Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03774-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03774-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03774-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 18 de junio de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03774-00
Demandante: Superintendencia Nacional de Salud
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Carencia actual de objeto
por hecho superado
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias por medio de las cuales se
decretó una medida cautelar dentro de un proceso de acción popular.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por la Superintendencia
Nacional de Salud contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 19 de mayo de 2026, la Superintendencia Nacional de Salud, a
través de apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, salud y “estructura y organización del Estado”, con ocasión de los
Autos de 14 de abril y 23 de abril de 2026,2 proferidos dentro del medio de
control de acción popular No. 13001-23-33-000-2026-00175-00.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
• 1. Amparar de manera transitoria los derechos fundamentales al debido
proceso, defensa y contradicción, al acceso efectivo a la administración de
justicia y al derecho fundamental a la salud, vulnerados por las decisiones
judiciales adoptadas dentro del proceso de acción popular identificado con el
radicado 13-001-23-33-000- 2026-00175-00.
• 2. Suspender provisionalmente los efectos de los Autos Interlocutorios Nos. 072 y
079 de 2026, proferidos por el Tribunal Administrativo de Bolívar, únicamente en
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Notificados el 16 y 24 de abril de 2026.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03774-00
Demandante: Superintendencia Nacional de Salud
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
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lo relativo al levantamiento de la intervención forzosa administrativa y a la
restitución inmediata de la administración de COOSALUD EPS S.A., hasta que se
profiera decisión de fondo dentro de la acción popular.
• 3. Ordenar los efectos inmediatos de las Resoluciones No. 2024320030015228-6
de fecha 22 de noviembre de 2024, mediante la cual la Superintendencia
Nacional de Salud dispuso la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y
negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a COOSALUD
EPS S.A. y, No. 2025320030011347-6 de fecha 21 de noviembre de 2025, y en
consecuencia, la Superintendencia Nacional de Salud debe realizar
nuevamente la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la
intervención forzosa administrativa para administrar a COOSALUD EPS S.A.
• 4. Disponer las demás órdenes que el Honorable Consejo de Estado estime
necesarias para la protección efectiva y transitoria de los derechos
fundamentales vulnerados, sin perjuicio de la competencia del juez natural para
resolver de fondo la acción popular.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:
4. 1) La Red Integrada de Prestadores de Servicios de Salud SAS –
Multiservicios OL SAS, junto con los señores Jaime González y Natalia Largo,
promovieron acción popular contra la Superintendencia Nacional de Salud
y el agente interventor de Coosalud EPS S.A., con el fin de obtener la
protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa. Lo anterior,
al considerar que la intervención forzosa de dicha entidad, dispuesta
mediante Resolución de 22 de noviembre de 2024 y prorrogada mediante
Resolución de 21 de noviembre de 2025, había agravado las condiciones
administrativas, financieras y asistenciales de la EPS, que comprometían la
adecuada prestación del servicio público de salud y configuraba un
perjuicio irremediable.
5. 2) Con fundamento en lo anterior, los demandantes solicitaron como
medida cautelar de urgencia la suspensión inmediata de los actos
administrativos que ordenaron la intervención y su prórroga, así como la
restitución de la administración de la entidad a quienes la ejercían antes de
la toma de posesión.
6. 3) El conocimiento del proceso, en primera instancia, le correspondió
al Tribunal Administrativo de Bolívar, bajo el radicado No. 13001-23-33-000-
2026-00175-00, el cual, mediante Auto No. 72 de 14 de abril de 2025, decretó
la suspensión provisional de los actos de intervención y ordenó devolver la
administración de la EPS a sus directivos previos, al estimar configurada una
afectación al derecho colectivo a la moralidad administrativa y la
necesidad de evitar un perjuicio irremediable.
7. 4) Posteriormente, mediante Auto No. 079 de 23 de abril de 2026, el
tribunal adicionó la decisión anterior, en el sentido de precisar que la
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Decisión: Declara carencia actual de objeto
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administración debía ser asumida por los señores Jaime González y Natalia
Largo, y reiteró que la medida cautelar era de cumplimiento inmediato.
8. 5) Contra esas decisiones, la Superintendencia Nacional de Salud
presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación y solicitó que se
revocara la medida cautelar decretada.
9. Como fundamento de la vulneración, el accionante indicó que las
decisiones cuestionadas incurrieron en:
10. Defecto procedimental absoluto, al decretar una medida cautelar de
urgencia sin correr traslado previo de la solicitud a la Superintendencia
Nacional de Salud, por lo que no permitió el ejercicio de defensa ni
contradicción y desconoció que, incluso, la Secretaría había advertido la
necesidad de dicho traslado.
11. Defecto fáctico porque la medida cautelar se fundamentó en
elementos parciales, sin contar con el expediente administrativo de la
intervención y los conceptos técnicos especializados de la
Superintendencia que demostraban la persistencia de las causales legales
que justificaban su continuidad.
12. Defecto sustantivo porque no se cumplieron los requisitos de
procedencia de las medidas cautelares en acciones populares como lo
eran el “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”.
13. Desconocimiento del precedente porque se inobservó la
jurisprudencia del Consejo de Estado3 en materia de medidas cautelares y
moralidad administrativa.
14. Adicionalmente, señaló que la medida cautelar fue
desproporcionada e irrazonable al haberse adoptado la medida más
gravosa sin analizar alternativas menos lesivas y por haber incurrido en
prejuzgamiento, al haber agotado el objeto del proceso durante una etapa
cautelar.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4
15. El Tribunal Administrativo de Bolívar5 se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la tutela al afirmar que sus decisiones no vulneraron los
derechos fundamentales de la parte actora. Señaló que la medida cautelar
fue adoptada dentro del marco legal de la acción popular contenido en la
3 Hizo alusión a (se trascribe) “Sentencia de Unificación. Expediente No. 11001-33-31-035-2007-00033-01”.
4 Mediante Auto de 22 de mayo de 2026, el despacho ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo, (2) tener
como accionados al Tribunal Administrativo de Bolívar y, (3) vincular a Jaime Miguel González Montaño, a Natalia
Largo González, a Coosalud EPS SA y a Jorge Armando Suárez Burgos, como terceros con interés en el asunto.
5 Índice 11 de SAMAI.
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Decisión: Declara carencia actual de objeto
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Ley 472 de 1998 y de la Ley 1437 de 2011, las cuales permiten, incluso,
prescindir del traslado previo en situaciones de urgencia para evitar un
perjuicio irremediable. Adicionalmente, indicó que, aunque la decisión
estuvo debidamente motivada, fue objeto de revisión y modulación
mediante Auto de 20 de mayo de 2026, que revocó la suspensión inicial y
restableció la intervención bajo un esquema de control reforzado. Por lo
anterior, concluyó que no existió irregularidad procesal ni defecto alguno y
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción.
16. El señor Jaime González6 rindió informe en el que solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad. Para el tercero vinculado, lo pretendido por la accionante
es utilizar la acción de tutela como una tercera instancia para controvertir
una medida cautelar debidamente adoptada dentro del trámite de la
acción popular, con motivación suficiente y soporte probatorio.
17. Coosalud EPS S.A., Natalia Largo y Jorge Suárez, pese a haber sido
notificados en debida forma7, guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Actualidad del objeto. 2.2. Conclusión.
2.1. Actualidad del objeto
18. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado8,
por las siguientes razones:
19. La parte actora solicitó la protección de sus derechos al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, salud, así como la
observancia de los artículos de la Constitución relativos a la estructura y
organización del Estado, los cuales consideró vulnerados con los Autos de
14 y 23 de abril de 2026, por medio de los cuales se decretó la suspensión
provisional de los actos de intervención de Coosalud EPS y se ordenó
devolver la administración de la EPS a sus directivos previos. Contra estas
decisiones, la Superintendencia Nacional de Salud presentó recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación, el cual no había sido resuelto al
momento de presentarse la acción de tutela.
6 Índice 10 de SAMAI.
7 Índice 8 y 12 de SAMAI.
8 La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para determinar
la existencia o no de un hecho superado: “1) Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho
o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante
o de aquél en cuyo favor se actúa; 2) Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la
acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado y 3) Si lo que se pretende por medio de la acción de
tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede
considerar que existe un hecho superado”. Sentencias T-045/08, T-093/05, T-137/05, T-753/05, T-760/05, T-780/05, T-
096/06, T-442/06, T-431/07.
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20. No obstante, según lo afirmado por el tribunal en su informe y una vez
revisado el trámite de la acción popular en el sistema de gestión SAMAI, se
evidenció que, mediante Auto No. 108 de 20 de mayo de 2026, el tribunal
resolvió el recurso interpuesto y repuso parcialmente la decisión, en el
sentido de revocar la suspensión de los actos administrativos de intervención
y disponer la continuidad de esta, bajo un esquema de control institucional9.
En ese sentido, sustituyó la medida cautelar inicialmente decretada y dejó
sin efectos las órdenes de restitución de la administración de la EPS a los
particulares.
21. Adicionalmente, se acreditó que la decisión fue cumplida mediante
la diligencia de restitución de la administración a la Superintendencia
Nacional de Salud, realizada el 28 y 29 de mayo de 202610, circunstancia
que hace cesar los efectos de las providencias aquí cuestionadas. En
consecuencia, al haber desaparecido los efectos de las providencias objeto
de tutela y haberse restablecido la situación fáctica que se pretendía con
la solicitud de amparo, se concluye que se configuró la carencia actual de
objeto por hecho superado.
2.2. Conclusión
22. Para la Sala, los hechos que originaron la interposición de la presente
acción de tutela dejaron de existir durante el trámite procesal, motivo por el
cual, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
9 En la parte resolutiva se indicó: “ PRIMERO: REPONER parcialmente el auto No. 072/2026 del catorce (14) de abril
de dos mil veintiséis (2026), adicionado por auto No. 079/2026 de veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026),
por los cuales se decretó la medida cautelar de urgencia objeto del recurso en estudio; en el sentido de REVOCAR
la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones No. 2024320030015228-6 de 22 de noviembre de 2024 y
No. 2025320030011347-6 de 21 de noviembre de 2025, por medio de las cuales se ordenó la intervención forzosa
administrativa para administrar a COOSALUD EPS S.A., y su correspondiente prórroga; por las razones expuestas en
la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: En su lugar, SUSTITUIR la medida cautelar decretada, la cual se concreta en: i.- Ordenar a la
Superintendencia Nacional de Salud, que adopte las medidas técnicas, administrativas y financieras; eficaces,
oportunas e integrales que permitan superar las falencias estructurales identificadas por la Procuraduría General
de la Nación; así como garantizar la consecución de los fines de la intervención forzosa previstos en la ley, para la
salvaguarda del derecho colectivo a la moralidad administrativa. Lo anterior, en un término de diez (10) días
contados a partir del día siguiente a aquel en el que el interventor designado por la Superintendencia reciba la
administración de la EPS COOSALUD. ii.- Ordenar a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General
de la República que, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, ejerzan un
acompañamiento especial, permanente e integral al trámite de intervención forzosa administrativa sobre la EPS
COOSALUD.
TERCERO: ORDENAR a los representantes legales de COOSALUD EPS S.A. JAIME GONZÁLEZ MONTAÑO, designado
por la Junta Directiva como representante legal presidente y NATALIA LARGO GONZÁLEZ , designada por la Junta
Directiva como representante legal suplente, o a quienes actualmente ejerzan la administración, dirección y
representación de la entidad, que procedan de manera inmediata a restituir la administración integral de la EPS
a la Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de la intervención forzosa administrativa que se mantiene
vigente conforme a lo dispuesto en la presente providencia.”
10 Según se indicó en el Auto de 4 de junio de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del
trámite de la acción popular.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
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RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de
la solicitud de amparo promovida por la Superintendencia Nacional de
Salud, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello11.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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