Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03787-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03787-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03787-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintisiete [27] de agosto de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03787-01
Demandante: JOSÉ GREGORIO PÉREZ VALDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Ausencia del requisito de
relevancia constitucional. Confirma improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor José Gregorio Pérez Valdez
contra la sentencia de 16 de julio de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
Con escrito radicado el 15 de mayo de 2026, el señor José Gregorio Pérez Valdez, por
conducto de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, al trabajo digno, y los principios a
la favorabilidad laboral y a la prevalencia del derecho sustancial.
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de
la providencia de 16 de abril de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca confirmó la sentencia de 18 de junio de 2025 dictada por el Juzgado
601 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali que negó las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la
Fiscalía General de la Nación; causa que se identificó con el radicado 76001-33-33-
020-2023-00013-00/01.
1.2. Pretensiones
Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
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Demandante: José Gregorio Pérez Valdez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03787-01
«PRIMERA – AMPARO DE DERECHOS: Amparar los derechos fundamentales del
accionante al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, TRABAJO DIGNO, FAVORABILIDAD
LABORAL, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, vulnerados por
la Sentencia No. 078 del 16 de abril de 2026.
SEGUNDA – DECLARACIÓN DE VÍA DE HECHO: Declarar que la Sentencia No. 078
del 16 de abril de 2026 constituye una vía de hecho judicial por configurar
simultáneamente: (i) defecto sustantivo, (ii) exceso ritual manifiesto, (iii) desconocimiento
del precedente constitucional y contencioso administrativo, (iv) violación directa de la
Constitución, y (v) omisión de pronunciamiento sobre la omisión normativa relativa que
afecta al Profesional Experto.
TERCERA – SIN EFECTOS: Dejar sin efectos la Sentencia No. 078 del 16 de abril de
2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
CUARTA – NUEVA DECISIÓN: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
proferir nueva decisión de fondo que valore: (a) el parágrafo del artículo 14 y el artículo
15 de la Ley 4 de 1992 y su mandato universal de nivelación; (b) el Acuerdo Sindical del
6 de noviembre de 2012 como fuente convencional vinculante; (c) la omisión normativa
relativa que afecta al Profesional Experto; (d) la naturaleza salarial plena de la
bonificación judicial; (e) los Convenios OIT 95, 100, 111 y 151; y (f) el principio de
favorabilidad, primacía de la realidad y progresividad.
QUINTA – INAPLICACIÓN: Ordenar que la nueva providencia aplique la excepción de
inconstitucionalidad respecto de: (i) la expresión restrictiva del artículo 1 del Decreto
382/2013 que limita la incidencia salarial de la bonificación, y (ii) la omisión del cargo de
Profesional Experto del listado de beneficiarios, por ser ambas situaciones contrarias a
los artículos 13, 53, 55, 83 y 93 de la Constitución Política.» 1.
1.3. Hechos
Del expediente de tutela se encuentran los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
El señor José Gregorio Pérez Valdés indicó que se encuentra vinculado a la Fiscalía
General de la Nación en el cargo de profesional experto en la ciudad de Cali.
Adujo que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 dispuso la nivelación salarial
de los servidores de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación; en
desarrollo de dicho mandato y con ocasión de unos acuerdos suscritos en el año 2012
con organizaciones sindicales, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 382 de 2013,
mediante el cual se creó la bonificación judicial.
Precisó que el artículo 1. º del Decreto 382 de 2013 estableció que, si bien la
bonificación judicial se reconoce de manera mensual, constituye únicamente factor
salarial para efectos de cotización al sistema de seguridad social en pensiones y salud.
1 Transcripción del texto original con énfasis y posibles errores.
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Demandante: José Gregorio Pérez Valdez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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Refirió que el 11 de noviembre de 2022 presentó reclamación administrativa ante la
Fiscalía General de la Nación, en la que solicitó la inaplicación de la limitación
contenida en el citado decreto y el pago de las diferencias resultantes de la
reliquidación de sus prestaciones no percibidas, porque, a su juicio, la bonificación
judicial es de índole salarial.
Informó que en oficio STH-31010 de 5 de diciembre de 2022, la Fiscalía General de la
Nación negó lo pedido, por lo que el 7 de diciembre de 2022 el actor interpuso el
recurso de reposición y en subsidio el de apelación, lo cual se desató con la resolución
038 del 18 de enero de 2023 en el sentido de no reponer y rechazar por improcedente
la alzada.
Advirtió que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
la finalidad de que se declararan nulos los mencionados actos, asunto del cual conoció
en primera instancia el Juzgado 601 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Cali que, mediante providencia de 18 de junio de 2025 reconoció que la restricción al
carácter salarial de la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013 podría
vulnerar principios constitucionales como la irrenunciabilidad a beneficios mínimos y la
primacía de la realidad sobre las formas, no obstante, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que no se demostró que el señor Pérez Valdez es beneficiario
de la prestación reclamada por cuanto el cargo de profesional experto no se enlista en
el Decreto 382 de 2013; los soportes de nómina no acreditaron el pago de este
concepto; y la controversia giró en torno a la incidencia salarial de la bonificación, sin
que se hubiere agotado la vía administrativa para solicitar como primera medida, el
pago de esta. En consecuencia, ante la inexistencia de un acto administrativo negativo
respecto al pago del beneficio, indicó que carecía de competencia para pronunciarse
sobre un derecho no devengado.
Acotó que, contra la referida decisión las partes interpusieron recurso de apelación.
De un lado, la Fiscalía General de la Nación alegó que el juez inaplicó indebidamente
el Decreto 382 de 2013, el cual se encuentra vigente y goza de presunción de
legalidad; sostuvo que el Gobierno Nacional tiene competencia para definir el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos, por lo que la bonificación judicial solo
tiene efectos salariales para la cotización al sistema de seguridad social conforme al
acuerdo de negociación colectiva que le dio origen; agregó que extender sus efectos
a la liquidación de otras prestaciones desconoce dicho acuerdo y afecta la
sostenibilidad fiscal; y cuestionó la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad
por el juez de primera instancia.
Por su parte, el señor Pérez Valdez manifestó que la referida autoridad incurrió en un
exceso de formalismo procesal frente a la negativa del reconocimiento de la
bonificación judicial. Argumentó que la petición orientada a incluir el emolumento como
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factor salarial implica, de manera inescindible, la solicitud de su reconocimiento y
concesión principal, en virtud del principio según el cual lo accesorio sigue la suerte de
lo principal. Sostuvo que dicha prestación ostenta una naturaleza salarial intrínseca,
toda vez que se causa con habitualidad y remunera de forma directa la labor
desempeñada. Solicitó inaplicar la restricción contenida en el artículo 1. ° del Decreto
382 de 2013 mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad. Aseveró
que la exclusión del cargo que ocupa, de la lista de los beneficiarios de la mencionada
norma, carece de justificación objetiva, lo que vulnera el derecho fundamental a la
igualdad y desconoce los precedentes del Consejo de Estado. Finalmente, reprochó
la falta de una valoración probatoria integral sobre la evidente desigualdad derivada
de la ausencia de pago de ese emolumento.
La alzada la resolvió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con sentencia del
16 de abril de 2026, en el sentido de confirmar la decisión de primera instancia. En
primer término, consideró que el señor Pérez Valdés no acreditó percibir la bonificación
judicial, comoquiera que la certificación laboral aportada únicamente demostró su
vinculación y sus condiciones salariales, sin que ello constituyera prueba del
reconocimiento de dicho emolumento. También advirtió que la controversia se planteó
de manera exclusiva sobre la incidencia del pago como factor salarial, con omisión de
toda solicitud frente a su reconocimiento autónomo. Además, precisó que este último
aspecto tampoco fue objeto de reclamación administrativa previa. Finalmente, en
cuanto a la Fiscalía General de la Nación, señaló que el recurso omitió el cumplimiento
de la carga argumentativa exigida por la ley.
1.4. Fundamentos de la solicitud
1.4.1. La parte actora sostuvo que la providencia de 16 de abril de 2026 dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca le vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en un defecto sustantivo por cuanto el tribunal realizó una interpretación
irrazonable y contradictoria del ordenamiento jurídico, pues reconoció que la
bonificación judicial reúne las características de un factor salarial y que la limitación
prevista en el Decreto 382 de 2013 podría ser contraria a la Constitución, pero, pese a
ello, se abstuvo de resolver de fondo el litigio por considerar que el actor no había
solicitado expresamente el reconocimiento de la bonificación y que el cargo de
Profesional Experto no estaba incluido entre los beneficiarios del decreto.
Afirmó que el tribunal dejó de aplicar el artículo 53 de la Constitución, la Ley 4 de 1992
y el principio de primacía de la realidad sobre las formas, así como la excepción de
inconstitucionalidad frente a una norma reglamentaria que estima incompatible con la
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Constitución e insistió en que desconoció que la bonificación constituye salario por su
habitualidad, periodicidad y finalidad retributiva2.
1.4.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, debido a que, a su juicio,
la autoridad judicial convirtió el principio de congruencia en una barrera para acceder
a una decisión de fondo, al exigir que en la reclamación administrativa se hubiera
solicitado expresamente el «reconocimiento» de la bonificación judicial.
Alegó que, de la solicitud de reconocimiento de la bonificación como factor salarial y
reliquidación de las prestaciones se desprendía necesariamente la pretensión de
reconocimiento inicial de la bonificación.
Añadió que el tribunal no aplicó el principio pro actione, la prevalencia del derecho
sustancial y el aforismo accessorium sequitur principale, privilegiando las formas sobre
la solución material del conflicto. Además, invocó los artículos 187 y 216 de la Ley
1437 de 2011 para sostener que el juez natural de la causa podía pronunciarse sobre
todos los aspectos necesarios para resolver el litigio.
1.4.3. De igual forma, expuso que se incurrió en desconocimiento del precedente,
pues se apartó de decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en
las que se reconocía la obligación de interpretar integralmente la demanda en relación
con la naturaleza salarial de la bonificación judicial y la necesidad de privilegiar el
derecho sustancial sobre las formalidades. Agregó que el tribunal tampoco tuvo en
cuenta pronunciamientos propios en los que se había reconocido el carácter salarial
de la bonificación judicial.
En ese sentido, citó como desconocidas las siguientes sentencias:
• T-701 de 2004 de la Corte Constitucional.
• C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
• Sentencia del 6 de abril de 2022, rad. 2018-041401 Consejo de Estado,
Sección Segunda.
• Sentencias del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en los radicados 2016-
187, 2016-212, 2016-117, 2016-241, 2016-382, 2017-58, 2017-62 y 2016-00254.
2 Para el efecto, citó las siguientes providencias: (i) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia el
4 de agosto de 2010, radicado «25000-23-25-000-2006-07509-01», sobre la naturaleza salarial de
prestaciones pese a que una norma reglamentaria les niegue ese carácter; (ii) Consejo de Estado,
Sección Segunda, sentencia del 6 de abril de 2022, radicado «2018-041401», en la que afirma que la
bonificación judicial tiene naturaleza salarial; (iii) Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia del
12 de febrero de 1993, rad. 5481, según la cual ni siquiera el legislador puede desconocer la naturaleza
salarial de un pago que remunera directamente el trabajo; (iv) Sentencia «SU-132 de 2013» de la Corte
Constitucional, sobre excepción de inconstitucionalidad; y (v) Sentencia del Consejo de Estado de 26
de enero de 2021, radicado «11001-03-15000-2020-02422-01», sobre la configuración del defecto
sustantivo por omitir aplicar la excepción de inconstitucionalidad.
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De igual forma, explicó que se desconoció que de conformidad con el artículo 10 de la
Ley 1437 de 2011, existe el deber de aplicar de manera uniforme la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado.
1.4.4. Violación directa de la Constitución por cuanto, en su criterio, la providencia
judicial censurada desconoció varios mandatos superiores al privilegiar una
interpretación formalista que impidió resolver el fondo de la controversia, entre ellos,
el artículo 13 por la exclusión injustificada del cargo de profesional experto; el 53 por
desconocer la favorabilidad, la primacía de la realidad y la naturaleza salarial de la
bonificación; el 55 por omitir el acuerdo de negociación colectiva de 2012; el 83 por
afectar la buena fe y la confianza legítima; el 93 al prescindir aplicar los convenios 95,
100, 111 y 151 de la OIT como parte del bloque de constitucionalidad; y el 228 y 229
por sacrificar el derecho sustancial y el acceso efectivo a la administración de justicia.
Asimismo, insistió en que el tribunal debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad
respecto del Decreto 382 de 2013, por estimar que restringe indebidamente el alcance
salarial de la bonificación judicial y excluye injustificadamente a los profesionales
expertos.
1.5. Trámite de la acción en primera instancia
Mediante auto de 22 de mayo de 2026 el despacho ponente de primer grado admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar en calidad de demandado al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. De otro lado, vinculó en calidad de terceros
con interés a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado 601 Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Cali.
1.6. Contestaciones
1.6.1. La Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación del asunto de la
referencia con sustento en que carece de legitimación en la causa por pasiva por
cuanto la acción de tutela se dirige contra la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
1.6.2. El Juzgado 601 Transitorio Administrativo del Circuito Judicial de Cali,
además de remitir el expediente digital, solicitó que se nieguen las pretensiones de la
solicitud de amparo con ocasión de la inexistencia de fundamentos fácticos y jurídicos
que acrediten la vulneración de los derechos fundamentales invocados, comoquiera
que la primera instancia realizó un análisis riguroso de los hechos, las pretensiones,
las pruebas y la normativa aplicable.
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1.6.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela ante la falta de acreditación de la vulneración
alegada. Explicó que la decisión se sustentó en la aplicación rigurosa del principio de
congruencia procesal y del requisito de procedibilidad relativo al agotamiento previo
de la vía administrativa. Advirtió que la controversia original se limitó a debatir la
incidencia salarial de la bonificación judicial, pese a la omisión de la solicitud frente a
su reconocimiento autónomo.
Agregó que el cuestionamiento sobre la exclusión del actor como beneficiario del
Decreto 382 de 2013 constituyó un aspecto novedoso en relación con la reclamación
administrativa y con las pretensiones de la demanda, puesto que solo fue de presente
en el recurso de la apelación, razón por la cual no había lugar a emitir un
pronunciamiento de fondo sobre dicho asunto porque habría vulnerado el derecho de
defensa de la entidad accionada y desbordado los límites fijados para el litigio.
Finalmente, descartó la configuración de un exceso ritual manifiesto luego de señalar
que su actuación no obedeció a un formalismo irrazonable, sino a la observancia
irrestricta de las garantías del debido proceso y a las exigencias consagradas en los
artículos 281 del CGP y 187 del CPACA.
1.7. Fallo impugnado3
Mediante providencia de 16 de julio de 2026, el Consejo de Estado, Sección Cuarta
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia luego de concluir
que no supera el análisis del requisito de relevancia constitucional debido a que los
argumentos elevados por el extremo accionante denotan la reapertura del debate
zanjado en el proceso ordinario, lo que se traduce en un mero desacuerdo con la
decisión del juez natural en el sentido de insistir en que tiene derecho a que se le
reconozca el pago de la bonificación judicial pese a que no lo reclamó y a que el cargo
que desempeña no se encuentra enlistado en el Decreto 382 de 2013.
De otro lado, negó la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación
luego de concluir que le asiste interés en el resultado de este mecanismo tutelar por
haber fungido como el extremo pasivo del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
3 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 23 de julio de 2026.
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1.8. Impugnación
Con escrito radicado oportunamente el 28 de julio de 2026 la parte accionante solicitó
que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se conceda el amparo
de sus garantías superiores.
Como sustento de lo anterior, indicó que, contrario a lo señalado por el a quo, el asunto
objeto de atención sí cumple con los criterios de relevancia constitucional, comoquiera
que, a su juicio, omitió analizar si la decisión acusada incurrió en la violación de
derechos fundamentales endilgada a través de la existencia de alguno de los defectos
planteados en la tutela, puesto que, en su lugar, optó por iterar las conclusiones del
proceso ordinario convirtiendo el estudio de procedencia en un verdadero juicio
anticipado sobre el mérito de la controversia.
Aseguró que, pese a lo afirmado en la providencia impugnada, el debate propuesto no
es «eminentemente económico o de mera legalidad». En su criterio, este evento se
trata de: «(i) la presunta configuración de una omisión normativa relativa
inconstitucional en el Decreto 382 de 2013, por excluir sin justificación objetiva al cargo
de Profesional Experto del listado de beneficiarios de la bonificación judicial; (ii) la
inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4 C.P.) por parte del juez
ordinario, pese a que el propio Tribunal reconoció la naturaleza salarial de la
prestación; y (iii) la omisión de valorar los Convenios OIT 95, 100, 111 y 151, que
integran el bloque de constitucionalidad conforme al artículo 93 Superior».
Agregó que el exigir argumentos distintos a los debatidos en el proceso ordinario
desnaturaliza la tutela contra providencia judicial, puesto que desconoce la doctrina
constitucional en atención a que es necesario debatir los mismos hechos de la causa
inicial.
Acotó que se abstuvo de valorar cargos jurídicos estructurados, sustentados normativa
y jurisprudencialmente sin explicar las razones específicas de su rechazo, lo cual
deriva en un déficit de motivación que compromete el derecho fundamental al debido
proceso del accionante y de acceso efectivo a la administración de justicia.
Finalmente, insistió en que la providencia censurada incurrió en los defectos
sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución.
1.9. Otras actuaciones
El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la Sala, no obstante, el
magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó estar impedido para conocer del
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asunto de la referencia con fundamento en la causal 1. º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal. Al respecto, indicó:
[…] La razón de ello se justifica en que mi cónyuge desempeña el cargo de fiscal
delegada ante el Tribunal Superior, adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General
de la Nación, entidad vinculada al proceso constitucional de la referencia en calidad de
tercero con interés.
Por tanto, con el fin de asegurar los principios de transparencia, imparcialidad y
autonomía que enmarca la actividad judicial, le solicito declarar fundado el impedimento
y separarme del conocimiento del asunto, en atención al interés que le asiste a mi
cónyuge en las resultas del mecanismo constitucional en mención. […].
Al respecto, se declaró infundada la referida manifestación de impedimento, en
atención a que no se demostró que la causal invocada presentara el elemento
subjetivo4 requerido, esto es, el interés directo en el objeto de esta acción de tutela,
que tuviera incidencia en el juicio del togado.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor
José Gregorio Pérez Valdez contra la providencia 16 de julio de 2026 dictada por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 20215, así como el Acuerdo
080 de 20196 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de 16 de julio de 2026 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, a través de la cual declaró la improcedencia de la acción de
tutela de la referencia.
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse superados; (iii)
el análisis del caso concreto.
4 Que el juez o su cónyuge tenga interés en la actuación procesal.
5 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.
6 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20127 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
Para la Sala resulta necesario anunciar que, en consonancia con lo analizado por el a
quo, el requisito de relevancia constitucional no se advierte superado en el asunto
de la referencia, marco en el cual la solicitud de amparo elevada por el señor José
Gregorio Pérez Valdez no cumple con las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.
2.4.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
(i) El respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) La protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) La preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) La prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal11.
11 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
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Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico12; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales»13.
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”14. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»15.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso16, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.
12 Sentencia SU-103 de 2022.
13 Sentencia SU-573 de 2019.
14 Ibídem.
15 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
16 Sentencia SU-573 de 2019.
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2.4.1.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los
argumentos planteados por el señor José Gregorio Pérez Valdez, advierte que el
asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional para que proceda su
análisis en sede de tutela contra providencia judicial.
En síntesis, la parte accionante manifestó que con la sentencia de 16 de abril de 2026
dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se configuraron los defectos:
(i) sustantivo, al dejar de aplicar el artículo 53 de la Constitución, la Ley 4ª de 1992 y
el principio de primacía de la realidad sobre las formas, así como la excepción de
inconstitucionalidad frente al Decreto 382 de 2013, luego de concluir que el señor
Pérez Valdez no había solicitado expresamente el reconocimiento de la bonificación y
que el cargo de profesional experto no estaba incluido entre los beneficiarios de la
bonificación judicial; (ii) procedimental por exceso ritual manifiesto, al haberle exigido
que en la reclamación administrativa se hubiera solicitado expresamente el pago de la
bonificación judicial; (iii) desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional,
del Consejo de Estado y de algunos antecedentes de Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que reconocieron la obligación de interpretar integralmente la demanda en
relación con la naturaleza salarial de la bonificación judicial y la necesidad de privilegiar
el derecho sustancial sobre las formalidades17; y (iv) violación directa de la
Constitución por desconocer los artículos 53, 55, 83, 93, 95, 100, 111, 151, 228 y 229,
y por no aplicar la referida figura de la excepción de inconstitucionalidad frente al
Decreto 382 de 2013, norma que no enlistó como beneficiario el cargo que ocupa el
actor.
En ese orden, es claro para la Sala de decisión que, el debate propuesto en esta
oportunidad, respecto de los yerros sustantivo, procedimental y violación directa de la
Constitución, excede las competencias del juez constitucional al pretender que se
recabe sobre la legalidad de la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
concerniente a analizar si el señor José Gregorio Pérez Valdez tenía derecho a que se
le ordenara a la Fiscalía General de la Nación, el pago de la reliquidación de sus
prestaciones por considerar que la naturaleza de la bonificación judicial prevista en el
Decreto 382 de 2013 es salarial, ello, pese a que no reclamó de manera previa, en vía
administrativa, el reconocimiento del derecho a percibir dicho beneficio, comoquiera
que en el proceso ordinario se demostró a partir de las constancias de nómina, que no
lo recibía.
En punto al desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado, el extremo accionante se limitó a indicar que dichas autoridades han
17 Para tal efecto citó como desconocidas las siguientes sentencias: (i) T-701 de 2004 de la Corte
Constitucional; (ii) C-590 de 2005 de la Corte Constitucional; (iii) del 6 de abril de 2022 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, radicado 2018-041401; (iv) y aquellas dictadas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en los radicados 2016-187, 2016-212, 2016-117, 2016-241, 2016-
382, 2017-58, 2017-62 y 2016-00254.
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determinado que el juez tiene el deber de interpretar integralmente la demanda en
relación con la naturaleza salarial de la bonificación judicial, y omitió precisar cuál o
cuáles son las reglas de derecho establecidas en las sentencias citadas, los supuestos
fácticos y jurídicos que presentan similitud con el caso objeto de atención, y la
incidencia de ello en el sentido de la decisión reprochada. Lo anterior, aunado a que
la discusión abordada por el juez natural se centró en la ausencia del acto
administrativo denegatorio del reconocimiento del derecho a percibir la bonificación, y
no, si dicho beneficio tenía connotación salarial.
Igual conclusión se deriva del presunto desconocimiento de los antecedentes del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por cuanto en estos, la discusión giró en
torno a determinar si los demandantes, quienes percibían la bonificación, tenían
derecho a que se les reconociera el carácter salarial de esta y su incidencia en las
prestaciones, lo cual, de entrada difiere del núcleo del análisis realizado en el caso del
señor Pérez Valdez, evento en el cual se negaron sus pretensiones porque no
devengaba el derecho principal.
Ello, conlleva que se demuestre que el caso, lejos de ameritar un examen a partir de
los postulados constitucionales, se limita al estudio de la legalidad de la decisión del
juez competente en materia contenciosa, la cual fue adoptada en el marco de los
principios de autonomía e independencia judicial.
En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez
un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado la judicatura cuestionada.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el extremo accionante ejecute una exposición
que sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto
de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo
esencial.
Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación iusfundamental
alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de
esta sede advertir una prominente transgresión de las prerrogativas superiores del
accionante con ocasión de la expedición de la providencia dictada por la autoridad
censurada.
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En resumen, no se evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración de
garantías constitucionales que permita superar el requisito de relevancia constitucional
tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello comoquiera que el
debate gira en torno a un asunto de interpretación meramente legal y no se evidencia
una vulneración palmaria que amerite la intervención del juez de tutela 18. Todo lo
anterior, da lugar a que esta Sala confirme la improcedencia de la solicitud de amparo
de la referencia.
2.5. Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 16 de julio de 2026
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la
acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 16 de julio de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
18 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-
000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv)
sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03787-01
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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