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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03785-00

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03785-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Ismael Quintero León, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 9 Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2026 -0 3785 -00 Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03785-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03785-00
Accionante: Ismael Quintero León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

Tema: Derecho al debido proceso, acceso a la administración de justicia
e igualdad. Cosa Juzgada. DECLARA IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Ismael Quintero León,
mediante apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Santander, el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP).

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad
social, al mínimo vital, y a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas,
que considera vulnerados con las providencias del 29 de septiembre de 2025 y del
19 de marzo de 2026, proferidas por las autoridades judiciales accionadas dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-33-
001-2024-00121-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

1

Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2026 -0 3785 -00

Que, interpuso demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la UGPP con el fin de que se declarara
la nulidad de la resolución RDP 029004 del 7 de diciembre de 2023, que negó el
reconocimiento de la pensión gracia; y de las resoluciones No. 001414 del 24 de
enero de 2024 y RDP 003562 del 21 de febrero de 2024, que resolvieron los
recursos de reposición y apelación confirmando esa decisión.

Que el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga,
mediante sentencia del 29 de septiembre de 2025, declaró probada la excepción de
cosa juzgada, por existir un litigio anterior con radicado 68001-23-33-000-2014-
00117-00 que ya había sido resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante sentencia del 2 de diciembre de 2015 confirmada por esta Corporación en
providencia del 22 de octubre de 2018; respecto del cual consideraron que existía
identidad de partes, objeto y causa petendi.

Que, por lo anterior interpuso recurso de apelación el cual fue decidido por el
Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 19 de marzo de 2026,
confirmando la decisión de primera instancia al evidenciar que se configuró la triple
identidad exigida por la jurisprudencia para declarar la cosa juzgada.

Considera el accionante que las providencias accionadas incurrieron en los
siguientes errores:

1. Omitieron valorar adecuadamente la conciliación prejudicial aprobada
judicialmente en 2011, «documento que constituye un elemento probatorio
determinante para establecer que el accionante mantuvo siempre una vinculación
territorial y nacionalizada» y no fue analizado de manera integral en el proceso
anterior.

2. Desconocieron la Sentencia de Unificación SUJ-SII-11-2018 del Consejo de
Estado, «la cual redefinió los criterios para el reconocimiento de la pensión gracia
respecto de docentes nacionalizados y territoriales».

3. Las providencias cuestionadas incurrieron en una aplicación rígida y formalista
de la cosa juzgada, desconociendo el principio de justicia material, la protección
reforzada de los derechos pensionales y la «naturaleza dinámica» y periódica del
derecho pensional.

4. Uso indebido de la cosa juzgada frente a nuevas mesadas y la generación de un
perjuicio grave al negar la pensión a un adulto mayor.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados; se dejen sin efectos las
providencias del 29 de septiembre de 2025 y del 19 de marzo de 2026, proferidas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado

2

Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2026 -0 3785 -00

68001-33-33-001-2024-00121-00; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad
judicial accionada que emita una nueva decisión, donde se valoren los argumentos
expuestos en esta acción.

TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 21 de mayo de 2026 se admitió la demanda; se resolvió la
solicitud de medida provisional y

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga refiere
que actuó de forma diligente y respetando todas las normas del debido proceso,
cumplió con todas las etapas y brindó todas las garantías procesales. Señala que
no vulneró los derechos fundamentales del accionante, pues valoró todas las
pruebas adecuadamente, aplicó la normatividad correspondiente y decidió
conforme a derecho.

Que, emitió sentencia de primera instancia el 29 de septiembre de 2025, declarando
probada la excepción de la cosa juzgada; por lo anterior, el accionante interpuso
recurso de apelación contra esa decisión, el cual fue decidido por el Tribunal
Administrativo de Santander, que en segunda instancia, el 19 de marzo de 2026,
confirmo la decisión de cosa juzgada.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) sostuvo que la acción de tutela es
improcedente, ya que no puede usarse para revocar decisiones judiciales ni como
una tercera instancia; afirmó que no existió vulneración de derechos fundamentales,
perjuicio irremediable ni desconocimiento del debido proceso; tampoco hubo vía de
hecho ni relevancia constitucional, pues el asunto es de carácter netamente
económico.

Se refirió a los requisitos de la pensión gracia, aludiendo a la normatividad que la
regula y solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, ya que las
decisiones judiciales se ajustaron a la ley, la jurisprudencia y las pruebas y no en
errores ni vulnerar derechos.

El Tribunal Administrativo de Santander expresó que el asunto sometido a
estudio carece de relevancia constitucional, en tanto la parte accionante pretende
instrumentalizar la acción de tutela como una instancia adicional para que el juez
constitucional reexamine los hechos, las pruebas y los fundamentos jurídicos ya
definidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

3

Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2026 -0 3785 -00

Que la providencia cuestionada no incurrió en defecto fáctico, porque la Sala sí
valoró la conciliación prejudicial aprobada por el Juzgado Trece Administrativo de
Bucaramanga el 22 de junio de 2011. En la sentencia se explicó que dicho
documento no constituía un hecho nuevo ni sobreviniente, sino un elemento
preexistente al proceso judicial anterior, el cual culminó con sentencia ejecutoriada
que negó el reconocimiento de la pensión gracia.

Que precisó que la conciliación fue celebrada en el año 2011, mientras que el
proceso anterior se promovió con posterioridad y fue decidido mediante sentencia
del Tribunal Administrativo de Santander del 2 de diciembre de 2015, confirmada
por el Consejo de Estado el 22 de octubre de 2018. Por tanto, si la parte actora
consideraba que esa conciliación tenía incidencia en la definición de su vínculo
docente, debía aportarla y debatirla dentro de ese proceso.

Que examinó el documento y le asignó un valor jurídico dentro del análisis de la
excepción propuesta e indicó que el estudio del tiempo de servicio y de la naturaleza
de la vinculación debía realizarse con fundamento en los actos administrativos
correspondientes, los cuales ya habían sido objeto de examen dentro del proceso
que hizo tránsito a cosa juzgada.

La cosa juzgada no se predica de la suficiencia o insuficiencia del material
probatorio que las partes decidieron aportar, sino de la decisión judicial firme que
resolvió de fondo la controversia. Admitir lo contrario permitiría que cualquier parte
reabriera litigios concluidos con base en documentos preexistentes que no fueron
incorporados oportunamente, con afectación directa de la seguridad jurídica y de la
estabilidad de las decisiones judiciales.

Tampoco se configuró defecto sustantivo, ni desconocimiento del precedente, pues
con base en el artículo 303 del Código General del Proceso se verificaron los
elementos de la cosa juzgada y se pronunció de manera expresa en relación con
el precedente invocado, indicando que la Sentencia CE-SUJ-SII-11 de 2018 del
Consejo de Estado no tenía la virtualidad de desconocer la cosa juzgada material y
que la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso anterior fue dictada
el 22 de octubre de 2018 posterior a la expedición de la sentencia de unificación
citada por el actor, de manera que no se trataba de un precedente posterior capaz
de alterar sobrevinientemente el marco jurídico aplicable.

Concluyó que no se configuraron los defectos alegados ni alguna causal
excepcional que habilite la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

4

Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2026 -0 3785 -00

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales 1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

5

Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2026 -0 3785 -00

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.

[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.

6

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irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

El accionante alega que, en las providencias del 29 de septiembre de 2025 y del 19
de marzo de 2026, vulneraron sus derechos fundamentales al declarar la excepción
de cosa juzgada.

Debe la Sala verificar los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra las sentencias cuestionadas y advierte que el presente asunto no se supera
la exigencia de relevancia constitucional, pues no se cumplen sus finalidades, esto
es, mantener la independencia y autonomía judicial, así como evitar que la tutela se
convierta en una instancia adicional y que la controversia verse sobre un asunto de
mera legalidad. Veamos:

El accionante alega que no se valoró adecuadamente la conciliación prejudicial
aprobada judicialmente en 2011; no se tuvo en cuenta la sentencia unificación SUJ-
SII-11 de 2018 del Consejo de Estado, que a su consideración permite revisar
nuevamente situaciones jurídicas previamente decididas cuando existe una
modificación relevante en la interpretación de las normas aplicables y otros
argumentos que aluden al carácter periódico de las mesadas pensiones. Son los
mismos argumentos que expuso en el recurso de apelación y que le fueron resueltos
por el tribunal al decidir la segunda instancia.

En relación con la alegada falta de valoración de una conciliación, el Tribunal
determinó que no se trataba de un elemento nuevo que debiera ser valorado en un
nuevo proceso, pues en el expediente no obra prueba de que, con ocasión de dicho
acuerdo, la entidad hubiera expedido un nuevo acto administrativo en el que se
evidenciara un cambio en la vinculación ni la calidad jurídica del actor como docente
nacionalizado; por lo que el análisis tendría que realizarse respecto de los actos
administrativos que formalmente estructuran la relación laboral, esto es, el Decreto
No. 2571 del 10 de septiembre de 1976 y la Resolución No. 6955 del 31 de agosto
de 1976, los cuales ya fueron objeto de estudio en la decisión judicial que hizo
tránsito a cosa juzgada.

6 Sentencia SU-072 de 2018.

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En relación con el desconocimiento de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11
de 2018, dijo el Tribunal que las decisiones de unificación jurisprudencial fijan
criterios interpretativos con efectos inmediatos hacia el futuro y respecto de
procesos en curso, pero no permiten reabrir controversias ya definidas mediante
sentencia ejecutoriada; además, que la sentencia de segunda instancia dentro del
proceso anterior fue proferida en vigencia del criterio unificado, lo que descarta que
el demandante hubiera quedado al margen de dicha interpretación.

Debe entonces recordarse que la tutela fue instituida para lograr la protección de
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por las autoridades o los
particulares en los casos previstos en la ley, mas no como una instancia adicional
en la que pueda reabrirse un debate netamente legal con el fin de imponer una
solución que resulta más favorable al peticionario y desconocer la autonomía e
independencia del juez de la causa.

En este caso, tanto el Tribunal como el Juzgado, realizaron el estudio del caso y
encontraron acreditada la identidad de partes -el mismo demandante y la Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales UGPP como entidad demandada-; que en ambas
demandas se perseguía el reconocimiento y pago de la pensión gracia. Aclaró que
el hecho de que los actos administrativos demandados no fueran los mismos no
desvirtuaba la configuración de la cosa juzgada, en tanto la controversia recaía
sobre el mismo derecho pensional.

Que ambas demandas se fundamentan en los mismos supuestos fácticos, esto es,
la alegada vinculación del demandante como docente nacionalizado y el
consecuente derecho a la pensión gracia, sin que se advierta la incorporación de
hechos nuevos o distintos que alteren la base fáctica del litigio.

El actor, en el escrito de tutela invoca también las sentencias T-440 de 2006, T-250
de 2021 y SU-397 de 2022 de la Corte Constitucional; al igual que las siguientes
sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: del 11 de febrero de 2021
rad. 25000-23-42-000-2013-00417-01; del 5 de octubre de 2017, rad. 25000-23-42-
000-2013-06646-02; y del 3 de agosto de 2016, radicado 11001-03-25-000-2014-
00403-00 (1287-14) y expresó que en dicha jurisprudencia establece que:

La cosa juzgada no opera cuando existen hechos sobrevenidos que modifican la
condición laboral del solicitante de la pensión; la fuerza de cosa juzgada no puede
impedir el análisis de derechos sustanciales frente a situaciones fácticas nuevas,
especialmente en materia pensional, donde es de carácter relativo, dado que las
prestaciones pensionales son derechos periódicos y continuos que se actualizan
mes a mes.

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La cosa juzgada solo produce efectos respecto de las mesadas que fueron objeto
de decisión judicial previa, mas no frente a las que se causen con posterioridad. Las
mesadas pensionales causadas después de la ejecutoria de una sentencia previa
constituyen situaciones jurídicas nuevas que no fueron objeto de análisis ni decisión
en el proceso anterior y se generan de manera periódica y autónoma, lo que impide
afirmar la existencia de identidad de objeto o de causa.

La cosa juzgada no opera frente a actos administrativos posteriores que alteren la
situación jurídica del pensionado.

No obstante, el señor Ismael Quintero León no explicó de qué manera lo establecido
en la jurisprudencia citada se aplicaba a su caso; teniendo en cuenta que no se trata
en este de una discusión sobre mesadas pensionales posteriores a una sentencia
ejecutoriada ni de la discusión de actos administrativos nuevos que cambiaran su
tipo de vinculación y le permitieran cumplir los requisitos para la pensión con
posterioridad al proceso respecto del cual, la autoridad judicial encontró configurada
la cosa juzgada.

En conclusión, no se superó la exigencia de la relevancia constitucional, y lo
pretendido por el actor mediante la presente acción de tutela fue reabrir un debate
ya resuelto por el juez del proceso ordinario, es decir, utilizar esta como una
instancia adicional, sin que le esté dado al juez constitucional invadir la órbita de
competencia de los jueces naturales del caso; de manera que resulta improcedente
la acción y así debe declararse.

En cuanto al argumento del perjuicio irremediable y de que se trata de un adulto
mayor, su mínimo vital y demás, debe insistir esta Sala en que, habiendo sido
resuelto el asunto por la autoridad judicial competente, no puede pretenderse la
invalidez de la sentencia solo porque es contraria a los intereses del actor; pues el
juez constitucional no puede erigirse en una instancia adicional, máxime cuando no
se demuestra una causal excepcional de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Ismael Quintero León, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

9

Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2026 -0 3785 -00

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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