RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03828-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03828-00

Fecha
21 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03828-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Jaime Iván González García, en la solicitud de tutela presentada en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03828-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

21 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03828-00
Demandante: Jaime Iván González García
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A
Tema: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Defectos sustantivo y procedimental
Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Jaime Iván González García en ejercicio del
mecanismo constitucional de tutela previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política, y desarrollado en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Jaime Iván González García promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al libre acceso a la
administración de justicia y a la defensa, lo cuales consideró vulnerados con ocasión
de la providencia proferida el 30 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-34-004-2023-
00215-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. Desde el 2007, reside en Estados Unidos y actualmente ostenta la calidad de
pensionado por la Administradora Colombiana de Pensiones2. No obstante, a su
nombre se hicieron cotizaciones a la Entidad Promotora de Salud3 Sanitas a pesar

1 Ver índice 2 de Samai. Actuación denominada «3ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
2 En adelante Colpensiones.
3 En adelante EPS.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03828-00
Demandante: Jaime Iván González García

de no haber existido afiliación efectiva, por lo que se realizó el respectivo trámite para
evitar que continuaran los aportes. De esta manera, el 22 de julio de 2022
Colpensiones emitió respuesta donde le informó que ya no se encontraba afiliado por
ser residente en el exterior.

2.2. El 3 de agosto de 2022, presentó una petición a la EPS Sanitas para informar que
ya no se encontraba afiliado, solicitar información del valor exacto que Colpensiones
aportaba mensualmente a su nombre, y reclamar el reintegro del dinero cotizado
durante el periodo comprendido entre agosto de 2021 a enero de 2022.

2.2.1. El 2 de septiembre de 2022, la EPS Sanitas emitió respuesta e informó que no
es procedente la devolución para los periodos de cotización solicitados, porque había
un plazo máximo de 6 meses para solicitar la corrección de los registros
compensados de acuerdo con el artículo 2.6.4.3.1.1.6 del Decreto 780 de 2016.
Además, que se le daría trámite ante la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud4 al reintegro de los aportes cotizados de
febrero a julio de 2022. En consecuencia, se le indicó que dicha solicitud sería
tramitada el 16 de septiembre por ADRES y que se procedería con el giro a
Colpensiones de los dineros cotizados si existía respuesta afirmativa por parte de la
entidad.

2.2.2. Al considerar que dicha contestación no había resuelto de fondo la petición
interpuesta, presentó tutela5, y como resultado el 7 de septiembre de 2022 se obtuvo
una segunda respuesta por parte de la EPS, donde dejó constancia de los aportes
realizados en el periodo de agosto de 2021 a agosto de 2022, los cuales daban un
total de $16,527,800.

2.3. El 13 de octubre de 2022, presentó petición al ADRES donde solicitó el reintegro
de los aportes realizados entre agosto de 2021 y agosto de 2022, es decir, la
devolución de $16,527,800.

2.3.1. La ADRES en Oficio número 20221501842021 del 3 de noviembre de 2022, le
respondió que, de acuerdo con el Decreto 780 de 2016 la EPS tenía un plazo de 6
meses para realizar la corrección de aportes para la devolución de recursos. Además,
que la misma debía tramitarse directamente con la EPS, quien debía analizar su
procedencia. Posteriormente la solicitud debía ser remitida a la administradora, quien
debía evaluar su pertinencia y efectuar el pago en caso de que se cumplieran los
requisitos y términos legales para el reintegro. Asimismo, verificó sus datos y
determinó que no había lugar al reintegro correspondiente al periodo comprendido
entre agosto de 2021 y abril de 2022, ya que este solo podía reconocerse respecto
de los meses de agosto a noviembre de 2022.

2.4. El27 de abril de 2023, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda en contra de la ADRES con la

4 En adelante ADRES.
5 Cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarenta y Tres (43) Civil Municipal de Bogotá bajo el

radicado 11001-40-03-043-2022-00860-00.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03828-00
Demandante: Jaime Iván González García

finalidad de cuestionar la legalidad del Oficio 20221501842021 del 3 de noviembre
de 2022.

2.5. ElJuzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección
Primera, en providencia del 21 de julio de 2025 rechazó la demanda por considerar
que el acto administrativo demandado no era definitivo, y, por ende, no era
susceptible de control judicial. Lo anterior, porque el oficio no negó de manera
expresa la solicitud de reintegro y únicamente explicó el procedimiento que se debía
realizar para obtener la devolución de aportes, por lo que no creó ni modificó un
derecho. En contra de esta decisión presentó recurso de reposición y en subsidio
apelación, al considerar que el acto administrativo demandado sí era definitivo.

2.6. En providencia del 13 de noviembre de 2025 decidió no reponer la decisión
anterior y concedió el recurso de apelación. Lo anterior, por cuanto reiteró sus
argumentos respecto a la naturaleza del acto administrativo, pues, en este, la ADRES
únicamente expresó su falta de competencia.

2.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A en
providencia del 30 de abril de 2026 confirmó la decisión del a quo al considerar que
el acto demandado no resolvió de fondo la solicitud de reintegro, sino que se limitó a
determinar el marco legal aplicable y la autoridad competente para llevar a cabo el
trámite administrativo. Por lo que dicha respuesta no creó, modificó ni extinguió una
situación jurídica particular, únicamente explicó el trámite que debió agotar.

2.8. La autoridad judicial demandada incurrió en defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto al privilegiar el derecho formal frente a la realidad del caso, ya que
el acto administrativo en efectos prácticos le imposibilitó la devolución de los aportes
solicitados.

2.9. En defecto sustantivo por realizar una interpretación irrazonable del artículo 43 del
CPACA, comoquiera que el acto administrativo demandado sí era susceptible de
control judicial por ser un acto definitivo que extinguió una situación jurídica al
declarar la improcedencia del reintegro en los periodos solicitados.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Se amparen mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y LOS DEMÁS QUE ESTE DESPACHO CONSIDERE.

2. Se deje sin efectos la providencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN A dentro del proceso de
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO con radicación 11001-33-34-004-
2023-00215-01.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03828-00
Demandante: Jaime Iván González García

3. Se ordene a la autoridad judicial competente admitir la demanda o, en su defecto,
adoptar una decisión que garantice el acceso efectivo a la administración de justicia. […]»
[sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A6
solicitó que se negara la solicitud de amparo ante la ausencia de vulneración de
derechos fundamentales del demandante, pues, su decisión se basó en el estudio de
la totalidad del expediente, el marco normativo y en la jurisprudencia aplicable. En
este sentido, recordó que una providencia proferida en contra de los intereses de las
partes no implica automáticamente una vulneración al derecho a la administración de
justicia. En consecuencia, la verdadera intención fue utilizar el mecanismo
constitucional como una tercera instancia ante la inconformidad de las partes.

5. La ADRES7 solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo por
considerar que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional,
comoquiera que la demanda solo se limitó a mostrar un desacuerdo con la decisión
adoptada sin una acreditación clara de una vulneración de derechos fundamentales,
por lo que pretendía usar el mecanismo constitucional como una tercera instancia.
Tampoco acreditó la existencia de una irregularidad procesal, ya que lo que se buscó
fue imponer un criterio personal frente a la valoración efectuada por el juez.

6. Su desvinculación porfalta de legitimación en la causa por pasiva porque la
solicitud de amparo se deriva de las actuaciones realizadas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la entidad no participó en la expedición de la
decisión cuestionada.

7. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección
Primera8 luego de reiterar las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al
interior del medio de control en cuestión, precisó que se remitía a las motivaciones
contenidas en las providencias dictadas durante el trámite ordinario, en las cuales no
se advierte vulneración alguna a los derechos de la parte demandante.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa - falta de legitimación en la causa
por pasiva; iii) procedencia de la tutela; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.

6 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado «4_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
20260382800PETAD(.pdf) NroActua 16.pdf».
7 Ver índice 15 de Samai. Archivo denominado
«13RECIBEMEMORIAL_202603828_JAIME_IVAN(.pdf) NroActua 15.pdf».
8
Ver índice 19 de Samai. Archivo denominado «22_MemorialWeb_Respuesta-202603828CE(.pdf)
NroActua 19».

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03828-00
Demandante: Jaime Iván González García

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1° del Decreto 333 del 6 de abril
de 2021 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

2.2. Cuestión previa - falta de legitimación en la causa por pasiva

10. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales
cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13
del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.

11. La Corte Constitucional9 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en los
trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental10. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso”11, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es
citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a
responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”12
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».

9 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
10 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
11 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
12 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03828-00
Demandante: Jaime Iván González García

12. La ADRES solicitó su desvinculación del trámite constitucional por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no tienen relación con la
decisión judicial cuestionada.

13. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue
en calidad de tercero con interés, al ser la parte demandada dentro del proceso en
cuestión, en aras de garantizarles su derecho de defensa y contradicción, por lo que
se negará tal solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

14. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado13 unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema14. Al respecto señalo lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]»

15. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

16. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo15, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela, como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03828-00
Demandante: Jaime Iván González García

17. Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

18. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 17, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. Para la prosperidad del amparo, debe
verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales18.

19. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

20. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A vulneró los
derechos fundamentales de Jaime Iván González García con ocasión de la
providencia proferida el 30 de abril de 2026, mediante la cual confirmó la decisión de
rechazar la demanda, por cuanto el acto administrativo cuestionado no era
susceptible de control judicial, con lo que incurrió, presuntamente, en defectos
procedimental por exceso ritual manifiesto y sustantivo?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

21. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

18Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03828-00
Demandante: Jaime Iván González García

2.5.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

22. Eldefecto procedimental fue definido por la Corte Constitucional desde la
sentencia T-231 de 1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial.
Desde entonces, fue entendido como aquél en el que el juez ordinario adelanta el
asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso de una etapa del
trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.

23. A partir de la sentencia T-1306 de 200119, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un
exceso ritual manifiesto20, producto de una indebida preferencia por las formas
procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones
judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales21.

24. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya alegado
el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad de
hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y, que
lesione bienes ius fundamentales22.

2.5.2. Defecto sustantivo

25. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto23. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta24, para lo cual precisó que

19 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las sentencias T-974 de 2003, T-973

de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
20 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto para
la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
21 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya

una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material […]”.
22 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial

consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.
23 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
24 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03828-00
Demandante: Jaime Iván González García

los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado social de derecho.

26. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva
o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una interpretación sistémica de la
norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

27. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales25.

2.5.3. Sobre el caso concreto

28. Jaime Iván González García promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
providencia proferida el 30 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, mediante la cual confirmó la decisión
del a quo de rechazar la demanda formulada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el radicado 11001-33-34-004-2023-00215-01.

29. Lo anterior, por considerar que se incurrió en defecto procedimental al realizar una
lectura formalista del acto administrativo demandado, pues ignoró la realidad material
del caso donde el pronunciamiento de la ADRES declaró la improcedencia del
reintegro para los periodos solicitados y lo remitió a la EPS para iniciar el trámite. Lo
anterior, supuso el efecto práctico de impedir la devolución de los aportes, ya que la
EPS con anterioridad había dejado claro que no tenía competencia para realizar el
reintegro de manera directa.

30. En defecto sustantivo por realizar una interpretación irrazonable y
desproporcionada del artículo 43 del CPACA sobre la naturaleza de los actos
administrativos, puesto que la autoridad judicial concluyó que el acto expedido por la
ADRES no era susceptible de control judicial por tratarse de un acto de trámite.

31. Al respecto, la Sala precisa que los defectos invocados serán examinados de
manera conjunta, por cuanto ambos se dirigen a controvertir la conclusión de la

25 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03828-00
Demandante: Jaime Iván González García

autoridad judicial demandada según la cual el oficio cuestionado constituía un acto
de trámite y, en consecuencia, no era susceptible de control judicial.

32. Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda el análisis realizado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A mediante
el cual confirmó el rechazo de la demanda al concluir que el Oficio n.º
20221501842021 constituía un acto de trámite, pues no resolvía de fondo la solicitud
de devolución de aportes, sino que únicamente indicaba el procedimiento aplicable y
la autoridad competente para conocer de ella, así:

«[…] Ahora bien, en cuanto al rechazo de la demanda, el artículo 169 de la Ley 1437 de
2011 CPACA, establece: […]

De conformidad la norma antes citada se tiene que, cuando el asunto no sea susceptible
de control judicial procederá el rechazo de la demanda, por lo que en este caso se hace
necesario estudiar la naturaleza del acto administrativo demandado con el fin de
determinar si estamos en presencia de un acto no susceptible de control judicial en los
términos antes indicados.

Descendiendo al caso en concreto se tiene que, el acto demandado corresponde al Oficio
No. 20221501842021 del tres (3) de noviembre de 2022, mediante el cual se respondió
una petición presentada por el demandante y se indicó: […]

De la revisión del administrativo demandado se observa que, la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES- tal y como lo
manifestó el A-quo en la providencia apelada, no resolvió de fondo la solicitud de
devolución de aportes del señor Jaime Iván González García comoquiera que se limitó a
establecer el marco legal del procedimiento y autoridad competente ante quien se debía
iniciar dicho trámite administrativo de devolución de aportes.

Ahora, si bien es cierto que en la respuesta a la solicitud presentada por el demandante
la ADRES le indicó que la solicitud de devolución de los aportes de los periodos
comprendidos entre agosto de 2021 y abril de 2022, era improcedente por haber prescrito
el término para reclamarlos, también lo es que, dicho argumento no es el determinante en
la decisión adoptada comoquiera que la respuesta hizo énfasis en su falta de competencia
para resolver el asunto y el procedimiento a través del cual se debía agotar dicha instancia
administrativa.

En este orden de ideas la Sala considera pertinente traer a colación lo sostenido por el H.
Consejo de Estado – Sección Cuarta, C.P. Dra. Myriam Stella Gutiérrez Argüello26, donde
en un caso similar al aquí estudiado indicó:

“(…)”

De los apartes transcritos se observa que el ADRES no negó de forma expresa la
petición de devolución presentada por la actora. En realidad, la Sala advierte que se
limitó a explicar el procedimiento que la actora debió realizar para obtener la devolución
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Es decir, únicamente
indicó que la solicitud debió ser radicada ante la respectiva EPS o EOC, sin determinar
de fondo la procedencia de la misma.

26 H. Consejo de Estado – Sección Cuarta, C.P. Dra. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Demandante:

Cooperativa Multiactiva Minuto de Dios, Demandado: ADRES, Radicado No. 25000-23-37-000- 2022-
00517-01 (28211), Auto de fecha treinta (30) de noviembre de 2023.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03828-00
Demandante: Jaime Iván González García

Con base en lo anterior, la Sala concluye que, contrario a lo dicho por la apelante, los
actos acusados no surten efectos jurídicos, esto es, no crean, modifican o extinguen
una situación jurídica particular.

Y, en consecuencia, dichos actos no pueden considerarse definitivos ni susceptibles
de control judicial.

Se destaca que, si bien es cierto que el Oficio Nro. 20221500005751 del 11 de enero
de 2022 indicó que no son procedentes las devoluciones cuando han transcurrido más
de 6 meses desde la compensación de aportes con algunas EPS, también lo es que
esta no fue la razón determinante de la decisión del ADRES, sino la falta de
competencia y la omisión de la actora de solicitar la devolución ante la correspondiente
EPS o EOC. En otras palabras, y para este caso, la mención de la oportunidad para
presentar la petición de devolución no modifica el carácter de actos de trámite de los
oficios acusados.”

[…]

De conformidad con la jurisprudencia antes citada se tiene que, la respuesta suministrada
por la ADRES en los oficios que responden una solicitud de devolución de aportes al
SGSSS, no crean, modifican o extinguen una situación jurídica particular, ya que
simplemente se limitan a explicar el procedimiento que la parte demandante debió agotar
para obtener la devolución de dichos aportes, sin que el hecho de que se haya hecho
referencia a la improcedencia de las devoluciones cuando han transcurrido más de seis
(6) meses, haga que se cambie el carácter de trámite del oficio acusado, máxime si se
tiene en cuenta que, esta no fue la razón determinante en la decisión de la ADRES.

Por los anteriores argumentos, al tratarse el Oficio con radicado No. 20221501842021 del
tres (3) de noviembre de 2022, de un mero acto de trámite, la Sala de la Subsección “A”
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmará la
decisión de rechazo proferida por el Juzgado Cuatro (4º) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá D.C. – Sección Primera, el día veinticuatro (24) de julio de 2025, al no
ser un asunto susceptible de control judicial […]».

33. En concordancia con lo anterior, es importante recordar que esta misma
Corporación determinó las diferencias que existen entre los actos administrativos27
que deciden de fondo y los que son de mero trámite:

«[…] La teoría del acto administrativo ha venido decantando la clasificación de estos con
la finalidad de delimitar los que deben ser objeto de control jurisdiccional; en tal sentido
ha explicado que, desde el punto de vista de su inserción en el procedimiento y
recurribilidad, hay tres tipos de actos a saber:

i) Los actos preparatorios, accesorios o de trámite: Han sido definidos como aquellos
que se expiden como parte del procedimiento administrativo con el fin de darle curso a
este, es decir, son netamente instrumentales ya que no encierran declaraciones de la
voluntad, no crean relaciones jurídicas y solo sirven de impulso a la continuidad de la
actuación de la administración;

ii) Los actos definitivos: De conformidad con el Artículo 43 del CPACA «Son actos
definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible
continuar con la actuación». Es decir, son los que resuelven de fondo una situación jurídica
o impiden la continuación del procedimiento administrativo, en razón a que contienen la
esencia del tema a decidir y tienen la potestad para modificar la realidad con su contenido;

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, 13 de

agosto de 2020, Rad. 25000-23-42-000-2014-00109-01.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03828-00
Demandante: Jaime Iván González García

iii) Los actos administrativos de ejecución, por su parte son aquellos que se limitan a dar
cumplimiento a una decisión judicial o administrativa.

Esta corporación ha establecido en reiteradas oportunidades que, por regla general, son
los actos definitivos los únicos que son susceptibles de ser enjuiciados ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo […]».

34. En este orden de ideas, se entiende que los actos administrativos susceptibles de
control judicial son aquellos definitivos. Razón por la cual, resulta necesario analizar
el contenido del oficio demandado:

«[…] En concordancia, el Decreto 780 de 2016 – Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social establece el procedimiento mediante el cual tiene lugar la solicitud de
devolución ante la ADRES sea que esta haya sido compensada o no, determinando que
le corresponde al aportante o cotizante independiente solicitarla ante la Entidad Promotora
de Salud -EPS o Entidad Obligada a Compensar – EOC […]

De la precitada normativa se colige, que el aportante o cotizante independiente que
efectúe aportes de manera errónea al SGSSS en el Régimen Contributivo, debe solicitar
la devolución directamente ante la Entidad Promotora de Salud -EPS o Entidad Obligada
a Compensar -EOC que haya recibido el aporte, a quienes les corresponde en primer
lugar, el análisis de la procedencia de la devolución de la cotización, teniendo en cuenta
los términos dispuestos para el efecto y en especial, el término de 6 meses para solicitar
ante la ADRES los aportes compensados y de 12 meses, si no compensaron.

Una vez la EPS o EOC verifique el cumplimiento de los requisitos de la solicitud, debe
remitirla a la ADRES, quien validará su pertinencia y, de ser procedente, efectuará el pago
a la EPS-EOC, para que esta a su vez, realice la devolución al aportante; en caso tal, que
la solicitud no cumpla los requisitos y términos, la ADRES negará la solicitud, informando
el resultado a la respectiva entidad reclamante.

Adelantadas las verificaciones en las bases de datos administradas por la ADRES, se
encontraron los siguientes pagos realizados para el señor González ante el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, así:

[…]

Sin embargo, se advierte, que para el periodo de agosto de 2021 a abril de 2022 no es
procedente para devolución de aportes, toda vez que, se ha superado el término
establecido por la normativa vigente, citada de manera previa.

Para los periodos posteriores, el aportante, debe dirigir la petición a la EPS Sanitas, la
cual tiene la responsabilidad de analizar la viabilidad de solicitar los recursos ante la
ADRES. […]»

35. Como se observa, y a partir de una lectura integral de la providencia cuestionada,
la Sala evidencia que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, la autoridad
judicial demandada sustentó su decisión en el contenido del Oficio 20221501842021,
así como en la normativa y la jurisprudencia aplicables sobre la naturaleza de los
actos administrativos. Con fundamento en esos elementos, determinó que el mismo
no resolvió de fondo la solicitud de devolución de aportes, sino que se limitó a
informar el procedimiento correspondiente y la autoridad competente para conocer
de este. Asimismo, precisó que, aunque el documento aludió a la improcedencia de
la devolución respecto de algunos períodos, esa consideración no constituyó el

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03828-00
Demandante: Jaime Iván González García

fundamento de la decisión, la cual se apoyó en la falta de competencia de la ADRES
para resolver la petición y, por ello, determinó que se trataba de un acto de trámite
no susceptible de control judicial.

36. En concordancia con lo anterior, en cuanto al defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, contrario al decir de la parte demandante, la Sala advierte que no
se configura, pues la autoridad judicial demandada no privilegió una exigencia
meramente formal sobre la realidad del caso. Por el contrario, examinó el contenido
del Oficio 20221501842021 y consideró que este no resolvió de fondo la solicitud de
devolución de aportes, sino que se limitó a informar el procedimiento aplicable y la
autoridad competente para adelantar dicho trámite.

37. Tampoco se configura el defecto sustantivo alegado. En efecto, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no efectuó una interpretación irrazonable del
artículo 43 del CPACA, sino que, a partir del contenido del oficio y de la jurisprudencia
aplicable, estableció que este constituía un acto de trámite, al no crear, modificar o
extinguir una situación jurídica particular. Si bien el documento hizo referencia a la
improcedencia de la devolución respecto de algunos períodos, explicó que esa
consideración no sustentó la decisión, la cual obedeció a la falta de competencia de
la ADRES para resolver la solicitud y a la necesidad de agotar el procedimiento ante
la EPS.

38. En consecuencia, la Sala observa que la decisión cuestionada estuvo sustentada
en una valoración razonada del contenido del acto administrativo y de las normas
aplicables, sin que se advierta una actuación arbitraria o caprichosa. Por ello, no se
acreditan los defectos invocados por la parte demandante.

39. En esas condiciones, lo que se evidencia es una inconformidad con el resultado
de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la
medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, sin que
la solicitud de tutela pueda convertirse en una tercera instancia.

40. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y, por lo tanto, no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

3. Conclusión

41. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que se negará el amparo de los
derechos fundamentales de Jaime Iván González García, en la solicitud de tutela
presentada en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03828-00
Demandante: Jaime Iván González García

42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Jaime Iván González
García, en la solicitud de tutela presentada en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

SSR/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad
y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.