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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03831-00

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03831-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03831-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03831-00
Accionante: Roque Díaz Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / IMPROCEDENCIA – Falta de
relevancia constitucional - Carga argumentativa.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de
amparo constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 20 de mayo del 2026, el señor Roque Díaz Álvarez presentó acción de tutela en
contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección F y el Juzgado Once del Circuito de Oralidad de Bogotá, en busca de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
seguridad social y dignidad humana, así como la protección de la supremacía
constitucional y de la favorabilidad laboral.

2.
Considera que estos fueron vulnerados con las sentencias de 18 de junio de 2024
y 10 de marzo de 2026 proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 2 que promovió en contra de la Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional, cuyo propósito era obtener la nulidad de la resolución que negó la inclusión
del subsidio familiar en el cálculo de la mesada pensional.

3. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá en fallo del 18 de junio de

2024 negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no era
procedente el reajuste pensional toda vez que solo a partir de julio de 2014 se incluyó

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Proceso con radicación: 11001-33-35-011-2023-00142-00/01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03831-00
Accionante: Roque Díaz Álvarez
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

el subsidio familiar como partida computable para liquidar la pensión de invalidez y
el actor se retiró del Ejército Nacional en 2009.

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F

mediante sentencia de 10 de marzo de 20263 confirmó la decisión de primera
instancia, al estimar que la pensión de invalidez del actor debía ser liquidada
únicamente con el salario mensual y la prima de antigüedad, en atención a lo
contemplado en el artículo 13.2 del Decreto 4433 de 2004, debido a que el señor
Díaz Álvarez cumplió los requisitos para hacerse acreedor de esa pensión el 30 de
octubre de 2009, estando dentro del escenario de la tercera regla fijada en la
sentencia de unificación CE-SUJ2-015-19 del 25 de abril de 2019 del Consejo de
Estado, según la cual, para aquellos soldados profesionales que causaron su
derecho a la prestación económica con anterioridad al mes de julio de 2014, el
subsidio familiar no puede ser tenido en cuenta como partida computable.

5. Por último, sostuvo que la omisión del subsidio familiar en la pensión de invalidez

no comporta un trato discriminatorio, toda vez que los oficiales, suboficiales y
soldados profesionales pertenecen a niveles jerárquicos distintos y cumplen
funciones de distinta naturaleza, realizando cotizaciones sobre partidas salariales
diferentes, razón por la cual, para efectos de su inclusión en la asignación de retiro
y en las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, únicamente se tienen en cuenta
aquellas partidas respecto de las cuales se efectuaron los correspondientes aportes.

6. La parte actora afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un

defecto sustantivo, al realizar una interpretación restrictiva e irrazonable del
régimen jurídico aplicable al subsidio familiar, pues a pesar de que el Tribunal
reconoció expresamente que la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del
Decreto 3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo
11 del Decreto 1794 de 2000, posteriormente negó toda consecuencia jurídica de
dicha reviviscencia normativa. Por lo que vació de contenido práctico la sentencia
del Consejo de Estado del 8 de junio de 2017 y su auto aclaratorio del 8 de
septiembre de ese mismo año.

7. Por otra parte, aludió que hubo un desconocimiento del precedente judicial,

concretamente, de los efectos ex tunc de la sentencia del Consejo de Estado del 8
de junio de 2017, en la cual se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 por ser
regresivo y discriminatorio para los soldados profesionales. El Tribunal reconoció
dicha reviviscencia, pero negó sus efectos jurídicos aplicando automáticamente la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, sin realizar control constitucional,
desconocimiento del artículo 4 de la Constitución.

8. También sostuvo que se violó el principio de igualdad porque en la providencia se

aceptó un trato diferenciado permanente entre soldados profesionales
pertenecientes a la misma categoría jurídica, pese a que el accionante devengó el
subsidio familiar, realizó funciones equivalentes y perteneció al mismo régimen

3 Notificada el 19 de marzo de 2026.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03831-00
Accionante: Roque Díaz Álvarez
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

jurídico. Por lo que al negar la inclusión del subsidio familiar en la pensión de
invalidez la sentencia cuestionada careció de proporcionalidad Constitucional.

9. Por otra parte, afirmó que se quebrantó el principio de favorabilidad, en la medida

en que existían dos interpretaciones posibles, aplicar restrictivamente la sentencia
de unificación de 25 de abril de 2019 o el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
revivido en efectos ex tunc; optando las accionadas por la interpretación menos
favorable al trabajador, desconociendo el artículo 53 Constitucional.

10. Finalmente, sostuvo que el Tribunal violó directamente la Constitución Política,

toda vez que convirtió la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 en una regla
absoluta e inmutable. El artículo 4 de la Constitución obliga a todos los jueces a elegir
la Constitución sobre cualquier disposición incompatible, no obstante, en la
providencia accionada se aplicó mecánicamente el precedente, se omitió ponderar
igualdad, favorabilidad y progresividad y, se desconoció los efectos constitucionales
de la sentencia de 8 de junio de 2017.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

11.
Mediante auto de 25 de mayo de 20264 se resolvió admitir la demanda, notificar
de su presentación a las autoridades judiciales accionadas; se vinculó al Ministerio
de Defensa–Ejército Nacional en calidad de tercero con interés; y se comunicó la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. También se requirió
al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Oralidad de Bogotá para que remitiera
copia digital del expediente con radicado número 11001-33-35-011-2023-00142-
00/01.

12.
A pesar de haber sido notificados en debida forma, ni las autoridades judiciales
accionadas ni los terceros vinculados dieron contestación a la presente acción
constitucional.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Análisis del caso concreto

13. La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo, por falta de relevancia

constitucional.

14. A pesar de que el actor alegó tres defectos, la verdadera inconformidad se
presenta en la aplicación que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección F5 le dio a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019
dictada por el Consejo de Estado. Esto, por cuanto centra su debate en que en las
decisiones del 8 de junio de 2017 y su auto aclaratorio del 8 de septiembre de ese
mismo año el Consejo de Estado declaró la nulidad con efectos ex tunc del Decreto

4 Notificado el 1 de junio de 2026.
5 Se resalta que el análisis solo se centrará en la decisión de segunda instancia adoptada el 10 de marzo de

2026, por ser la que tranzó la litis del asunto de forma definitiva.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03831-00
Accionante: Roque Díaz Álvarez
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3770 de 2009, reviviendo las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000, pero, la autoridad accionada aplicó mecánicamente la
sentencia de unificación del 2019, convirtiéndola en una regla absoluta e inmutable.

15. No obstante lo anterior, el accionante no esgrimió ningún tipo de argumento
tendiente a explicar el motivo por el cual dicho precedente judicial no era aplicable a
su caso concreto. Es decir, si su proceso presenta diferencias fácticas evidentes con
aquel, si dicha sentencia no se encuentra vigente o existió cambio de precedente o,
si la materia en ella estudiada no tiene relación con el tema objeto de estudio. Así
como tampoco aludió razón alguna para considerar que sólo debía analizarse para
la solución de su asunto el mencionado fallo de 2017 y su auto aclaratorio.

16. No basta con que la parte accionante enuncie los derechos presuntamente
vulnerados y los defectos en que a su sentir incurrió la autoridad accionada, sino que
tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener una carga argumentativa
mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y motivos que desde la
perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los derechos
fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que ha
adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho y, se
debe argumentar los motivos de la presunta vulneración; de no ser así, toda
providencia judicial que desestima una demanda o accede a las pretensiones,
materialmente sería transgresora de los derechos fundamentales de la parte
vencida.

17. En este punto, se debe resaltar que la decisión de 25 de abril de 20196, con la

cual el actor no está conforme respecto de su uso para resolver su caso, se trata de
una sentencia de unificación la cual fijó las reglas jurisprudenciales sobre la
procedencia de la inclusión de la partida computable del subsidio familiar en virtud
de los Decretos 1161 y 1162 de 2014, en donde se realizó un estudio concreto sobre
si se vulnera o no el derecho a la igualdad entre los soldados profesionales que
adquirieron la asignación de retiro con antelación a la expedición de esos Decretos,
frente a quienes consolidaron su derecho con posterioridad a ellos.

18. Allí, entre otras cosas, se hizo un recuento normativo y jurisprudencial del subsidio

familiar, un estudio del régimen de asignación de retiro de los soldados profesionales
y voluntarios, los oficiales y suboficiales, así como un test de igualdad entre aquellos
y, como unas de las reglas de unificación, se determinó que a quienes se les cause
su asignación de retiro a partir de julio de 2014 tendrán derecho a que se incluya el
subsidio familiar como partida computable en dicha prestación, en un 30% para
quienes al momento de su retiro estén devengado el subsidio familiar regulado en el
Decreto 1794 de 2000 y, en 70% para el personal de soldados profesionales que
no percibían tal partida; pero, a quienes se le causó su derecho a la asignación de
retiro con anterioridad al mes de julio de 2014, el subsidio familiar no era partida
computable para la liquidación de esa prestación, toda vez que no estaba definido
en la ley o decreto como tal.

6 Radicado Nro. 85001-33-33-002-2013-01 (1701-16).

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03831-00
Accionante: Roque Díaz Álvarez
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

19. Sumando al hecho que estimó que no se configuraba la vulneración al derecho a

la igualdad entre los grupos de oficiales y suboficiales y de soldados profesionales,
en lo relativo a las partidas que se computan para la asignación de retiro y pensiones
de invalidez y sobrevivencia, en atención a que se encuentran en situaciones de
hecho distintas por las categorías de jerarquía militar, la naturaleza de sus funciones
y al hecho de que cada personal realiza cotizaciones o aportes sobre diferentes
partidas.

20. En aplicación de dicha jurisprudencia el Tribunal accionado estimó que, como el

actor cumplió los requisitos para hacerse acreedor de la pensión de invalidez el 30
de octubre de 2009, se encontraba dentro del escenario de una de las reglas allí
fijadas, según la cual, para aquellos soldados profesionales que causaron su
derecho a la prestación económica con anterioridad al mes de julio de 2014, el
subsidio familiar no puede ser tenido en cuenta como partida computable. Y, que la
omisión del subsidio familiar en la pensión de invalidez no comporta un trato
discriminatorio por las mismas razones esbozadas en la decisión de unificación.

21. Conforme con lo anterior, para esta Sala de Subsección es claro que el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F dio aplicación
a la sentencia de unificación del Consejo de Estado, la cual, valga aclarar no solo es
de obligatorio cumplimiento debido a que fue proferida por el máximo órgano de lo
Contencioso Administrativo, en uso de la competencia que tiene de fijar criterios de
interpretación, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el principio de igualdad;
sino que en aquella se realizó el respectivo análisis de qué partidas son computables
con la pensión de invalidez de los soldados profesionales y por qué no se vulnera el
derecho a la igualdad de estos frente a otro grupo de militares.

22. Además, la autoridad judicial accionada solo podía apartarse de aquella postura

realizando una explicación expresa para ello, haciendo referencia al precedente que
abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido
como si nunca hubiera existido (principio de transparencia) y, ofreciendo una carga
argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los
motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de la postura acogida
por un juez de superior jerarquía (principio de razón suficiente)7. Situación que no se
dio en el caso concreto, debido a que el Tribunal accionado estimó que aquella se
ajustaba a los supuestos estudiados, motivo por el cual era procedente su empleo
en la resolución del asunto objeto de estudio.

23. Por lo anterior, no
es válido que el actor mediante esta acción constitucional
pretenda que se desatienda una sentencia de unificación, obviando presentar una
argumentación orientada a explicar el motivo por el cual aquella no era aplicable a
su caso.

7 Sentencia SU-515 de 2013.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03831-00
Accionante: Roque Díaz Álvarez
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

24.En los términos expuestos, la Sala declarará improcedente la presente solicitud

de amparo.

25. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

8 VF

6

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