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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03777-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03777-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por falta de legitimación en la causa por pasiva. Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora Luz Eugenia Hernández Marín, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 8 M.P.: Natalia Ángel Cabo. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-03777-00 Accionante: Luz Eugenia Hernández Marín Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03777-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03777-00
Accionante: LUZ EUGENIA HERNÁNDEZ MARÍN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se discutió lo relativo a la
prima especial que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Declaratoria de prescripción. Defectos sustantivo, fáctico y por
violación directa de la Constitución. Requisito de la relevancia
constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Luz Eugenia Hernández Marín, quien actúa mediante
apoderado judicial, contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de mayo de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a igualdad, así como los principios a la seguridad jurídica y la prevalencia
del derecho sustancial, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, al debido proceso, al derecho de igualdad, a la seguridad jurídica y a la
prevalencia del derecho sustancial, por defecto sustantivo, violación directa de la
Constitución Política, al desmejorar derechos adquiridos que no pueden ser
desconocidos y por defecto fáctico de la sentencia objeto de tutela.

Se amparen los derechos fundamentales a la justicia y al debido proceso de LUZ
EUGENIA HERNÁNDEZ MARIN, bajo el radicado 05001233300020140203502, y
vulnerados en lo que en adelante llamaremos la Sentencia, esto es la notificada en
noviembre de 2025 por el Consejo de Estado Sección Segunda – Subsección A y dictada
el 16 de octubre de 2025 por los magistrados JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ, LUIS
EDUARDO MESA NIEVES y JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03777-00
Accionante: Luz Eugenia Hernández Marín

SEGUNDO: Dejar sin efectos los ordinales segundo y tercero de la sentencia de fecha
16 de octubre de 2025, objeto de tutela, solo en cuanto señaló límites en el tiempo al
pago de la prima y la reliquidación de prestaciones económicas a favor de la accionante
y se ordene su modificación para que estos derechos sean reconocidos mientras LUZ
EUGENIA HERNÁNDEZ MARIN estuvo vinculada a la Rama Judicial como ex Juez de
Familia del Circuito de Medellín, hasta el 3 de octubre de 2016”.

2. Hechos

La accionante relató que en calidad de ex juez de la república solicitó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia - Medellín el pago de
la prima especial equivalente al 30% del salario básico, prevista en la Ley 4 de
1992, así como la reliquidación de todas sus prestaciones, sin embargo, dicha
entidad mediante Resolución núm. DESAJMR 13-6345 de 10 de octubre de 2013
la negó. Esa decisión fue objeto de recurso de apelación, el cual no fue resuelto,
razón por la cual se configuró el silencio administrativo negativo.

Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda contra la Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se
anularan la Resolución núm. DESAJMR 13-6345 de 10 de octubre de 2013 y el acto
ficto o presunto negativo que se configuró por no resolver el recurso de apelación
interpuesto contra la anterior resolución, y como restablecimiento del derecho
solicitó que se ordenara reliquidar y pagar sus prestaciones sociales, prima de
navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y
pensión, bonificación por servicios prestados y demás prestaciones, emolumentos
y derechos laborales, que puedan verse incididos y que en el futuro se establezcan
y causen, teniendo como base para la liquidación el 100% de su remuneración
básica mensual legal, incluyendo en la base de liquidación, con carácter salarial el
30% de esa asignación básica mensual, porcentaje este que se ha excluido de la
liquidación, porque tal porcentaje del sueldo básico se ha computado como prima
especial sin carácter salarial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, en sentencia
de 6 de mayo de 2021 inaplicó por inconstitucional los artículos 6 del Decreto 658
de 2008, 8 de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011; 874 de 2012,
el 1024 de 2013 y 194 de 2014. Igualmente, anuló la Resolución núm.
DESAJMR13-6345 de 10 de octubre de 2013, y a título de restablecimiento del
derecho condenó a la parte demandada al reconocimiento y pago del saldo restante
del salario y prestaciones sociales favor de la señora Luz Eugenia Hernández
Marín, en un 30% del porcentaje restante de las prestaciones sociales (prima de
servicio, prima de vacaciones, prima de navidad, auxilio de cesantías e intereses a
las cesantías) y que la prima especial debe entenderse como factor salarial desde
el año 1993 hasta 2014.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión la parte demandada interpuso
recurso de apelación. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en fallo de 16 de octubre de 2025 la modificó, en el sentido de que se debía
estar a lo resuelto en las sentencias de 29 de abril de 2014 y el 9 de abril de 2024
proferidas por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Asimismo, declaró probada parcialmente la prescripción de las sumas causadas
con anterioridad al 8 de julio de 2010, con excepción de la obligación de la
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Accionante: Luz Eugenia Hernández Marín

demandada de pagar las diferencias por concepto de cesantías y de efectuar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones.
Igualmente, condenó a la demandada a i) reliquidar y pagar las diferencias
existentes entre lo percibido y lo que debió percibir, por concepto de ingresos
mensuales sobre la base del 100% del salario básico más el 30% de la prima
especial de servicios; ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales a la
accionante, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni
sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial, iii) lo anterior será reconocido a partir del 8 de julio de 2010 y hasta el 19
de noviembre de 2013 y, finalmente, iv) pagar las diferencias por concepto de
cesantías y a efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad
Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el
100% de su remuneración, conforme a la proporción que le corresponda al
empleado y al empleador de acuerdo con los porcentajes de ley, respecto de las
diferencias no cotizadas desde el 1 de enero de 1993 y hasta el 19 de noviembre
de 2013.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia, pues i) el asunto goza de relevancia constitucional, en
tanto se debate la vulneración de sus derechos fundamentales vulnerados por la
supuesta configuración de los defectos sustantivo y fáctico, ii) agotó todos los
mecanismos ordinarios y los extraordinarios no resultan procedentes y iii) la acción
de tutela se presentó en un término razonable.

De otro lado, afirmó que “es reconocido como derecho laboral legal y
constitucionalmente reconocido que no se puede desmejorar el salario de los
servidores públicos; se debe garantizar el principio de progresividad y no regresión
y en el caso concreto la decisión del Consejo de Estado en cuanto limitó el
reconocimiento del derecho hasta el día 19 de noviembre de 2013, desconociendo
abiertamente los principios vertidos en los artículos 25 - 53 - 55 de la Carta Política
que amparan las garantías mínimas laborales, la imposibilidad de desmejorar al
trabajador y la especial protección al derecho al trabajo”

Por último, aseguró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución, toda vez que
al limitar temporalmente el reconocimiento de las prestaciones periódicas de la parte
actora vulnera los “artículos 25, 53, 55 y 93 o bloque de constitucionalidad, por la
especial protección del trabajo desconociendo los principios de progresividad y no
regresión”.

4. Trámite procesal

Por auto de 20 de mayo de 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda y
se ordenó la notificación a la accionante y a la autoridad judicial accionada. De igual
modo, se vinculó al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, y a la
Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, como terceros con interés. Igualmente, se notificó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 94397 a 94403 de
22 de mayo de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

La abogada adscrita a la Unidad de Asistencia Legal de la entidad solicitó que se
desvincule por carecer de legitimación en la causa por pasiva y que, a su vez, se
negaran las pretensiones de la solicitud de amparo, en tanto no se demostró la
vulneración de los derechos fundamentales alegados.

Resaltó que las funciones de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
contenidas en la Ley 270 de 1996, no figura aquella atinente a dejar sin efectos
decisiones proferidas en el trámite de procesos judiciales. Además, que no participó
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que fue la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Medellín.

5.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Antioquia - Medellín

La apoderada de la entidad pidió que se negaran las pretensiones de la acción de
tutela, porque la prescripción que se declaró en la sentencia objetada se ajusta al
ordenamiento jurídico y a las pruebas.

Señaló que la autoridad judicial accionada aplicó la sentencia de unificación de 2
de septiembre de 2019, en la que el Consejo de Estado, Sección Segunda
estableció la regla jurisprudencial relacionada con la prima especial y la manera en
cómo se contabilizaba la prescripción en esos casos, consistente en que “se tendrá
en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa
y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969”.

Resaltó que no es posible cuestionar a través de la acción de tutela la legalidad del
proveído censurado, pues no se cumple con la ruptura abierta y grosera del
ordenamiento jurídico, toda vez que la fundamentación de la providencia no es
producto del mero capricho, el cual no se manifiesta simple y llanamente porque el
interesado no lo comparta.

5.3. Respuesta de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de
Antioquia

En escrito de 26 de mayo de 2026, la secretaria informó que a los conjueces se le
enviaron dos requerimientos para que se pronunciaran frente a la acción de tutela,
pero estos no contestaron.

Luego, en memorial de 27 de mayo de 2026, relató cada una de las actuaciones
que se realizaron en el proceso ordinario, para luego manifestar que no tiene
injerencia alguna respecto de las decisiones adoptadas tanto por la Sala de
Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia ni del ad quem.

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Accionante: Luz Eugenia Hernández Marín

5.3. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a pesar
de que se le notificó en debida forma el auto admisorio, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se desvinculara de la
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la
acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada”1. En ese orden de ideas, se negará la solicitud de desvinculación,
porque ostenta interés directo en el asunto, pues integró la parte demandada del
proceso ordinario.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a igualdad, así como los principios a la seguridad
jurídica y la prevalencia del derecho sustancial de la accionante al declarar la
prescripción de las sumas causadas con anterioridad al 8 de julio de 2010 dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra la Rama
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

4. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.

1
Sentencia T-005 de 2022.
2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

5. Estudio y solución del caso concreto

La parte actora sostiene que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a igualdad, así como los principios a la seguridad
jurídica y la prevalencia del derecho sustancial, al supuestamente incurrir en los
defectos fáctico, sustantivo y por violación directa de la Constitución, al
imponer un límite temporal a reconocimiento y pago del reajuste del 30% adicional
de la prima especial adicional al 100% del sueldo que ostentó como juez de la
República.

Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, especialmente el de
la relevancia constitucional, así:

La señora Luz Eugenia Hernández Marín presentó demanda contra la Rama
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, con el fin de que se anularan la Resolución núm. DESAJMR 13-6345 de
10 de octubre de 2013 y el acto ficto o presunto negativo que se configuró por no
resolver el recurso de apelación interpuesto contra la anterior resolución.
Igualmente, solicito que se ordenara reliquidar y pagar sus prestaciones sociales,
salariales y laborales, prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías,
seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados y demás
prestaciones, emolumentos y derechos laborales, que puedan verse incididos y que
en el futuro se establezcan y causen, teniendo como base para la liquidación el
100% de su remuneración básica mensual legal, con inclusión en la base de
liquidación, con carácter salarial el 30% de esa asignación básica mensual.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, en sentencia de 6 de
mayo de 2021, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionalidad el contenido del Artículo 6° del Decreto
No 658 de 2008, Artículo 8° de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011;
874 de 2012, el 1024 de 2013, 194 de 2014 SEGUNDO. DECLARAR la anulación de la
Resolución No. DESAJMR13-6345 del 10 de octubre de 2013 expedida por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la NACIÓN- CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, al reconocimiento y pago del saldo restante del salario y prestaciones sociales
favor de la señora LUZ EUGENIA HERNÁNDEZ MARÍN, en un 30% el porcentaje restante
de las prestaciones sociales (prima de servicio, prima de vacaciones, prima de navidad,
auxilio de cesantías e intereses a la cesantías) ; sobre la prima especial que debe
entenderse como factor salarial, desde el año 1993 hasta 2014, siempre y cuando NO
HAYAN SIDO PAGADAS.

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Accionante: Luz Eugenia Hernández Marín

CUARTO: ORDENAR a la NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a pagar a la señora LUZ
EUGENIA HERNÁNDEZ MARÍN, las sumas de dinero debidamente indexadas.

QUINTO: NO PROCEDE la excepción de prescripción trienal presentada por la
demandada.

SEXTO: DENEGAR las demás súplicas de la demanda.

SÉPTIMO: Conforme lo dispuesto en el artículo 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las cantidades líquidas reconocidas en
esta sentencia devengarán los intereses que trata la citada norma.

OCTAVO: No se condena en costas en esta instancia”.

En lo referente a la prescripción, el Tribunal aseguró que en atención a la sentencia
de unificación de 2 de septiembre de 2019 de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, la prescripción trienal se contabilizara desde la presentación de la
reclamación administrativa y tres años atrás, nunca un tiempo mayor. Sin embargo,
decidió no acoger la mencionada decisión, toda vez que, al momento de la
radicación de la demanda y se agotó la etapa de los alegatos, dicha regla de
unificación no se encontraba vigente, por lo que tanto la parte demandante como
demandada, no podían incluirlos en sus argumentos.

Igualmente, resaltó que “en la fecha en que se declaró la nulidad de los citados
Decretos reglamentarios de la Ley 4ª de 1992, los actos administrativos de carácter
particular expedidos con base en dichas normas, ya habían sido controvertidos en
sede administrativa y estaban demandados ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, es decir, que estamos frente a una situación jurídica no consolidada
que se afecta con la sentencia de nulidad proferida el 29 de abril de 2014 tantas
veces citada. No es dable sancionar a la demandante con una prescripción trienal
de su derecho por no haberlo ejercido dentro de los plazos legales, cuando el
término de prescripción se cuenta a partir del día siguiente a que el derecho se hace
exigible, y para el caso específico se reputa sólo a partir del 18 de mayo de 2014,
teniendo en cuenta que la fecha de ejecutoria de la sentencia referida es el 16 de
mayo de 2014, debido a que es a partir de ella, que hay claridad de que se presenta
una indebida interpretación de la Ley 4ª de 1992, por parte del Gobierno Nacional
al expedir los decretos reglamentarios anuales y de la Dirección Seccional de la
Administración Judicial al aplicarlos al momento de liquidar los salarios,
prestaciones sociales y primas de los funcionarios de la Rama Judicial”.

La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en
la que, entre otros argumentos, planteó la configuración de la prescripción trienal,
para lo cual insistió en que “una vez causado un derecho, se cuenta con un lapso
de tres años para reclamarlo inicialmente ante la Administración y posteriormente
en sede judicial; el solo hecho de reclamar ante la Administración, interrumpe el
lapso de tiempo por otro periodo igual, lo que significa que inicia nuevamente a
contarse los tres años”.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en fallo de 16 de
octubre de 2025, resolvió lo siguiente:

“Primero: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del 6 de mayo de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, para en su lugar,
ESTARSE a lo resuelto en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03777-00
Accionante: Luz Eugenia Hernández Marín

Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014 y el 9 de abril de 2024, bajo los
radicados: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07) y 11001 03 25 000 2019 00609
00 (4735-2019), respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo: REVOCAR el numeral quinto de la sentencia del 6 de mayo de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, en el sentido de declarar
probada parcialmente la prescripción, así:

«DECLARAR probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de las sumas causadas con
anterioridad al 8 de julio de 2010, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969 en armonía con la jurisprudencia desarrollada sobre el asunto, con excepción
de la obligación de la demandada de pagar las diferencias por concepto de cesantías y
de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia
de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración,
desde el 1 de enero de 1993 y hasta el 19 de noviembre de 2013.

Tercero: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del 6 de mayo de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, para en su lugar,
disponer:

«CONDENAR a la entidad demandada a: i) reliquidar y pagar las diferencias existentes
entre lo percibido y lo que debió percibir, por concepto de ingresos mensuales sobre la
base del 100% del salario básico más el 30% de la prima especial de servicios; ii)
reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales a la accionante, liquidadas sobre
la base de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial; y iii) lo anterior será reconocido a partir
del 8 de julio de 2010 y hasta el 19 de noviembre de 2013.

Igualmente, a pagar las diferencias por concepto de cesantías y a efectuar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones,
utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, conforme a la
proporción que le corresponda al empleado y al empleador de acuerdo con los
porcentajes de ley, respecto de las diferencias no cotizadas desde el 1 de enero de 1993
y hasta el 19 de noviembre de 2013. Aportes que deberán ser dirigidos al fondo
correspondiente según el caso.

Lo anterior condicionado a que la entidad demandada verifique que efectuada la
liquidación de las prestaciones de la parte demandante como se ordena en esta
sentencia, no exceda los topes de ley»

Cuarto: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del 6 de mayo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces.

Quinto: Sin condena en costas en esta instancia”.

Al respecto, la autoridad judicial accionada consideró que se demostró que la
demandante laboró para la Rama Judicial, como juez de la República durante los
periodos comprendidos entre el 1 de enero de 1993 y el 30 de noviembre de 2008
y entre el 1 de enero de 2010 y el 19 de noviembre de 2013 y como magistrado del
Tribunal Superior de Medellín, Sala Familia, del 1 de diciembre de 2008 hasta el 31
de diciembre de 2009.

Adicionalmente, advirtió que su remuneración mensual y prestaciones sociales
fueron percibidas en montos inferiores a los que tenía derecho, porque la entidad
demandada ha restado la prima especial de servicios del 100% del salario, en
aplicación de una interpretación errónea de los decretos expedidos por el Gobierno
Nacional, a través de los cuales se desarrolló el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

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Accionante: Luz Eugenia Hernández Marín

Indicó que no solo la prima especial de servicios no se ha reconocido, ni pagado
como adición o incremento al salario de los servidores públicos beneficiarios de la
misma, sino que, al considerarla una parte de él, también ha significado una
reducción de dicho salario y de las prestaciones sociales a que tiene derecho,
desatendiendo la finalidad del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en tanto se
desconocen los derechos laborales de los servidores judiciales al disminuirse su
asignación básica mensual en un 30 %.

De otro lado, en lo referente a la prescripción trienal precisó que la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que el hecho constitutivo del derecho
a la prima especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del
decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4 de 1992, es decir, el 7 de enero
de 1993 como fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993.

Por consiguiente, desde el 7 de enero de 1993 el interesado podía haber
interrumpido la prescripción trienal. Es decir, que no fue con la ejecutoria de la
sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción,
dada su naturaleza declarativa.

En ese orden de ideas, explicó que la actora tiene derecho a que se le pague la
diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el 8 de julio
de 2010, o sea tres años atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de sus
prestaciones sociales y salariales, debido a la prescripción trienal. Y desde ese día
hasta el 19 de noviembre de 2013, porque la petición fue radicada ante la
administración el 8 de julio de 2013.

Finalmente, aclaró que la prescripción trienal no operaría frente a las obligaciones
de realizar cotizaciones o aportes al sistema general de seguridad social en
pensiones, por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible.
Igualmente, respecto a las diferencias de las cesantías, tal como se indicó en la
sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, según la cual este derecho no
prescribe mientras la relación laboral esté vigente, como en el caso de la
demandante.

Descendiendo al asunto bajo examen, se observa que la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues no cumple con la carga
mínima argumentativa y explicativa.

En efecto, al estudiar los argumentos planteados por la accionante se observa que
invoca los defectos fáctico, sustantivo y por violación directa de la Constitución, sin
embargo, los fundamentos que los desarrolla se limitaron al hecho de que la
limitación que se hizo en el tiempo por parte de la autoridad judicial accionada
vulnera sus derechos fundamentales.

Por consiguiente, la Sala observa que lo expuesto en el escrito de tutela no resulta
suficiente para superar la relevancia constitucional, toda vez que la parte actora no
indicó la norma que fue desconocida o indebidamente aplicada por la autoridad
judicial accionada o, en su defecto, las pruebas que se dejaron de valorar o que se
analizaron de manera errada y que esto fuera determinante en la decisión.

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Al respecto, se debe resaltar que aun cuando la acción de tutela tiene como finalidad
la protección de derechos fundamentales, cuando se cuestiona una providencia
judicial se ponen en tensión los principios constitucionales de seguridad jurídica,
cosa juzgada y especialidad del juez natural con los derechos fundamentales
invocados, escenario en el que prima facie se deben privilegiar los primeros. De allí
que a la parte actora le corresponde exponer de manera un poco más cualificada
una carga argumentativa y explicativa mínima que trascienda al escenario
constitucional, y que permita efectuar el estudio de fondo a una decisión judicial;
solo de esta manera y que la discusión esté encaminada a determinar el contenido,
alcance y goce de un derecho fundamental, es posible superar el presupuesto de la
relevancia constitucional.

En relación con el alcance de este presupuesto de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha indicado que la
solicitud debe contener una carga argumentativa y explicativas mínimas, lo que es
razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales con los
principios y valores en juego, cuando se controvierte una decisión judicial, porque
“a pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces”6.

Así las cosas, la Sala reitera que no basta con aducir la afectación de garantías
iusfundamentales o mencionar defectos para cumplir este requisito de procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, sino que es imperativo que el interesado
exponga de manera clara las razones por las cuales las considera, lo que no ocurre
en el caso concreto.

Asimismo, se observa que la providencia objetada fue dictada por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo que la verificación del requisito
de la relevancia constitucional adquiere mayor importancia y se torna más estricto
en este caso, teniendo en cuenta que se trata de una providencia emitida por una
Alta Corte

En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
riguroso cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 20107, expresó lo siguiente:

“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el
control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos
supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente
del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.

6
T-461 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada, SU-050
de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Lo anterior, fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 20228,
en la que se afirmó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad,
razón por la cual “se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una
actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca que este requisito
no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos
fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir
tal situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una tutela contra una
sentencia de una alta corte”.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a igualdad, así como
los principios a la seguridad jurídica y la prevalencia del derecho sustancial, en este
caso por no cumplir con la carga argumentativa y explicativa mínima relacionada
con los defectos fáctico, sustantivo y por violación directa de la Constitución que
invoca en la solicitud de amparo.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, habida
cuenta de que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Luz Eugenia Hernández Marín, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las
razones aquí expuestas.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

8
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
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Accionante: Luz Eugenia Hernández Marín

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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