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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03814-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03814-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Milton Edmundo Mutis Vallejo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03814-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

18 de junio de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciocho (18) de junio dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03814-00
Demandante: MILTON EDMUNDO MUTIS VALLEJO
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA IMPROCEDENTE POR NO ENCONTRARSE
SATISFECHO EL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia de segunda instancia que confirmó la
decisión de librar parcialmente el mandamiento de pago, sin incluir las obligaciones de hacer; sin
embargo, la Sala declarará improcedente el amparo por carencia del requisito de relevancia
constitucional, porque el interés de la parte actora es emplear la acción de tutela como una instancia
adicional al proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Milton Edmundo Mutis Vallejo,
a través de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado para la protección de sus
derechos fundamentales del debido proceso, dignidad humana y acceso a la
administración de justicia consagrados en los artículos 12, 29 y 229 de la Constitución
Política, presuntamente vulnerados por las providencias del 26 de junio de 2025 y 26 de
marzo de 2026, proferidas por dichas autoridades judiciales respectivamente.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1
La demanda de tutela fue presentada el 19 de mayo de 2026.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03814-00
Demandante: Milton Edmundo Mutis Vallejo
Acción de tutela

1) El señor Milton Edmundo Mutis Vallejo promovió demanda ejecutiva con
fundamento en la sentencia de 20 de febrero de 2019 del Tribunal Administrativo del
Tolima, confirmada por la sentencia del 5 de diciembre de 2023 del Consejo de Estado,
por medio de la cual se condenó a la Nación – Rama Judicial a reliquidar, reajustar y
pagar las acreencias laborales reclamadas por el actor, desde el 18 de marzo de 2013
hasta la fecha de la sentencia y en adelante, para lo cual solicitó se libre mandamiento
de pago por las obligaciones de dar2 y hacer3.

2) En auto de 26 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima libró
mandamiento parcial de pago y se abstuvo de ejecutar las obligaciones de hacer sobre
la base de que el documento constitutivo del título complejo no reunía los requisitos
exigidos por el artículo 422 del Código General del Proceso para los títulos ejecutivos.

3) Inconforme con la decisión, la parte ejecutante presentó recurso de reposición y,
en subsidio, de apelación; al respecto, indicó que el tribunal erró en considerar que las
obligaciones de hacer, esto es, la expedición del acto administrativo de cumplimiento y la
realización del cálculo actuarial, no se derivan de la sentencia, pues, la sentencia
constitutiva del título ejecutivo ordenó de manera expresa que se reliquidaran todas las
prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación básica mensual legal y que
se efectuaran los aportes a pensión sobre esa base; de esta forma, la negativa a ejecutar
las obligaciones de hacer le impidió reclamar los perjuicios y sanciones derivados de la
mora administrativa.

4) En auto de 26 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado confirmó el auto de primera instancia, tras considerar que el título
ejecutivo es claro en que se condenó a la Rama Judicial al reconocimiento y pago de una
suma de dinero, correspondiente a la prima especial de servicios, en favor de Milton
Edmundo Mutis Vallejo, lo cual constituyó una obligación de dar, no obstante, si bien la
parte apelante insistió en que se librara mandamiento de pago por una obligación de

2
Obligaciones de dar derivadas del reconocimiento judicial de la prima especial de servicios,
correspondiente al reajuste del 30% adicional sobre el salario básico devengado desde el 18 de marzo de
2013 en adelante, así como el pago de los intereses corrientes y/o DTF causados entre el 8 de marzo de
2024 y el 7 de enero de 2025. Asimismo, los intereses moratorios que se generen a partir del 8 de enero
de 2025 hasta que se materialice el pago total del capital, junto con la condena en costas de la instancia.
3
Obligaciones de hacer, pidió ordenar a la ejecutada realizar el cálculo actuarial para reliquidar los aportes
a pensiones sobre el porcentaje reconocido, así como librar mandamiento de pago por una sanción de
cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por cada mes de retardo en la expedición
y notificación de la resolución de cumplimiento de la sentencia, contabilizados desde el 7 de marzo de 2024
hasta que se verifique la ejecución del acto administrativo.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03814-00
Demandante: Milton Edmundo Mutis Vallejo
Acción de tutela

hacer, consistente en la expedición de la resolución de cumplimiento y la realización de
cálculos actuariales, lo cierto es que dicha obligación de hacer no se derivaba de manera
clara, expresa y exigible del título ejecutivo.

2. Fundamento de la vulneración

La parte actora alegó que las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del
Tolima y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado adolecen de los
defectos sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente.

Frente al defecto sustantivo por indebida valoración de la norma, indicó que no se valoró
a cabalidad el artículo 422 del Código General del Proceso pues, en su inciso final, esa
disposición establece que son ejecutables las obligaciones que emanen de "los demás
documentos que señale la ley", máxime cuando los documentos solicitados como
obligación de hacer se encuentren señalados en el artículo 65 de la Ley 179 de 1994 y el
Decreto 1342 de 2016.

En ese sentido, precisó que el artículo 65 de la Ley 179 de 1994 y el Decreto 1342 de
2016 imponen a la DEAJ obligaciones de hacer con plazo, las cuales no fueron
analizados por los autos acusados.

Respecto del defecto procedimental, indicó que el juez de la ejecución excedió su
competencia en la etapa del mandamiento, pues, el artículo 433 del CGP y el precedente
vinculante del Consejo de Estado4 establecen con claridad meridiana que en la etapa del
mandamiento el juez solo verifica la existencia del título ejecutivo y que la solicitud de
perjuicios se ajuste a la ley.

4
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado M.P. María Adriana Marín, auto del 24 de
marzo de 2020, radicación no. 27001-23-33-000-2016-00150-01 (63578)

4
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03814-00
Demandante: Milton Edmundo Mutis Vallejo
Acción de tutela

Las providencias acusadas ignoraron deliberadamente el precedente vinculante de la
Sección Tercera del Consejo de Estado5, del Tribunal Administrativo del Tolima6, de la
Corte Constitucional7 y de la Corte Suprema de Justicia (STL1600-2024) en las que se
estableció que, en casos de condena a entidades públicas, se producen dos decisiones
unidas, la manera de efectuar el gasto público (obligación de hacer) y el pago efectivo de
la condena (obligación de dar), por lo que las obligaciones de hacer derivadas de la
sentencia son susceptibles de mandamiento ejecutivo y su incumplimiento genera
perjuicios moratorios autónomos.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“1. Se protejan los derechos fundamentales de los cuales soy titular como
beneficiario de un porcentaje de la sentencia; los de mi cliente Dr. MILTON
EDMUNDO MUTIS VALLEJO , previstos en PREAMBULO, los artículos 1
(respeto a la dignidad humana); 2 (servir a la comunidad y garantizar la
efectividad de los principios); 29 (debido proceso); 229 (acceso a la
administración de justicia); previstos en la Constitución Política de Colombia y
cuales quiera otro que resulte probado dentro del presente tramite, vulnerados
por el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCION SEGUNDA – SUBSECCIÒN A - TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, al desconocer abierta y directamente el
contenido de su PROPIA SENTENCIA (Que ordena reconocer prima especial y
reliquidar prestaciones – APORTES A PENSIONES), la Ley 1437 de 2011,
artículos 189, 192, 195; en los Artículos 2.8.6.1.1., 2.8.6.2.1., 2.8.6.2.2.,
2.8.6.2.3., 2.8.6.2.4., 2.8.6.3.1., 2.8.6.4.1., 2.8.6.4.2., 2.8.6.5.1., 2.8.6.6.1., y
2.8.6.6.2., Decreto 1068 de 2015; Decreto artículos 2.8.6.5.1. y 2.8.6.5.1.,
Decreto 2469 de 2015; artículos 1 y 2, Decreto 1342 de 2016; Arts. 426, 428 y
433 C.G.P.; Art. 1610 C.C., las normas de preparación, implementación y
ejecución del presupuesto concretamente y los perjuicios que se derivan de las
sentencias contenciosas, además de su propio precedente.

5
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado MP Ramiro Pazos Guerrero, auto del 30 de
octubre de 2020, radicación no. 44001-23-33-000-2016-01291-01 (64239)
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado MP Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia
del 30 de mayo de 2024, radicación no. 25000-23-42-000-2016 02688-01 (0230-2022)
Sección Segunda del Consejo de Estado MP William Hernández Gómez, sentencia del 25 de julio de 2016,
radicación no. 11001032500020140153400 (4935-2014)
Sección Segunda del Consejo de Estado MP Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 9 de septiembre de
2021, radicación no. 76001-23-33-000-2015-00265-02 (3660 19)
Sección Primera del Consejo de Estado MP María Elizabeth García González, sentencia del 12 de julio de
2018, radicación no. 81001-23-33-003-2017-00042-01.
6
Tribunal Administrativo Del Tolima, MP Luis Eduardo Collazos Olaya, auto del 13 de septiembre de 2023,
radicación no. 73001-23-33-000-2023-00301-00, auto del 5 de marzo de 2025, radicación no. 73001-23-
33-000-2023-00292-00
7
Sentencias C-590/2005, T-553/95, T-431/12, T-712/16 y C-208/23

5
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03814-00
Demandante: Milton Edmundo Mutis Vallejo
Acción de tutela

2. Que como consecuencia de lo anterior se ordene dejar sin efectos jurídicos
la providencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION SEGUNDA – SUBSECCIÒN
A, C.P LUIS EDUARDO MESA NIEVES, 26 DE MARZO DE 2026, radicado
73001-23-33-000-2025-00120 01 (2368-2025), "por medio de la cual confirmo
Auto del 26 de junio de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima,
mediante el cual negó parcialmente el mandamiento ejecutivo por obligaciones
de hacer".

3. Que como consecuencia de lo anterior se ordene al CONSEJO DE ESTADO
– SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION SEGUNDA –
SUBSECCIÒN A, C.P. LUIS EDUARDO MESA NIEVES, proferir providencia en
reemplazo que revoque el auto datado el 26 de marzo de 2026 proferido por el
CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, y
en su lugar se ordené librar mandamiento de pago por las obligaciones de hacer
previstas en la sentencia que se presentó para el cobro, tales como la
reliquidación de las prestaciones y el pago del cálculo actuarial a la entidad
administradora de fondos de pensiones, así como que regulan el
reconocimiento y pago de los perjuicios compensatorios y moratorios derivados
de las obligaciones de hacer, y finalmente las obligaciones de hacer previstas
en la Ley 1437 de 2011, artículos 189, 192, 195; en los Artículos 2.8.6.1.1.,
2.8.6.2.1., 2.8.6.2.2., 2.8.6.2.3., 2.8.6.2.4., 2.8.6.3.1., 2.8.6.4.1., 2.8.6.4.2.,
2.8.6.5.1., 2.8.6.6.1., y 2.8.6.6.2., Decreto 1068 de 2015; Decreto artículos
2.8.6.5.1. y 2.8.6.5.1., Decreto 2469 de 2015; artículos 1 y 2, Decreto 1342 de
2016; Arts. 426, 428 y 433 C.G.P.; Art. 1610 C.C., las normas de preparación,
implementación y ejecución del presupuesto concretamente y perjuicios
previstas en la sentencia presentada para su ejecución en favor del Dr. MILTON
EDMUNDO MUTIS VALLEJO.

4. Que se exhorte al CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCION SEGUNDA – SUBSECCIÒN "A y B", M.P.
JORGE IVAN DUQUE GUTIERREZ Y AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA, para que en adelante y en asuntos similares ordene librar
mandamiento de pago por obligaciones de hacer.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI).

4. Actuación procesal

En auto de 21 de mayo de 2026, se inadmitió la acción de tutela para que se aclare la
calidad en la que actúa el señor Sady Andrés Orjuela Bernal en el presente trámite, esto
es, si obra exclusivamente en nombre propio o en representación de otros sujetos, y
aporte los poderes correspondientes.

Mediante auto de 2 de junio de 2026 se admitió la acción de tutela8 y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de estado y al titular del Tribunal Administrativo del Tolima

8
Mediante memorial del 27 de mayo de 2026, el abogado Sady Andrés Orjuela Bernal únicamente allegó
el poder otorgado por el señor Milton Edmundo Mutis Vallejo, sin precisar si también actuaba en nombre
propio por lo que se entendió que la acción de tutela la presentó únicamente en nombre y representación
del señor Milton Edmundo Mutis Vallejo y así se admitió.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03814-00
Demandante: Milton Edmundo Mutis Vallejo
Acción de tutela

y, se vinculó, como tercero con interés, a la directora ejecutiva de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, con el fin de que allegara un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción (índice 04 de Samai).

5. Intervenciones de las autoridades demandadas

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) (índice 20 SAMAI) precisó que
la acción de tutela no cumple con los requisitos de relevancia constitucional,
subsidiariedad e inmediatez, en tanto su objetivo es exponer la discrepancia del actor con
las decisiones proferidas en el proceso ejecutivo, las cuales ya habían sido planteadas a
través de los recursos interpuestos en contra del mandamiento de pago parcial y fueron
resueltas de manera desfavorable, sin que se evidencie la afectación a un derecho
fundamental.

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado (índice 22 SAMAI)
advirtió que los argumentos que sustentan la presente acción se refieren a cargos
mencionados en el recurso de apelación resuelto por esa Sala de Decisión, por lo que no
se cumple con el requisito de relevancia constitucional dado que se pretende convertir la
tutela en una nueva instancia.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03814-00
Demandante: Milton Edmundo Mutis Vallejo
Acción de tutela

o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo del Tolima con
el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes
mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de los autos de 26 de marzo de
2026 y 26 de junio de 2025, proferidos por dichas autoridades judiciales respectivamente.

Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que si bien en el proceso de acción
de tutela se alegaron los defectos sustantivo, procedimental, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, lo cierto es que a partir de la lectura
integral del escrito de amparo se advierte que esos reparos, en realidad, tienen relación
directa con el argumento sobre la supuesta existencia de una obligación de hacer
derivada del título ejecutivo contenido en la sentencia y con la interpretación del título
realizada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; por
consiguiente, se procederá a realizar el análisis únicamente frente al primero de los
defectos mencionados pues los argumentos relacionados con los demás defectos se
dirigen en la misma dirección, por lo que se valorarán desde esa óptica.

Así las cosas, en los términos en los que se propuso la controversia se declarará
improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por
las razones que procederá a exponer:

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03814-00
Demandante: Milton Edmundo Mutis Vallejo
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Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente9, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
solo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma

9
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03814-00
Demandante: Milton Edmundo Mutis Vallejo
Acción de tutela

procesal10”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales11”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con

10
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Demandante: Milton Edmundo Mutis Vallejo
Acción de tutela

derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales12”.

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

12
Ibidem.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03814-00
Demandante: Milton Edmundo Mutis Vallejo
Acción de tutela

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios”13.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,

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Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cab

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Demandante: Milton Edmundo Mutis Vallejo
Acción de tutela

que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.

2.2 Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

1) La parte actora alegó que la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado incurrió en varios defectos, por cuanto desconoció el
alcance del artículo 422 del CGP que establece que son ejecutables las obligaciones que
emanen de los demás documentos que señale la ley.

2) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación
presentado en contra de la providencia del 26 de junio de 2025, oportunidad en la cual la
parte demandante indicó, en los mismos términos que ahora pretende, que del título sí
se derivaban unas obligaciones de hacer, pues:

“Así las cosas, LAS OBLIGACIONES DE HACER, se presentan cuando el
objeto de la prestación es la realización de determinado hecho o la suscripción
de un documento por el deudor a favor del acreedor. Por ejemplo, construir un
edificio, levantar una pared, pintar un cuadro o suscribir la escritura pública de
cumplimiento de la obligación, pagar una suma de dinero producto de condena
a través de una sentencia judicial.

Es aquella en que el deudor se obliga a realizar un hecho; son obligaciones
cuyo objeto prestacional consiste en que el deudor debe realizar alguna acción
a favor del acreedor.

Los artículos 426 y 433 del Código General del Proceso precisan

(…).

Pues bien, luego de indicar en qué consisten las OBLIGACIONES DE HACER,
procederé a establecer las razones por las cuales se afirma que de la presente
sentencia que se presenta como título ejecutivo se derivan OBLIGACIONES DE
HACER, por ministerio de la Ley.

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Demandante: Milton Edmundo Mutis Vallejo
Acción de tutela

1. A la luz del Articulo 65 de la Ley 179 de 1994, cuando se vayan a pagar
obligaciones producto de sentencias judiciales, se deben presentar en cada
sección presupuestal, luego EXPEDIR Y NOTIFICAR EL ACTO
ADMINISTRATIVO a través del cual se dé cumplimiento a la sentencia.

2. Por su parte el artículo 2.8.6.4.2., del Decreto 1342 del 19 de agosto de 2016,
regula los requisitos que deben seguir las entidades del Estado, para el
cumplimiento a las sentencias judiciales (que constituyen OBLIGACIONES DE
HACER) y dispone:

(…).

En las providencias referidas, el Consejo de Estado ha considerado que las
sentencias proferidas por la Jurisdicción Contenciosa, que impongan el pago de
sumas de dinero se derivan OBLIGACIONES DE DAR Y DE HACER.”.

3) Tales planteamientos fueron abordados y resueltos en la providencia del 26 de marzo
de 2026 en la cual se confirmó la decisión que libró parcialmente el mandamiento de pago
y en cuanto a la presunta existencia de obligaciones de hacer indicó que no se derivada
de manera clara, expresa del título, así:

“4.4. 19. Obligación de hacer y de dar

La obligación de hacer es una situación jurídica en la cual la deudora debe
realizar una acción en favor del acreedor. La obligación de hacer tiene por objeto
la ejecución de un hecho cualquiera, material o jurídico. Al respecto el artículo
306 del CGP aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de
2011, consagra lo siguiente:

(…).

Asimismo, el artículo 433 ibidem, establece el procedimiento a seguir cuando
se trata de hacer efectiva una obligación de hacer. La cual consiste en la
ejecución de un hecho positivo, material o jurídico, distinto de la entrega de una
cosa (v.gr., reintegrar a un funcionario, realizar una obra, suscribir un
documento).

Frente a la obligación de dar se tiene que esta se refiere a la transferencia del
derecho de dominio o, en el caso de obligaciones dinerarias, la entrega de una
suma líquida de dinero. En el presente asunto, la sentencia condenatoria
impuso a la Rama Judicial el deber de pagar los valores correspondientes a la
reliquidación de la prima especial.

(…).

De la revisión del título ejecutivo es claro que se condena a la Rama Judicial al
reconocimiento y pago de una suma de dinero, correspondiente a la prima
especial de servicios, a favor de Milton Edmundo Mutis Vallejo; sin embargo, el
ejecutante considera que esta se divide en dos, una orden de dar, es decir pagar
las sumas correspondientes, y otra de hacer, expedir un acto administrativo de
cumplimiento, no obstante, se debe tener en cuenta que la entidad debe agotar
procedimientos internos para acatar el fallo, por tanto, la orden judicial impone
una obligación de resultado consistente en el pago (dar), la cual conlleva
gestiones administrativas previas, como la expedición de actos administrativos,

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las cuales son cargas operativas inherentes a la satisfacción de dicho crédito y
no prestaciones independientes que puedan exigirse ejecutivamente como
obligaciones de hacer.

Si bien la parte apelante insiste en que se libre mandamiento de pago por una
obligación de hacer, consistente en la expedición de la resolución de
cumplimiento y la realización de cálculos actuariales, diferenciada de la
obligación de dar o pagar las sumas reconocidas en las sentencias objeto de
ejecución, la Sala considera que el cumplimiento de fallos judiciales de
contenido económico comporta una naturaleza unitaria, en la que los trámites
administrativos previos no poseen autonomía ejecutiva frente a la obligación
sustancial de pago, razón por la cual, no comportan obligación de hacer.

En este sentido, la pretensión de ejecutar la "expedición del acto" ignora que
dicha conducta es meramente un asunto accesorio y administrativo, con el que
la entidad tiene la oportunidad de reconocer y pagar la condena al beneficiario
con ella, en caso de no hacerlo en el plazo de ley, habilita al acreedor a exigir
su cumplimiento judicial.

De tal manera que, la obligación de hacer reclamada en la demanda y sus
consecuentes sanciones moratorias por la no expedición del acto administrativo
de cumplimiento de la condena, no se encuentran creadas de manera clara,
expresa y exigible en el título ejecutivo, de allí que se confirme el auto apelado.”

4) En ese contexto, es claro que para sustentar la vulneración de los derechos invocados
en el mecanismo constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a
los expuestos en el recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a que se
reconociera la obligación de hacer de ordenar realizar el calculo actuarial, razón por la
cual cuestionó la decisión adoptada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, sin plantear un problema de relevancia constitucional autónomo
distinto de su desacuerdo con la interpretación jurídica efectuada por el juez natural de la
causa.

5) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación y resueltos en la providencia cuestionada.

6) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada en
la providencia objeto de tutela concluyó que en el título declarativo de la sentencia 20 de
febrero de 2019 del Tribunal Administrativo del Tolima, confirmada por la sentencia del 5
de diciembre de 2023 del Consejo de Estado no se incluía una obligación de hacer, sino
que contenían obligaciones de dar, por cuanto la pretensión de ejecutar la expedición del
acto es meramente un asunto accesorio y administrativo con el que la entidad tiene la
oportunidad de reconocer y pagar la condena al beneficiario.

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Acción de tutela

7) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal que era propio del trámite del proceso ejecutivo y al juez constitucional
le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

8) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones hasta aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Milton Edmundo
Mutis Vallejo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en

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Demandante: Milton Edmundo Mutis Vallejo
Acción de tutela

consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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