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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03766-01

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03766-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 18 de junio de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo, para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela presentada por Wilson Gabriel Pineda Peñaranda, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03766-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

14 de agosto de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03766-01
Accionante: Wilson Gabriel Pineda Peñaranda
Accionados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD | Tutela contra acto administrativo -
revoca – declara improcedente - subsidiariedad

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la resolución proferida por el Tribunal Superior de
del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante la cual se abstuvo de resolver el recurso de
apelación presentado en contra de la calificación integral de servicios 2024.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 18 de
junio de 2026, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado
negó el amparo solicitado2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 18 de febrero de 2026, Wilson Gabriel Pineda Peñaranda, en nombre
propio, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta y el Juzgado 12 Civil Municipal de Cúcuta, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y trabajo, con ocasión de la Resolución
No. 9 de 22 de enero de 2026, en la que la Sala Plena del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cúcuta se abstuvo de resolver el recurso de apelación
presentado en contra de la calificación integral de servicios 2024 realizada
por el Juzgado 12 Civil Municipal de Cúcuta.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “NEGAR las pretensiones formuladas por el señor Wilson Gabriel Pineda Peñaranda, dadas las razones expuestas

en la parte considerativa de esta providencia.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03766-01
Accionante: Wilson Gabriel Pineda Peñaranda
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

“Que se ampare mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, doble instancia, igualdad y trabajo en condiciones
dignas y justas.

Que se deje sin efectos la Resolución No. 009 del 22 de enero de 2026 de la Sala
Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en cuanto se abstiene
de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la calificación integral de
servicios 2024.

Que se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta – Sala Plena
asumir el conocimiento y decidir de fondo la apelación contra la calificación
integral de servicios 2024, aplicando de manera armónica la Ley 270 de 1996, el
régimen de evaluación de servicios, el auto del Consejo de Estado Rad.
11001-03-06-000-2011-00024-00 y los principios constitucionales de debido
proceso, imparcialidad y trabajo digno.

Subsidiariamente, que se ordene a la autoridad competente dentro de la
estructura de la Rama Judicial ejercer el control de legalidad de la calificación
de servicios 2024 y, de ser necesario, ordenar una nueva evaluación por un
evaluador imparcial, distinto al Juez Doce Civil Municipal de Cúcuta.

Como medida provisional, que se ordene a la Rama Judicial abstenerse de
utilizar la calificación integral de servicios 2024 para adoptar decisiones que
afecten mi vinculación, permanencia, encargos, concursos o cualquier
situación que incida en mi estabilidad laboral, hasta tanto se resuelva de fondo
la presente acción de tutela.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 31 de julio de 2025, el Juez 12 Civil Municipal de Cúcuta realizó la
calificación integral de servicios del señor Pineda Peñaranda, quien
ocupaba el cargo de oficial mayor en propiedad en ese despacho judicial,
correspondiente al periodo comprendido entre el 9 de agosto y 31 de
diciembre de 2024. En esa medida, se le otorgó un puntaje de 62,
considerado como “bueno” en las categorías establecidas por el Acuerdo
No. PSAA16-10618 de 7 de diciembre de 20163.

5. 2) El 13 de agosto de 2025, Wilson Gabriel Pineda Peñaranda presentó
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la
calificación obtenida. En el mismo escrito el accionante recursó al juez
nominador, al considerar que no debió calificarlo porque existía una queja
contra él, presentada por el señor Pineda Peñaranda4, por un presunto
acoso laboral.

6. 3) A través de la Resolución No. 15 de 28 de agosto de 2025, el Juez
12 Civil Municipal de Cúcuta no aceptó la recusación y remitió el asunto a

3 Dicha calificación fue notificada el mismo día a través del correo institucional de Wilson Gabriel Pineda
Peñaranda wpinedap@cendoj.ramajudicial.gov.co.
4 Indicó el accionante que, en sus términos, recibía un trato diferente respecto de los demás empleados, porque

presuntamente existían exigencias más rigurosas frente a él, para otorgar permisos, más allá de los normales que
se le exigían a los demás empleados, así como también una presunta exigencia de cumplimiento
desproporcionado de metas laborales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03766-01
Accionante: Wilson Gabriel Pineda Peñaranda
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedente
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la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta para que el
superior se pronunciara sobre esta5.

7. 4) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, por medio de la
Resolución No. 78 de 25 de septiembre de 2025, declaró infundada la
recusación presentada por el accionante y ordenó devolver la diligencia al
juzgado para que continuara el trámite6. Expuso que, si bien el 24 de julio de
2025 se citó al juez recursado con el fin de que asistiera a una diligencia,
programada para el 30 de julio de 2025, para ser oído dentro de una queja
por presunto acoso laboral, lo cierto era que (se trascribe):

“tal citación no se desprende la existencia de una controversia actual y vigente
ente el empleado WILSON GABRIEL PINEDA PEÑARANDA, y el funcionario HENRY
LEONARDO SARMIENTO VILLA, que dé cuenta de una confrontación de
intereses particulares entre los involucrados; todo lo contrario, se tiene que la
formulación de una queja por acoso laboral ante el Comité de Convivencia
Laboral, tiene como objetivo prevenir las conductas de acoso laboral, y a través
de éste promover relaciones laborales propicias para la salud mental, y el
respeto a la dignidad de todos los servidores judiciales.”

8. 5) A través de la Resolución No. 16 de 8 de octubre de 2025, el Juez
12 Civil Municipal de Cúcuta decidió no reponer la decisión, mantener la
calificación otorgada al accionante y conceder la apelación ante la Sala
Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta7.

9. 6) La Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta,
mediante la Resolución No. 9 de 22 de enero de 2026, se abstuvo de resolver
el recurso de apelación, al considerar que dicha autoridad judicial no era el
superior administrativo o funcional de los jueces en los escenarios de
calificaciones de empleados.

10. Como fundamento de la vulneración, la parte accionante indicó que
el tribunal incurrió en un defecto orgánico, procedimental y una violación
directa de la Constitución.

5 Se trascribe: “PRIMERO: NO ACEPTAR la recusación propuesta por el Dr. WILSON GABRIEL PINEDA PEÑARANDA,

conforme ut supra.
SEGUNDO: REMITIR este asunto a la Sala Plena del Tribunal Superior de Cúcuta, para que el superior se pronuncie
respecto de la recusación presentada por el Dr. WILSON GABRIEL PINEDA PEÑARANDA, la cual no fue aceptada
por el titular de este despacho.”
6 Se trascribe: “PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la recusación formulada por WILSON GABRIEL PINEDA

PEÑARANDA, oficial mayor municipal, contra el titular del Juzgado Doce Civil Municipal de Cúcuta, Dr. HENRY
LEONARDO SARMIENTO VILLA, conforme lo motivado.
SEGUNDO: DEVOLVER, por Secretaría General, las diligencias al Juzgado de primera instancia, compartiéndose la
actuación digital acaecida en la Corporación, para que se continúe con el trámite.
TERCERO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede ningún recurso.”
7 Se trascribe: “PRIMERO: NO REPONER la calificación para el año 2024 otorgada al Dr. WILSON GABRIEL PINEDA

PEÑARANDA en su calidad de oficial mayor del Juzgado Doce Civil Municipal de Cúcuta.
SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación incoado por el Dr. WILSON GABRIEL PINEDA PEÑARANDA la
calificación para el año 2024, ante la Sala Plena del Tribunal Superior de Cúcuta.
TERCERO: REMITIR el expediente correspondiente a la Secretaría General del Tribunal Superior de Cúcuta, para lo
de su competencia.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03766-01
Accionante: Wilson Gabriel Pineda Peñaranda
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

11. Frente al defecto orgánico expuso que el tribunal accionado renunció
a conocer la apelación, pese a ser, según la Ley 270 de 1996 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado8, superior administrativo del juez
nominador.

12. De cara al defecto procedimental advirtió que la calificación integral
de servicios, al ser un acto administrativo que incidía en la permanencia en
el cargo, quedó excluida de todo recurso efectivo en segunda instancia
con el actuar de la autoridad judicial accionada. Por ello, estimó que la Sala
Plena se apartó indebidamente de esa competencia al declararse
incompetente.

13. Respecto de la violación directa de la Constitución indicó que la
interpretación restrictiva de la competencia como superior administrativo
del Juzgado 12 Civil Municipal de Cúcuta sacrificó el acceso a la justicia y
la defensa del empleado, en contravía del principio pro homine.

14. Aunado a lo anterior, expuso que la vulneración no se limitaba a la
decisión del tribunal sobre la apelación, sino a la propia calificación de
servicios porque fue expedida con varias irregularidades, como la ausencia
de seguimiento trimestral, utilización de metas que, según afirmó, no habían
sido previamente establecidas, inconsistencias en la motivación y una
posible afectación de su imparcialidad debido a la queja que había
presentado el accionante contra el nominador.

1.2. Sentencia de primera instancia9 e impugnación

15. Mediante Sentencia de 18 de junio de 2026, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado negó el amparo solicitado al considerar que no se
configuró la vulneración del derecho fundamental al debido proceso
alegada por el accionante.

16. Advirtió que la acción de tutela superó el requisito de subsidiariedad
pues, a su juicio, la resolución enjuiciada no constituía un acto administrativo
definitivo, sino un acto administrativo de trámite, porque no se pronunció de
fondo respecto de la calificación del servicio reprochada por el accionante,
con lo cual, no puso fin a la actuación administrativa. En esa medida,
agregó que la decisión del Tribunal de abstenerse de resolver la apelación
dejó en firme la calificación de servicios cuestionada en los siguientes
términos, (se trascribe):

8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Rad. 11001-03-06-000-2011-00024-00 Auto de 18 de mayo de

2011
9 Mediante Auto de 21 de mayo de 2026, el ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela

de la referencia, tuvo como demandado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y al Juzgado 12 Civil
Municipal de Cúcuta, y negó la medida provisional solicitada por la parte actora.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03766-01
Accionante: Wilson Gabriel Pineda Peñaranda
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedente
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“Al respecto, se encuentra que en el caso la decisión del Tribunal accionado
de abstenerse de resolver el recurso de apelación, en los términos de la Corte
Constitucional, define «una situación especial y sustancial que se proyecte en
la decisión final», pues al no haberse estudiado de fondo la apelación, quedó
en firme la calificación de servicios controvertida por el tutelante (…).”

17. Explicó que, de conformidad con el artículo 171 de la Ley 270 de 1996
y el artículo 27 del Acuerdo PSAA16-10618 de 2016, los recursos contra la
calificación integral de servicios de los empleados judiciales proceden
únicamente cuando esta es insatisfactoria. Comoquiera que la calificación
obtenida por el actor fue de 62 puntos, correspondiente a un resultado
satisfactorio o bueno, concluyó que el recurso de apelación interpuesto no
resultaba procedente. En consecuencia, estimó que la decisión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta de abstenerse de resolverlo se ajustó
a la normativa vigente y no constituyó una actuación arbitraria o caprichosa
ni vulneró el derecho al debido proceso o la garantía de doble instancia.

18. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante presentó
escrito de impugnación mediante el cual consideró que se incurrió en una
interpretación errónea del artículo 171 de la Ley 270 de 1996 y del artículo 27
del Acuerdo PSAA16-10618 de 2016, pues, a su juicio, los recursos procedían
contra la calificación integral de servicios y no únicamente frente a aquellas
con resultado insatisfactorio. Sostuvo que la decisión desconoció su derecho
al debido proceso, al impedirle controvertir la calificación obtenida.
Asimismo, cuestionó que en la primera instancia no se hubiera analizado las
irregularidades en la elaboración de la evaluación, entre ellas, la ausencia
de actas de seguimiento y de soportes que justificaran el factor de eficiencia
o rendimiento.

19. De la misma manera, que se omitió estudiar que las metas de
producción fijadas por el Juez 12 Civil Municipal no tenían sustento en un
manual de funciones vigente y notificado durante el periodo evaluado,
además de resultar, en su criterio, desproporcionadas frente a la carga
laboral del despacho.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

20. Le corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra autoridad pública,
si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado 12 Civil
Municipal de Cúcuta, vulneraron los derechos fundamentales al debido

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03766-01
Accionante: Wilson Gabriel Pineda Peñaranda
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedente
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proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y trabajo, al no
resolver el recurso de apelación interpuesto contra la calificación integral
de servicios, bajo el argumento de que el Tribunal Superior accionado no
ostentaba la calidad de superior jerárquico del Juzgado 12 Civil Municipal
de Cúcuta.

21. En ese sentido se procederá a confirmar, modificar o revocar la
decisión de primera instancia.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

22. La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó el amparo
solicitado por la parte actora, para, en su lugar, declararla improcedente
por no superar el requisito de subsidiariedad, por lo siguiente:

23. Para estudiar el aludido requisito, debe considerarse que la parte
demandante pretende que, por vía de tutela, se declare la nulidad de la
Resolución No. 9 de 22 de enero de 2026, mediante la cual, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, se abstuvo de pronunciarse de fondo
sobre el recurso de apelación, presentado por el accionante en contra de
su calificación de servicios del año 2024, por falta de competencia al
considerar que no era el superior jerárquico del Juzgado 12 Administrativo
de Cúcuta en los escenarios de calificaciones de empleados.

24. Se considera pertinente recordar que, la regla general establece que
solo los actos administrativos definitivos son susceptibles de control judicial
autónomo, de conformidad con el artículo 43 del CPACA10. Sin embargo,
tanto la Sentencia T-8 de 30 de enero de 2026, como la Sentencia de 8 de
marzo de 2012, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado11, precisaron que la naturaleza definitiva de un acto
administrativo no dependía necesariamente de que este se encontrara
ubicado al final de la actuación administrativa, pues también puede tener
tal carácter en los escenarios en los que una actuación cierre un ciclo
autónomo de la actuación administrativa.

25. En el caso concreto la resolución enjuiciada, proferida en el marco de
un proceso de calificación integral de servicios de funcionarios y empleados
de carrera de la Rama Judicial, cerró el ciclo autónomo de la actuación
administrativa.

10 “ARTÍCULO 43. ACTOS DEFINITIVOS. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del

asunto o hagan imposible continuar la actuación.”
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 8 de marzo de 2012, radicado No. 11001-03-

25-000-2010-00011-00 (0068-10).

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Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
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26. En efecto, una vez el tribunal superior accionado se abstuvo de
resolver el recurso de apelación, el accionante no contaba con otro recurso
en sede administrativa para cuestionar el resultado de la calificación
obtenida. Por tanto, aunque la resolución no definió de manera integral su
situación jurídica, sí puso fin a la actuación administrativa.

27. Como reiteró el Consejo de Estado en la Sentencia de 13 de agosto
de 202012, lo que separa un acto de trámite de uno definitivo no es la
etiqueta que le dé la administración, sino si la decisión resuelve de fondo la
situación jurídica o impide la continuación del procedimiento. Los actos de
trámite son preliminares y no cierran el debate; los definitivos son los que
ponen término a la actuación (se trascribe):

“Los actos definitivos: De conformidad con el Artículo 43 del CPACA «Son actos
definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o
hagan imposible continuar con la actuación». Es decir, son los que resuelven de
fondo una situación jurídica o impiden la continuación del procedimiento
administrativo, en razón a que contienen la esencia del tema a decidir.” 13

28. La Resolución No. 9 de 22 de enero de 2026, si bien no decide sobre
el puntaje obtenido por el señor Pineda Peñaranda, lo cierto es que, eso no
la convierte en un acto de trámite. Lo que se logró evidenciar es que el
tribunal superior accionado cerró definitivamente la vía administrativa al
declarar que (se trascribe) “los Tribunales no han de ser superiores
administrativos o funcionales de los jueces cuando de calificaciones de
empleados se trata (…) Asimismo, se concluyó la falta de competencia para
dirimir dichas controversias por ausencia de norma que asigne tal función a
la Corporación”.

29. Es decir, que la naturaleza que ostenta la resolución enjuiciada hizo
imposible continuar el procedimiento administrativo.

30. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86
Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

31. La Corte Constitucional14 ha sostenido que es deber del accionante
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le ha otorgado para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 13 de agosto de 2020, radicado No. 25000-

23-42-000-2014-00109-01(1997-16)
13 ibidem

14 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.

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Decisión: Revoca – declara improcedente
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correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales.

32. Adicional a ello, se debe poner de presente que la Corte
Constitucional15, en casos relacionados con traslados de servidores
judiciales, ha establecido que la acción de tutela se torna en improcedente
si hay un mecanismo judicial idóneo y eficaz para estudiar la controversia, si
no se logra evidenciar que el acto fue arbitrario o la existencia de una grave
afectación a derechos fundamentales.

33. De acuerdo con lo expuesto, para la Sala, en el asunto de la
referencia no se satisfizo el mencionado requisito (subsidiariedad) porque:
(a) para cuestionar el acto administrativo enjuiciado existía un medio de
control idóneo y eficaz, (b) dentro de ese mismo mecanismo judicial podía
solicitar medidas cautelares, incluso de urgencia; y (c) no se acreditó un
perjuicio irremediable.

34. a) Como se indicó líneas atrás, se evidenció que, principalmente, lo
solicitado por la demandante, era que se dejara sin efectos la Resolución
No. 9 de 22 de enero de 2026, expedida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta esto es, un acto administrativo de carácter particular,
concreto y definitivo.

35. Comoquiera que lo pretendido es que se deje sin efectos dicho acto
administrativo, el mecanismo idóneo para la consecución de sus
pretensiones es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.

36. Ante la ausencia de agotamiento del mecanismo judicial ordinario
con el que contaba el señor Pineda Peñaranda, se advierte que lo que
pretendió fue sustituir ese mecanismo con la acción de tutela, pues no se
evidenció que el accionante iniciara algún tipo de actuación con el fin de
demandar el acto que, a su juicio, lesionaba sus derechos.

37. b) Adicional a lo anterior, debe aclararse que, si el accionante
consideraba que interponer el medio de control no resultaba lo
suficientemente eficaz para la consecución de sus pretensiones, se recuerda
que, al interior de ese mecanismo ordinario, era posible solicitar el decreto
de medidas cautelares, tal como lo dispone el artículo 229 del CPACA16, que

15 Revisar, entre otras, las Sentencias de la Corte Constitucional T-48 de 2013, T-149 de 2022 y T-001 de 2024.

16 “Artículo 229. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado,

el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente
sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que
considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.// La decisión sobre la medida cautelar no implica

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pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión17. En el
mismo sentido, si, a su juicio, no se podía agotar el procedimiento para las
medidas cautelares descritas, podía hacer uso de la figura de medidas
cautelares de urgencia, contemplada igualmente, en el CPACA18.

38. c) Respecto de la posible configuración de un perjuicio irremediable,
se advirtió que ese aspecto no está demostrado, es decir, el accionante no
logró acreditar de qué manera la resolución enjuiciada afectó sus o
menoscabó los derechos fundamentales invocados, porque, en todo caso,
el resultado de la calificación integral de servicios del señor Pineda
Peñaranda, fue un puntaje de 62, considerado como “bueno” en las
categorías establecidas por el Acuerdo No. PSAA16-10618 de 7 de
diciembre de 2016.

39. En esa medida, la Sala no puede inferir que en el presente caso se
causó un perjuicio irremediable en la medida en que, como se expuso líneas
atrás, no existen elementos probatorios suficientes que permitan determinar
tal situación.

40. En atención a los argumentos expuestos, se recuerda que no es
factible que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez
natural y desconozca la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, para
así pronunciarse sobre aspectos que son de su competencia.

2.3. Conclusión

41. Por las consideraciones expuestas, la Sala revocará la decisión de
primer grado que negó el amparo solicitado por Wilson Gabriel Pineda

prejuzgamiento.// Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y
protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.”
17 “Artículo 230. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y

deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o
Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:// 1. Ordenar que se mantenga la
situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante,
cuando fuere posible// 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter
contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de
conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o
Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para
que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida// 3. Suspender
provisionalmente los efectos de un acto administrativo// 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o
la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus
efectos// 5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer// Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la
decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto
en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos
para ello en el ordenamiento vigente.”
18 “Artículo 234. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado

Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie
que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar// La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente,
previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03766-01
Accionante: Wilson Gabriel Pineda Peñaranda
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

Peñaranda, para, en su lugar, declararla improcedente por no superar el
requisito de subsidiariedad.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 18 de junio de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo, para, en su
lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela presentada
por Wilson Gabriel Pineda Peñaranda, de conformidad con las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

19 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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