte actora contra la sentencia proferida
el 26 de junio del 2026 por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de
Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos
333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.
Por auto del 20 de mayo del 20262, el a quo admitió la acción constitucional, y
mediante la providencia del 17 de julio del 20263 concedió la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Carlos Efrén Cáceres, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra los Tribunales Administrativos del Cesar y del Magdalena
y el Juzgado 6014 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Valledupar.
Con la solicitud de amparo pretende que se protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de petición.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 del expediente digital de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno
precisar que se tuvo por accionante al señor Carlos Efrén Cáceres, y como accionados al Tribunal
Administrativo del Cesar, al Tribunal Administrativo del Magdalena y al Juzgado 601
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Valledupar. Además, se dispuso comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según lo dispuesto en el artículo
610 CGP, para que interviniera en el proceso.
3 Índice 20 del expediente digital de primera instancia en Samai.
4 El proceso fue inicialmente conocido por el Juzgado 403 Transitorio del Circuito Judicial de
Valledupar, posteriormente reasignado al Juzgado 601 Transitorio del Circuito Judicial de
Valledupar, y actualmente se encuentra bajo la titularidad del Juzgado 801 Transitorio del Circuito
Judicial de Valledupar.
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Accionante: Carlos Efrén Cáceres
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar, y otros.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03765-01
2. El accionante atribuyó la transgresión de sus garantías constitucionales a
la presunta mora en el trámite de la demanda ejecutiva promovida para obtener
el cumplimiento de la sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 47001-33-33-003-2022-00152-
00/01/02.
3. En concreto, el tutelante solicitó lo siguiente:
Solicito de los señores Consejeros, para que en aplicación de justicia se ordene al
Tribunal Administrativo del Cesar, del Magdalena, Juzgado 601 Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Valledupar, para que proceda a dar celeridad y
emitir el fallo correspondiente a la demanda Ejecutiva derivada de la demanda de
nulidad y restablecimiento de derecho # 47001333300320220015200, de acuerdo
a como lo establece el artículo 121 del Código General del Proceso, del debido
proceso y derecho de petición incoados5.
1.2. Hechos
4. El señor Carlos Efrén Cáceres promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de obtener el reconocimiento de
la bonificación judicial prevista en el Decreto 384 de 2013 como factor salarial
para la liquidación de sus prestaciones sociales.
5. El Juzgado 403 Administrativo Transitorio del Circuito de Valledupar,
mediante sentencia del 30 de marzo de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones y ordenó incluir la bonificación judicial como factor salarial para
reliquidar las prestaciones sociales del demandante y pagar las diferencias
correspondientes. La decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, Sala de Conjueces6, mediante sentencia del 9 de mayo de 2024.
6. Ante la falta de pago, el 30 de abril de 2025, el actor promovió demanda
ejecutiva para obtener el cumplimiento de las anteriores providencias.
Inicialmente, el asunto correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Santa Marta, que mediante auto del 19 de junio de 2025 lo
remitió por competencia al despacho que había conocido inicialmente el proceso
ordinario.
7. El Juzgado 601 (hoy 801) Administrativo Transitorio del Circuito de
Valledupar, mediante auto del 20 de agosto de 2025, avocó conocimiento y, antes
de resolver sobre el mandamiento de pago, remitió el expediente a la profesional
universitaria grado 12 del Tribunal Administrativo del Cesar, para que elaborara
la liquidación de la condena que constituía el título ejecutivo. También dispuso
que, una vez devuelto el expediente, ingresara nuevamente al despacho para
adoptar la decisión correspondiente.
5 Cita del original con posibles errores.
6 Con ocasión del impedimento manifestado por los magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena, y declarado fundado por el Consejo de Estado.
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8. El 11 de febrero de 2026, el accionante solicitó información sobre el
avance del proceso. Al día siguiente, la profesional encargada de elaborar la
liquidación requirió determinados documentos, los cuales fueron remitidos por el
actor el 4 de marzo de 2026.
9. Además, el actor promovió vigilancia judicial administrativa ante el Consejo
Seccional de la Judicatura del Magdalena. Mediante decisión del 12 de marzo de
20267, esa corporación se abstuvo de asumir su conocimiento y remitió la
solicitud al Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, por competencia
territorial. Posteriormente, el 14 de abril de 2026, el accionante solicitó
información sobre el trámite de la vigilancia.
10. El señor Carlos Efrén Cáceres presentó la acción de tutela al considerar
que existía mora en el trámite del proceso ejecutivo, pues desde la remisión
efectuada para elaborar la liquidación no se había librado mandamiento de pago
ni adoptado una decisión de fondo. En consecuencia, solicitó ordenar a las
autoridades accionadas dar celeridad al asunto y emitir la providencia
correspondiente.
1.3. Sustento de la vulneración
11. El accionante sostuvo que los Tribunales Administrativos del Cesar y del
Magdalena y el Juzgado 601 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Valledupar vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia y petición, por la demora en el trámite de la demanda
ejecutiva promovida para obtener el cumplimiento de las sentencias que
reconocieron la bonificación judicial como factor salarial.
12. Afirmó que, desde el 25 de septiembre de 2025, no se había registrado
ninguna actuación dentro del proceso ejecutivo y que, pese a las solicitudes de
vigilancia judicial administrativa e información presentadas, no había recibido una
respuesta de fondo. En su criterio, el tiempo transcurrido excedía el previsto en
el artículo 121 del Código General del Proceso y evidenciaba una demora
injustificada en la adopción de la decisión correspondiente.
13. Con fundamento en lo anterior, solicitó ordenar a las autoridades
accionadas dar celeridad al trámite y emitir la decisión correspondiente dentro del
proceso ejecutivo.
1.4. Intervenciones
14. El Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito de Valledupar
solicitó negar el amparo. Explicó que el proceso ejecutivo no se encontraba
paralizado, pues el despacho que anteriormente se denominaba Juzgado 601
7 Con radicado 47001-11-01-002-2026-00082-00.
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avocó conocimiento y remitió el expediente a la profesional universitaria grado 12
del Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de elaborar la liquidación de la
condena, actuación técnica que consideró necesaria antes de resolver sobre el
mandamiento de pago. Así mismo, remitió copia del informe rendido por la
profesional universitaria grado 12 del Tribunal Administrativo del Cesar,
(encargada de realizar la respectiva liquidación) con ocasión del requerimiento
previamente efectuado por el despacho.
15. En el informe, la profesional manifestó que recibió el expediente el 25 de
septiembre de 2025 y lo incorporó al sistema de turnos, en el que inicialmente
ocupó el puesto 152. Señaló que, tras reintegrarse de una incapacidad médica el
9 de octubre de 2025, elaboró 45 liquidaciones antes de la vacancia judicial y
otras 21 entre el 13 de enero y el 12 de febrero de 2026, lo que permitió que el
proceso del actor pasara al turno 91. Posteriormente, luego de una nueva
incapacidad comprendida entre el 12 de febrero y el 22 de abril de 2026, retomó
sus funciones y evacuó liquidaciones adicionales, de manera que, al 29 de mayo
de 2026, el expediente ocupaba el turno 2.
16. Agregó que el 12 de febrero de 2026 respondió la solicitud presentada por
el accionante y le informó el turno asignado. En esa oportunidad, le requirió el
historial de cesantías, el informe de acumulados por concepto y empleado y la
certificación de los cargos ejercidos, documentos necesarios para elaborar la
liquidación. El actor remitió la información el 4 de marzo de 2026 y,
posteriormente, el 27 de marzo de 2026, allegó las correcciones realizadas por
el área de Talento Humano.
17. Finalmente, explicó que el represamiento obedeció a que existe un solo
cargo para realizar las liquidaciones remitidas por 13 juzgados administrativos de
Valledupar y Aguachica, a sus incapacidades médicas y a la baja productividad
del personal provisional designado durante esos periodos. Precisó que el turno
anterior al del accionante correspondía a un proceso con 160 demandantes,
cuyas liquidaciones se estaban elaborando y remitiendo progresivamente al
juzgado.
18. Con fundamento en esas actuaciones, el despacho sostuvo que la demora
no obedecía a negligencia o inactividad, sino a circunstancias objetivas, al
respeto del orden de turnos y a la necesidad de contar con la liquidación previa
para continuar el proceso ejecutivo.
19. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar solicitó desestimar
las pretensiones formuladas contra esa corporación. Explicó que el proceso
ejecutivo se encontraba en el turno 2 para elaborar la liquidación de la condena
y que debía respetarse el orden cronológico de remisión de los expedientes, sin
que el Tribunal pudiera alterarlo. Agregó que existe un solo cargo para atender
las liquidaciones remitidas por los 13 juzgados administrativos de Valledupar y
Aguachica y que, ante la congestión presentada, la Sala Plena informó la
situación al Consejo Seccional de la Judicatura para que estudiara la creación de
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un cargo transitorio o de descongestión. Con fundamento en ello, sostuvo que no
existía vulneración de derechos fundamentales atribuible al Tribunal.
1.5. Sentencia de primera instancia
20. La Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 26 de junio de 2026, negó el amparo solicitado. Como cuestión
previa, precisó que, aunque el accionante también aludió a la falta de respuesta
a las solicitudes de vigilancia judicial administrativa, su pretensión estaba dirigida
a cuestionar la presunta mora en el trámite del proceso ejecutivo, por lo que limitó
el estudio a ese aspecto.
21. Luego, consideró satisfechos los requisitos de procedencia de la tutela
contra la mora judicial, porque el actor no contaba con otro mecanismo para
obtener el impulso del proceso, había desplegado una conducta activa mediante
solicitudes de información y vigilancia judicial, y no se advertían actuaciones
dilatorias o incumplimientos procesales atribuibles a él.
22. En cuanto al fondo, recordó que el simple transcurso del tiempo no
configura mora judicial, pues resulta necesario que la tardanza sea injustificada
y atribuible a la negligencia de la autoridad. En el caso concreto, señaló que el
Juzgado 601 (hoy Juzgado 801) Administrativo Transitorio del Circuito de
Valledupar, había remitido el expediente para elaborar la liquidación de la
condena, al considerarla necesaria antes de resolver sobre el mandamiento de
pago. Por ello, descartó una actitud omisiva o el abandono del proceso por parte
de ese despacho.
23. Respecto de la actuación surtida en el Tribunal Administrativo del Cesar,
tuvo en cuenta lo manifestado por la profesional universitaria grado 12, y concluyó
que la demora en elaborar la liquidación obedecía a circunstancias objetivas,
entre ellas, la existencia de un solo cargo para atender los requerimientos de 13
juzgados administrativos, las incapacidades médicas de la funcionaria y la baja
productividad del personal designado provisionalmente durante sus ausencias.
Además, destacó que el expediente avanzó del turno 152, en octubre de 2025,
al turno 2, en mayo de 2026, lo que evidenciaba la gestión desplegada para
evacuar las liquidaciones pendientes.
24. Finalmente, señaló que el Tribunal Administrativo del Magdalena no tenía
a su cargo el proceso ejecutivo, por lo que no existía actuación u omisión que
pudiera atribuírsele. En consecuencia, concluyó que el tiempo empleado se
encontraba dentro de márgenes constitucionalmente tolerables, dadas la
necesidad de contar con la liquidación previa, la congestión acreditada y el
respeto del orden de turnos, sin que se demostrara negligencia o desidia de las
autoridades accionadas. Por esas razones, negó el amparo.
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1.6. Impugnación
25. El accionante impugnó la sentencia de primera instancia al considerar que
en el acápite de trámite procesal y contestación de la demanda se hizo referencia
a un auto [según afirma] del 26 de mayo de 2026, que, no le había sido notificado
ni aparecía registrado en SAMAI. Al respecto, sostuvo que desconocía «la
existencia de este Auto» y que «el único Auto que existe en el proceso» era el
del 20 de agosto de 2025, mediante el cual el Juzgado 601 Administrativo
Transitorio de Valledupar avocó conocimiento del ejecutivo y remitió el
expediente para elaborar la liquidación. Asimismo, controvirtió la información
sobre el turno asignado, pues afirmó que era «falso que se me haya informado
sobre el tema».
26. Además, sostuvo que la insuficiencia de personal y las incapacidades
médicas de la funcionaria encargada no justificaban la demora, porque las
dificultades administrativas no podían trasladarse a los usuarios ni afectar la
prestación del servicio público de justicia. En consecuencia, solicitó asignar
recurso humano suficiente e idóneo para culminar la liquidación y continuar con
el proceso ejecutivo.
II. CONSIDERACIONES
27. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó el amparo
solicitado por la accionante, por cuanto en este caso no se configura la mora
judicial alegada.
2.1. Cuestión previa
28. La Sala advierte que, además de la presunta mora en el trámite del
proceso ejecutivo, el accionante invocó la vulneración del derecho fundamental
de petición por la falta de respuesta a las solicitudes relacionadas con la vigilancia
judicial administrativa. Sin embargo, tal como lo precisó el a quo, el amparo
pretendido se dirige materialmente a obtener que se agilice el proceso ejecutivo
y se adopte la decisión correspondiente, por lo que el estudio se limitará a
determinar si se configuró una mora judicial injustificada. A ello se suma que la
vigilancia fue promovida ante el Consejo Seccional de la Judicatura del
Magdalena, que remitió la solicitud a su homólogo del Cesar por competencia
territorial, autoridades que no fueron llamadas por el actor a esta acción
constitucional, a pesar del conocimiento previo sobre dicho trámite.
29. En refuerzo de lo anterior, se advierte que esa delimitación del objeto de
la controversia no fue cuestionada por el accionante en la impugnación, pues sus
reparos se concentraron en la referencia al auto admisorio, la información sobre
el turno asignado y las razones expuestas para justificar la demora en la
elaboración de la liquidación. Por tanto, la Sala limitará su estudio a la presunta
mora judicial en el trámite del proceso ejecutivo.
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2.2. Caso concreto
2.2.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
30. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto
2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la
causa por activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la
subsidiariedad. El cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una
condición para que el juez de tutela pueda emitir una decisión de fondo8.
31. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:
32. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
33. La Sala advierte que el señor Carlos Efrén Cáceres está legitimado en la
causa por activa, pues promovió el proceso ejecutivo cuya mora judicial se
reprocha mediante esta vía.
34. A su vez, el Juzgado 601 (hoy Juzgado 801) Administrativo Transitorio del
Circuito Judicial de Valledupar, y el Tribunal Administrativo del Cesar se
encuentran legitimados por pasiva, debido a que el primero adelanta el proceso
ejecutivo y el segundo tiene a su cargo la elaboración de la liquidación requerida
para continuar con el trámite.
35. Por otra parte, el Tribunal Administrativo del Magdalena no tiene a su cargo
el proceso ejecutivo ni la liquidación pendiente. Su intervención se limitó a
confirmar, mediante sentencia del 9 de mayo de 2024, la decisión que constituye
el título ejecutivo. Por lo tanto, no está legitimado en la causa por pasiva respecto
de la mora judicial alegada y se dispondrá su desvinculación.
36. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que presuntamente vulnera o amenaza el
derecho fundamental9.
8 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021.
9 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
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37. El accionante cumplió debidamente con esta carga, pues a la fecha de la
interposición de la solicitud de amparo persiste la situación respecto de la cual la
parte actora alega la presunta mora judicial.
38. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales 10: i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo11 y eficaz12 y, ii) como mecanismo de protección
transitoria.
39. Esta Sección considera que se cumplió con dicho presupuesto, dado que
no cuenta con otros mecanismos judiciales para cuestionar la falta de trámite del
proceso ejecutivo en el que conforma la parte demandante.
2.2.2. Las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en mora judicial
injustificada
40. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, en los casos que: «(i) se presenta un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora,
como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es
imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial»13.
41. En sentencia SU-394 de 2016, la Corte Constitucional explicó que, ante la
imposibilidad de dictar la providencia en el plazo previsto por el legislador, la
autoridad judicial está en la obligación de informar al interesado «las medidas
utilizadas y de las gestiones realizadas para evitar la congestión del despacho
judicial, así como de las causas que no permitieron dictar una decisión oportuna.
Lo anterior, por cuanto los interesados en la actuación procesal “tienen derecho
a conocer con precisión y claridad las circunstancias por las que atraviesa el
despacho judicial y que impiden una resolución pronta de los procesos”14».
42. En ese sentido, el simple transcurso del tiempo no configura, por sí solo,
una vulneración constitucional. Es necesario analizar la complejidad del asunto,
la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad, el trámite global
10 Sentencia T-183 de 2024.
11 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para
producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
12 Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial
está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
13 Ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-183 de 2024, T-420 de 2022 y SU-
179 de 2021.
14 Sentencia T-030 de 2005.
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del procedimiento y el turno asignado al expediente.
43. En el presente asunto, la Sala confirmará la negativa del amparo, pues,
aunque no se ha resuelto sobre el mandamiento de pago, la demora se encuentra
respaldada en circunstancias objetivas y no es atribuible a una actuación
negligente de las autoridades accionadas.
44. En efecto, mediante auto del 20 de agosto de 2025, el entonces Juzgado
601 Administrativo Transitorio del Circuito de Valledupar avocó conocimiento del
proceso y, antes de resolver sobre el mandamiento de pago, remitió el expediente
a la profesional universitaria grado 12 del Tribunal Administrativo del Cesar para
que elaborara la liquidación de la condena. Esa actuación fue considerada
necesaria por el juez natural para determinar el monto de la obligación cuya
ejecución se pretende.
45. Por tanto, no se observa inactividad o abandono del trámite por parte del
juzgado. La decisión pendiente depende de la elaboración de un insumo técnico
que fue solicitado a la funcionaria encargada y que aún se encuentra en curso.
46. Tampoco se evidencia negligencia en la elaboración de la liquidación. La
profesional informó que recibió el expediente el 25 de septiembre de 2025 y lo
incorporó al orden cronológico de atención. En octubre de ese año ocupaba el
turno 152; el 12 de febrero de 2026, se encontraba en el turno 91; y para el 29
de mayo de 2026 había avanzado hasta el turno 2. En ese orden, no se advierte
una desidia de la administración de justicia en el trámite del proceso, sino que,
por el contrario, se constatan las gestiones desarrolladas para evacuar el
represamiento en las liquidaciones pendientes.
47. Además, la demora se explica por circunstancias estructurales
acreditadas. Al respecto, los informes allegados al proceso dan cuenta de que
existe un solo cargo para realizar las liquidaciones remitidas por 13 juzgados
administrativos de Valledupar y Aguachica; la funcionaria encargada presentó
incapacidades médicas prolongadas; y el personal provisional designado durante
sus ausencias evacuó un número reducido de asuntos, lo que aumentó el
represamiento. A ello se suma que el turno inmediatamente anterior correspondía
a un proceso con 160 demandantes, cuyas liquidaciones debían elaborarse
individualmente.
48. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar también informó que
la Sala Plena había puesto en conocimiento del Consejo Seccional de la
Judicatura la congestión existente, con el fin de que se estudiara la creación de
un cargo transitorio o de descongestión. Esta actuación evidencia que la
autoridad adoptó gestiones institucionales para procurar la superación de la
situación advertida.
49. En consecuencia, aunque el trámite ha tomado un tiempo considerable, no
se advierte que la tardanza obedezca a desidia o abandono. Por el contrario, el
expediente ha avanzado sustancialmente en el sistema de turnos y las
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circunstancias que han incidido en la demora corresponden a la congestión, la
limitación de recursos humanos y la complejidad de las liquidaciones
precedentes.
50. Frente al argumento de la impugnación según el cual las dificultades
administrativas no pueden justificar el incumplimiento de las funciones judiciales,
la Sala reconoce que la congestión o la insuficiencia de personal no constituyen
una justificación automática o que permita que los despachos judiciales
desatiendan los procesos a cargo de forma indefinida. Sin embargo, en este caso
tales problemáticas no fueron invocadas de manera genérica, sino que se
acreditaron junto con las gestiones desplegadas, el número de liquidaciones
evacuadas y el avance concreto del expediente desde el turno 152 hasta el turno
2. De ahí que no se configure una dilación arbitraria atribuible a las autoridades
accionadas.
51. Ahora bien, el accionante afirmó que el fallo impugnado hizo referencia a
un auto del 26 de mayo de 2026, cuya existencia dijo desconocer, y señaló que
«el único Auto que existe en el proceso» era aquel mediante el cual se avocó
conocimiento y se remitió el expediente para elaborar la liquidación.
52. No obstante, ese reparo parte de una lectura equivocada de la sentencia
del a quo. En efecto, la providencia de primera instancia aludió al auto del 20 de
mayo de 2026, por medio del cual se admitió la presente acción de tutela, se
ordenó la notificación a las autoridades accionadas y se requirió al juzgado para
que remitiera copia del expediente ejecutivo. Por ello, dicha actuación forma parte
del expediente constitucional y no del proceso ejecutivo, lo que explica que no
aparezca registrada entre las actuaciones de este último.
53. El impugnante también afirmó que era «falso que se me haya informado»
sobre el turno asignado para elaborar la liquidación. Sin embargo, según los
documentos remitidos en el trámite de tutela, el 12 de febrero de 2026 la
profesional encargada respondió su solicitud mediante el Oficio GJ-00408, le
informó que el proceso ocupaba el turno 91 y le requirió el historial de cesantías,
el informe de acumulados por concepto y empleado, y la certificación de los
cargos ejercidos.
54. La actuación posterior del accionante resulta concordante con ese
requerimiento, pues el 4 de marzo de 2026 remitió la información solicitada. Así,
contrario a lo afirmado en la impugnación, el expediente contiene elementos que
dan cuenta de que se le comunicó el turno y se le informó sobre los documentos
necesarios para efectuar la liquidación.
55. Finalmente, el artículo 121 del Código General del Proceso, invocado por
el actor, no permite concluir automáticamente que existe una mora
constitucionalmente relevante por el simple vencimiento del plazo allí previsto. La
intervención del juez de tutela requiere comprobar, además, que la dilación
carece de justificación y es atribuible a una conducta omisiva o negligente,
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Accionante: Carlos Efrén Cáceres
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar, y otros.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03765-01
presupuestos que no se acreditaron en este caso.
56. En conclusión, la falta de una decisión sobre el mandamiento de pago
obedece a la necesidad de contar previamente con la liquidación de la condena,
actuación que se ha adelantado conforme al orden de turnos y dentro de un
contexto acreditado de congestión y limitación de recursos humanos. Por ello, no
se configuró una mora judicial injustificada que habilite la intervención del juez
constitucional.
57. En vista de lo anterior la Sala confirmará la sentencia del 26 de junio de
2026, mediante la cual la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
negó el amparo solicitado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 26 de junio de 2026, mediante la cual la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado negó el amparo solicitado.
SEGUNDO: DESVINCULAR al Tribunal Administrativo del Magdalena de la
presente acción constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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