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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03788-00

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03788-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-03788-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03788-00
Accionante: Rubén Darío Arango Arango
Accionado: Sección Cuarta del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide sobre la acción de tutela1 presentada por el señor Rubén Darío
Arango Arango en contra del Consejo de Estado – Sección Cuarta.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 19 de mayo de 20262, el señor Rubén Darío Arango Arango interpuso la presente
acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad, que estimó vulnerados por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior, con ocasión de la sentencia proferida el
26 de marzo de 2026 dentro del proceso de nulidad simple identificado con el
radicado 05001-23-33-000-2023-00579-01, mediante la cual se establecieron
nuevas condiciones respecto del impuesto de alumbrado público. Según afirmó el
actor, dicha decisión llevó al municipio de Tarso (Antioquia), donde reside, a evaluar
la modificación del respectivo acuerdo municipal, circunstancia que podría
traducirse en la imposición de una obligación tributaria que actualmente no se
encuentra a su cargo.

2. Hechos

2.1. El accionante adujo que tiene 48 años y reside en el municipio de Tarso,
Antioquia, donde ha desarrollado su proyecto de vida personal, familiar y productivo.
Afirmó que se desempeña como trabajador del campo en labores agrícolas de
carácter informal y ocasional, de las cuales obtiene los recursos necesarios para su
sostenimiento y el de su familia. No obstante, precisó que sus ingresos son variables
e inestables, pues dependen de la disponibilidad de jornales y de las temporadas

1
Obra en el certificado B9F8C7F25DB7F470 EA20748B66D2F06F 31440F8C4BFC404E 8B08D2ADF1F89BC8, índice 2.
2
Obra en el certificado 7E8F1C67B25573FD 9142C2CF0DCCD6A8 5C0C61804CF49158 13BAC55D57E09B3E, índice 3.

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Accionante: Rubén Darío Arango Arango
Accionado: Sección Cuarta del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

agrícolas, además de factores como las condiciones climáticas, la escasez de
trabajo rural y la informalidad propia del sector.

2.2. Héctor Gustavo Ramírez Pardo y Andrea Beatriz Pinedo Bayona promovieron
el medio de control de nulidad3 contra el Acuerdo 003 de 2022, expedido por el
Concejo Municipal de Tarso, mediante el cual se modificó el capítulo XVI del
Acuerdo 019 del 20 de diciembre de 2019. Subsidiariamente, solicitaron la nulidad
parcial del artículo 145 del Acuerdo 019 de 2019, en la forma en que fue modificado
por el Acuerdo 003 de 2022, por considerar que: (i) incluyó como sujetos pasivos
del impuesto de alumbrado público a los usuarios, autogeneradores, cogeneradores
y titulares de predios; (ii) vinculó el hecho generador a la sola tenencia o ubicación
de predios en el municipio; (iii) incorporó la energía autogenerada y cogenerada a
la base gravable; y (iv) estableció la fórmula y las tarifas aplicables a los
generadores, autogeneradores y cogeneradores, incluidas tarifas mínimas
expresadas en UVT y parámetros asociados al mercado de energía.

2.3. El conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al Tribunal
Administrativo de Antioquia, bajo el radicado 05001-23-33-000-2023-00579-00,
autoridad que, mediante sentencia del 10 de febrero de 20254, negó las
pretensiones de la demanda.

2.4. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, recurso que fue
resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 26
de marzo de 20265, que revocó la sentencia recurrida y declaró la nulidad parcial
del artículo 145 del Acuerdo 019 de 2019.

3. Fundamentos de la acción de tutela

3.1. El actor manifestó que la referida sentencia estableció nuevas condiciones en
materia del impuesto de alumbrado público con efectos generales para los
municipios, circunstancia que habría llevado al municipio de Tarso a evaluar la
modificación del respectivo acuerdo municipal. Afirmó que, como consecuencia de
ello, existe la posibilidad cierta e inminente de que se modifiquen las tarifas o las

3
PDF 01 del certificado CF8F7512D494DB1C D7CB2EF350AE0E49 464BA5C60CDAA994 02451FC18CD9949C, índice 17.
4
PDF 55 ibid.
5
Archivo 64 PDF 01 ibid.

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condiciones de aplicación de dicho tributo y, en consecuencia, se le imponga una
obligación que actualmente no se encuentra a su cargo.

3.2. Expuso que la eventual exigencia del impuesto afectaría gravemente su
actividad económica, pues tendría que destinar recursos adicionales no previstos,
lo que, según indicó, podría ocasionar la quiebra y el cierre de su tienda. Agregó
que carece de empleo formal, estabilidad laboral e ingresos fijos, mensuales o
constantes, de manera que cualquier carga económica adicional comprometería su
mínimo vital y el de su familia.

3.3. Asimismo, sostuvo que la providencia desconoció los criterios fijados en la
Sentencia de Unificación 2019-CE-SUJ-4-009 del 6 de noviembre de 2019, según
los cuales la autonomía tributaria de las entidades territoriales está limitada por los
principios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad. Agregó que la sola
condición de usuario potencial del servicio de alumbrado público no podía traducirse
en una obligación tributaria que desconociera la capacidad contributiva del sujeto
pasivo, particularmente respecto de las personas clasificadas en el estrato
socioeconómico 1 y en el grupo A del Sisbén.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“PRIMERO. Que, se deje sin efectos la providencia judicial proferida dentro del
proceso identificado con radicado No. 05001-23-33-000-2023-00579-01 del 26
de marzo de 2026, en cuanto genera una amenaza cierta e inminente a mis
derechos fundamentales.

SEGUNDO. Que, como medida provisional, de conformidad con el artículo 7
del Decreto 2591 de 1991, se suspenda de manera inmediata cualquier
actuación tendiente a la implementación o cobro del impuesto de alumbrado
público respecto del accionante, con el fin de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable.”6

6
Folio 9 del certificado B9F8C7F25DB7F470 EA20748B66D2F06F 31440F8C4BFC404E 8B08D2ADF1F89BC8, índice 2.

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Accionante: Rubén Darío Arango Arango
Accionado: Sección Cuarta del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 20 de mayo de 20267, el Despacho ponente inadmitió la
solicitud de amparo, con el fin de que el accionante aclarara quiénes eran los
titulares de los derechos fundamentales invocados, precisara las autoridades
judiciales contra las cuales dirigía la acción y concretara los hechos constitutivos de
la presunta vulneración.

5.2. Una vez subsanado el escrito de tutela8, el Despacho ponente admitió la acción
y ordenó notificar a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en calidad de
autoridad accionada. Asimismo, dispuso vincular como terceros interesados a
Héctor Gustavo Ramírez Pardo, Andrea Beatriz Pinedo Bayona, el municipio de
Tarso y el Concejo Municipal de Tarso, por haber integrado los extremos activo y
pasivo del medio de control de nulidad radicado 05001-23-33-000-2023-00579-00.
Igualmente, vinculó al Tribunal Administrativo de Antioquia, por haber conocido del
asunto en primera instancia9.

5.3. La magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello10, en representación de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, se opuso a la solicitud de amparo y sostuvo
que el accionante carecía de legitimación en la causa por activa, por cuanto no fue
parte, tercero interviniente ni coadyuvante en el proceso de nulidad en el que se
profirió la sentencia cuestionada, decisión que tampoco definió una obligación
tributaria particular a su cargo.

Agregó que la afectación alegada era meramente hipotética, pues dependía de la
eventual expedición de un nuevo acuerdo municipal que modificara las condiciones
del impuesto de alumbrado público.

Asimismo, afirmó que la tutela carecía de relevancia constitucional, dado que el
actor no explicó de qué manera la providencia cuestionada vulneraba directamente
sus derechos fundamentales, sino que se limitó a cuestionar los eventuales efectos
económicos de una futura actuación administrativa del municipio. Precisó que la

7
Obra en el certificado 7C1DB733D597AA6E 94CC178BE6B54AB6 F4B48BCE25905537 2B481BCE016785F9, índice 5.
8
Obra en el certificado 81569BB42E2300CD 84F56834E11B7E65 47477D32D1C6AB48 9948E95BDBA39513, índice 9.
9
Los soportes de notificación obran en los índices 14 y 24.
10
Obra en el certificado EE556433546E3E85 87D6A4F0AC0751F0 B34B3670413CE127 54B20C656957D2E4, índice 18.

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Accionante: Rubén Darío Arango Arango
Accionado: Sección Cuarta del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

sentencia no creó ni incrementó cargas tributarias, no amplió el universo de sujetos
pasivos ni ordenó cobro alguno al accionante; por el contrario, se limitó a restringir
la regulación municipal mediante la declaratoria de nulidad parcial del artículo 145
del Acuerdo 019 de 2019, modificado por el Acuerdo 003 de 2022.

Finalmente, sostuvo que no se configuró el defecto sustantivo alegado, toda vez
que la providencia cuestionada aplicó la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 943 de 2018,
normas vigentes para el momento en que fueron expedidos los acuerdos
municipales examinados y que reconfiguraron el impuesto de alumbrado público.
De igual manera, descartó el desconocimiento del precedente, al considerar que la
sentencia de unificación invocada por el accionante se fundó en disposiciones
anteriores a la Ley 1819 de 2016, por lo que el cambio normativo justificaba la
aplicación de reglas distintas; en consecuencia, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela o, subsidiariamente, negar sus pretensiones.

5.4. Héctor Gustavo Ramírez Pardo11 sostuvo que la tutela era improcedente por
falta de legitimación por activa, relevancia constitucional y subsidiariedad, pues el
accionante no intervino en el proceso de nulidad y sustentó la presunta vulneración
en la posibilidad futura e incierta de que el municipio de Tarso modificara el impuesto
de alumbrado público. Señaló que la sentencia cuestionada no impuso ninguna
obligación tributaria concreta al actor y que, ante un eventual acto de determinación
o cobro, este dispondría de los mecanismos administrativos y judiciales
correspondientes.

Asimismo, afirmó que no se configuró defecto sustantivo ni desconocimiento del
precedente, ya que la Sección Cuarta aplicó el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016
y la sentencia de unificación del 6 de noviembre de 2019 para anular las bases
gravables y tarifas que excedían los parámetros legales. Por ello, solicitó rechazar
la tutela por improcedente o, subsidiariamente, negar el amparo y mantener en firme
la providencia del 26 de marzo de 2026.

5.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia12 allegó el expediente solicitado.

5.6. Los demás interesados guardaron silencio.

11
Obra en el certificado 6A3F6898C3B543AF 7227B0662B64F14C E1E4045D8A83F3CC 18BCE96D0F16E147, índice 26.
12
Obra en el certificado CF8F7512D494DB1C D7CB2EF350AE0E49 464BA5C60CDAA994 02451FC18CD9949C, índice 17.

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Accionante: Rubén Darío Arango Arango
Accionado: Sección Cuarta del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por Rubén
Darío Arango Arango contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto
2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. La verificación de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

3.1. La legitimación en la causa constituye uno de los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela, cuya verificación resulta necesaria para
establecer si quien acude al juez constitucional está habilitado para reclamar la
protección de los derechos fundamentales invocados. Sobre el particular, el artículo
86 de la Constitución Política dispone que “toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública.

En desarrollo de ese mandato superior, el artículo 1013 del Decreto 2591 de 199114
establece que la solicitud de amparo puede ser promovida por la persona cuyos
derechos fundamentales se encuentren vulnerados o amenazados, ya sea
directamente o por medio de representante; asimismo, autoriza la agencia oficiosa

13
Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
14
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

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Accionante: Rubén Darío Arango Arango
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cuando el titular de las garantías invocadas no esté en condiciones de ejercer su
propia defensa, circunstancia que deberá manifestarse en la solicitud, y faculta al
Defensor del Pueblo y a los personeros municipales para ejercer la acción.

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-799 de 2009, precisó el alcance
de la legitimación en la causa como presupuesto de procedibilidad de la acción de
tutela, en los siguientes términos:

“La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el
juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo.”

“… la “legitimación por activa” es … requisito de procedibilidad. Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un
derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona…
Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de
procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la
vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de la
autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna
improcedente”15. (Negrillas fuera del texto)

En ese orden, la legitimación en la causa supone, por una parte, que quien
promueve la acción sea titular de los derechos fundamentales cuya protección
reclama o que se encuentre habilitado para actuar en nombre de su titular; y, por
otra, que la solicitud de amparo se dirija contra la autoridad pública o el particular a
quien sea atribuible la acción u omisión que presuntamente dio lugar a la
vulneración o amenaza de tales derechos.

De esta manera, si los demandantes carecen de legitimación en la causa, no será
posible que prosperen las pretensiones que formulan, toda vez que no ostentan la
titularidad de la relación jurídica, del derecho o del interés sustancial que les sirve
de fundamento. Por su parte, si los demandados carecen de legitimación, no podrán
ser constreñidos a realizar prestación alguna en favor de los convocantes, puesto
que tales pretensiones debieron dirigirse contra otros sujetos16.

15
Sentencia T-799 de 2009.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de mayo
de 2013, expediente: 24510, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03788-00
Accionante: Rubén Darío Arango Arango
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3.2. En el presente asunto, el señor Rubén Darío Arango Arango promovió la acción
de tutela con el propósito de controvertir la sentencia proferida el 26 de marzo de
2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad
simple radicado 05001-23-33-000-2023-00579-01. A su juicio, dicha providencia fijó
nuevas condiciones para la determinación del impuesto de alumbrado público y,
como consecuencia de ello, el municipio de Tarso podría modificar las tarifas o las
condiciones de aplicación del tributo e imponerle una carga económica que
actualmente no asume.

3.3. En el sub examine se encuentra acreditado que Héctor Gustavo Ramírez Pardo
y Andrea Beatriz Pinedo Bayona promovieron el medio de control de nulidad,
radicado bajo el número 05001-23-33-000-2023-00579-00, con el propósito de
obtener la declaratoria de nulidad del Acuerdo 003 de 2022, expedido por el Concejo
Municipal de Tarso, Antioquia, y, de manera subsidiaria, solicitaron la nulidad de
determinados apartes de los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 145 del Acuerdo 019
de 2019, en los términos en que fue modificado por el Acuerdo 003 de 2022.

Ahora bien, se evidencia que mediante sentencia del 26 de marzo de 2026 la
Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la decisión proferida el 10 de febrero
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, y, en
su lugar, declaró la nulidad parcial del artículo 145 del Acuerdo 019 de 2019,
modificado por el artículo 1º del Acuerdo 003 de 2022, respecto de las expresiones
que permitían determinar el impuesto de alumbrado público con fundamento en el
consumo de energía generada, autogenerada o cogenerada, al considerar que no
existía autorización legal para emplear tales conceptos como parámetro del tributo,
sin perjuicio de que, cuando esos sujetos tuvieran la calidad de usuarios del servicio
público domiciliario de energía eléctrica, fuera el consumo de este el factor que se
tuviera en cuenta para establecer el impuesto a su cargo.

3.4. No obstante, la Sala advierte que el actor carece de legitimación en la causa
por activa para controvertir la providencia cuestionada, toda vez que no acreditó
haber intervenido como parte, tercero o coadyuvante dentro del proceso de nulidad
simple en el que aquella fue proferida, pese a que, según se constató en el
expediente, el 1.º de septiembre de 202317 se publicó un aviso dirigido a la

17
PDF 27 del certificado CF8F7512D494DB1C D7CB2EF350AE0E49 464BA5C60CDAA994 02451FC18CD9949C, índice
17.

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Accionante: Rubén Darío Arango Arango
Accionado: Sección Cuarta del Consejo de Estado
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comunidad con el fin de que cualquier ciudadano con interés pudiera impugnar o
coadyuvar la demanda, o intervenir en defensa del acto administrativo acusado.

Si bien el señor Rubén Darío Arango Arango sostuvo que los efectos de esa decisión
podrían incidir desfavorablemente en su situación tributaria, tal circunstancia no lo
habilitaba para cuestionarla mediante la acción de tutela, pues, si pretendía
oponerse a lo que se resolviera en el proceso de nulidad, debía comparecer
oportunamente a dicho trámite y formular allí los argumentos que estimara
pertinentes; como no lo hizo, no adquirió la condición de parte o interviniente
necesaria para controvertir en sede constitucional la sentencia allí proferida.

3.5. Además, aun si en gracia de discusión se admitiera que el actor se encuentra
legitimado, la acción de tutela tampoco resultaría procedente, toda vez que la
afectación que invoca no es actual ni cierta, sino que depende de la eventual
expedición de una nueva regulación municipal sobre el impuesto de alumbrado
público y de la posterior imposición de una obligación tributaria concreta a su cargo,
circunstancias que, hasta el momento, no se han configurado.

Recuérdese que la Corte Constitucional ha señalado que, a partir de una
interpretación sistemática de la Constitución Política y de los artículos 5.º y 6.º del
Decreto 2591 de 1991, el “amparo constitucional se torna improcedente, entre otras
causas, cuando no existe una actuación u omisión del agente accionado a la que
se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías
fundamentales en cuestión”18. Lo anterior, en tanto “(…) para que la acción de tutela
sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que
las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales
existan (…)”19 ya que “sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un
derecho fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la cual
proteger al interesado (…)”20.

Así las cosas, ante la ausencia de ese presupuesto lógico-jurídico esencial, esto es,
de una acción u omisión concreta respecto de la cual pueda efectuarse el juicio de
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados, la acción de

18
Sentencia T-130 de 2014.
19
Ibid.
20
Ibid.

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tutela resulta improcedente, pues este mecanismo está instituido para brindar
protección frente a afectaciones actuales o amenazas ciertas e inminentes, y no
ante situaciones que únicamente podrían llegar a presentarse según la apreciación
subjetiva del interesado.

4. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará
improcedente el amparo constitucional objeto de estudio.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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