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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03818-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03818-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03818-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

16 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03818-00
Demandante: José Joaquín Lara Arroyo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., 16 de julio de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03818-00
Demandante: JOSÉ JOAQUÍN LARA ARROYO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL

Temas: Derecho de Petición. Carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor José Joaquín Lara Arroyo
contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Administración de Carrera
Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 20 de mayo de 20261, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
José Joaquín Lara Arroyo pidió la protección de su derecho fundamental de petición.

A juicio del actor, la vulneración se presenta por la falta de respuesta de fondo a la petición
que elevó el 16 de marzo de 2026 ante la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
y la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura a través de correo electrónico.

2. Pretensiones

El actor formuló las siguientes pretensiones:

1. Se ordene a las accionadas dar respuesta a la petición elevada el 16 de marzo de 2026 en un
término no superior a 48 horas.

2. Subsidiariamente, en caso de ser contestada la petición durante el trámite de la acción de tutela,
le solicito, Señor Juez Constitucional, el estudio sobre la respuesta para asegurar que sea clara,
precisa y de fondo o material.

3. Hechos

Del expediente de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 16 de marzo de 2026, el señor José Joaquín Lara Arroyo a través de correo electrónico
dirigido a los correos electrónicos cardjud@cendoj.ramajudicial.gov.co e
infor@cendoj.ramajudicial.gov.co presentó derecho de petición ante el Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial que contenía 8 interrogantes con relación
al régimen de traslados y la potestad de los Consejos Seccionales para ordenarlos.

Ese mismo día, desde el aplicativo de información de nivel central del Consejo Superior
de la Judicatura, se redireccionó la petición del accionante al despacho de la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial para que diera respuesta al peticionario, al señalar

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Índice 1 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03818-00
Demandante: José Joaquín Lara Arroyo

que desde el correo institucional info@cendoj.ramajudicial.gov.co solo se daba
información de primer nivel de la Corporación, como datos de contabilidad y acceso a los
servicios, en ese sentido, la petición se redireccionó a los correos
mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co y carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co y se
envió copia al peticionario.

El 30 de abril de 2026, el accionante envió un mensaje a los correos
carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co y mepjbogota@cendoj.ramajuicial.gov.co con el fin
de recordarles que todavía no había recibido respuesta al derecho de petición que había
radicado por ese mismo medio el 16 de marzo de 2026.

El accionante afirmó que para la fecha de presentación de la tutela no había recibido
respuesta de fondo por parte de la entidad accionada.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora alegó que la ausencia de respuesta a la petición que radicó el 16 de
marzo de 2026 vulneraba su derecho fundamental de petición.

Junto con el escrito de tutela allegó copia del Acuerdo No. CSJSUA26-11 de 6 de marzo
de 2026, que dispuso el traslado temporal por el término de 12 meses contados desde
el 16 de marzo de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027, del cargo de oficial mayor del
Juzgado Primero Civil Municipal de Sincelejo ocupado por Mark Antony Pua Aguas al
Juzgado Tercero Civil Municipal de Sincelejo, así como el traslado por el mismo tiempo
del cargo de oficial mayor del Juzgado Tercero Civil Municipal de Sincelejo ocupado por
Marisol Adriana Verbel Bravo al Juzgado Primero Civil Municipal de Sincelejo y de la
Resolución No. CSJSUR26-115 de 11 de marzo de 2026 que confirmó la decisión
adoptada en el referido acuerdo.

5. Trámite procesal

Por auto del 21 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados al presidente del Consejo
Superior de la Judicatura y al director de la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial.

En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó la
notificación correspondiente, por correos electrónicos enviados el 26 de mayo de 2026.

6. Intervenciones

El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial, a través de la directora de la Unidad, afirmó que se había garantizado el
derecho fundamental de petición del accionante, toda vez que la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Oficio
CJO26-2621 de 27 de mayo de 2026, había dado respuesta a la petición elevada por el
accionante el 16 de marzo de 2026 a través del correo electrónico que suministró para
tal fin y que corresponde a jlaraa@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Señaló que en dicho oficio había informado al accionante si existía una contradicción en
temas relacionados con el Acuerdo PSAA16-10561 de 2016, modificado por el acuerdo
PCSJA23-12061 de 26 de abril de 2023, la facultad de los Consejos Seccionales de la
Judicatura frente al traslado de cargos en doble vía o unidireccional y el traslado de
cargos como medida preventiva y/o correctiva en situaciones de acoso laboral, entre
otros.

Sostuvo que, como la Unidad de Administración de la Carrera Judicial había dado
respuesta de forma clara, precisa, de fondo y de conformidad con sus competencias a

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Demandante: José Joaquín Lara Arroyo

través del oficio CJO26-2621 de 27 de mayo de 2026, se había configurado la carencia
actual de objeto por hecho superado.

El accionante, mediante memorial radicado en Samai el 2 de junio de 2026, puso en
conocimiento que el 27 de mayo de 2026 había recibido respuesta a su petición por parte
de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial; sin embargo, no había recibido
respuesta por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Por lo anterior, solicitó que,
en conformidad con la segunda pretensión de la acción de tutela y al no estar satisfecho
con las respuestas dadas por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, se
procediera a realizar un estudio de fondo de la misma.

Además, solicitó amparar el derecho constitucional vulnerado por la presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura al no haber dado respuesta a su petición.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
José Joaquín Lara Arroyo para proteger su derecho fundamental de petición
presuntamente vulnerado por el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de la Carrera Judicial por no dar respuesta clara, precisa, congruente y
de fondo a la petición que radicó el 16 de marzo de 2026 con relación al régimen de
traslado y la potestad de los Consejos Seccionales para ordenarlos.

La Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
comoquiera que, dentro del trámite de la acción de tutela, la Unidad de Administración
de Carrera Judicial respondió de fondo, clara, congruente e integral a la petición que
elevó el accionante el 16 de marzo de 2026.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i)
generalidades de la acción de tutela, (ii) derecho fundamental de petición, (iii) la carencia
actual de objeto, (iv) análisis del caso concreto.

2. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que
sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de
los particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.

3. Derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política prevé que el derecho de petición es fundamental
y faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y a
obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado.

El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la
solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre todos

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los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad no puede responder con evasivas
o con razones que no guarden relación con los temas planteados en la solicitud.

El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los
particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna,
es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de
fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su competencia,
debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión sea o no favorable
al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la falta de competencia
para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición presentada no significa que el
destinatario quede exento de pronunciarse.

El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.

4. Carencia de objeto

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: «Si, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes».

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.

En reiterada jurisprudencia, la Corte2 ha establecido que la carencia actual de objeto
puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias distintas: el
hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente. En lo que aquí interesa,
el hecho superado se configura cuando se pone fin a la situación que generaba la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.

5. Análisis del caso concreto

En el presente asunto, el 16 de marzo de 2026, el señor José Joaquín Lara Arroyo, a
través de correo electrónico dirigido a los correos electrónicos
cardjud@cendoj.ramajudicial.gov.co e infor@cendoj.ramajudicial.gov.co presentó
derecho de petición ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera
Judicial que contenía 8 interrogantes con relación al régimen de traslado y la potestad
de los Consejos Seccionales para ordenarlos.

Ese mismo día, desde el aplicativo de información de nivel central del Consejo Superior
de la Judicatura, se redireccionó la petición del accionante al despacho de la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial para que diera respuesta al peticionario, al señalar
que desde el correo institucional info@cendoj.ramajudicial.gov.co solo se daba
información de primer nivel de la Corporación, como datos de contabilidad y acceso a los
servicios. En ese sentido, la petición se redireccionó a los correos
mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co y carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia
al peticionario.

Acorde con lo anterior, contrario a lo afirmado por el demandante, no hace falta una
respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, pues el mismo día de la radicación de
la petición, el nivel central de esa Corporación la remitió a la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial, por ser la dependencia que estimó competente para atender el
asunto planteado, la cual emitió la correspondiente respuesta al peticionario.

2 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra
Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03818-00
Demandante: José Joaquín Lara Arroyo

Ahora, mediante Oficio CJO26-2621 de 27 de mayo de 2026, la directora de la Unidad
de Administración de la Carrera Judicial dio respuesta a los 8 interrogantes que formuló
el accionante en la petición que radicó el 16 de marzo de 2026.

En aras de verificar si la respuesta dada por la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial fue clara, precisa, congruente y de fondo, la Sala relacionará en un cuadro las
preguntas formuladas por el accionante junto con las respectivas respuestas. Así:

PREGUNTA RESPUESTA
1. ¿Existe contradicción del acuerdo PSAA16- <<No existe contradicción entre el Acuerdo
10561 de 2016, modificado por el Acuerdo PSAA16-10561 de 2016, modificado por el
PCSJA23-12061 del 26 de abril de 2023 con lo Acuerdo PCSJA23-12061 del 26 de abril de 2023 y
indicado por el artículo 134 de la ley 270 de 1996, el artículo 134 la Ley 270 de 1996, modificado por
modificado por la ley 2430 de 2024? el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024. Ello debido
a que: i) los traslados que por racionalización del
talento humano efectúen los consejos seccionales,
no afectan, ni pueden afectar los derechos de los
servidores judiciales, ya que dichos traslados
deben respetar los derechos adquiridos de los
servidores judiciales como ordena el artículo 7 del
Acuerdo PSAA16-10561 de 2016, modificado por
el Acuerdo PCSJA23-12061 de 2023 al expresar:
(…).

Por tal motivo no existe justificación jurídica que
permita concluir que existe una interrupción en la
continuidad del cargo para efectos de traslado
puesto que no se está en presencia de la
separación temporal del cargo del servidor
trasladado transitoriamente.

ii) el Acuerdo PSAA16-10561 de 2016, modificado
por el Acuerdo PCSJA23-12061 de 2023 no crea
un régimen de traslado distinto al contemplado en
la ley, en tanto constituyen el desarrollo de la
atribución conferida al Consejo Superior de la
Judicatura en virtud del articulo 85 de la ley 270 de
1996.>>
2.¿El acuerdo PSAA16-10561 de 2016, modificado Al respecto es menester señalar que en atención
por el Acuerdo PCSJA23-12061 del 26 de abril de al principio general del derecho que señala que
2023, faculta a los consejos seccionales de la donde no distingue la norma no le es permitido
judicatura al traslado de cargos en doble vía o distinguir al interprete no es posible establecer
unidireccional? parámetros adicionales para llevar a cabo los
traslados transitorios por razones del servicio o en
virtud de la racionalización del talento humano.
Estas atribuciones en todo caso deberán observar
los principios señalados en el articulo 2 del acuerdo
mencionado.

3.¿El acuerdo PSAA16-10561 de 2016, modificado El Acuerdo PSAA16-10561 de 2016, modificado
por el Acuerdo PCSJA23-12061 del 26 de abril de por el Acuerdo PCSJA23- 12061 de 2023
2023, faculta a los consejos seccionales de la únicamente faculta a los consejos seccionales de
judicatura al traslado de cargos como medida la judicatura para efectuar traslados transitorios por
preventiva y/o correctiva en situaciones de acoso razones del servicio o para la racionalización del
laboral? talento humano.
4. En caso de que no estén facultados los consejos El Acuerdo PCSJA23-12104 de 2023 contiene el
seccionales a utilizar la figura de los traslados protocolo, reglas y procedimientos contra el acoso
transitorios como medida preventiva y/o correctiva sexual en la Rama Judicial. El capítulo segundo del
en los casos de acoso laboral, sírvase indicar el mencionado acuerdo contiene las reglas que rigen
comité o dependencia habilitado para la misma, así el procedimiento para la atención de los casos por
como el procedimiento, los términos y oportunidad acoso sexual y por razones de género.
para solicitar un traslado en tales condiciones, así
como si el mismo procede solo entre juzgados de Del mismo modo el articulo 12 del Acuerdo en
la misma especialidad (civil a civil, verbigracia), mención señala las distintas medidas de
diferente especialidad (civil a penal, verbigracia) o protección para las personas que se consideren
con subespecialidades (civil municipal a civil de víctimas de acoso sexual y por razones de género

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pequeñas causas y competencias múltiples. en el entorno laboral de la Rama Judicial. Entre
Verbigracia). ellas se señalan medidas como distanciamiento
inmediato o alejamiento. En relación con esta
última señala la norma: (…).

En este evento se considera la posibilidad de
trasladar al agresor, pero esta situación debe ser
considerada por la autoridad disciplinaria. En
consecuencia, ni el Consejo Superior de la
Judicatura ni los Consejos Seccionales de la
Judicatura, están revestidas de la facultad para
adoptar dichas determinaciones. Por ende no
existe fuera del ámbito disciplinario una modalidad
de traslado que deba ser resuelta o definida por el
Consejo Superior de la Judicatura ni los Consejos
Seccionales de la Judicatura.

5. ¿El acuerdo PSAA16-10561 de 2016, El Acuerdo PSAA16-10561 de 2016, modificado
modificado por el Acuerdo PCSJA23-12061 del 26 por el Acuerdo PCSJA23- 12061 de 2023 no
de abril de 2023, faculta a los consejos seccionales confiere facultades a los consejos seccionales de
de la judicatura al traslado de servidores judiciales la judicatura para efectuar traslados por motivos de
de un juzgado a otro por motivos de salud, mal salud, mal ambiente laboral y/o diferencias entre
ambiente laboral y/o diferencias con su empleados con el nominador.
nominador? En caso de que la respuesta sea
negativa, sírvase indicar cual es la figura de El artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado
traslado aplicable para casos como el indicado. por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024 establece
las causales por las que los servidores judiciales
pueden solicitar traslados, estas causales son: i)
seguridad, ii) salud, iii) reciprocidad, iv) servidor de
carrera, y v) razones del servicio. Corresponderá al
interesado establecer la procedencia de tales
modalidades conforme lo reglado a través del
Acuerdo PCSJA25-12352 del 26 de noviembre de
2025.

6.¿El acuerdo PSAA16-10561 de 2016, modificado El artículo 7 del Acuerdo PSAA16-10561 de 2016,
por el Acuerdo PCSJA23-12061 del 26 de abril de modificado por el Acuerdo PCSJA23-12061 de
2023, faculta a los consejos seccionales de la 2023 faculta a los consejos seccionales de la
judicatura al traslado de servidores judiciales de un judicatura para efectuar traslados transitorios con
juzgado a otro cuando cuenta con observación la finalidad de racionalizar el talento humano o por
médica que recomienda un espacio laboral menos las necesidades del servicio. Cuando existan
estresante y mayor tranquilidad? En caso de que motivos de salud que impliquen la imposibilidad del
la respuesta sea negativa, sírvase indicar cual es servidor de continuar con su cargo, este deberá
la figura de traslado aplicable para casos como el acudir a la modalidad de traslado por razones de
indicado. salud con el lleno de los requisitos señalados en el
artículo 134 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia y en el Acuerdo PCSJA25-12352 del 26
de noviembre de 2025.

7.Sírvase indicar, conforme las respuestas La Unidad de Administración de la Carrera Judicial
emitidas para los interrogantes anteriores, si el no es competente para efectuar un análisis de
acuerdo ACUERDO No. CSJSUA26-11 del 6 de legalidad del Acuerdo No. CSJSUA26-11 del 6 de
marzo de 2026 del Consejo Seccional de la marzo de 2026 del Consejo Seccional de la
Judicatura de Sucre (se adjunta), satisface los Judicatura de Sucre. Se pone de presente que los
presupuestos para un traslado bidireccional de actos administrativos gozan de presunción de
cargos entre los juzgados 1 y 3 civil municipal de legalidad conforme el artículo 88 de la ley 1437 de
Sincelejo, a la luz del acuerdo PSAA16-10561 de 2011. Por ello si se estima que existen vicios que
2016, modificado por el Acuerdo PCSJA23-12061 afecten la legalidad del referido acto administrativo,
del 26 de abril de 2023 del Consejo Superior de la corresponderá a la jurisdicción contencioso
Judicatura? De no ser así, exprese las objeciones administrativo dirimir tales aspectos.
al mismo y , de ser posible, sírvase a expedir el
respectivo acto administrativo que deje sin efecto
y/o revoque el mismo o enviar las directrices al
Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre para
la correcta aplicación del acuerdo PSAA16-10561

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03818-00
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de 2016, modificado por el Acuerdo PCSJA23-
12061 del 26 de abril de 2023.

En caso de considerarse no competente para
realizar tal análisis, remita a quien pueda emitir un
concepto, siempre y cuando no sea el Consejo
Seccional de la Judicatura de Sucre.
8. Sírvase indicar el tipo de traslado aplicable y el Esta Unidad no cuenta con competencia para
procedimiento de este para casos como el de la resolver las situaciones particulares de un servidor
servidora MARISOL ADRIANA VERBEL BRAVO judicial ni para emitir recomendaciones o
conforme las situaciones descritas por el Consejo sugerencias en relación con una situación de
Seccional de la Judicatura de Sucre (proceso de hecho. Corresponderá al servidor judicial acudir a
recuperación y en su mejoría funcional y evitar que la Ley 270 de 1996 y los reglamentos en materia
se reiteren las tensiones internas previamente de carrera judicial para establecer la procedencia o
identificadas en el equipo de trabajo, entre otros.) no de determinadas figuras jurídicas.

A partir de lo anterior, la Sala concluye que, durante el trámite de la presente acción
constitucional, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial satisfizo el derecho
fundamental de petición del accionante, al emitir una respuesta de fondo, expresa, clara,
congruente y completa a la solicitud que presentó el 16 de marzo de 2026, relacionada
con el régimen de traslados y la facultad de los Consejos Seccionales de la Judicatura
para ordenarlos.

Ahora bien, frente a las preguntas 7 y 8, la unidad no dio una respuesta de fondo dada
su falta de competencia para efectuar un análisis de legalidad del Acuerdo No.
CSJSUA26-11 del 6 de marzo de 2026 del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre,
dado que ello le correspondía hacerlo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
así como para resolver situaciones particulares de un servidor judicial, pues indicó que
le corresponde al servidor judicial acudir a normatividad en materia de carrera judicial
para determinar la procedencia o no de determinadas figuras.

De otra parte, en relación con la manifestación realizada por el accionante mediante
memorial radicado en SAMAI el 2 de junio de 2026, en el que expresó su inconformidad
con la respuesta emitida por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial sin hacer
ningún reparo en particular frente a la misma, la Sala recuerda que el hecho de que el
accionante no comparta el contenido de la respuesta recibida o considere que esta no
satisface sus intereses no configura, por sí mismo, una vulneración del derecho
fundamental de petición, pues las respuestas a las peticiones no necesariamente deben
ser favorables a las pretensiones, sino adecuadas, precisas y suficientes.

Al respecto, es necesario recordar los pronunciamientos de la Corte Constitucional, en
relación con la diferencia entre el derecho de petición y el derecho a lo pedido 3: «(...) no
se debe confundir el derecho de petición -cuyo núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir
ante la autoridad y en obtener pronta resolución- con el contenido de lo que se pide, es decir con
la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de violación de
aquel y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela,
pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental (…)».

En igual sentido, en sentencia T-051 de 2023 indicó: «14. Se ha precisado que la satisfacción
del derecho de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que
conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a lo pedido” 4, que
se usa para destacar que “el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al
derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, [y] en ningún caso implica otorgar
la materia de la solicitud como tal”5».

3 Sentencia T-242 de 1993.
4 Sentencias T-242 de 1993, C-510 de 2004, T-867 de 2013, C-951 de 2014, T-058 de 2018 y T-424 de 2019.
5 Sentencias C-007 de 2017 y T-424 de 2019

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03818-00
Demandante: José Joaquín Lara Arroyo

Hechas las anteriores precisiones, la Sala concluye que la respuesta dada por la Unidad
de Administración de la Carrera Judicial fue de fondo, completa, clara y congruente y
satisface el derecho fundamental de petición del accionante, lo que impone declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador6

6 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente, a través de su
grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un sistema de apoyo de inteligencia
artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único propósito de efectuar una revisión ortográfica,
gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el
que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente
errores verificables de ortografía (tildes, mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico
(uso impropio de palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la
Real Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó restricciones
expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones alternativas, reescribiera
párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo jurídico, probatorio o argumentativo de
la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente en una tabla que individualizara cada hallazgo (página,
párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta
fueron objeto de revisión, verificación y validación por parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia
o improcedencia de cada ajuste, sin que se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se
hayan incorporado al texto reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el
sistema se utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el funcionario judicial.
Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales, información sensible ni elementos de
carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de
debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las
finalidades autorizadas en los literales (a) del numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16
de diciembre de 2024, "por el cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético
de la inteligencia artificial en la Rama Judicial".

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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