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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03789-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03789-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la señora DIANA MARGARITA MORALES CORTÉS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03789-00 Actora: ORGENIS CELADA CARDOZO SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03789-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03789-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ORGENIS CELADA CARDOZO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, VIDA DIGNA,
FAMILIA y DIGNIDAD HUMANA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE NEIVA1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora ORGENIS CELADA CARDOZO, actuando en nombre

1
En adelante Juzgado.
2
En adelante Tribunal.

2

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Actora: ORGENIS CELADA CARDOZO

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia, a la tutela judicial efectiva, a la vida digna, a la familia, a la

dignidad humana y a los principios de confianza legítima y seguridad

jurídica, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el

TRIBUNAL, al haber proferido, respectivamente, las providencias de

18 de febrero y 28 de abril de 2026, dentro del incidente de desacato

adelantado en el medio de control de cumplimiento de normas con

fuerza material de ley y actos administrativos identificado con el

número único de radicación 2023-00334-01.

I.2. Hechos

Manifestó que la INSPECCIÓN PRIMERA DE POLICÍA CON

DELEGACIÓN DE CONTROL URBANO DEL MUNICIPIO DE

NEIVA3 a través de la Resolución núm. 004 de 5 de noviembre de

2021 le impuso una sanción urbanística de demolición de 215,06

metros cuadrados, de una construcción irregular que se desarrolló en

un inmueble de su propiedad.

Señaló que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

3
En adelante Inspección.

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3

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Actora: ORGENIS CELADA CARDOZO

apelación ante el alcalde del MUNICIPIO DE NEIVA4 que, mediante

Resolución núm. 011 de 27 de enero de 2022, confirmó la sanción.

Aseveró que el señor OSCAR JAVIER ANDRADE promovió medio

de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley y

actos administrativos en su contra, el MUNICIPIO y la

INSPECCIÓN, el cual fue identificado con el número único de

radicación 2023-00334-00 y le correspondió en primera instancia al

JUZGADO que, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2023,

accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró que

dichas autoridades incumplieron la orden dispuesta en los actos

administrativos aludidos y les ordenó acatar lo allí dispuesto.

Advirtió que inconforme con tal decisión, al igual que el MUNICIPIO

interpusieron recursos de apelación ante el TRIBUNAL que, en

providencia de 8 de febrero de 2024, confirmó la sentencia del a quo.

Señaló que el ciudadano OSCAR JAVIER ANDRADE promovió

incidente de desacato por incumplimiento de las providencias ante el

JUZGADO que, mediante providencia de 18 de febrero de la presente

anualidad sancionó por desacato a los señores FABIO ORLANDO

TOLEDO QUIÑONES en calidad de inspector primero de policía del

4
En adelante Municipio.

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MUNICIPIO, DIANA MARGARITA MORALES CORTÉS como

directora de justicia municipal, JOSÉ FERNEY DUCUARA CASTRO

en calidad de secretario de gobierno municipal, como funcionarios

encargados del cumplimiento del fallo, y al señor GERMÁN

CASAGUA BONILLA en calidad de alcalde del MUNICIPIO, como

superior jerárquico de los anteriores, con multa equivalente a cinco

(5) salarios mínimos legales mensuales vigentes5 (smlmv), para cada

uno y, los conminó a dar cumplimiento a las providencias

desatendidas.

Refirió que inconforme con la decisión en calidad de tercera

interesada, al igual que los funcionarios sancionados interpusieron

recursos de apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 28

de abril del año en curso, modificó el numeral segundo de la decisión

inicial y redujo la sanción a un (1) smlmv, para cada uno de los

incidentados y, en lo demás, confirmó la providencia del a quo.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, las providencias judiciales incurrieron en

defecto sustantivo, al sustituir indebidamente la voluntad

contenida en los actos administrativos ejecutoriados, alterando

materialmente sus contenidos obligacionales.

5
En adelante SMLMV.

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5

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Señaló que las autoridades judiciales accionadas ampliaron de

manera arbitraria los contenidos de los actos administrativos y

transformaron la obligación de derribamiento parcial en una orden

de demolición total indeterminada, circunstancia que no fue

especificada en las resoluciones objeto de cumplimiento.

Mencionó que también incurrieron en defecto procedimental

absoluto, al transformar el debate incidental en una instancia de

reinterpretación del mandato administrativo en el que se concluyó

erróneamente que la orden de demolición implicaba la totalidad del

inmueble, vulnerando de manera ostensible los principios de

legalidad, seguridad jurídica e inmutabilidad de las decisiones

ejecutoriadas.

Finalmente, adujo que las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en defecto fáctico, al desconocer el material probatorio

que acreditó el cumplimiento material de la obligación impuesta, esto

es, los actos contractuales mediante los cuales se demostró la

demolición de los 215,06 m2, dentro del bien inmueble objeto del

proceso policivo.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia:

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Actora: ORGENIS CELADA CARDOZO

“[…] PRIMERA. Amparar de manera inmediata y efectiva los
derechos fundamentales de la señora ORGENIS CELADA
CARDOZO y de su núcleo familiar, particularmente los derechos al
debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia,
confianza legítima, vivienda digna, seguridad jurídica y protección
especial del núcleo familiar, los cuales han sido vulnerados como
consecuencia de las decisiones judiciales aquí cuestionadas y de
sus efectos materiales sobre el inmueble objeto de controversia.

SEGUNDA. Como consecuencia del amparo solicitado, dejar sin
efectos jurídicos el auto proferido el 18 DE FEBRERO DE 2026
POR EL JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE NEIVA, por
medio del cual se adoptó una decisión que desconoció el alcance
jurídico de la Resolución No. 004 de 2021, excediendo el marco
interpretativo del acto administrativo y vulnerando los derechos
fundamentales de la accionante y su núcleo familiar.

TERCERA. De igual manera, dejar sin efectos jurídicos el auto
de fecha 28 DE ABRIL DE 2026, proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA, con ponencia DEL HONORABLE
MAGISTRADO JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO, mediante el cual
se confirmó íntegramente la providencia emitida por el Juzgado
Octavo Administrativo de Neiva, al reiterar los mismos defectos
de interpretación, motivación y valoración probatoria que dieron
lugar a la vulneración constitucional aquí denunciada.

CUARTA. Ordenar al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva,
o a la autoridad judicial que resulte competente, que profiera una
nueva decisión judicial debidamente motivada, con estricta
sujeción al marco normativo y fáctico aplicable al caso concreto,
limitando su análisis exclusivamente al contenido, alcance y efectos
jurídicos de la Resolución No. 004 de 2021, sin extender sus
efectos a situaciones no previstas expresa ni materialmente dentro
del acto administrativo.

QUINTA. Ordenar que, en la nueva decisión que se adopte, se
prohíba expresamente cualquier ampliación, interpretación
extensiva o aplicación analógica del contenido de la
Resolución No. 004 de 2021, garantizando que su alcance sea
definido conforme a los principios de legalidad, seguridad jurídica,
confianza legítima y respeto por los actos propios de la
administración […]”. (Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO manifestó que la solicitud de amparo resulta

improcedente, por cuanto no se evidencia una causal específica de

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procedibilidad contra las providencias judiciales cuestionadas, sino

que la controversia se origina en una discrepancia interpretativa

respecto de estas.

Aseguró que la acción constitucional no puede convertirse en una

tercera instancia, con el objeto de reabrir un debate jurídico

debidamente resuelto por el juez competente.

I.5.2.- El señor JOSÉ FERNEY DUCUARA CASTRO en calidad de

secretario de gobierno del MUNICIPIO, consideró que las

providencias cuestionadas adolecen de vías de hecho, dada la

interpretación arbitraria que se empleó respecto del cumplimiento de

los actos administrativos presuntamente inobservados.

I.5.3.- La señora DIANA MARGARITA MORALES CORTÉS en

calidad de directora de justicia del MUNICIPIO, solicitó ser

desvinculada del presente trámite constitucional, en la medida que

no ha vulnerado los derechos fundamentales deprecados por la

actora.

I.5.4.- El TRIBUNAL mencionó que la solicitud de amparo no

cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues las

pretensiones están encaminadas a reabrir el debate jurídico ya

resuelto dentro del incidente de desacato cuestionado, buscando

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sustituir el criterio adoptado por el juez natural del asunto.

I.5.5.- Los señores ÓSCAR JAVIER ANDRADE LOSADA, GERMÁN

CASAGUA BONILLA y FABIO ORLANDO TOLEDO QUIÑONES,

guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la señora DIANA MARGARITA MORALES

CORTÉS solicitó ser desvinculada del presente trámite por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la ciudadana DIANA MARGARITA MORALES

CORTÉS fungió como parte incidentada dentro del medio de control

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objeto de cuestionamiento, la Sala concluye que le asiste interés en

la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la

que se denegará la solicitud de desvinculación como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones

dictadas dentro del trámite incidental

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela

contra providencias que resuelven incidentes de desacato o

solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera

excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia

de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se

constate una vulneración o una amenaza a los derechos

fundamentales del sancionado”6.

6
Cfr. Sentencia T-325 de 2015.

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Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos

requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al

momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia

SU- 034 de 20187, esa Corporación señaló:

«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]».

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 18 de febrero y 28 de abril de

2026, proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el

TRIBUNAL, dentro del incidente de desacato adelantado en el medio

de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley y

actos administrativos identificado con el número único de radicación

2023-00334-01.

7
M.P. Alberto Rojas Ríos.

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A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la vida digna,

a la familia, a la dignidad humana y a los principios de confianza

legítima y seguridad jurídica, habida cuenta que, a juicio de la actora,

incurrieron en defecto sustantivo, al ampliar de manera arbitraria

el contenido de los actos administrativos y transformar la obligación

de derribamiento parcial en una orden de demolición total

indeterminada, circunstancia que no fue especificada en las

resoluciones objeto de cumplimiento.

Mencionó que también incurrieron en defecto procedimental

absoluto, al transformar el debate incidental en una instancia de

reinterpretación del mandato administrativo en el que se concluyó

erróneamente que la orden de demolición implicaba la totalidad del

inmueble, vulnerando de manera ostensible los principios de

legalidad, seguridad jurídica e inmutabilidad de las decisiones

ejecutoriadas.

Finalmente, adujo que las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en defecto fáctico, al desconocer el material probatorio

que acreditó el cumplimiento material de la obligación impuesta, esto

es, los actos contractuales mediate los cuales se demostró la

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Actora: ORGENIS CELADA CARDOZO

demolición de los 215,06 m2, dentro del bien inmueble objeto del

proceso policivo.

Es del caso advertir que aun cuando en la acción de tutela se solicita

dejar sin efectos tanto la providencia de 18 de febrero de 2026

proferida por el JUZGADO, como la dictada el 28 de abril de la

misma anualidad por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente

el análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales

invocados frente a la decisión de segunda instancia, toda vez que fue

esta la que resolvió el recurso de apelación.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».9

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena de rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o

[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la

relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por la

actora es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a

consideración del juez natural, como si este mecanismo

constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso

ordinario.

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En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la parte

actora se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial

transformó el debate incidental en una instancia de reinterpretación

del mandato administrativo en el que se concluyó erróneamente que

la orden de demolición implicaba la totalidad del inmueble,

circunstancia que no fue especificada en los actos administrativos

objeto de cumplimiento.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el

TRIBUNAL, así:

“[…] El proceso verbal abreviado de policía No. 012-19 inicia
por la querella que presenta el señor Oscar Javier Andrade
Losada el 4 y 10 de enero de 2019 con ocasión de la construcción
iniciada por la señora Orgenis Celada Cardozo en el predio de la
Calle 2 No. 7-76 de Neiva sin contar con la respectiva licencia
urbanística y en auto del 17 de enero de 2019 el Inspector
Primero de Neiva ordena la suspensión de la construcción y le
concedió a la querellada el término de ley para hacer el
reconocimiento de la construcción, el cual venció sin haberlo
alcanzado, como aparece en el acta de la audiencia del 5 de
noviembre de 2021 donde se toma la decisión tema de
cumplimiento.

A lo largo de las consideraciones de dicho acto se menciona que
el 25 de febrero de 2019 se reitera la orden de suspensión y las
distintas solicitudes del querellante para hacer efectiva esa
suspensión de la obra (19 de marzo, 18 de mayo, 30 de julio y
29 de octubre, todas del 2019 y el 24 de junio de 2020), con las
respectivas actuaciones para que la orden de suspensión de la
construcción que se inició en el predio mencionado se acatara

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por la querellada, pero de manera reiterada hizo caso omiso.

Precisa el acta en comento que el material probatorio allegado
“permite tener certeza no solo de la construcción en sí, sino del
avance de la misma a lo largo de los años 2019, 2020, 2021,
puesto que ya puede evidenciarse una edificación consistente en
tres pisos o niveles” levantada en el predio de la Calle 2 No. 7-
76
del barrio Estadio Urdaneta de Neiva sin la correspondiente
licencia urbanística.

Aduce el acto que el IGAC remitió el 12 de julio de 2021
certificado de avalúo catastral del predio de la Calle 2 No. 7-56
(antes Calle 2 No. 7-76) y número catastral 41-001-01-03-
00000147-00040000000 (antes 03-147-0004-000) y la
secretaría de hacienda municipal remite el 14 de julio de 2021
certificado de avalúo catastral del mismo inmueble

De igual forma, en el trámite policivo se llevó a cabo una
inspección técnica en el inmueble de la Calle 2 No. 7-76 del
barrio Estadio Urdaneta, cuyos resultados fueron informados por
el director de Planeación Municipal mediante el Oficio DAP- 483
del 28 de abril de 2021, donde se precisa que se trata de la
contravención del Decreto 1203 de 2017, atinente al estudio del
trámite y expedición de licencia urbanística y que el área de
infracción es el siguiente: […]

Como puede verse lo ordenado es la demolición de lo construido
sobre el lote al cual está referida el área señalada, por eso,
resultan baladíes los razonamientos que hacen los incidentados
en señalar que el área a demoler era solo la del lote y no la
construcción total como se desprende de la querella y de la
decisión que le puso término.

Lo expuesto es producto de una interpretación racional, lógica y
sistemática del trámite policivo, las consideraciones y decisiones
de la Resolución 004 de 2021 confirmada con la resolución 011
de 2022 sin que ello implique modificar la sentencia que dispuso
el cumplimiento de dichos actos (como señalan los reparos), sino
darles el entendimiento que les corresponde.

Se recala entonces, que la orden dada en los actos
administrativos es la demolición de lo construido sobre el lote y
que la finalidad de la medida correctiva es la eliminación de toda
construcción existente sobre dicho predio por haberse levantado
sin la respectiva licencia urbanística, máxime que al momento
de la expedición del acto el inmueble ya contaba con tres
plantas, lo que permite ratificar que la orden de demolición
estaba dirigida a lo construido sobre dicho lote.

En consecuencia, no resulta de recibo el argumento de los

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apelantes según el cual se da cumplimiento a la orden con la
demolición de 215.06 m² correspondientes únicamente a la
última de las plantas o niveles, pues lo demás construido no solo
se levantó burlando la suspensión dispuesta sino también sin la
respectiva licencia y por ende incurriendo en la infracción que se
sanciona con los actos referidos, de ahí que los reparos
presentados sobre el cumplimiento de la orden de la sentencia,
no se acogen y desde ya permiten señalar que la decisión
recurrida se debe confirmar en cuanto se acredita objetivamente
que la sentencia y los actos objeto de la misma, no se han
cumplido cabalmente […]”. (Destacado pertenece al texto).

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que el TRIBUNAL realizó un análisis exhaustivo de las pruebas

obrantes en el expediente y, a partir de dicho estudio, concluyó que

los actos administrativos cuyo cumplimiento se pretendía tenían

como finalidad la aplicación de una medida correctiva enfocada en la

demolición de toda construcción efectuada sin el lleno de los

requisitos legales. En consecuencia, al evaluar la situación particular

de la actora, advirtió que, al momento de expedirse la sanción, el

inmueble ya contaba con tres plantas edificadas sin la

correspondiente licencia de construcción.

En ese sentido, para el TRIBUNAL no resultó válido el argumento

según el cual la orden judicial se extinguió con la sola demolición de

los 215,06 m² correspondientes al último nivel; pues, a su juicio, las

plantas restantes se edificaron vulnerando la orden de suspensión y

la normatividad urbanística local.

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Así las cosas, la autoridad judicial accionada desestimó los reparos

de la recurrente en torno al acatamiento del fallo, al evidenciar que

la orden judicial no se había ejecutado en su totalidad.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora

alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece

del requisito general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada

por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en

el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a

la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para

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controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por

la señora DIANA MARGARITA MORALES CORTÉS, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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