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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03785-01

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03785-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Once (11) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026) proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. Para, en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y prevalencia del derecho sustancial invocados por el señor Ismael Quintero León, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación y remitir copia. 16 Radicado: 11001-03-15-000-2026-03785-01 Accionante: Ismael Quintero León Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03785-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Diecinueve (19) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-03785-011
Accionante : Ismael Quintero León
Accionados : Tribunal Administrativo de Santander y otros2
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, reconocimiento pensión
gracia, cosa juzgada
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
del Once (11) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A3, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. El señor Ismael Quintero León, quien actúa por intermedio de apoderado judicial,

interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
3
C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03785-01
Accionante: Ismael Quintero León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

a la igualdad y prevalencia del derecho sustancial, presuntamente vulnerados por
el Tribunal Administrativo de Santander, el Juzgado Primero Administrativo de
Bucaramanga y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)4.

3. Por consiguiente, solicitó:

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander dentro del proceso radicado 680013333001 2024-00121-00, así
como la sentencia de primera instancia proferida el 29 de septiembre de 2025 por el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander emitir una nueva decisión valorando
integralmente:

• La conciliación prejudicial aprobada judicialmente el 22 de junio de 2011.
• La Sentencia de Unificación SUJ-SII-11-2018.
• La jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa sobre relativización de la cosa
juzgada en materia pensional.

1.3 Hechos5

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la

parte accionante, se puede evidenciar que, el señor Ismael Quintero León fue
nombrado docente mediante Decreto 6 núm. 0719 del Dieciséis (16) de Abril de Mil
Novecientos Setenta y Tres (1973). Posteriormente, mediante Decreto núm. 2571
del Diez (10) de Septiembre de Mil Novecientos Setenta y Seis (1976), se aceptó
su renuncia con efectos a partir del 11 de agosto de esa anualidad y, a través de
la Resolución núm. 6695 del 31 del mismo mes y año, fue nombrado nuevamente
en propiedad, con efectos desde el 16 de agosto siguiente. Según el actor, esas
actuaciones no implicaron una interrupción en la prestación del servicio docente.

5. En el año 2011, el señor Quintero León y el departamento de Santander
adelantaron una conciliación prejudicial ante la Procuraduría Judicial 159 para
Asuntos Administrativos, aprobada por el Juzgado Trece Administrativo de
Bucaramanga mediante providencia del 22 de junio de esa anualidad. En dicho
trámite se dejó consignado que no existió solución de continuidad en la prestación
del servicio desde su vinculación en 1973 y que esta tuvo origen en el ente

4
En adelante, la UGPP.
5
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
6
Los anteriores decretos fueron expedidos por la Gobernación de Santander.

2

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Accionante: Ismael Quintero León
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territorial, circunstancia de la cual el accionante deriva su condición de docente
nacionalizado.

6. Posteriormente, el señor Ismael Quintero León, en ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la UGPP, con
el fin de obtener la nulidad de la Resolución RDP 29004 del Siete (7) de Diciembre
de Dos Mil Veintitrés (2023), mediante la cual se le negó el reconocimiento de la
pensión gracia, así como de las Resoluciones RDP 1414 del Veinticuatro (24) de
Enero y RDP 3562 del Veintiuno (21) de Febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024),
que resolvieron, respectivamente, los recursos de reposición y apelación
interpuestos contra la primera y confirmaron la decisión. A título de
restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento de dicha prestación con
inclusión de todos los factores salariales devengados que acreditó durante el año
inmediatamente anterior al de la causación del derecho.

7. De ese asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Primero (1.°)
Administrativo de Bucaramanga7 que mediante sentencia del Veintinueve (29) de
Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), declaró probada la excepción de cosa
juzgada al establecer que, el señor Quintero León ya había promovido una
demanda8 contra la UGPP con el propósito de obtener el reconocimiento de la
pensión gracia. Dicho caso fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander
en sentencia del Dos (2) de Diciembre de Dos Mil Quince (2015), que negó las
pretensiones, decisión confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B el Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018).

8. A partir de lo anterior, el Juzgado encontró acreditada la identidad de partes, objeto

y causa, pues, en ambos procesos intervinieron como demandante el señor Ismael
Quintero León y demandada la UGPP, se pretendió el reconocimiento y pago de la
pensión gracia y la reclamación se sustentó en la misma vinculación docente
iniciada en 1973 y en las normas que regulan esa prestación. De otro lado, frente a
la conciliación prejudicial aprobada en 2011, mediante la cual el departamento de
Santander reconoció que no existió solución de continuidad en la prestación del
servicio y que la vinculación del demandante tuvo origen territorial, consideró que,
no constituía un hecho nuevo que permitiera relativizar la cosa juzgada, dado que,

7
Proceso núm. 68001-33-33-001-2024-00121-00/01.
8
Proceso núm. 68001-23-33-000-2014-00117-00.

3

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Accionante: Ismael Quintero León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

era anterior al proceso decidido bajo el radicado núm. 68001-23-33-000-2014-
00117-00 y, por tanto, debió ser aportada y discutida en esa oportunidad.
Finalmente, señaló que, si el actor pretendía controvertir una sentencia ejecutoriada,
contaba con el recurso extraordinario de revisión, sin que resultara jurídicamente
admisible promover un nuevo proceso para reabrir una controversia ya definida.

9. Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación.

En providencia del Diecinueve (19) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Tribunal Administrativo de Santander confirmó lo resuelto por el a quo, al estimar
que, «[…] entre el proceso identificado con el radicado 68001-23-33-000-2014-00117-00 y la
presente demanda se configura la triple identidad exigida por la jurisprudencia» para declarar la

cosa juzgada.

10. En cuanto al alcance de la conciliación prejudicial aprobada en 2011, el Tribunal

consideró que no constituía un hecho sobreviniente, pues existía antes de
promoverse el proceso anterior y pudo ser alegada en esa oportunidad. Agregó que,
dicho acuerdo no modificó los actos administrativos que definieron la situación
laboral del actor, los cuales ya habían sido examinados en la sentencia que hizo
tránsito a cosa juzgada. Por último, descartó que la sentencia de unificación CE-
SUJ-SII-11 de 2018 permitiera reabrir el debate, dado que, los criterios de
unificación no dejan sin efectos decisiones ejecutoriadas y, además, la sentencia de
segunda instancia del proceso anterior fue proferida el Veintidós (22) de Octubre de
Dos Mil Dieciocho (2018), cuando ya se encontraba vigente ese precedente.

11. Sobre la precedente situación, la parte actora sostuvo que, las providencias objeto

de censura incurrieron en (i) defecto sustantivo «[…] al aplicar de manera rígida y
automática la excepción de cosa juzgada, desconociendo: [l]a naturaleza dinámica y periódica del
derecho pensional, [l]a jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa que relativiza la
cosa juzgada en asuntos pensionales [y] [e]l principio de prevalencia del derecho sustancial» ; (ii)

defecto fáctico al dejar de «[…] valorar adecuadamente la conciliación prejudicial aprobada
mediante providencia judicial del 22 de junio de 2011, en la cual se reconoció expresamente que:
[n]unca existió interrupción en la prestación del servicio docente, [e]l accionante mantuvo su
vinculación territorial [..]»; y (iii) desconocimiento del precedente por cuanto se omitió

la «[…] [s]entencia de [u]nificación SUJ-SII-11-2018 del Consejo de Estado, la cual estableció que
los docentes territorialmente vinculados antes del proceso de nacionalización conservan el derecho
a la pensión gracia, aun cuando posteriormente existan cambios administrativos en su

4

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denominación». Asimismo, manifestó que, se «desconoció la jurisprudencia constitucional9 que
ha señalado que la cosa juzgada no puede convertirse en un obstáculo absoluto para la justicia
material».

1.4 Contestación de la acción

12. 1.4.1 El Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Bucaramanga 10 manifestó

que actuó de manera diligente y con observancia de las etapas procesales propias
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese sentido,
sostuvo que, no vulneró los derechos fundamentales del actor, pues, la decisión
adoptada se sustentó en las normas aplicables al caso y en el material probatorio
allegado al proceso.

13. 1.4.2 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social11 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que, el actor pretende utilizar el
mecanismo como una instancia adicional para reabrir un debate ya definido por el
juez de la causa. Sostuvo que, no se acreditó la vulneración de los derechos
fundamentales invocados ni perjuicio irremediable y que las providencias
cuestionadas se ajustaron al ordenamiento jurídico.

14. 1.4.3 El Tribunal Administrativo de Santander12 expuso que la tutela carece de

relevancia constitucional, pues, el tutelante pretende reabrir, a través de este
trámite, una controversia ya definida por el juez ordinario. Sostuvo que, no se
configuró el defecto sustantivo, toda vez que, conforme al artículo 303 del CGP,
verificó la identidad de partes, objeto y causa entre los procesos ordinarios, en los
que intervinieron el señor Ismael Quintero León y la UGPP, se reclamó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia y la controversia se sustentó en los
mismos hechos relacionados con la vinculación docente del demandante.

15. Asimismo, precisó que, la conciliación prejudicial de 2011 sí fue valorada y se

concluyó que no constituía un hecho nuevo, dado que, existía antes del proceso
anterior y pudo ser alegada en esa oportunidad. Añadió que, tampoco se
desconoció la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11 de 2018, ya que, la decisión

9
Según el actor se desconocieron las sentencias T-440 de 2006, T-250 de 2021 y SU-397 de 2022.
10
Índice 11 de SAMAI del proceso de primera instancia.
11
Índice 12 de SAMAI del proceso de primera instancia.
12
Índice 13 de SAMAI del proceso de primera instancia.

5

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Accionante: Ismael Quintero León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

de segunda instancia del proceso previo fue proferida cuando dicho precedente ya
se encontraba vigente. En consecuencia, afirmó que no se configuraron los defectos
alegados y solicitó declarar improcedente el amparo.

1.5 Providencia impugnada13

16. Mediante sentencia del Once (11) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia, al considerar que, la controversia planteada por el
tutelante no superaba el requisito de relevancia constitucional, pues, los reparos
relacionados con la valoración de la conciliación prejudicial de 2011, la aplicación
de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11 de 2018 y el carácter periódico de la
prestación ya habían sido expuestos en el recurso de apelación y resueltos por el
Tribunal Administrativo de Santander. En ese sentido, estimó que el actor pretendía
reabrir, por vía constitucional, un debate de naturaleza legal definido por el juez
ordinario.

17. Finalmente, descartó la existencia de un perjuicio irremediable, al considerar que,

la condición de adulto mayor y la alegada afectación al mínimo vital del tutelante no
permitían dejar sin efectos una decisión judicial ejecutoriada, sin que se acreditara
una causal excepcional que habilitara la intervención del juez de tutela.

1.6 La impugnación14

18. Inconforme con esa determinación, el demandante la impugnó, para cuyo
propósito sostuvo que, el asunto sí tenía relevancia constitucional, en la medida en
que sus reparos no correspondían a una simple discrepancia con la interpretación
del juez ordinario, sino a la configuración de los defectos fáctico y sustantivo y al
desconocimiento del precedente. Asimismo, reiteró la configuración de un perjuicio
irremediable, dada su condición de adulto mayor y la afectación que, según afirmó,
la negativa de estudiar de fondo su derecho pensional ocasiona en su mínimo vital,
estabilidad económica y vida digna.

13
Índice 16 de SAMAI del proceso de primera instancia.
14
Índice 19 de SAMAI del proceso de primera instancia.

6

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Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

19. En virtud de los artículos 3215 del Decreto Ley 2591 de 199116 y 2517 del Acuerdo

80 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)18 expedido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.

2.2 La acción

20. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Cuestión previa

21. En el asunto sub examine el demandante pide dejar sin efectos los proveídos del

(i) Veintinueve (29) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante el cual, el
Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Bucaramanga, declaró probada la
excepción de cosa juzgada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado por el tutelante contra la UGPP; y (ii)
Diecinueve (19) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), en el que el Tribunal
Administrativo de Santander confirmó la decisión.

22. Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la sentencia

del Diecinueve (19) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), por ser la que, al desatar

15
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
16
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
17
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
18
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».

7

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el recurso de apelación interpuesto contra la del Veintinueve (29) de Septiembre de
Dos Mil Veinticinco (2025), resolvió de manera definitiva ese asunto contencioso
administrativo.

2.4 Problema jurídico

23. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar si

la providencia del Diecinueve (19) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026) mediante
la cual, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la decisión que declaró
probada la excepción de cosa juzgada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el accionante contra la UGPP, incurrió
en los defectos sustantivo y fáctico, así como en desconocimiento del precedente y,
por consiguiente, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, a la igualdad y prevalencia del derecho sustancial.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales

24. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 19 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado20, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

25. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)

19
Sentencia C-590 de 2005.
20
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.

8

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cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

26. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

2.6 Caso concreto

27. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en criterio del actor,
en una indebida valoración probatoria, y en una errónea aplicación normativa y del
precedente invocado, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,

9

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a la igualdad y prevalencia del derecho sustancial; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron
el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, por cuanto la providencia atacada quedó ejecutoriada el
Catorce (14) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)21 y la solicitud de amparo se
presentó el Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir, dentro
de los 6 meses; y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.

28. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo las causales específicas denominadas defectos sustantivo, fáctico
y desconocimiento del precedente invocadas por el accionante.

2.6.1 Defecto sustantivo

29. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

30. La jurisprudencia constitucional22 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 23.

21
La decisión cuestionada fue notificada 7 de abril de 2026.
22
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
23
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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2.6.2 Defecto fáctico

31. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »24.

32. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra25.

2.6.3 Desconocimiento del precedente

33. Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto
sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen
en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia26, y la segunda hace referencia a
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un
defecto sustantivo27 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe28.

24
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
25
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
26
Sentencia T-360 de 2014: “En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que
la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
27
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-
462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P.
Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
28
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Accionante: Ismael Quintero León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

2.7 Análisis del caso concreto

34. En el asunto sub examine, el demandante aduce que, la providencia cuestionada

incurrió en defecto sustantivo «[…] al aplicar de manera rígida y automática la excepción de
cosa juzgada, desconociendo: [l]a naturaleza dinámica y periódica del derecho pensional, [l]a
jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa que relativiza la cosa juzgada en asuntos
pensionales [y] [e]l principio de prevalencia del derecho sustancial».

35. Asimismo en defecto fáctico al dejar de «[…] valorar adecuadamente la conciliación

prejudicial aprobada mediante providencia judicial del 22 de junio de 2011, en la cual se reconoció
expresamente que: [n]unca existió interrupción en la prestación del servicio docente, [e]l accionante
mantuvo su vinculación territorial [..]».

36. Finalmente en desconocimiento del precedente por cuanto omitió la «[…]
[s]entencia de [u]nificación SUJ-SII-11-2018 del Consejo de Estado, la cual estableció que los
docentes territorialmente vinculados antes del proceso de nacionalización conservan el derecho a la
pensión gracia, aun cuando posteriormente existan cambios administrativos en su denominación».

Asimismo, manifestó que, se «desconoció la jurisprudencia constitucional29 que ha señalado
que la cosa juzgada no puede convertirse en un obstáculo absoluto para la justicia material» .

37. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en la decisión objeto de censura,

concluyó:

La Sala confirmará la decisión del juez de primera instancia que declaró probada la excepción
de cosa juzgada, al evidenciar que entre el proceso identificado con el radicado 68001-23-33-
000-2014-00117-00 y la presente demanda se configura la triple identidad exigida por la
jurisprudencia.

En efecto, se acredita la identidad de partes, por cuanto en ambos procesos concurren el
mismo demandante y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP– como entidad
demandada.

En cuanto a la identidad de objeto, la Sala advierte que en ambas demandas se persigue el
reconocimiento y pago de la pensión gracia. Si bien los actos administrativos demandados no
son los mismos, ello no desvirtúa la configuración de la cosa juzgada, en la medida en que la
controversia recae sobre el mismo derecho pensional. En este punto, debe precisarse que,
por tratarse de prestaciones periódicas es posible que se le solicite a la administración un
nuevo pronunciamiento, sin embargo, dicha facultad no habilita la reapertura del debate
cuando lo que se pretende es replantear un conflicto previamente definido por el juez.

Respecto de la causa petendi, se observa que ambas demandas se fundamentan en los
mismos supuestos fácticos, esto es, la alegada vinculación del demandante como docente
nacionalizado y el consecuente derecho a la pensión gracia, sin que se advierta la
incorporación de hechos nuevos o distintos que alteren la base fáctica del litigio.

29
Según el actor se desconocieron las sentencias T-440 de 2006, T-250 de 2021 y SU-397 de 2022.

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En este contexto, la Sala considera que la existencia del auto aprobatorio de la conciliación
prejudicial celebrada por el demandante con el departamento en el año 2011 no desvirtúa la
configuración de la cosa juzgada, toda vez que no constituye un hecho sobreviniente, sino
una circunstancia preexistente que pudo y debió ser alegada en el proceso anterior. Su falta
de incorporación o valoración no habilita la reapertura del debate, en tanto la cosa juzgada se
predica de la decisión judicial en firme y no de la integridad del material probatorio analizado.

Ahora bien, si bien se advierte que el demandante celebró un acuerdo conciliatorio con la
Secretaría de Educación del Departamento de Santander, lo cierto es que en el expediente
no obra prueba de que, con ocasión de dicho acuerdo, la entidad hubiera expedido un nuevo
acto administrativo en el que se precisaran de manera expresa las fechas de vinculación ni la
calidad jurídica del actor como docente nacionalizado.

En ese sentido, la conciliación allegada no tiene la entidad suficiente para modificar o sustituir
los actos administrativos que definieron la situación laboral del demandante, ni para alterar la
valoración probatoria efectuada en la sentencia previamente proferida y ejecutoriada.

En consecuencia, el análisis del tiempo de servicio debe realizarse con fundamento en los
actos administrativos que formalmente estructuran la relación laboral, esto es, el Decreto No.
2571 del 10 de septiembre de 1976 y la Resolución No. 6955 del 31 de agosto de 1976, los
cuales ya fueron objeto de estudio en la decisión judicial que hizo tránsito a cosa juzgada.

Por otro lado, la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11 de 2018 del Consejo de Estado no
tiene la virtualidad de desconocer la cosa juzgada material, en la medida en que las decisiones
de unificación jurisprudencial fijan criterios interpretativos con efectos inmediatos hacia el
futuro y respecto de procesos en curso, pero no permiten reabrir controversias ya definidas
mediante sentencia ejecutoriada. Además, en el caso concreto, la sentencia de segunda
instancia dentro del proceso anterior fue proferida el 22 de octubre de 2018, esto es, en
vigencia del criterio unificado, lo que descarta que el demandante hubiera quedado al margen
de dicha interpretación.

38. De lo transcrito se colige que la autoridad judicial accionada no aplicó la cosa

juzgada de manera automática, como lo sostiene el actor. Por el contrario, examinó
los elementos previstos en el artículo 303 del Código General del Proceso y explicó
las razones por las cuales consideró acreditada la identidad de partes, objeto y
causa entre el proceso núm. 68001-23-33-000-2014-00117-00 y el 68001-33-33-
001-2024-00121-00. En particular, advirtió que en ambos asuntos intervinieron el
señor Ismael Quintero León y la UGPP, se persiguió el reconocimiento y pago de la
pensión gracia y la controversia tuvo como fundamento la naturaleza de su
vinculación como docente nacionalizado y el cumplimiento del tiempo de servicio
exigido para acceder a esa prestación.

39. En este punto, resulta pertinente recordar que la Sala Plena de esta
Corporación30 ha señalado que la cosa juzgada tiene por objeto «impedir que entre las
mismas partes se promueva un proceso con base en los mismos hechos y con idénticas pretensiones
de otro proceso que ya ha sido decidido de fondo, con la finalidad de que dicha providencia lleve

30
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 13 de febrero de 2024. Proceso núm. 11001-03-
15-000-2022-06769-01, M.P. Milton Chaves García.

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inmerso un carácter inmutable o definitivo que garantice la seguridad jurídica e impida que la
controversia se perpetúe».

40. A partir de lo anterior, frente a la identidad de objeto, el Tribunal no desconoció

que los actos administrativos demandados eran distintos ni el carácter periódico de
la pensión reclamada. Lo que concluyó fue que esas circunstancias no desvirtuaban
la cosa juzgada, porque en ambos procesos se pretendía el reconocimiento del
mismo derecho pensional y no se acreditó una modificación de los supuestos
fácticos que habían sido objeto del primer pronunciamiento judicial. Por ello, la Sala
no advierte que la interpretación efectuada sobre el artículo 303 del CGP resulte
irrazonable o configure el defecto sustantivo alegado.

41. En lo que respecta al reproche relacionado con la valoración de la conciliación

prejudicial aprobada en el año 2011, se observa que, dicho elemento fue examinado
por la autoridad judicial accionada, que consideró que no constituía un hecho
sobreviniente, dado que, existía antes de promoverse el proceso 2014-00117-00 y
pudo ser puesta de presente en dicha oportunidad. Además, precisó que, no se
acreditó que, con ocasión de dicho acuerdo, se hubiera expedido un acto
administrativo que modificara la calidad de la vinculación docente del actor.

42. De manera que la inconformidad del tutelante recae en el alcance probatorio que

pretende atribuirle a la conciliación, mas no en una omisión de valoración por parte
del Tribunal, que explicó las razones por las cuales ese documento no tenía la
entidad suficiente para desvirtuar la cosa juzgada.

43. En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de

una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, puesto que sus
argumentos estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron
aportadas en el aludido proceso ordinario. Por ello, no se advierte una valoración
arbitraria o carente de sustento que permita estructurar el defecto fáctico alegado.

44. De otro lado, en cuanto al alegado desconocimiento del precedente, la
providencia cuestionada se ocupó de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11 de
2018 y descartó que esta tuviera la virtualidad de reabrir una controversia ya
definida. Para tal efecto, el Tribunal destacó que la sentencia de segunda instancia
proferida en el proceso núm. 68001-23-33-000-2014-00117-00 data del Veintidós

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(22) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), cuando el criterio de unificación ya se
encontraba vigente. Por tanto, no se trataba de un precedente posterior a la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada.

45. En ese contexto, la sentencia de unificación invocada no imponía un nuevo
estudio sobre la calidad de docente territorial o nacionalizado del señor Quintero
León, aspecto que ya había sido definido en el proceso previo. A ello se suma que
la conciliación prejudicial de 2011 era anterior a ese trámite y no se acreditó la
expedición de un acto administrativo que modificara la calidad jurídica de su
vinculación como docente. De ahí que dicho precedente no constituyera fundamento
para volver a examinar el reconocimiento de la pensión gracia.

46. En cuanto a las sentencias T-440 de 2006, T-250 de 2021 y SU-397 de 2022 de

la Corte Constitucional, citadas por el actor para sustentar la flexibilización de los
efectos de la cosa juzgada, sus planteamientos tampoco permiten arribar a una
conclusión distinta. En este asunto no se acreditó una circunstancia sobreviniente
que modificara la situación jurídica definida en el proceso anterior, pues, la
conciliación prejudicial de 2011 era anterior a dicho trámite y no se demostró la
expedición de un acto administrativo que variara la calidad de la vinculación docente
del accionante. Por consiguiente, no se configura el desconocimiento del
precedente alegado.

47. Ahora bien, frente al perjuicio irremediable, se advierte que, en la impugnación el

actor se limitó a relacionarlo con su condición de adulto mayor y con la afectación
que, a su juicio, genera la falta de un estudio de fondo de su derecho pensional
sobre el mínimo vital, la estabilidad económica y la vida digna. Sin embargo, ese
planteamiento no estuvo acompañado de circunstancias concretas que permitieran
establecer una afectación cierta y urgente que hiciera necesaria la adopción de una
medida de protección inmediata.

48. Por todo lo anterior, para la Sala, es evidente que la única intención del tutelante

es reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez natural con el fin de obtener
un pronunciamiento favorable a sus intereses, como si la acción de
tutela comportara una instancia adicional, máxime, cuando el debate suscitado
gira en torno a un aspecto puramente legal.

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49. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

III. DECISIÓN

50. La Sala considera que en el presente asunto la parte actora no acreditó que la

providencia cuestionada hubiere incurrido en defecto sustantivo, defecto fáctico y
desconocimiento del precedente. Por tal motivo, se revocará el fallo impugnado que
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia para, en su lugar, negar el
amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Once (11) de Junio de Dos Mil Veintiséis
(2026) proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. Para, en su lugar,
NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y prevalencia del derecho sustancial
invocados por el señor Ismael Quintero León, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación y remitir copia.

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CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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