Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03821-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03821-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03821-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
22 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03821-01
Accionante: Margarita Cecilia González Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
del 16 de junio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional.
SÍNTESIS1
La accionante cuestiona las sentencias que le negaron la sustitución de la asignación de
retiro de Jaime Charry Díaz. Se confirmará la improcedencia porque los reproches
pretenden reabrir la controversia sobre la liquidación de la sociedad conyugal, la
convivencia, la dependencia económica y la aplicación de precedentes, examinada en el
proceso ordinario, sin acreditar una cuestión constitucional autónoma.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 20 de mayo de 2026, Margarita Cecilia González Rincón, por conducto de apoderada
judicial, presentó acción de tutela contra las sentencias del 15 de octubre de 2024 y del 7
de mayo de 2026, dictadas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia
y el Tribunal Administrativo del Quindío, respectivamente, dentro de los procesos
acumulados de nulidad y restablecimiento del derecho núms. 63001-33-33-001-2019-
00076 y 63001-33-33-006-2019-00194. Invocó sus derechos a la no discriminación, a la
seguridad social, a la libre determinación de la personalidad y a la dignidad humana.
2. Formuló las siguientes pretensiones:
1. Solicito se declaren vulnerados los derechos constitucionales fundamentales a la NO
DISCRMINACIÓN, a la SEGURIDAD SOCIAL, a la LIBRE DETERMINACIÓN DE SU
PERSONALIDAD, y a la DIGNIDAD HUMANA de mí representada MARGARITA
GONZÁLEZ RINCÓN, el cual le está siendo vulnerado a mí representada MARGARITA
GONZÁLEZ RINCÓN por parte de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas
1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Sustitución de asignación de retiro / Cónyuge supérstite y
compañera permanente / Sociedad conyugal / Convivencia / Relevancia constitucional / Confirma improcedencia.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03821-01
Accionante: Margarita Cecilia González Rincón
Confirma improcedencia
dentro de los procesos con radicaciones números 63-001-3333-001-2019-00076-01 y 63-
001-3333-006-2019-00194-01 y por parte del Juzgado Primero (1°) Administrativo Oral del
Circuito de Armenia (Quindío), y por parte del Tribunal Administrativo del Quindío, al haber
condicionado el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de mí representada
MARGARITA GONZÁLEZ RINCÓN, en su calidad de cónyuge sobreviviente de su esposo
fallecido JAIME CHARRY DÍAZ al hecho consistente en que no hubiera liquidado ni disuelto
la sociedad conyugal con su esposo fallecido.
2. Solicito se ordene dejar sin efecto las sentencias tanto de primera como de segunda
instancia proferidas dentro de los proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicados con los números 63-001-3333-001-2019-00076-01 y 63-001-3333-006-2019-
00194-01, acumulados, proferidas, respectivamente, tanto en primera como en segunda
instancia, por el Juzgado Primero (1°) Administrativo de Armenia (Quindío), como por el
Tribunal Administrativo del Quindío, en atención a la vulneración flagrante y directa de los
derechos constitucionales fundamentales aludidos a mí representada, en su condición de
mujer.
3. Solicito se tomen medidas afirmativas a favor de mí representada MARGARITA
GONZÁLEZ RINCÓN, y en dicho sentido, se le ordene a las entidades judiciales accionadas
a emitir sentencias judiciales sustitutivas en las cuales se garantice el derecho a la NO
DISCRIMINACIÓN de mí representada MARGARITA GONZÁLEZ RINCÓN, en lo que
respecta con los efectos de la decisión autónoma que mí representada, en un pasado, tomó
en el sentido de liquidar y disolver, de común acuerdo, la sociedad conyugal que tenía
vigente con su cónyuge fallecido JAIME CHARRY DÍAZ
4. Solicito que a través del fallo de la presente acción de tutela, se disponga el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho mí representada
MARGARITA GONZÁLEZ RINCÓN, en su calidad de cónyuge sobreviviente de su esposo
fallecido JAIME CHARRY DÍAZ, en proporción al tiempo de convivencia que tuvo con éste,
de conformidad con las normas jurisprudenciales y legales que rigen la distribución del
monto de la pensión de sobrevivientes en el caso en que a reclamar la misma concurran la
cónyuge separada de hecho con una convivencia superior a los cinco (5) años en cualquier
tiempo con el causante, y una compañera permanente con convivencia dentro de los cinco
(5) años inmediatamente anteriores a la muerte del causante, con éste.
5. Solicito se emita un fallo de tutela integral, de tal manera que se tomen medidas
afirmativas y diferenciales a favor de mí representada MARGARITA GONZÁLEZ RINCÓN,
en orden a conjurar toda clase de discriminación, trato desigual y afectación a sus derechos
a la libertad y a la autodeterminación económica, de que ha sido víctima por la emisión de
las sentencias judiciales aludidas.
B. Hechos
3. Margarita Cecilia González Rincón contrajo matrimonio con Jaime Charry Díaz el 7 de
septiembre de 1984. Mediante escritura pública núm. 2841 del 28 de julio de 2010, ambos
disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal. El señor Charry Díaz, beneficiario de una
asignación de retiro de CASUR, falleció el 16 de noviembre de 2018. Tanto la accionante,
como cónyuge supérstite, como Gloria Janeth Echeverri Valencia, en calidad de
compañera permanente, solicitaron la sustitución de esa prestación.
4. Mediante la Resolución núm. 910 del 6 de marzo de 2019, CASUR negó a Margarita
Cecilia González Rincón el reconocimiento de la sustitución. Ella y Gloria Janeth
Echeverri Valencia promovieron, por separado, demandas de nulidad y restablecimiento
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03821-01
Accionante: Margarita Cecilia González Rincón
Confirma improcedencia
del derecho contra dicha entidad, que posteriormente se acumularon ante el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Armenia.
5. En sentencia del 15 de octubre de 2024, el juzgado negó las pretensiones de Margarita
Cecilia González Rincón y accedió parcialmente a las de Gloria Janeth Echeverri
Valencia, a quien ordenó reconocer el 50% de la sustitución de la asignación de retiro.
Concluyó que el causante había dejado de convivir con su esposa y establecido una
comunidad de vida con su compañera permanente; también valoró la disolución y
liquidación de la sociedad conyugal y los requisitos de la prestación.
6. Margarita Cecilia González Rincón, Gloria Janeth Echeverri Valencia y CASUR
apelaron esa decisión. La primera cuestionó que se le negara la sustitución de la
asignación de retiro, pues sostuvo que conservó su condición de cónyuge supérstite y
que la liquidación de la sociedad conyugal no implicaba renunciar al derecho prestacional,
dado que había acreditado 19 años de convivencia con el causante. Por ello, solicitó
reconocerle la prestación en proporción al tiempo de convivencia y aplicar una perspectiva
de género.
7. Por su parte, Gloria Janeth Echeverri Valencia impugnó únicamente la decisión sobre
las costas, al considerar que había demostrado los gastos en que incurrió durante el
proceso y que Margarita Cecilia González Rincón debía asumirlos por haber resultado
vencida en juicio.
8. Mediante sentencia del 7 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo del Quindío
mantuvo la negativa del reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro a
Margarita Cecilia González Rincón. Consideró que, si bien conservó el vínculo
matrimonial con Jaime Charry Díaz hasta su fallecimiento, se acreditó que los cónyuges
convivieron entre 1984 y 2003, que liquidaron la sociedad conyugal en 2010 y que no
existió convivencia durante los cinco años anteriores al deceso. Asimismo, estimó que no
se probó la dependencia económica de la demandante respecto del causante, pues había
trabajado en la Policía Nacional y recibía una pensión de esa institución. Por tanto,
concluyó que la subsistencia formal del matrimonio y los 19 años de convivencia alegados
no eran suficientes para reconocerle la prestación en las circunstancias del caso
9. En cuanto a Gloria Janeth Echeverri Valencia, el Tribunal encontró acreditadas su
convivencia con el causante desde 2003 hasta su fallecimiento y su dependencia
económica, con fundamento en las pruebas testimoniales y documentales, por lo que
mantuvo el reconocimiento de la prestación. Asimismo, desestimó su apelación relativa a
las costas, al considerar que no se acreditó su causación y que la intervención de un
apoderado no justificaba, por sí sola, imponerlas a Margarita Cecilia González Rincón. En
consecuencia, confirmó íntegramente la sentencia del 15 de octubre de 2024 y se abstuvo
de condenar en costas en segunda instancia.
C. Fundamentos de la vulneración
10. La accionante atribuyó a las providencias defecto sustantivo. Afirmó que exigir a la
cónyuge sobreviviente mantener vigente la sociedad conyugal para acceder a la
sustitución de la asignación de retiro desconoce el carácter patrimonial de esa institución
y la naturaleza constitucional e irrenunciable de la seguridad social. En su criterio, la
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Accionante: Margarita Cecilia González Rincón
Confirma improcedencia
decisión de disolver y liquidar la sociedad conyugal no equivale a renunciar a los derechos
pensionales derivados de un vínculo matrimonial que continuó vigente.
11. También alegó desconocimiento del precedente. Sostuvo que, conforme a decisiones
de la Corte Constitucional, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
y el Consejo de Estado, la cónyuge separada de hecho que haya convivido más de cinco
años con el causante, en cualquier tiempo, puede reclamar la prestación, aun cuando se
hubiera liquidado la sociedad conyugal. Invocó, en particular, la sentencia SL-4750 de
2021 de la Sala de Casación Laboral y afirmó haber acreditado diecinueve años de
convivencia con Jaime Charry Díaz.
12. Finalmente, denunció violación directa de la Constitución. Según expuso, condicionar
la sustitución de la asignación de retiro a que una mujer no hubiera ejercido su autonomía
patrimonial mediante la liquidación de la sociedad conyugal desconoce la igualdad, la
libre determinación, la dignidad humana y la protección especial de la mujer. Solicitó que
la controversia se resolviera con enfoque de género y que se reconociera la prestación
en proporción al tiempo de convivencia alegado.
D. Trámite procesal
13. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la demanda
mediante auto del 21 de mayo de 2026. Ordenó notificar a las autoridades accionadas,
esto es, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia y al Tribunal
Administrativo del Quindío; vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, a la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), al Ministerio Público, a Gloria
Janeth Echeverri Valencia y a los demás intervinientes en los procesos ordinarios
acumulados. Asimismo, dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y requirió a las autoridades judiciales accionadas para que remitieran los
expedientes digitales correspondientes.
E. Oposiciones e intervenciones
14. Gloria Janeth Echeverri Valencia, por conducto de apoderado, se opuso al amparo.
Señaló que las providencias ordinarias no incurrieron en discriminación, defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente ni violación de la Constitución. Sostuvo que
el derecho a la prestación depende del cumplimiento de los requisitos aplicables y que
los jueces valoraron la convivencia efectiva y la dependencia económica; además,
defendió el reconocimiento dispuesto a su favor.
15. CASUR solicitó declarar improcedente la acción y, subsidiariamente, negar el amparo.
Afirmó que la tutela no constituye una tercera instancia para reexaminar decisiones
adversas del proceso ordinario, que se respetaron las oportunidades procesales y que no
se acreditó defecto judicial alguno en las providencias cuestionadas.
16. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia remitió los vínculos de los
expedientes digitales acumulados en cumplimiento del requerimiento efectuado en el auto
admisorio. Esa remisión no contiene una oposición de fondo a la solicitud de amparo.
17.El Tribunal Administrativo del Quindío, pese a haber sido debidamente notificado,
guardó silencio durante el trámite de la acción de tutela.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03821-01
Accionante: Margarita Cecilia González Rincón
Confirma improcedencia
F. Sentencia impugnada
18. Mediante sentencia del 16 de junio de 2026, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional. Consideró que la accionante pretendía reabrir cuestiones jurídicas y
probatorias ya resueltas por los jueces naturales acerca de la convivencia, la dependencia
económica, la liquidación de la sociedad conyugal y las exigencias de la sustitución de
asignación de retiro.
19. La Sección advirtió que el Tribunal Administrativo del Quindío había examinado la
disolución y liquidación de la sociedad conyugal junto con la falta de convivencia durante
los cinco años anteriores al fallecimiento y la ausencia de dependencia económica.
Concluyó que la solicitud de tutela no identificaba una afectación constitucional autónoma,
sino que reiteraba la inconformidad con la valoración de esas circunstancias y con el
resultado prestacional, de contenido económico, del proceso ordinario.
G. Impugnación
20. La actora impugnó el fallo y solicitó revocar la improcedencia. Afirmó que sí había
formulado cargos concretos de relevancia constitucional, relacionados con el trato
desigual y la afectación de su autonomía al haber disuelto y liquidado la sociedad
conyugal. Insistió en que su pretensión no era obtener una nueva valoración probatoria,
sino evitar que el ejercicio de una facultad patrimonial determinara la pérdida de la
prestación pese a los diecinueve años de convivencia que alegó.
21. Reiteró que los jueces ordinarios debían aplicar los precedentes que distinguían el
matrimonio de la sociedad conyugal y solicitó reconocer la sustitución en proporción al
tiempo de convivencia, con enfoque de género. La impugnación fue presentada el 25 de
junio de 2026 y concedida por auto del 7 de julio de ese año.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
22. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
resolver la impugnación, de conformidad con el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991
y las reglas de distribución previstas en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
I. Sentido de la decisión
23. La Sala confirmará la sentencia impugnada. La demanda de tutela y su impugnación
procuran reabrir la controversia sobre los presupuestos jurídicos y probatorios para
reconocer la sustitución de la asignación de retiro, examinada en las dos instancias del
proceso ordinario, sin justificar una lesión constitucional autónoma que habilite el examen
excepcional de las providencias judiciales.
J. El requisito de relevancia constitucional
24. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03821-01
Accionante: Margarita Cecilia González Rincón
Confirma improcedencia
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.2 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada3, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.
25. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones4.
26. En la sentencia SU-215 de 20225, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales
27. Para a Corte Constitucional6, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
2 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
3 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
4 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.
José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
5 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03821-01
Accionante: Margarita Cecilia González Rincón
Confirma improcedencia
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
28. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional” 7.
K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
29. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela contra
providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se configure,
al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii) defecto
procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión
sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa de la
Constitución.
30. En el asunto sub iudice, Margarita Cecilia González Rincón cuestiona las sentencias
del 15 de octubre de 2024 y del 7 de mayo de 2026, proferidas, respectivamente, por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia y el Tribunal Administrativo del
Quindío, porque considera que incurrieron en defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. En particular, sostiene que las
autoridades judiciales le negaron el reconocimiento de la sustitución de la asignación de
retiro de Jaime Charry Díaz por haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal, pese a
que conservó el vínculo matrimonial y acreditó 19 años de convivencia con el causante.
A continuación, la Sala describirá las características de las causales invocadas, con el
propósito de delimitar los reproches formulados en la demanda.
31. El defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso, deja de aplicar la que evidentemente lo es o adopta una
interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica. En el
presente asunto, la accionante sostiene que las providencias cuestionadas atribuyeron a
la disolución y liquidación de la sociedad conyugal efectos que no podían extenderse al
reconocimiento de una prestación de seguridad social. En su criterio, los jueces debieron
inaplicar, por incompatibilidad con la Constitución, la exigencia de mantener vigente dicha
sociedad como condición para acceder a la sustitución pensional, en lugar de hacer
depender un derecho que considera irrenunciable de una decisión de naturaleza
patrimonial.
32. El desconocimiento del precedente se configura cuando una autoridad judicial se
aparta de una regla jurisprudencial aplicable al asunto sin cumplir las exigencias de
transparencia y justificación que permiten modificar el criterio previamente establecido.
La accionante invoca, principalmente, la sentencia SL-4750 de 2021 de la Sala de
7 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03821-01
Accionante: Margarita Cecilia González Rincón
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Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de la cual extrae que la disolución y
liquidación de la sociedad conyugal no debe confundirse con la terminación del vínculo
matrimonial ni determinar, por sí sola, la pérdida del derecho a la pensión de
sobrevivientes. Afirma que, conforme a esa interpretación, la cónyuge separada de hecho
que conservó el matrimonio puede acreditar los cinco años de convivencia en cualquier
tiempo y obtener el reconocimiento proporcional de la prestación. Por ello, considera que
las autoridades accionadas desconocieron el precedente y le dispensaron un trato judicial
desigual.
33. La violación directa de la Constitución se presenta cuando la decisión judicial
desconoce un mandato constitucional de aplicación directa, omite aplicar la Carta Política
cuando corresponde o adopta una interpretación incompatible con sus disposiciones. En
este caso, la accionante invoca los derechos a la igualdad, a la seguridad social, al libre
desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana. Alega que la decisión de disolver y
liquidar la sociedad conyugal constituyó un ejercicio legítimo de su autonomía económica
y que las autoridades judiciales no podían atribuirle como consecuencia la pérdida de un
derecho prestacional que considera irrenunciable. Asimismo, sostiene que se desconoció
la protección constitucional de la mujer al no reconocer el aporte que realizó durante los
19 años de convivencia, incluidas las labores domésticas y de cuidado, y solicita que su
situación sea examinada con perspectiva de género.
L. Caso concreto
34. En este asunto, la accionante pretende reabrir el debate sobre su derecho a la
sustitución de la asignación de retiro del señor Jaime Charry Díaz. Su reparo se funda en
que los jueces ordinarios atribuyeron efectos a la disolución y liquidación de la sociedad
conyugal y, según afirma, desconocieron los diecinueve años de convivencia y los
precedentes aplicables.
35. El juzgado estudió la liquidación de la sociedad conyugal y la separación de la pareja,
y concluyó que Margarita Cecilia González Rincón no reunía los requisitos exigidos para
el reconocimiento. La sentencia del 15 de octubre de 2024 expuso al respecto:
«En el presente caso, se evidencia que además de que la señora Margarita Cecilia
González Rincón liquidó la sociedad conyugal con el señor Jaime Charry Díaz (q.e.p.d.) en
el año de 2010, éste se fue a vivir con su compañera permanente hasta cuando falleció, el
16 de noviembre de 2018 [...]».
36. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Quindío examinó la alegación según la cual
la liquidación de la sociedad conyugal no extingue necesariamente el derecho y distinguió
los precedentes invocados. A partir de las pruebas, tuvo por acreditada la convivencia
entre los cónyuges de 1984 a 2003, la liquidación de la sociedad conyugal en 2010 y la
falta de dependencia económica de la actora; además, valoró la convivencia y
dependencia económica de Gloria Janeth Echeverri Valencia. En particular, señaló:
«[...] la disolución y liquidación de la sociedad conyugal existente entre Margarita Cecilia
González Rincón y Jaime Charry Díaz, aunado a su falta de convivencia durante los cinco
(05) años anteriores al fallecimiento del causante, impiden que aquella pueda ser
beneficiaria de la asignación de retiro deprecada [...]».
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03821-01
Accionante: Margarita Cecilia González Rincón
Confirma improcedencia
37. Así, los asuntos que la accionante plantea como defecto sustantivo, desconocimiento
del precedente y discriminación fueron materia de examen en el proceso ordinario. La
impugnación constitucional insiste en atribuir a la liquidación de la sociedad conyugal un
alcance diferente del acogido por el Tribunal y en obtener el reconocimiento de la
prestación, pero no identifica una omisión de estudio de esas cuestiones ni una afectación
constitucional autónoma que justifique sustituir la valoración del juez natural.
38. En consecuencia, la Sala comparte la conclusión de la Subsección A de la Sección
Tercera: en las circunstancias de este expediente, la tutela busca prolongar una discusión
jurídica y probatoria sobre el reconocimiento de la sustitución, ya decidida en las
instancias ordinarias, sin superar el requisito general de relevancia constitucional. Por
tanto, se confirmará la sentencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 16 de junio de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
acción de tutela promovida por Margarita Cecilia González Rincón, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes y a los intervinientes, por el
medio más expedito, en los términos del artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
conforme al artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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