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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03786-00

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03786-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la solicitud de liquidación del crédito, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03786-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-03786-00
Accionante: ALFER TULIO ARDILA ROBLES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Tema: MORA JUDICIAL. Se declara la carencia actual de objeto por
hecho superado. Se niegan las demás pretensiones de la acción de
amparo - La autoridad judicial accionada no ha incurrido en mora judicial.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Alfer Tulio Ardila Robles solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por la presunta mora judicial en el trámite del proceso ejecutivo
con el número de radicación 76001-23-33-000-2023-00353-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que promovió el proceso ejecutivo de sentencia núm. 76001-23-33-000-
2023-00353-00 contra la Nación - Fiscalía General de la Nación; del cual se libró
mandamiento de pago mediante auto de 25 de octubre de 2023, por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

2.2. Adujo que el 11 de julio de 2025 presentó liquidación del crédito y el cual fue
objetado por el ejecutado.

2.3. Indicó que el expediente fue remitido a la contadora liquidadora del Tribunal,
quien practicó la liquidación correspondiente y remitió formalmente al despacho
judicial el 29 de octubre de 2025 para resolver.

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Accionante: Alfer Tulio Ardila Robles

2.4. Señaló que el 20 de enero de 2026 presentó memorial de impulso procesal y
solicitó el estudio de las medidas cautelares de embargo por sumas de dinero.

2.5. Manifestó que a la fecha de la presentación de la presente acción de tutela la
autoridad judicial no ha emitido pronunciamiento alguno.

2.6. Comentó que “[…] la ausencia de decisión frente a actuaciones que ya se
encontraban listas para pronunciamiento judicial vulnera mis derechos
fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia y
tutela judicial efectiva […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y plazo
razonable.

2. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de un
término prudencial fijado por el juez constitucional, adopte las decisiones
pendientes dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el No. 76001-23-33-
000-2023-00353-00, particularmente respecto de:

o la liquidación del crédito ya practicada,
o las solicitudes de impulso procesal,
o y las medidas cautelares de embargo solicitadas.

3. Disponer cualquier otra medida que el despacho constitucional considere
necesaria para la protección efectiva de los derechos fundamentales
invocados […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 21 de mayo de 2026, el Despacho sustanciador admitió la
presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a la Fiscalía General de la Nación y a
los señores Blanca Inés Monroy Robles, Luz Marina Giraldo Peñuela, Luisa
Fernanda Ardila Giraldo, Juan Lucas Ardila Giraldo, Juan Mateo Ardila Bermúdez,
Juan José Rodríguez Giraldo, Fredy Ardila Monroy, José Alejandro Ardila Bautista,
Nubia Enid Ardila González, Víctor Manuel Ardila González, Lilia Esperanza Ardila
González, Luz Marina Ardila González y Luis Armando Ardila González.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuada la notificación a la autoridad accionada y a las vinculadas, se allegaron
los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado, toda vez que mediante auto de 27 de mayo de

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Accionante: Alfer Tulio Ardila Robles

2026 se modificó la liquidación del crédito presentada por el ejecutante, por lo que,
la mora judicial planteada en la presente acción de tutela desapareció.

5.2. Refirió frente al memorial de impulso procesal presentado el 20 de enero de 2026
a través del cual el ejecutante solicitó volver a analizar la procedencia de la medida
cautelar de embargo de dineros “[…] se analizará una vez quede en firma (sic) el
auto que modificó la liquidación del crédito […]”.

5.3. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva, en razón a que no existe relación de causalidad entre las
actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y la presunta vulneración de los
derechos fundamentales alegados por el accionante, con ocasión de la actuación
u omisión de la autoridad judicial objeto de reproche en el escrito de tutela.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se
resolverá, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Fiscalía General de la Nación.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y
del Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Accionante: Alfer Tulio Ardila Robles

legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. Teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación es ejecutada dentro
del proceso ejecutivo objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala
considera que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a
esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si en el caso concreto se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado frente a la solicitud de liquidación del crédito; y si la autoridad
accionada vulneró los derechos fundamentales del accionante por
presuntamente haber incurrido en una presunta mora judicial en el trámite
de la medida cautelar solicitada dentro del proceso ejecutivo 76001-23-33-
000-2023-00353-00.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) los presupuestos para que se configure la mora judicial
en el interior de los procesos judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso
concreto.

VI.4. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior
de los procesos judiciales

13. La Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un “[…] fenómeno
multicausal y estructural […]”8, que se presenta en razón al “[…] alto número de
procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión
judicial […]”9.

8
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. sentencia T-186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa; 28 de marzo
de 2017.
9
Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Exp. T-2302967. Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 9
de diciembre de 2010.

5
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Accionante: Alfer Tulio Ardila Robles

14. En atención al sistemático incumplimiento de los términos procesales, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer las circunstancias en las
que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que en
determinados eventos la mora judicial vulnera gravemente “[…] los derechos
fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]”10.

15. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-186 de 28 de marzo
de 201711 precisó lo siguiente:

“[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales
ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el
carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora
lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que
implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global
del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la
demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el
detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, concluyendo que:

[…]

[L]a mora judicial se justifica cuando:

-Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende,

-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles
e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario no ha sido
diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus
deberes.”12

13.5. En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora
judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el
reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno,
contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia
cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que
ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente
cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara
la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el
remedio, consistente en la alteración del turno era, excepcional […].

10
Ibidem.
11
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. acumulados T-5896866 y T-5915213, M.P. María Victoria Calle
Correa; 28 de marzo de 2017.
12
“En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada
la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada”.

6
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Accionante: Alfer Tulio Ardila Robles

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena
de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201613, destacó que el
derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del
término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre
en mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe
un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo
razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la
falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario
judicial […]”. [Negrilla fuera del texto].

16. De acuerdo con lo transcrito, para que se estructure una violación del debido
proceso y al acceso a la administración de justicia por la falta de resolución
oportuna del asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial resulta
imprescindible analizar: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión judicial
de la respectiva dependencia; (ii) el desarrollo y cumplimiento de las funciones del
cargo; (iii) la complejidad del caso sometido a decisión judicial, y (iv) el
cumplimiento por las partes de sus deberes de impulso procesal14.

VI.5. El caso concreto

17. El señor Alfer Tulio Ardila Robles solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por la presunta mora judicial en el trámite del proceso ejecutivo
con el número de radicación 76001-23-33-000-2023-00353-00.

VI.5.1. De la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la
liquidación del crédito

18. La Corte Constitucional, en sentencia T-054 de 14 de febrero de 202015,
sostuvo que “[…] la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar
cuando, entre la interposición de la acción de tutela y la decisión del juez
constitucional16, desaparece la afectación al derecho fundamental alegada y se
satisfacen las pretensiones del accionante17, debido a “una conducta desplegada
por el agente transgresor […]”18.

19. Lo anterior es en razón a que el fin último de la acción de tutela, conforme con
el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 2591 de 1991 y

13
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 22 de marzo 2007. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
15 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia T-054 de 14 de febrero de 2020, Magistrado

Ponente: Carlos Bernal Pulido.
16 Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-047 de 2016. Asimismo, ver, Corte Constitucional,

Sentencia T-358 de 2014.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-540 de 2007: “el hecho superado se presenta cuando, por la acción u

omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera
que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión
hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto
de la satisfacción de lo pedido en la tutela”.
18 Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-011 de 2016.

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Accionante: Alfer Tulio Ardila Robles

la doctrina constitucional, es lograr la protección efectiva y cierta de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una
autoridad pública o privada en los casos exceptuados por la ley. Sin embargo, en
el evento que la situación que origina la violación o amenaza sea superada la
tutela pierde su eficacia y razón de ser19.

20. En ese sentido, cuando se encuentra demostrada tal situación, el juez de tutela
no está obligado a pronunciarse de fondo20, sino que en esos casos le
corresponde declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez
que de realizar lo contrario sus decisiones y/u órdenes carecerían de sentido, ante
“[…] la superación de los hechos que dieron lugar al recurso de amparo o ante la
satisfacción de las pretensiones del actor […]”21.

21. En el presente proceso el accionante indicó que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca no ha resuelto la liquidación del crédito solicitada en el proceso
ejecutivo radicado núm. 76001-23-33-000-2023-00353-00.

22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca informó que el pasado 27 de
mayo de 2026 profirió auto en el que se resolvió modificar la liquidación del crédito
en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO. - MODIFICAR la liquidación del crédito, en los términos referidos
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - Para todos los efectos legales, TENER como valor del crédito a
cargo de la parte ejecutada, a 11 de julio de 2025, la suma de OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 881.965.249).

TERCERO. - NOTIFICAR esta providencia por estados electrónicos, como
autoriza el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022 […]”. [Negrilla del texto]

23. El citado auto fue notificado a las partes, por estado de 2 de junio de 202622, esto
es, en el trámite de la presente acción constitucional23.

24. Teniendo en cuenta que la parte actora solicitó que se ordenara a la autoridad
judicial accionada resolver “[…] la liquidación del crédito ya practicada […]”, la
Sala estima que se satisfizo el objeto de la solicitud de amparo por cuanto en el
trámite de la acción constitucional24 se modificó la liquidación del crédito.

25. Asílas cosas, la Sala considera que las circunstancias que motivaron la
interposición de esta acción de tutela frente a la resolución de la solicitud de

19 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014, Magistrada

Ponente: Martha Victoria Sáchica Méndez.
20 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-011 de 22 de enero de 2016, Magistrado

Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
21
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014, Magistrada
Ponente: Martha Victoria Sáchica Méndez.
22
Índice 073 SAMAI, expediente 76001-23-33-000-2023-00353-00, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
23
La tutela se presentó el 15 de mayo de 2026.
24
La acción de tutela se interpuso el 15 de mayo de 2026.

8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03786-00
Accionante: Alfer Tulio Ardila Robles

liquidación del crédito han desaparecido, en razón que la autoridad judicial
accionada al respecto ya se pronunció.

26. En ese orden de ideas, de acuerdo con la Corte Constitucional, en este caso se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que el presunto
hecho generador de la vulneración desapareció, tal como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.

27. Elaccionante mediante escrito de 2 de junio de 2026 manifestó que “[…]
persisten circunstancias que continúan afectando la efectividad material de la
ejecución y el cumplimiento oportuno de la sentencia judicial […]”, toda vez que
“[…] para la fecha en que fue adoptada la providencia, la liquidación ya acumulaba
cerca de diez meses de desactualización, circunstancia que obliga nuevamente a
los ejecutantes a promover una actualización del crédito para incorporar los
intereses causados durante dicho lapso, prolongando innecesariamente la
satisfacción efectiva de la condena judicialmente reconocida […]”.

28. Frente a lo anterior, la Sala advierte que se trata de argumentos nuevos que
exceden el problema jurídico planteado desde el escrito de tutela, por lo que
efectuar pronunciamiento alguno implicaría desconocer el debido proceso de la
contraparte.

29. Frente al hecho vulnerador que alegó la parte accionante, encaminado a que
se resolviera la medida cautelar solicitada, la Sala determinará si se configura una
mora judicial.

VI.5.2. De la presunta mora judicial en la solicitud de medida cautelar

30. El accionante manifestó que el 20 de enero de 2026 solicitó nuevamente el
decreto de medidas cautelares de embargo de dineros dentro del proceso
ejecutivo radicado núm. 76001-23-33-000-2023-00353-00.

31. La autoridad judicial accionada al rendir informe dentro de la presente acción
constitucional manifestó frente a la nueva solicitud de medida cautelar que, “[…] se
analizará una vez quede en firma (sic) el auto que modificó la liquidación del crédito
[…]”.

32. Adicionalmente puso de presente que la primera solicitud de embargo
presentada por el accionante fue negada mediante auto que libró mandamiento
de pago, dado que los recursos de la Fiscalía son inembargables por el posible
riesgo de afectar su funcionamiento y porque la medida podría evaluarse en una
etapa posterior.

33. Retomando lo señalado, se resalta que para la configuración de una mora
judicial se requiere que se estructure un elemento objetivo, consistente en el
incumplimiento o vencimiento del término judicial, y de un elemento subjetivo que
consiste en la “[…] falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del
funcionario judicial […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03786-00
Accionante: Alfer Tulio Ardila Robles

34. La Sala considera que no se configura la mora judicial en el caso concreto, pues
el tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud a la presentación de la
acción de amparo no resulta irrazonable ni evidencia inactividad atribuible al
despacho judicial, aunado a que la autoridad judicial informó que una vez en firme
el auto que modificó la liquidación del crédito, procederá a resolverla.

35. Adicionalmente, no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable
excepcional, o que se encontrara en alguna circunstancia particular de la que se
pudiera advertir la necesidad de impartir una orden orientada a agilizar el proceso
ejecutivo.

36. En consecuencia, la Sala negará las demás pretensiones de la acción de tutela,
al haberse comprobado que la autoridad judicial accionada no incurrió en mora
judicial, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por Fiscalía General
de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado frente
a la solicitud de liquidación del crédito, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la presente acción de tutela, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03786-00
Accionante: Alfer Tulio Ardila Robles

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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