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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03771-00

Constitucional: el accionante acudió a la acción constitucional con el propósito de

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03771-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Gregorio Enrique Hernánez Nieto, quien actúa en nombre propio, por no satisfacer el requisito general de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03771-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03771-00
Accionante: GREGORIO ENRIQUE HERNÁNDEZ NIETO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – contra providencia judicial / IMPROCEDENCIA – no se
cumplen la totalidad de requisitos generales para decidir de fondo el asunto / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – el accionante acudió a la acción constitucional con el propósito de
reabrir una discusión ya resuelta en sede del proceso ordinario – se plantea un debate
eminentemente jurídico y económico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 15 de mayo de 20261 por Gregorio
Enrique Hernández Nieto, quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico y el Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla 2. A
su juicio, dicha autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales del debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad3.

ANTECEDENTES

Hechos relevantes

1. El accionante adujo que es propietario de una vivienda ubicada en la ciudad de
Barranquilla, calle 82 A No. 41E-91, conjunto residencial Villas de Málaga en el
barrio Ciudad Jardín, zona que fue declarada de alto riesgo mediante Decreto
Distrital No. 0810 de 2010 que declaró la situación de calamidad pública en
diferentes zonas de la ciudad entre las que se ubica la vivienda de Gregorio Enrique
Hernández Nieto.

2. El Concejo de Barranquilla expidió el Acuerdo No. 0013 de 2011 a través de la
cual se dispuso exonerar del pago del Impuesto Predial Unificado por el término de
10 años a los inmuebles ubicados en diferentes sectores de Barranquilla entre los
que se encuentra el conjunto “Villas de Málaga”, el cual fue reglamentado mediante
el Decreto Distrital No. 0972 de 2011 que definió el procedimiento a seguir para
conformar el inventario de inmuebles afectados y/o colapsados localizados en las
zonas de amenaza y/o riesgos por eventos naturales de la ciudad.

1 Índice 1 de Samai “REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL viernes, 15 de
mayo de 2026 con secuencia: 6029”.
2 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo “3ED_Demanda1(.pdf) NroActua 2”
3 Que ingresó para fallo el 2 de junio de 2026, índice 14 del aplicativo Samai.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03771-00
Accionante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

3. El 21 de abril de 2022, Gregorio Enrique Hernández Nieto presentó una petición
ante la Alcaldía de Barranquilla con el fin de que se exonerara su inmueble del cobro
del Impuesto Predial Unificado. Sin embargo, la entidad mediante oficio No.
QUILLA-22-116006 del 6 de junio de 2022 resolvió desfavorablemente su solicitud.

4. Según el accionante tuvo que realizar un préstamo el 14 de septiembre de 2022
con el fin de cancelar la deuda con el Distrito de Barranquilla por un valor total de
$8’786.655 ($7’580.890 relativo al lapso de 2014 a 2021 y $1’205.765 por la vigencia
de 2022).

5. Posteriormente, Gregorio Enrique Hernández Nieto presentó solicitud de
conciliación extrajudicial en contra del Distrito de Barranquilla por los daños
causados con el acto administrativo contenido en el oficio No. QUILLA-22-116006
del 6 de junio de 2022 que negó la exención del impuesto predial, pero el Ministerio
Público consideró que el asunto no era conciliable por tratarse de un asunto
tributario.

6. El Juzgado Décimo (10º) Administrativo de Barranquilla a través de sentencia del
23 de abril de 2025 negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho4 por considerar que el predio del demandante no cumplía con los
requisitos exigidos para ser beneficiario del Acuerdo No. 0013 de 2011 y del Decreto
0972 del 2011. Contra esa decisión, el demandante interpuso recurso de apelación
por considerar que el juez no realizó una valoración pormenorizada del material
probatorio que obraba en el expediente. Además, señaló que omitió justificar la
diferencia de trato entre unos contribuyentes que fueron objeto de la exclusión del
cobro del tributo y su inmueble.

7. El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia de segunda instancia el
15 de agosto de 2025 en la que confirmó la negativa de las pretensiones por
considerar que el demandante no acreditó con certeza que los inmuebles vecinos
estuvieran en las mismas condiciones técnicas y jurídicas de su propiedad para que
fuera beneficiario de la exoneración del impuesto predial.

8. Según el accionante las decisiones judiciales proferidas en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho vulneraron su derecho a la igualdad por otorgar un
trato discriminatorio a su situación a pesar de existir identidad fáctica y jurídica
respecto de los predios vecinos a su propiedad.

Pretensiones

9. Aunque el accionante no detalló un acápite de pretensiones junto con la demanda
de tutela si solicitó lo siguiente: (se transcribe con posibles errores):

“La demostración del defecto aludido debe conducir a que se ordene al
honorable Consejo de Estado a ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico
a que revise de manera pormenorizada el proceso, retrotrayendo la actuación a
la etapa de pruebas y fallando, atendiendo las documentales y testimoniales
que yacen en el plenario, y, si así lo considera, decretando prueba de oficio que

4 Proceso identificado con el radicado No. 08001-33-33-010-2022-00323-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03771-00
Accionante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

permita dar cuenta de la exoneración del impuesto a los predios del sector
donde habito, para así finalmente proferir la decisión que en derecho
corresponda, la cual no puede ser otra que acceder a las pretensiones de la
demanda”5.

Fundamentos de la demanda de tutela

10. Aunque en el escrito de tutela no se identificó cuál de las sentencias adoptadas
durante el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-010-
2022-00323-00 vulneró sus derechos fundamentales, en esta oportunidad se
destaca que se refirió indistintamente a las de primera y segunda instancia. Bajo
ese contexto el accionante consideró que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron los artículos 4, 6, 13, 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia.

11. En la demanda de tutela, el actor indicó que la presente acción se fundamenta
en la vulneración del debido proceso e igualdad del accionante, porque la
providencia judicial cuestionada (se refiere indistintamente a los fallos de primera y
segunda instancia adoptados en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 08001-33-33-010-2022-00323-00/01) incurrió en un defecto fáctico al omitir
una valoración integral y razonable del material probatorio que obraba en el
expediente. Al respecto, el accionante sostuvo que los hechos puestos de presente
dan cuenta de que su inmueble está siendo afectado por una situación atípica desde
el punto de vista tributario, ya que mientras los predios colindantes se encuentran
exentos del pago del impuesto predial su propiedad no goza de dicho beneficio.

12. Por otra parte, cuestionó que las autoridades judiciales accionadas no hubieran
aplicado la carga dinámica de la prueba con la finalidad de exigir a la entidad
demandada revisar en sus bases de datos y aportar la documentación necesaria
para verificar que el predio del accionante es el único de la zona conjunto “Villas de
Málaga” que le facturan el recibo de impuesto predial.

13. Bajo los supuestos descritos, reiteró que la sentencia del 15 de agosto de 2025
incurrió en el defecto fáctico por: (i) omitir un estudio detallado del material
probatorio en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; y (ii) no
esclarecer la duda del por qué razón sólo al predio de propiedad del accionante le
cobran el impuesto predial en un sector calificado con riesgo de remoción en masa
desde el año 2010.

Trámite en primera instancia

14. Mediante auto del 19 de mayo de 20266, el despacho sustanciador admitió la
acción de amparo y ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, dispuso vincular, en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso al Distrito Especial y
Portuario de Barranquilla, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm.
08001-33-33-010-2022-00323-00/01.

5 Id, escrito de demanda, folio 10.
6 Índice 4 de Samai, archivo 5_Autoqueadmite_320260377100ADMITEGR_0_20260519175524971.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03771-00
Accionante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Intervenciones

15. El Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla presentó informe en el
que manifestó que se atiene a los fundamentos y consideraciones plasmados en la
sentencia de primera instancia del 23 de abril de 2025 en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No 08001-33-33-010-2022-00323-00 y aportó el
hipervínculo para consultar el expediente digital en el aplicativo Samai7.

16. El Tribunal Administrativo del Atlántico y los demás vinculados con interés
no intervinieron en esta actuación procesal a pesar de haber sido debidamente
notificados8.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

17. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20199.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

18. Gregorio Enrique Hernández Nieto alegó que el Juzgado Décimo (10º)
Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, en las
providencias del 23 de abril de 2025 y 15 de agosto de 2025, vulneraron sus
derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia,
e igualdad. El accionante sustentó su demanda en que el Juzgado Décimo (10º)
Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrieron
en un defecto fáctico porque omitieron realizar una valoración integral y razonable
del material probatorio que obraba en el expediente del proceso ordinario. Además,
el accionante indicó que las autoridades judiciales desconocieron el principio de
carga dinámica de la prueba, debido a que en este caso correspondía al Distrito de
Barranquilla acreditar las razones por las que el predio de su propiedad es el único
al que le facturan el impuesto predial en el conjunto “Villas de Málaga” de esa
ciudad.

19. Bajo ese contexto, la Sala debe determinar si la presente acción cumple con los
requisitos de procedibilidad de tutela contra providencia judicial 10. Ello resulta
necesario, en tanto en la presente acción se cuestiona la valoración probatoria

7 Índice 11 de Samai, archivo “10_MemorialWeb_Respuesta-Informerespuestaac(.pdf) NroActua 11”.
8 Ibidem.
9 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
10 Aunque el accionante cuestionó en su demanda las providencias de primera y segunda instancia
que decidieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-010-2022-00323-
00/01, la Sala advierte que el análisis en esta instancia se limitara al examen de la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal administrativo del Atlántico el 15 de agosto de 2025, por
tratarse de la decisión judicial vigente en este momento.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03771-00
Accionante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

realizada por las autoridades judiciales accionadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 08001-33-33-010-2022-00323-00 que negó la
exención del impuesto predial del predio ubicado en la calle 82 A No. 41E-91 del
barrio Ciudad Jardín del Distrito de Barranquilla.

20. En caso de superarse los requisitos generales de procedibilidad, se resolverá (i)
¿la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico por omitir una
valoración integral y razonable del material probatorio que obraba en el expediente
No. 08001-33-33-010-2022-00323-00 y por no aplicar la carga dinámica de la
prueba para esclarecer las dudas respecto a la situación de predio del accionante
por ser el único predio del conjunto “Villas de Málaga” al que le facturan el impuesto
predial? y en caso de encontrarse configurado el defecto alegado por en la demanda
(ii) ¿las providencias judiciales cuestionadas vulneraron los derechos
fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad
del accionante?

21. Para resolver los problemas jurídicos mencionados, la Subsección precisará el
precedente sobre la procedencia de tutela contra sentencia, en particular el requisito
de relevancia constitucional.

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

22. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200511,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

23. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional14 o el Consejo de Estado15,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP16; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los

11 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
12 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
13 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
15 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03771-00
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Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable17 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; y (vii) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en
la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el
alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

El requisito de relevancia constitucional

24. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

25. La Corte Constitucional indicó18 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

26. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en los
eventos en que se pretende reabrir el debate19: (i) la deliberación debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

27. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia20.

17 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
19 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.

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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

28. Con base en las anteriores precisiones jurisprudenciales se procede a examinar
la procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto.

Análisis del caso concreto

Legitimación en la causa por activa y pasiva

29. Gregorio Enrique Hernández Nieto cuenta con legitimación en la causa por
activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya
vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada
por las sentencias de primera y segunda instancia que resolvieron el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001-33-33-010-2022-00323-00/01.

30. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Juzgado
Décimo (10º) Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del
Atlántico, autoridades judiciales a las que se le atribuye la transgresión de los
derechos invocados en la presente acción de amparo constitucional

Estudio de la relevancia constitucional de la acción de tutela

31. En el presente asunto la acción constitucional fue promovida por Gregorio
Enrique Hernández Nieto contra el Juzgado Décimo (10º) Administrativo de
Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico por considerar que las
sentencias de primera y segunda instancia que decidieron el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 08001-33-33-010-2022-00323-00/01 vulneraron
sus derechos fundamentales de debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad. En particular se indicó que el fallo proferido por el ad quem el 15
de agosto de 2025 incurrió en un defecto fáctico por omitir la valoración integral y
razonable del material probatorio que obraba en el expediente

32. Al respecto, la Sala advierte que los reproches formulados por la parte
accionante no superan el requisito de relevancia constitucional, porque la sentencia
cuestionada21 está lejos de evidenciar una afectación autónoma, directa y grave de
los derechos fundamentales invocados. En realidad, la tutela contiene una
discrepancia del accionante frente a la interpretación esbozada por el juez natural
de la causa sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para ser beneficiario
de la exención tributaria prevista en el Acuerdo 0013 de 2011 y el Decreto 0972 de
2011 del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, aspecto que ya fue
discutido y decidido por los jueces naturales en dos instancias dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001-33-33-010-2022-00323-00/01.

33. Así, aunque el actor invoca un defecto fáctico por omisión de la valoración
probatoria, sus argumentos se dirigen a controvertir los fundamentos de la sentencia

21 Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 15 de
agosto de 2025 en el proceso No. 08001-33-33-010-2022-00323-00/01. Sin embargo, el 13 de
febrero de 2026, la decisión se envió a la Secretaría del Tribunal y se notificó el 17 de ese mes y
año, esto es, 4 meses previos a la interposición de la acción de tutela. Ver Índice 9 de SAMAI.

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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, de modo que, el juez
constitucional adopte un criterio diferente al adoptado por la autoridad judicial
competente en el proceso ordinario. En consecuencia, la tutela no plantea un juicio
de validez constitucional de la providencia, sino un reproche de corrección frente al
criterio jurídico adoptado por el juez natural de la causa, aspecto que es ajeno al
ámbito excepcional del amparo contra decisiones judiciales.

34. El defecto fáctico no supera el requisito general de relevancia constitucional.
El accionante se limitó a enunciar que la valoración probatoria realizada por las
autoridades judiciales accionadas conllevó a que se le otorgara un trato
discriminatorio frente a sus vecinos (exonerados del pago del impuesto predial) y,
con fundamento en ello, pidió que se ordenara a la autoridad judicial accionada
revisar nuevamente el material probatorio y decretar las pruebas que fueran
necesarias para “proferir la decisión que en derecho corresponda, la cual no puede
ser otra que acceder a las pretensiones de la demanda”. Tampoco aportó
argumentos de constitucionalidad respecto del juicio valorativo realizado por el
fallador, lo que implicó que la solicitud de amparo se centrara, en realidad, en
reproducir cuestionamientos planteados y decididos en el proceso ordinario, como
se expone a continuación:

Sentencia de primera instancia del 23 de abril de 202522

35. El Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla profirió fallo de primera
instancia en el que planteó que el problema jurídico a decidir consistía en determinar
si el predio propiedad de Gregorio Enrique Hernández Nieto cumplía con los
requisitos sustanciales exigidos en el Acuerdo Distrital No. 013 de 2011 proferido
por el Concejo del Distrito Especial y Portuario de Barranquilla y en el Decreto No.
0972 del 17 de noviembre de 2011 para ser exonerado del pago del impuesto
predial, con el fin de decidir sobre la nulidad oficio No. QUILLA-22-116006 del 6 de
junio de 2022 que negó la exoneración del predio por no estar incluido en la última
actualización de inventario de bienes inmuebles afectados y/o colapsados por
eventos naturales.

36. Al analizar el caso concreto la autoridad judicial examinó el procedimiento
adelantado por el Distrito de Barranquilla para resolver la solicitud de exoneración
de pago del impuesto predial presentada por Gregorio Enrique Hérnandez Nieto, en
atención a ello puso de presente que el Comité Técnico responsable de aprobar el
inventario de inmuebles afectados y/o colapsados, mediante Acta de Sesión el 25
de mayo de 2022, rememoró la Oficina de Gestión del Riesgo una visita técnica al
inmueble del solicitante de la cual se expidió el informe técnico 002-2019 -sin indicar
fecha- y consideró que el inmueble se encontraba en amenaza baja y,
posteriormente, mediante de sesión del 20 de agosto de 2020, se decidió no
incorporarlo en la actualización del inventario de inmuebles beneficiarios porque “se
constató que no se configuraba el requisito de localización en zona de amenaza o
alto riesgo, lo cual es uno de los presupuestos señalados en el Acuerdo 0013 de

22 “021Sentencia_24SENTENCIApdf.pdf” visible en el índice 11 de Samai, archivo
“12RECIBEMEMORIAL_08001333301020220032(.zip) NroActua 11”

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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

2011 y el Decreto 0972 de 2011”. Además puso de presente que el POT de la ciudad
definió que la localización del predio era una zona de amenaza media baja.

37. En atención a dichos documentos el Juzgado Décimo Administrativo de
Barranquilla concluyó que no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto
administrativo contenido en el oficio No. QUILLA-22-116006 del 6 de junio de 2022
que negó la solicitud de exoneración de pago del impuesto predial sobre el inmueble
ubicado en calle 82 A No. 41E-91, conjunto residencial Villas de Málaga en el barrio
Ciudad Jardín de Barranquilla.

Recurso de apelación23

38. La parte demandante se opuso a la sentencia de primera instancia con
fundamento en que “el Juzgado no hizo un verdadero análisis de los hechos y de
las pruebas que se arribaron al plenario, sobre todo las declaraciones de los vecinos
del demandante, a quienes solo los separa una pared de lado y lado; siendo el único
inmueble del Conjunto residencial donde había el excluido del beneficio tributario”.
Aunado a ello indicó que los testigos traídos al plenario que viven en el mismo
conjunto donde reside el demandante afirmaron que es el único a quien, sin
justificación alguna le cobran el impuesto predial, a pesar de que se encuentra, al
igual que sus vecinos, en una zona de amenaza, por lo que con dicho acto “se le
vulnera el principio de igualdad en el tratamiento de la ley, por parte de la entidad
demandada, puesto que el artículo 13 superior, prohíbe que toda persona natural o
jurídica reciba un trato discriminatorio por parte del poder público y de la sociedad”.

Sentencia de segunda instancia del 15 de agosto de 202524

39. El Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió de manera desfavorable el
recurso de apelación presentado por la parte demandante. Como sustento de su
decisión reiteró el examen de legalidad realizada por el juez de primera instancia y
retomó las razones esbozadas por el Distrito de Barranquilla para denegar la
solicitud del señor Gregorio Enrique Hernández Nieto en el oficio No. QUILLA-22-
116006 del 6 de junio de 2022.

40. Adicionalmente puso de presente que en el acto administrativo demandado se
explicó al solicitante que la primera fase para que su predio fuera beneficiario de la
exclusión del cobro de impuesto predial correspondía a la Oficina de Gestión del
Riesgo la cual realizó visita técnica del inmueble ubicado en la Calle 82A N° 41E –
91 CASA 1; sin embargo, el predio objeto no fue incorporado a la propuesta final de
exclusión dado que no se encuentra ubicado en una zona de amenaza y/o riesgo.
Asimismo, se reseñó que, en la contestación brindada al solicitante, la
Administración Distrital le indicó que la condición de sus vecinos debería ser
evaluada nuevamente por el Comité Técnico al momento de realizar una
actualización del inventario de bienes con el fin de determinar si efectivamente las

23 “022_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION.pdf”, id.
24 Índice 7 de Samai de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No
08001-33-33-010-2022-00323-00/01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03771-00
Accionante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

condiciones que dieron origen a la incorporación de los predios como beneficiarios
de la exoneración del impuesto predial seguía vigente o había desaparecido.

41. Por último, en cuanto al cargo de la apelación relativo a la vulneración del
principio de igualdad se señaló lo siguiente:

“De otro lado, en lo relativo al desconocimiento del derecho a la igualdad en
comparación con algunos de sus vecinos que si gozan del beneficio, importa
destacar que si algunos predios colindantes están exentos del pago del impuesto
predial unificado, no significa per se el desconocimiento de dicho principio
constitucional, por cuanto es posible que obedezca a otros aspectos, por
ejemplo, que estuvieron incluidos en el listado inicial o con posterioridad se
hubiere variado la delimitación de la zona de riesgo, incluso, que en la actualidad
ya no deberían recibir el beneficio, pero la administración distrital no se hubiere
percatado”.

Expresado de otra forma, el extremo activo no logró acreditar con certeza que
los inmuebles vecinos están en las mismas condiciones técnicas y jurídicas que
el predio de su propiedad, para ser beneficiario de la exoneración del impuesto
predial, tornándose imperativa la confirmación de la sentencia de primera
instancia”25.

42. En atención a dichas consideraciones el Tribunal Administrativo del Atlántico
confirmó la negativa de las pretensiones respecto a la nulidad del oficio No. QUILLA-
22-116006 del 6 de junio de 2022 por considerar que el demandante no logró
desvirtuar la presunción de legalidad de dicho acto administrativo.

43. Explicado el contenido de la sentencia atacada, esta Sala, en primera medida,
considera que a pesar de que el accionante alegó la configuración de un defecto
fáctico por omisión de la valoración probatoria, circunstancia que no aconteció en el
proceso ordinario debido a que el Tribunal Administrativo del Atlántico valoró
implícitamente los testimonios practicados en el proceso y dio por acreditado que
los predios vecinos al del demandante fueron beneficiados por la exoneración del
cobro del impuesto predial (hecho que se pretendía probar); sin embargo, ello no
impide que la Subsección en aplicación del principio iura novit curia examine si, de
conformidad con los hechos probados en la presente acción constitucional, las
providencias cuestionadas incurrieron en alguna otra de las causales reconocidas
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que dan lugar a la procedencia de
la tutela contra providencia judicial.

44. En el caso concreto, la Sala advierte que el accionante pretende, a partir de la
acción constitucional, no plantea un problema constitucional autónomo, sino una
inconformidad frente a la valoración probatoria realizada por el juez natural de la
causa.

45. Al respecto en el fallo de segunda instancia se dio por acreditado que algunos
de los vecinos del demandante contaban con el beneficio de exención tributaria de
pago del impuesto predial, sin embargo se descartó que dicha situación fuera
extensible automáticamente a Gregorio Enrique Hernández Nieto porque no

25 Ibidem.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03771-00
Accionante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

demostró que en su predio estuviera en condiciones de igualdad a la de los
inmuebles aledaños que acreditara la ilegalidad del acto administrativo acusado por
vulneración del principio de igualdad.

46. Así, se tiene que el Tribunal Administrativo del Atlántico, al resolver la apelación
presentada por Gregorio Enrique Hernández Nieto contra la sentencia de primera
instancia, realizó una valoración implícita de dichos documentos y concluyó que
algunos de los predios colindantes al del demandante contaban con la exoneración
tributaria; sin embargo ello no era suficiente para acceder a la pretensión de nulidad
del acto demandado, dado que se debía acreditar que el inmueble debía ser
incorporado en el inventario de bienes beneficiarios de la exención del pago del
impuesto predial según lo previsto en el Acuerdo No. 0013 de 2011 y del Decreto
0972 del 2011.

47. Ahora, el accionante también alegó que con los hechos probados en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho se demostró que su inmueble está siendo
afectado por una situación atípica, ya que su propiedad no goza del mismo beneficio
tributario de los predios colindantes. Sobre esta situación se advierte que, tal como
se explicó en la providencia cuestionada, aunque algunos inmuebles aledaños se
encuentren dentro del inventario de bienes exonerados de pago del impuesto predial
no hace extensible automáticamente esa conclusión sobre la propiedad del
demandante y que la ilicitud del acto demandado debía enmarcarse en el examen
sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa que previó dicho
beneficio tributario en el Distrito de Barranquilla. Aunado a ello, este punto pone de
presente que en este asunto el accionante plantea un juicio de corrección jurídica
en un asunto tributario que ostenta una connotación preponderantemente
económica debido a que se pretende una decisión de tutela que permita la
devolución en su favor de $8’786.655 por pago del impuesto predial, lo cual se
aparta de ser un asunto en que se evidencie la violación de los derechos
fundamentales alegados por el accionante26.

48. También, se destaca que, si bien en la sentencia cuestionada, se reconoció que
algunos vecinos de los predios colindantes fueron exentos del pago del impuesto
predial, el Tribunal Administrativo del Atlántico fundó su decisión en que no se
acreditó el supuesto fáctico -idénticas circunstancias con el predio de Gregorio
Enrique Hernández Nieto- para la aplicación del principio de igualdad en favor del
demandante27.

49. Por último, se pone de presente que los argumentos de la demanda de tutela,
en lugar de sustentar el defecto fáctico por omisión de la valoración probatoria,
plantearon una discusión que gira alrededor de aspectos legales y que se identifican

26 La Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022 planteó que en acciones de tutelas contra
providencias judiciales que discutan asuntos tributarios carecerán de relevancia constitucional
cuando: “(i) buscaban que el juez de tutela juzgara la corrección de la decisión de la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo en lugar de su validez; (ii) que tenían una connotación
preponderantemente económica y (iii) que no demostraban una grave afectación a los derechos
fundamentales o un proceder que, prima facie, pareciera arbitrario por parte de la autoridad judicial
accionada”.
27 Corte Constitucional, sentencia T-235 de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03771-00
Accionante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

en los siguientes puntos: (i) determinar si el predio del accionante estaba o no
incluido en el inventario de bienes beneficiarios de la exoneración del impuesto
predial; (ii) cuestionar si en el oficio No QUILLA-22-116006 del 6 de junio de 2022
aplicó correctamente lo dispuesto en el Acuerdo 0013 de 2011 y del Decreto 0972
de la misma anualidad; (iii) definir si con las pruebas aportadas al proceso ordinario
se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo demandado. De
acuerdo con esos cuestionamientos, la Sala advierte que el accionante pretende, a
través del amparo constitucional, discutir una discrepancia con la interpretación
jurídica efectuada por el juez natural del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 08001-33-33-010-2022-00323-00/01 frente al alcance de la
declaratoria de nulidad del acto acusado, asunto que ya fue dirimido por el juez
natural en un proceso de doble instancia.

50. En criterio de esta Corporación, el requisito de relevancia constitucional implica
que el accionante identifique un derecho fundamental presuntamente afectado y
acredite de manera clara, específica y suficiente la forma en que la providencia
judicial cuestionada desconoce dicha garantía. El razonamiento jurídico requiere
algo más que la simple alegación de la transgresión de derechos fundamentales.
Es imprescindible explicar con precisión la forma en que estos han sido afectados,
lo que evita el uso de la tutela como un mecanismo para manifestar una mera
inconformidad contra las providencias adoptadas y sea utilizada como una instancia
adicional.

51. En este caso, resulta evidente que la acción constitucional fue promovida con el
propósito de reabrir un debate ya agotado en sede contencioso-administrativa,
donde las objeciones del actor fueron ampliamente examinadas a la luz del acervo
probatorio y decididas conforme al ordenamiento jurídico. Conviene recordar que la
tutela no constituye un recurso alternativo frente a sentencias desfavorables,
especialmente cuando las cuestiones debatidas fueron objeto de un análisis dentro
del proceso ordinario.

52. Adicionalmente, no se observa una vulneración del derecho al debido proceso
en su dimensión fundamental. La Corte Constitucional ha señalado que dicho
derecho solo resulta afectado en ese ámbito cuando se desconocen sus garantías
esenciales, como el acceso al juez natural, la posibilidad de aportar y controvertir
pruebas, la publicidad del trámite y de las decisiones, la imparcialidad judicial o el
ejercicio de la defensa. Ninguno de estos aspectos resultó afectado en el caso bajo
estudio, toda vez que la parte accionante intervino de manera activa en el proceso
ordinario, ejerció su derecho a la defensa y obtuvo pronunciamientos de fondo. En
efecto, el Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió la controversia con respeto a
las garantías procesales y constitucionales de los sujetos procesales del litigio.

53. En esa misma lógica, no se advierte vulneración al derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia en su dimensión constitucional. El accionante
dispuso de un acceso real, efectivo y sin restricciones a la jurisdicción competente,
así como a los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir las
decisiones adoptadas dentro del proceso. No obra prueba que permita inferir que
se le negó la posibilidad de acudir al aparato judicial, que se hubiere obstaculizado
el normal desarrollo del trámite, o que se le hubieran restringido sus facultades

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03771-00
Accionante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

procesales para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Por el contrario, el
expediente refleja que las garantías propias del debido proceso fueron respetadas,
lo cual descarta cualquier afectación a la tutela judicial efectiva.

54. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de amparo
constitucional, por cuanto no se cumplen los requisitos generales de procedencia.
En concreto, no se acredita la relevancia constitucional, pues el solicitante pretende
emplear la acción de tutela como un mecanismo para reabrir un debate ya definido
en el proceso ordinario. Esta es una razón suficiente para abstenerse de analizar
los demás requisitos generales y el defecto fáctico alegado por el accionante.

55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Gregorio Enrique Hernánez Nieto, quien actúa en nombre propio, por no satisfacer
el requisito general de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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