Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03820-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03820-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03820-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-03820-01
Accionante: PAOLA ANDREA BASALLO MELO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN E Y OTRO
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se
revoca el fallo impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de
amparo por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
2 de julio de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Paola Andrea Basallo Melo, a través de apoderado judicial, solicitó la
protección de su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias de 23 de octubre de 2025 y 20 de marzo
de 2026, proferidas por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá
y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, respectivamente, dentro del medio de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicación 1001-33-35-019-2025-0039-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
núm. de radicación 1001-33-35-019-2025-0039-00/01 contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil y la Registraduría Distrital de Bogotá, en la cual solicitó
declarar nula “[…] la decisión tomada por la Registraduría Distrital de culminar con
la relación laboral y terminación del cargo bajo como Registradora Auxiliar sin
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03820-01
Accionante: Paola Andrea Basallo Melo
ningún sustento jurídico […]” y, a título de restablecimiento del derecho, se condene
a la Registraduría Distrital de Bogotá, a pagar los salarios y prestaciones dejadas
de pagar mientras persista la desvinculación y que se proceda al nombramiento en
provisionalidad en el cargo que ocupaba o en uno de similar.
2.2. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que, mediante
providencia de 23 de octubre de 2025, rechazó la demanda.
2.3. Adujo
que presentó recurso de apelación y la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de providencia de
20 de marzo de 2026, confirmó la providencia recurrida.
2.4. Expuso que las providencias de 23 de octubre de 2025 y 20 de marzo de 2026
desconocieron su derecho fundamental, toda vez que “[…] se debe advertir que el
despacho y el tribunal advierten una carencia inexistente puesto que se individualiza
la decisión de la administración que si bien es cierto no tiene otra característica mas
que es un oficio fechado y es la acción demostrada por la administración en contra
de mi cliente recuérdese que el acto administrativo se conoce como; la
manifestación expresa de la administración el cual goza de legalidad, por lo cual no
se entiende como la decisión de la Registraduría distrital del 14 de mayo de 2025
llega a no ser reconocida por los despachos accionados como acto administrativo
[…]”.
2.5. Agregó que “[…] entiende este profesional del derecho que no se considera
individualizada la decisión del despacho por no contar con otras características que
no define la misma jurisdicción administrativa, por lo cual entonces no se entiende
si la misma Ley 1437 de 2011 permite la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho cuando este afecta de manera particular un derecho es por este que el
oficio en debate de fecha 14 de mayo de 2025 no solo esta debidamente
individualizado si no que se anexa a la demanda […]”.
III. PRETENSIONES
3. La accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1.Tutelar el derecho de acceso de la justicia y consecuencia la sentencia
judicial.
2. Proceda a ordenar a la entidad tutelada, para que de manera clara estudie el
proceso y continúe con la acción judicial solicitada de acuerdo a lo de su
competencia.
3. Las demás acciones jurídicas que determine su honorable despacho […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 21 de mayo de 2026, el magistrado sustanciador de la Sección
Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela. Asimismo, vinculó en
calidad de tercero con interés en el resultado del proceso a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, Registraduría Distrital de Bogotá y al Consejo Nacional
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Accionante: Paola Andrea Basallo Melo
Electoral así como las demás personas y/o entidades contra la cual se haya dirigido
la demanda con radicado 11001-33-35-019-2025-00039-00/01.
5. Finalmente, requirió al abogado Pedro Sandro Garzón Poveda, para que aportara
“[…] el poder que lo faculte para representar a la señora Paola Andrea Basallo Melo,
para lo cual podrá; i1) acreditar la trazabilidad del otorgamiento de los mandatos a
través de mensaje de datos2, o en su defecto, realizar la presentación personal de
los mismos3 […]”.
V. INTERVENCIONES
6. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
7. El Consejo Nacional Electoral solicitó negar las pretensiones de la acción de
tutela, por cuanto se estima que la confianza legítima y la interpretación jurídica por
parte de la Judicatura siempre se evidenció en el trámite contencioso del cual
depreca el accionado la violación del derecho fundamental al acceso a la
administración de Justicia.
8. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar improcedente la acción de tutela, en razón a que
los argumentos planteados por la accionante corresponden a discrepancias con la
interpretación jurídica adoptada en las providencias cuestionadas, lo cual no
habilitan la intervención del juez constitucional como instancia adicional de revisión.
9. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación y señaló
que no ha incurrido en actuación administrativa u omisión alguna que afecten los
derechos invocados por la accionante.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
10. Mediante sentencia de tutela de 2 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró la falta de legitimación en la causa por activa de la acción de
tutela.
11. Al respecto consideró:
“[…] En primer lugar, se recuerda que el magistrado sustanciador requirió en el
auto admisorio al abogado Pedro Sandro Garzón Poveda con el fin de que
1
Artículo 5. º de la Ley 2213 de 2022 [Ver SU-212 de 2023 de la Corte Constitucional].
2
Ver al respecto Ley 527 de 1999: «Artículo 2º. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: a) Mensaje
de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o
similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el
telegrama, el télex o el telefax;
Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para la valoración de la fuerza probatoria de
los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios
reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la
confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma
en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier
otro factor pertinente».
3
Artículo 74 del CGP [Énfasis del Despacho].
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Accionante: Paola Andrea Basallo Melo
aportara el poder que lo facultaba para actuar en nombre de la demandante del
proceso ordinario. Particularmente, dispuso:
Aclarado lo anterior, y una vez verificados los documentos aportados por el
abogado que presentó la acción de la tutela de la referencia, se advierte que
el profesional del derecho no acreditó su derecho de postulación.
Por todo lo anterior, el abogado Pedro Sandro Garzón Poveda deberá aportar,
según los parámetros expuestos en esta providencia, el poder que lo faculte
para representar a la señora Paola Andrea Basallo Melo, para lo cual podrá; i)
acreditar la trazabilidad del otorgamiento de los mandatos a través de mensaje
de datos, o en su defecto, realizar la presentación personal de los mismos.
Por su parte, el referido profesional del derecho allegó poder visible en el índice
14 del expediente digital del aplicativo Samai, así:
[…]
Ahora bien, verificado el referido documento aportado con ocasión del
requerimiento efectuado en el auto admisorio, se tiene que el abogado Pedro
Sandro Garzón Poveda no acreditó su derecho de postulación, como pasará a
explicarse.
El memorial allegado corresponde al poder especial para efectos judiciales,
descrito en la segunda parte del artículo 74 de la Lay (sic) 1562 de 2012, es
decir, es de aquellos que requieren la presentación personal del poderdante
ante juez, notario u oficina judicial o de apoyo, requisito con el cual no cuenta el
documento.
En ese orden, sin más disquisiciones, es claro que el señor Pedro Sandro
Garzón Poveda, al no contar con la representación de la señora Paola Andrea
Basallo Melo, ante la falta del escrito idóneo para ello, se incumple con el
presupuesto de la legitimación en la causa por activa, circunstancia que impide
continuar con el análisis de los requisitos de procedibilidad y, del fondo del
asunto, de ser el caso. […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
12. La accionante impugnó el fallo de primera instancia. Al respecto señaló:
“[…] el juez deja de lado que la Corte Constitucional esgrime que hay ciertas
ritualidades que no delimitan la forma de concretar o no una acción, pues debe
tenerse en cuenta es la acción de derecho, es decir que lo que se debe priorizar es
el derecho, por lo cual no es viable que el juez de tutela por una mera ritualidad
exprese su no decisión de aceptar un poder cuando se subió en debida forma al
SAMAI y además se contempla como el medio más expedito para realizarlo, poder
que tiene una manifestación expresa por parte de mi cliente y mía, ahora bien este
operador judicial de ja (sic) de lado que esta decisión esta sopesa bajo una ritualidad
procesal pero no afecta en nada la solicitud dentro de la acción por lo cual la acción
es decidir de fondo sobre la acción de tutela, alegando una no existencia de poder
cuando dentro de los mismos procesos existía poder y se allego (sic) uno más
conforme a la ley 2213 de 2022 por el medio más expedito.
Dentro de esta actuación debo de insistir que sin lugar a duda persiste la acción de
tutela toda vez que esta acción es incoada por demostrarse que hubo una violación
directa a los derechos que tiene mi cliente dentro de la valoración de los fallos que
afectan directamente sus derechos, ya que no al no decidir de fondo del por que
(sic)una acción propia de la administración deja de ser acto administrativo al dejar
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Accionante: Paola Andrea Basallo Melo
de tener un nombre como resolución o decreto a sabiendas que la misma acción
genero la afectación de un derecho como es el trabajo y así mismo que dicha
decisión genero unas actuaciones administrativas que afectaron directamente a mi
cliente. […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20257, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20198, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20249.
VIII.2. Problemas jurídicos
14. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró el derecho fundamental invocado
por la parte accionante.
15. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
16. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
4
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
5
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
6
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
7
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
8
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
9 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
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Accionante: Paola Andrea Basallo Melo
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
17. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en dichos
parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Paola Andrea Basallo Melo
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
22. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
23. La señora Paola Andrea Basallo Melo, a través de apoderado judicial, solicitó la
protección de su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias de 23 de octubre de 2025 y 20 de marzo
de 2026, proferidas por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá
y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, respectivamente, dentro del medio de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicación 1001-33-35-019-2025-0039-00/01.
24. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos de
legitimación en la causa por activa y de relevancia constitucional.
VIII.4.1. De la legitimación en la causa por activa en el caso sub examine
25. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público.
26. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”. [Negrilla
fuera del texto]
27. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado de
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Accionante: Paola Andrea Basallo Melo
actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.
28. Tratándose de acciones de tutela, la Corte Constitucional ha advertido que se
requiere de un poder especial y específico conferido por el representado. Al
respecto, ha señalado que “[…] la falta de poder especial para adelantar el proceso
de tutela por parte de un apoderado judicial, aún cuando tenga poder específico o
general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo
constitucional a nombre de su mandante, y por lo tanto, en estos casos, la tutela
debe ser declarada improcedente por la falta de legitimación en la causa por activa
[…]”14.
29. De conformidad con la presunción establecida el artículo 10° del Decreto Ley
2591 1991 frente a los poderes, la Corte Constitucional ha señalado que “[…] en lo
que tiene que ver con el apoderamiento judicial en materia de tutela, esta
Corporación ha precisado que i) es un acto jurídico formal, por lo cual debe
realizarse por escrito; ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume
auténtico; iii) debe ser un poder especial; iv) el poder conferido para la promoción
o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende
conferido para instaurar procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento
a estos tengan origen en el proceso inicial; v) el destinatario del acto de
apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta
profesional.15 […]”.16 [Negrilla fuera del texto]
30. En el caso concreto el abogado Pedro Sandro Garzón Poveda allegó el siguiente
poder otorgado por la señora Paola Andrea Basallo Melo:
14
Corte Constitucional, sentencia T- 292 de 2021, que reitera las sentenciasT-658 de 2002, T-207 de 1997, T-693 de 1998,
T-526 de 1998, T-695 de 1998 y T-088 de 1999.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-531 de 2002.
16
Corte Constitucional, sentencia T- 024 de 2019.
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31. La Sala observa que el poder allegado cumple con los requisitos que la Corte
Constitucional ha previsto frente al apoderamiento judicial en materia de tutela,
frente a lo cual se hace énfasis en que estos se presumen auténticos, razón por la
cual se considera que se cumple con el requisito de la legitimación en la causa por
activa.
VIII.4.2. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
32. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental17 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones18.
33. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales19, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces20.
34. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación21, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
17
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
18
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
19
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
20
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
21
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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35. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
22 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Accionante: Paola Andrea Basallo Melo
36. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202323.
37. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales24.
38. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque
el texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o
varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho
atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que
la Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
39. Previa indicación de las anteriores premisas, se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante manifestó que “[…] se debe advertir que el despacho y
el tribunal advierten una carencia inexistente puesto que se individualiza la decisión
de la administración que si bien es cierto no tiene otra característica mas que es un
oficio fechado y es la acción demostrada por la administración en contra de mi
cliente recuérdese que el acto administrativo se conoce como; la manifestación
expresa de la administración el cual goza de legalidad, por lo cual no se entiende
como la decisión de la Registraduría distrital del 14 de mayo de 2025 llega a no ser
reconocida por los despachos accionados como acto administrativo […]”.
40. Agregó que “[…] entiende este profesional del derecho que no se considera
individualizada la decisión del despacho por no contar con otras características que
no define la misma jurisdicción administrativa, por lo cual entonces no se entiende
si la misma Ley 1437 de 2011 permite la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho cuando este afecta de manera particular un derecho es por este que el
oficio en debate de fecha 14 de mayo de 2025 no solo esta debidamente
individualizado si no que se anexa a la demanda […]”.
41. La Sala advierte que la simple enunciación de una inconformidad respecto de la
decisión adoptada no conduce a que el juez de tutela pueda abordar el fondo del
asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia adicional o de revisión del
proceso.
23
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses
Mosquera; 22 de marzo de 2023.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P.
Guillermo Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Rad. núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Accionante: Paola Andrea Basallo Melo
42. Seobserva que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en la providencia cuestionada:
“[…] 4.Caso Concreto
En esta oportunidad a efecto de resolver el recurso de apelación, la Sala debe
determinar si era o no procedente el rechazo de la demanda por cuanto aquella
no fue subsanada en los términos señalados por la a quo.
La demandante presentó como pretensión principal la nulidad de la decisión
mediante la cual la Registraduría Distrital dio por terminada la relación laboral
de la actora en el cargo de Registradora Auxiliar. Como restablecimiento del
derecho, solicitó su reintegro al empleo que ocupaba en provisionalidad —o a
uno equivalente o de superior jerarquía— y el reconocimiento de los salarios y
prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación.
Por su parte, la Juez Diecinueve (19) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, en auto del 19 de junio de 2025, inadmitió la demanda para que fuera
subsanada en tres aspectos: (i) justificar la legitimación en la causa por pasiva
de las entidades demandadas; (ii) individualizar con precisión el acto
administrativo cuya nulidad se pretendía; y (iii) allegar el poder debidamente
otorgado.
Dentro del término concedido, la demandante con el fin de subsanar la demanda
presentó memorial en el que se refirió a cada uno de los yerros advertidos; sin
embargo, mediante auto de 23 de octubre de 2025, la a quo rechazó la demanda
al considerar que el segundo punto no fue satisfecho, al no identificarse con
precisión el acto administrativo a demandar.
Por su parte, la demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, alegando haber subsanado adecuadamente la demanda. Para ello,
anexó el oficio GGTH-900 de 14 de mayo de 2024 y, aunque no lo identificó
expresamente como el acto acusado, sostuvo que definió su situación jurídica
al disponer la terminación de su vínculo laboral.
Bajo el anterior escenario, la Sala advierte que concuerda con la juez respecto
a que no se subsanó la demanda en debida forma, conforme las siguientes
consideraciones:
Tal como se expuso en el marco jurídico, los artículos 162, 163 y 166 regulan
los requisitos formales que deben reunir las demandas en la jurisdicción
contencioso administrativa. En particular, el artículo 163 exige que cuando se
pretenda la nulidad de un acto administrativo, este sea individualizado con toda
precisión y, a su vez, se entienden demandados los actos que fueron objeto de
recursos.
Así las cosas, resulta claro que debe demandarse el acto administrativo que
contiene la manifestación de la voluntad de la administración, frente a una
situación jurídica particular, e individualizarse en debida forma para que el juez
adelante su control judicial, junto con aquellas decisiones proferidas durante la
actuación administrativa que tengan directa incidencia en sus efectos jurídicos.
[…]
La falta de la determinación con exactitud y precisión del o los actos acusados
impide adelantar el control de legalidad.
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En el caso concreto, se advierte que la actora, con el ánimo de subsanar la
demanda, presentó escrito en donde solicitó “1. Declarar nula la decisión
tomada por la Registraduría Distrital de culminar con la relación laboral y
terminación del cargo el día 14 de mayo de 2024 sin ningún sustento jurídico o
bajo la razón alguna sustentable.”; pretensión que no resulta clara en la medida
que no determina con precisión el acto administrativo demandado.
[…]
Como se observa, mediante el oficio referido se le informó, a la demandante,
que su vínculo con la Registraduría Nacional del Estado Civil finalizaba el 14 de
mayo de 2024, dado que así lo dispuso la Resolución 299 de 2024, acto que,
vale resaltar, no fue aportado al expediente.
En virtud de lo anterior, es claro que existen dos actos administrativos
relacionados con la finalización de la relación laboral de la demandante, los
cuales corresponden (i) al oficio GGTH-900 del 14 de mayo de 2024 y (ii) la
Resolución No. 0299 de 2024; de tal manera que, resultaba indispensable que
la parte actora identificara de manera clara y expresa, el que definió su situación
jurídica frente a la terminación del nombramiento en provisionalidad del cargo
de Registrador Auxiliar 301504 de la planta global de la Registraduría Distrital.
Luego entonces, como lo parte interesada en el escrito de subsanación solicitó
de manera ambigua la nulidad de un acto que terminó su vínculo laboral con la
entidad demandada, pues así se observa de la expresión “Declarar nula la
decisión tomada por la Registraduría Distrital de culminar con la relación laboral
y terminación del cargo el día 14 de mayo de 2024”, la Sala estima que la
demanda no fue corregida en debida forma, al no cumplir con el requisito que
exige el artículo 163 del CPACA.
Así las cosas, y considerando que la correcta individualización del acto de
desvinculación constituye un presupuesto procesal indispensable para delimitar
el objeto del litigio y la procedencia del restablecimiento del derecho, se colige
que la demandante no fue subsanó en debida forma y, en consecuencia se
confirmará la decisión de la Juez Diecinueve (19) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que rechazó la demanda conforme al numeral segundo del
artículo 169 del CPACA […]”.
43. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
44. Por el contrario, se observa que la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó un estudio razonable del caso.
45. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”25.
46. Significa
lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
25 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Accionante: Paola Andrea Basallo Melo
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”26. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”27.
47. Con fundamento en lo anterior la Sala revocará el fallo impugnado y, en su lugar,
declarará la improcedencia de la solicitud de tutela por no cumplir el requisito
general de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 2 de julio de 2026, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la
presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
26 Ibid.
27 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger; 5 de febrero de 2021.
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Accionante: Paola Andrea Basallo Melo
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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