Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03775-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03775-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03775-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03775-01
Accionante: CATALINA RINCÓN RAMÍREZ
Accionado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra sentencia proferida por Alta Corte. Improcedente por no
satisfacer la argumentación requerida para cuestionar decisiones proferidas por el
órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa y por no satisfacer el
requisito de inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. En nombre propio, Catalina Rincón Ramírez presentó acción de tutela contra la
providencia proferida el 17 de julio de 2025, por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en sede de segunda instancia, dentro del proceso
de reparación directa por error jurisdiccional y que puso fin al proceso con radicado
No. 17001-23-33-000-2019-00423-00. Con el fin de facilitar la comprensión de los
antecedentes, se explican primero los de los procesos ordinarios, y luego los
fundamentos de tutela.
Antecedentes de los procesos ordinarios
2. La tutelante indicó que fue trabajadora de la Industria Licorera de Caldas (I.L.C).
El 17 de agosto de 2004, mediante resolución, fue desvinculada de la compañía, al
igual que su colega de trabajo, Luis Oswaldo Castaño Grajales. Ambos iniciaron,
individualmente, procesos ordinarios laborales contra la empresa. Explicó que
estaban afiliados al sindicato de trabajadores, SINTRABECOLICAS y que la
convención colectiva prohibía el despido al que fueron sometidos. Los dos
contrataron al mismo abogado, y presentaron memoriales de demanda laborales
semejantes. Insistió en que la desvinculación de ella y su colega eran semejantes.
Mismos motivos, mismos cargos, mismas razones de despido.
3. Esperaban los mismos resultados judiciales. La demanda laboral de la tutelante
fue repartida al juzgado adjunto tercero laboral del circuito. En fallo de 26 de marzo
de 2010 absolvió a la I.L.C. La demanda de Luis Oswaldo Castaño Grajales fue
repartida al juzgado tercero laboral del circuito que en fallo de 8 de abril de 2011,
también absolvió a la compañía. Apeladas las dos decisiones, por el mismo
profesional del derecho, en el caso de la tutelante, en sentencia de 30 de septiembre
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03775-01
Accionante: Catalina Rincón Ramírez
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
de 2010, la sala laboral del tribunal del distrito de Manizales, confirmó la sentencia
de primera instancia. En el caso de su colega, Luis Oswaldo Castaño, la sentencia
de segunda instancia, proferida por la misma autoridad judicial, fue proferida el 29
de diciembre de 2011, también confirmando la sentencia de primera instancia.
4. Las dos personas presentaron demanda de casación contra las respectivas
sentencias de segunda instancia. En el caso de Catalina Rincón Ramírez, en
sentencia de 19 de julio de 2017, se profiere decisión de no casar la sentencia. En
el caso de Luis Oswaldo Castaño Grajales, en sentencia 13 de junio de 2018,
profiere decisión que casa la sentencia de instancia y reconoce las pretensiones.
5. La tutelante sostiene que las dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, son contradictorias, pues frente a los mismos hechos,
realizan consideraciones contradictorias, ello en violación al derecho a la igualdad.
Indicó que su despido fue injusto, y las decisiones judiciales impidieron que la actora
accediera al derecho a la pensión. En 2020 cumplió 57 años, motivo por el cual,
solicitó la devolución de sus saldos. La sentencia T-427 de 2022 de la Corte
Constitucional ordenó al fondo de pensiones entregar los saldos de su ahorro
pensional.
6. Con la convicción de que se había cometido un error judicial, en agosto de 2019,
presentó demanda de reparación directa contra la Nación-Rama Judicial. En
primera instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Caldas. En sentencia
de 6 de diciembre de 2024, se negaron las pretensiones relacionadas con la
responsabilidad extracontractual.
7. Apelada la sentencia, el 17 de julio de 2025, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó la providencia de primera instancia
relacionada con la negativa de reconocer la existencia de un error judicial contenido
en la sentencia de 19 de julio de 2017.
8. A partir de lo anterior, la tutelante concluyó:
“Y aquí está toda la historia, desarrollo y consecuencia de la Resoluciones Nos.
0960 para mí y 0961 para Luis Oswaldo Castaño, favorable, se ordenó su
reintegro con todo lo que implica: pago de sumas de dinero indexadas desde el
despido sin justa causa hasta el reintegro, es decir pagos de los salarios y
prestaciones dejados de percibir desde el 17 de agosto de 2004 hasta el 19 de
julio de 2018, y demás emolumentos, hasta la actualidad labora en la Industria
Licorera de Caldas.
Para mí Catalina Rincón, no hubo el mismo trato, ni equidad ni igualdad en la
interpretación de la norma. Traté ante todos los organismos judiciales de
Colombia, demostrar esta injusticia y siempre me fue negado ese derecho, el
derecho a la IGUALDAD, entre otros, rogué en cada demanda que se diera en
derecho una estricta interpretación de la normatividad de nuestro país, a la luz
de nuestra Constitución Política de Colombia, artículo 13, pero como queda
demostrado, en nuestro país todavía quedan rasgos de preferencia
patriarcales.”
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03775-01
Accionante: Catalina Rincón Ramírez
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Fundamentos del escrito de tutela
9. Indica que la sentencia atacada, la del 17 de julio de 2025, y presentó la demanda
de tutela el 19 de mayo de 2026, lo justifica en que, tiene 63 años y ha atravesado
quebrantos de salud, de ella y su núcleo familiar. Agregó: “Por último se trata de un
caso complejo que requiere de búsqueda y consecución de toda la información
contenida en los fallos y sentencias, análisis, confrontación, y mi abogado me
acompañó hasta el último fallo del Consejo de Estado, y tuve que seguir adelante
sola, hasta lograr esta acción de tutela, pero los problemas de salud no empezaron
este año 2026, se iniciaron desde antes, en el 2025, con sendos diagnósticos
médicos, exámenes, pruebas, ecografías etc, que determinaron mi actual estado de
salud, sin contar con los trámites ante la EPS para poder acceder de manera
oportuna a los servicios requeridos, incluidas la cirugías”.
10. Afirmó que la decisión incurrió en los defectos específicos de desconocimiento
del precedente constitucional, violación al derecho a la igualdad, y defecto
sustantivo. Indicó la interpretación avalada por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, el fallo del 17 de julio
de 2025, sobre la “autonomía judicial” desconoció principios constitucionales
superiores y omitió valorar íntegramente la contradicción jurisprudencial existente
produciendo una afectación desproporcionada sobre sus derechos fundamentales.
Trámite del escrito de amparo
11. El 27 de mayo de 2026, el despacho sustanciador de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado admitió la demanda contra el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección B y ordenó notificar a los magistrados del dicha Subsección.
De igual modo, vinculó como terceros con interés a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Caldas y al director Ejecutivo de la Administración Judicial. Entre
otras decisiones.
Intervenciones
12. El consejero ponente de la decisión cuestionada, señaló que la providencia de
reparación directa contiene los argumentos y elementos necesarios para que el juez
constitucional tome la decisión que en derecho corresponda.
13. El Tribunal Administrativo de Caldas, a través del magistrado ponente de la
decisión de primera instancia, dentro del proceso de reparación intervino para
indicar que la acción constitucional resultaba improcedente dado que la
consideración de las razones expuestas por la accionante constituiría una instancia
adicional o un nuevo debate respecto de lo que ya decidió el juez natural.
14. Finalmente, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que
carece de legitimación en la causa por pasiva.
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Accionante: Catalina Rincón Ramírez
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Sentencia de primera instancia
15. En decisión de 23 de julio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la petición de amparo por no cumplir el requisito de
inmediatez. Verificó que la decisión atacada fue comunicada a las partes por correo
electrónico del 28 de julio de 2025, de modo que fue efectivamente notificada el 30
de julio de 2025. Por su parte, la demanda de tutela fue presentada el 19 de mayo
de 2026, esto es, luego de 9 meses y 21 días de haberse notificado la providencia
objeto de tutela, término que supera el plazo razonable previsto por la Sala Plena
de esta Corporación.
16. Respecto de las situaciones de vulnerabilidad que sufre la actora, relacionadas
con su estado de salud, el de su esposo, y el de una familiar de 88 años, el fallo de
primera instancia concluyó que “tales circunstancias apreciadas en el contexto no
tienen la virtualidad de incidir o flexibilizar el conteo del plazo razonable para
presentar la acción, pues si bien la actora acreditó que durante ese periodo estuvo
en controles médicos y fue sometida a unas intervenciones quirúrgicas, debe
tenerse en cuenta que el plazo razonable de seis (6) meses para la presentación
del amparo, se extendió hasta el 1 de febrero de 2026 y de la historia clínica allegada
únicamente se evidencia que con anterioridad a esa fecha la accionante fue
sometida a una cirugía ocular respecto de la cual no obra constancia de incapacidad
médica ni de una limitación que le hubiera impedido presentar la acción de tutela
con antelación.”
Recurso de impugnación1
17. En su recurso indicó que, la providencia recurrida efectuó una interpretación
incompatible con la jurisprudencia constitucional sobre el requisito de inmediatez, al
privilegiar un análisis predominantemente cronológico del tiempo transcurrido y
omitir una valoración integral de las circunstancias personales, médicas y familiares
que explican razonablemente la oportunidad en que fue promovida la acción
constitucional, desconociendo el principio constitucional pro actione, omitiendo la
valoración integral de las circunstancias acreditadas en el expediente y dejar sin
respuesta los problemas constitucionales planteados en la demanda de tutela.
18. Reprochó que la sentencia de primera instancia examinó el requisito de
inmediatez como si se tratara de un término de caducidad y no como un plazo
razonable, en las condiciones que ha señalado la Corte Constitucional. La decisión
recurrida se limitó a preguntarse si habían pasado más de 6 meses, y al concluir
que sí, declaró improcedente el amparo. Sin verificar, en concreto, la situación de
salud de la actora. Solicitó que el requisito de inmediatez se examine desde los
principios de razonabilidad, proporcionalidad y eficacia de la aplicación de los
derechos fundamentales, atendiendo las particularidades del caso concreto y
evitando que dicho requisito se transforme, en la práctica, en un término de
caducidad no previsto por el constituyente.
1
Índice samai 27.
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19. Recordó las sentencias de la Corte; T-426 de 2015, T-491 de 2009 y T-001 de
2022, en las que, se indicó que la tutela no tiene caducidad, sino que el juez debe
valorar las circunstancias particulares, excepcionalmente puede flexibilizar la
inmediatez cuando existan razones objetivas o la vulneración persista. Agregó que
la sentencia impugnada sustituyó el juicio de razonabilidad exigido por la
jurisprudencia constitucional por una valoración predominantemente cronológica del
requisito de inmediatez.
20. Desconoció que la enfermedad oftalmológica progresiva constituyó una
circunstancia objetiva que debía ser valorada al analizar el requisito de inmediatez.
Explicó el desarrollo del diagnóstico y cirugía de ojo que vivió en 2025, desde las
citas médicas diagnosticadas, hasta la cirugía y las consecuencias de ella. Afirmó:
“Lo anterior no significa que la enfermedad hubiese impedido de manera
absoluta la presentación de la tutela. La tesis que aquí se sostiene es distinta:
dichas circunstancias constituían elementos objetivos que el juez constitucional
estaba obligado a ponderar conjuntamente con las demás condiciones
acreditadas en el expediente para determinar si el tiempo transcurrido resultaba
razonable, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el
requisito de inmediatez”
21. Insistió en que la providencia impugnada equiparó indebidamente la ausencia
de incapacidad médica con la inexistencia de una limitación funcional relevante para
el análisis de la inmediatez, y la providencia de primera instancia omitió efectuar
una valoración integral de las circunstancias concurrentes. Resaltó la especial
complejidad de la acción de tutela contra providencia judicial constituía una
circunstancia objetiva que debía ser ponderada dentro del juicio de razonabilidad
del requisito de inmediatez. En efecto, reprochó que, la sentencia de primera
instancia no valoró una circunstancia objetiva que resultaba determinante para
apreciar la razonabilidad del tiempo empleado para acudir a la jurisdicción
constitucional: la especial complejidad de la acción de tutela promovida.
22. Insistió en que, la decisión de primera instancia incurrió en un desconocimiento
del principio de pro actione y omisión del deber de interpretación favorable al acceso
a la justicia constitucional.
Competencia
23. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Determinación del problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela promovida por la señora
Catalina Rincón Ramírez contra la sentencia del 17 de julio de 2025, proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso
de reparación directa núm. 17001-23-33-000-2019-00423-00/01, satisface los
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03775-01
Accionante: Catalina Rincón Ramírez
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en
particular, (i) la carga argumentativa reforzada exigible cuando el amparo se dirige
contra una decisión proferida por un órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y (ii) el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta el
tiempo transcurrido entre la notificación de la providencia cuestionada y la
presentación de la solicitud de amparo, así como las circunstancias personales,
médicas y familiares invocadas por la accionante para justificar dicho lapso.
25. Para resolver el anterior problema jurídico, la Sala reiterará, en primer lugar, las
reglas jurisprudenciales sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias proferidas por altas cortes y la carga argumentativa transversal
que debe satisfacer quien cuestiona este tipo de decisiones. En segundo lugar,
examinará el cumplimiento del requisito de inmediatez a partir de las circunstancias
concretas alegadas por la accionante y, únicamente en caso de superarse dichos
presupuestos, procederá al estudio de los defectos específicos atribuidos a la
sentencia cuestionada.
Causales genéricas de procedencia de tutela contra providencias proferidas
por altas cortes.
26. En precedente de unificación de la Corte Constitucional2 se ha señalado que,
una acción de tutela formulada contra una providencia proferida por una alta corte
debe cumplir una “carga argumentativa transversal”, elemento que se concreta en
un análisis más restrictivo y riguroso sobre el cumplimiento de los requisitos
generales y específicos de procedencia. Al respecto la Corte ha señalado que en
estos eventos, debe acreditarse que se trata de “un caso definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal
entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional”3. Por lo tanto:
“ (…) además de cumplir con los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela y con los especiales de procedibilidad contra providencias
judiciales, el accionante debe acreditar una irregularidad que contraríe
abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera que amerite la
intervención urgente del juez de tutela”
27. En el mismo punto, la T-495 de 2024 precisó que, no se trata de un elemento
adicional de análisis, sino de una carga consistente que impone al juez
constitucional “(…) analizar tanto los requisitos genéricos de procedencia –
especialmente importantes para valorar la relevancia constitucional del caso”– como
los defectos específicos que se alegan. Por lo anterior, el actor debe mostrar que la
decisión judicial es “definitivamente incompatible con el alcance y límite de los
derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte”4.
2
Cfr. SU-128 de 2021, T-495 de 2024, SU -917 de 2010, SU-050 de 2017, SU-573 de 2017, SU-050
de 2018, y SU-167 de 2024.
3
Cfr. SU-209 de 2021.
4
T-495 de 2024.
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
28. Además de una carga argumentativa especialmente exigente que, evidencie
una contradicción objetiva entre preceptos constitucionales y la decisión judicial, el
tutelante debe satisfacer los requisitos de 1) legitimación por activa y por pasiva, 2)
relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal
decisiva, 6) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7)
que no se ataquen sentencias de tutela de constitucionalidad o de nulidad por
inconstitucionalidad5.
29. Respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte6 ha indicado que
existen peticiones de amparo que por su contenido, justificación y pretensiones
carecen de relevancia. Esto se predica de aquellas peticiones de amparo que, en
lugar de cuestionar la validez de la decisión judicial, utilizan el medio constitucional
para plantear diferencias respecto a un específico contenido de un fallo o
interpretaciones alternativas al material probatorio, pero en realidad no muestran
que la decisión adolezca de un requisito esencial para su validez. Se afirma que en
esos eventos acude a la acción de tutela como una tercera instancia.
30. Se indica que: “Este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos
de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial” y que la tutela se use para mostrar razones de “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”. La SU-128 de 2021 precisó que, no
es suficiente con que la parte actora alegue la violación del derecho fundamental al
debido proceso para entender acreditado el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional. A título de ejemplo se ha indicado que, un asunto carece
de relevancia constitucional cuando: “la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o
aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente
violaciones de derechos fundamentales”.
31. Las providencias de unificación citadas, han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
32. Respecto al requisito de inmediatez, de conformidad con el artículo 86 de la
Constitución, este mecanismo puede promoverse en cualquier tiempo. En la
Sentencia SU-108 de 2018, la Corte Constitucional precisó que su ejercicio debe
darse dentro de un plazo razonable contado a partir del hecho que origina la
presunta vulneración del derecho fundamental. Cuando la tutela se dirige contra
providencias judiciales, dicho término se contabiliza desde la notificación de la
decisión, por ser ese el momento en que se entiende conocida por las partes. Así,
la inmediatez no responde a un lapso fijo y uniforme. En su lugar, este requisito
5
Conceptos ampliamente explicados por la Corte Constitucional en sentencias C-590 de 2005 entre
otras.
6
SU-033 de 2018, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
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Accionante: Catalina Rincón Ramírez
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
constituye un juicio de razonabilidad que debe atender las particularidades de cada
asunto.
33. La Sentencia SU-210 de 2017 señaló que la inmediatez no puede reducirse a
un umbral temporal perentorio, pues su examen exige valorar las circunstancias
concretas de cada asunto, a fin de establecer si el lapso transcurrido resulta
compatible con la finalidad urgente de la tutela y con la preservación de la seguridad
jurídica y la cosa juzgada. En este contexto, la propia Corte ha sostenido que el
referente de seis (6) meses puede servir, a lo sumo, como pauta orientadora, pero
no como término taxativo, ya que en algunos eventos ese plazo puede resultar
excesivo y, en otros, incluso un término de dos años puede reputarse razonable,
según las particularidades del caso.
34. La Corte Constitucional desarrolló esta comprensión con especial claridad en la
Sentencia T-246 de 2015, en la que insistió en que la inmediatez se rige por un
plazo razonable y prudente, cuya verificación corresponde al juez constitucional a
partir de las condiciones fácticas y jurídicas de cada caso, y no por la simple
constatación de que hayan transcurrido más de seis (6) meses.
35. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formal.
Análisis del caso concreto
36. En el caso concreto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró improcedente el amparo, pero por razones diferentes. Se aclara que, puesto
que se está cuestionando una sentencia proferida por una alta corte,
concretamente, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
motivo por el cual, conforme la jurisprudencia constitucional, el examen de
procedencia formal debe ser más exigente que en otros casos de tutela contra
providencia, y debe verificarse una arbitrariedad ostensible en la providencia
cuestionada.
37. En el caso concreto, si bien la tutelante, en el escrito de amparo y en el recurso
de impugnación sostiene que enfrentó obstáculos para acudir a la administración de
justicia dentro del plazo razonable, debido a que enfrentó enfermedades, cirugías
de ella y de los miembros de su familia. Por ese motivo, en criterio de la tutelante
haber presentado la tutela el 19 de mayo de 2026, es decir, pasados 9 meses y 21
días, esto pues la sentencia atacada fue proferida el 17 de julio de 2025 y notificada
el 28 de julio de 2025, razón por la cual, se entiende notificada el 30 de julio de
2025.
38. En el escrito de impugnación la actora ofrece razones relevantes respecto de la
situación de salud que enfrentó, y aboga por una ponderación y balanceo al
momento de examinar el requisito de inmediatez. Sin embargo, no tuvo en cuenta
que se trata de una acción de tutela contra providencia judicial proferida por una alta
corte, y conforme la jurisprudencia constitucional citada en la parte considerativa de
esta providencia, este examen es especialmente exigente. En esa medida, desde
una perspectiva de ponderación y sin entender el requisito de inmediatez como un
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término de caducidad, en el caso concreto, se estima que no se cumple, pues: (i) se
insiste se trata de una acción de tutela contra una providencia proferida por una alta
corte, caso en el cual, la jurisprudencia constitucional exige un examen más
riguroso; (ii) los hechos que alega la tutelante como justificables relacionados con
una cirugía oftalmológica, si bien son delicados, en el caso concreto, no explican la
inacción durante 9 meses, especialmente, atendiendo a que se trata de un ataque
constitucional a una sentencia de alta corte. (iii) En la jurisprudencia constitucional
se ha reconocido que se satisface el requisito de inmediatez, pasados más de seis
meses, en casos de especial dificultad. En el caso concreto, esta Subsección no
desconoce que el asunto objeto de la tutela implica dificultad jurídica, pero no una
excepcional dificultad, que justifique haber acudido al amparo pasados 9 meses y
21 días.
39. A juicio de esta Sala, por tratarse de una tutela contra una providencia judicial
de alta corte, el examen de los requisitos debe ser exigente, y desde una perspectiva
de ponderación del requisito de inmediatez, no existen razones que justifiquen que
la acción de tutela se haya presentado 9 meses y 21 días después de la notificación
de la providencia atacada. Se insiste en lo que concluyó el juez de primera instancia,
la situación que vivió la tutelante de dificultades de salud de ella y su núcleo familiar
se reconocen y se examinan por esta autoridad judicial, pero ella no tiene el alcance
de persuadir que la acción de tutela se ejerció dentro de un plazo razonable. Esto
pues se insiste, se trata de una tutela contra una providencia proferida por un órgano
de cierre.
40. Adicionalmente, concurre un segundo argumento para confirmar la decisión de
improcedencia. El escrito de amparo menciona que la decisión atacada incurre en
los defectos de desconocimiento de precedente, defecto sustantivo, y violación al
derecho a la igualdad, no obstante, respecto de estos defectos, los enunció, pero
no desarrolló con la carga argumentativa que exige una acción de tutela contra una
providencia judicial de alta corte.
41. En efecto, la explicación de los supuestos defectos es escueta e imprecisa, al
punto que no muestra que la decisión cuestionada sea errada, equivocada, o
adolezca de un yerro que afecte su validez. Se trata, por el contrario, de
afirmaciones que muestran el descontento o discrepancia de criterio de la tutelante
con una decisión judicial que le fue adversa, y en esa medida, en relación con los
defectos específicos de procedencia, solo los enuncia, pero no explica las razones
por las cuales, en efecto, la decisión que puso fin al proceso de reparación directa
por error judicial incurrió en defecto de desconocimiento de precedente. No indicó
qué providencias judiciales fueron, supuestamente, desconocidas, no explica qué,
reglas jurisprudenciales reiteradas, pacíficas, unificadas, fueron ignoradas por la
providencia cuestionada. En el mismo sentido, respecto a la violación al derecho a
la igualdad no señala en qué consistió la discriminación en la que incurrió el fallo de
17 de julio de 2025, en que se resolvió, la demanda de reparación directa. En el
mismo sentido, el supuesto defecto sustantivo fue enunciado sucintamente, sin
desarrollar la argumentación constitucional exigida para atacar una providencia
proferida por el Consejo de Estado.
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Accionante: Catalina Rincón Ramírez
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
42. En consecuencia, la decisión carece de relevancia constitucional pues, el escrito
no contiene la carga argumentativa suficiente para mostrar una protuberante
arbitrariedad de la decisión atacada, requisito transversal al momento de examinar
la procedencia de la acción de tutela contra providencias proferidas por altas cortes.
El memorial de amparo, por el contrario, presenta discrepancias de criterio con la
decisión que fue adversa y busca utilizar el medio constitucional como una tercera
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de julio de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado por las razones expuestas en la parte motiva
de la providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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