Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03836-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03836-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03836-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-03836-01
Accionante: GUADENCIO HERNÁNDEZ OLIVERO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE CONFIRMA EL
FALLO IMPUGNADO. Se declara improcedente por no cumplir el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. Sanción moratoria.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
26 de junio de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Guadencio Hernández Olivero, a través de apoderado judicial, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 13 de
noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número
de radicación 20001-33-33-007-2024-00133-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Mencionó que en calidad de docente oficial del departamento del Cesar solicitó
en mayo de 2023 al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el
reconocimiento y pago de sus cesantías.
2.2. Adujo que “[…] dicha prestación se reconoció mediante la Resolución
CESARR2023000223 del 24 de mayo de 2023 y se opuso disposición para pago el
20 de junio de 2023. Transcurrieron más de 372 días de mora desde el vencimiento
del término de 70 días hábiles para cancelar la prestación. El 21 de febrero de 2024
reclamó el reconocimiento de la sanción moratoria, petición que se negó a través
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03836-01
Accionante: Guadencio Hernández Olivero
de la Resolución No. CES2024ER010223-CES2024EE005278 del 13 de marzo de
2024 […]”.
2.3. Sostuvo que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicación 20001-33-33-007-2024-00133-00/01 contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el departamento del Cesar, en la cual solicitó “[…] la nulidad del oficio
n.° CES2024ER010223 – CES2024EE05278 de fecha 13 de marzo del 2024,
emanada de la Secretaría de Educación Departamental del Cesar, por medio del
cual denegaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por retardo en el
pago del auxilio de cesantías en su favor, de acuerdo con lo normado en la Ley
1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019, a la que afirma tener derecho por haber sido
consignadas de manera tardía las cesantías reconocidas en su favor […]” y, a título
de restablecimiento del derecho, que se condenara a las demandadas a reconocer
y pagar una sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de
retardo.
2.4. Señalóque el conocimiento del proceso ordinario le correspondió al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 10 de marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
2.5. Adujo que interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión y el Tribunal
Administrativo del Cesar, a través de la sentencia de 13 de noviembre de 2025,
confirmó la anterior decisión.
2.6. Manifestó que la providencia antes referida vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por haber incurrido,
presuntamente, en un defecto fáctico y en un defecto procedimental por exceso de
ritual manifiesto.
2.7. Sobre el defecto fáctico indicó que “[…] el Tribunal Administrativo del Cesar
determinó una fecha de inicio de la actuación administrativa distinta a la demostrada
en la constancia generada por el Sistema Humano en Línea. En efecto, el contenido
del referido soporte –relacionado anteriormente en este escrito-, registra que este
hecho acaeció el 27 de mayo de 2022, momento en el cual la parte actora cargó de
manera completa la documentación requerida para el reconocimiento de las cesantías
parciales. Sin embargo, la autoridad judicial accionada sostuvo que esta gestión se
llevó a cabo el 24 de mayo de 2023, fecha para la cual la secretaría de educación
entró a estudiar la prestación económica, de modo que, la decisión judicial se separó
de lo probado en el proceso […]”.
2.8. Agregó que “[…] El Juez colegiado concluyó que la solicitud de cesantías en sede
administrativa se radicó de manera completa el día 24 de mayo de 2023 y, a partir de
esta fecha realizó el conteo de los plazos para determinar si la administración incurrió
en mora o no para reconocimiento de la prestación económica. Empero, dicha fecha
corresponde a la etapa de estudio de la prestación económica y, no al momento en
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Accionante: Guadencio Hernández Olivero
que el actor ejerció su derecho de petición mediante el cargue o envío de la
documentación en la plataforma […]”.
2.9. Respecto al defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto señaló “[…] el
Tribunal Administrativo del Cesar no analizó la constancia del aplicativo Humano en
Línea -en la cual se registran las distintas etapas de la actuación administrativa de
cesantías del actor, incluida la fecha de presentación de la petición-, porque en los
hechos de la demanda se indicó que dicho trámite ocurrió el 25 de mayo de 2023 y
que el acto administrativo fue expedido el 24 de mayo de 2023; por esta razón, ese
medio de prueba no fue tenido en cuenta […]”.
2.10. Adicionó que “[…] este argumento refleja una renuncia consciente a la verdad
jurídica objetiva, ya que el expediente contenía elementos probatorios suficientes para
establecer con claridad la fecha en que se dio inicio al trámite administrativo por parte
de la docente Gaudencio Hernández Olivero. Así, por el solo hecho de haberse
consignado una afirmación imprecisa en la narrativa fáctica de la demanda, el Tribunal
dejó de lado las pruebas documentales aportadas con el escrito inicial, las cuales
además no fueron controvertidas por la parte demandada […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en
sentencia del 13 de noviembre de 2025 proferida dentro del medio de control
identificado con No. 20-001-33-33-007-2024-00133-01, transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO PRO HOMINE del señor GAUDENCIO HERNÁNDEZ OLIVERO,
al haber adoptado una decisión sin efectuar una valoración de los medios de
prueba determinantes para la resolución del litigio.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice un
análisis del caso concreto congruente con los elementos de juicio, con el fin de
obtener una decisión que responda a los principios de tutela judicial efectiva y
prevalencia del derecho sustancial. […]”. [Negrilla del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 21 de mayo de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de
terceros con interés en el resultado del proceso al Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Valledupar, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento del Cesar.
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Accionante: Guadencio Hernández Olivero
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y terceros vinculados,
se allegó el siguiente informe:
5.1. La Nación - Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación y
declarar improcedente la acción de amparo, en la medida que “[…] este Ministerio
no es el responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración alegada,
en consecuencia no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos y
pretensiones de la presente acción de tutela, pues los conflictos allegados a esta
acción, se circunscriben a las actuaciones y decisiones emitidas por otro
Organismo y/o Entidad, alegaciones las cuales deben ser dirimidas de acuerdo a
lo establecido en la normativa que rodea el asunto, y una vez revisada la misma,
es claro que este Ministerio de Educación no tiene injerencia en la decisión que se
tome al respecto […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 26 de junio de 2026, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela al no
superar el requisito de relevancia constitucional.
7. Al respecto consideró que “[…] Resulta claro, entonces, que la parte accionante
pretende utilizar este mecanismo constitucional como una instancia adicional, pues,
como se evidenció, la autoridad judicial analizó de manera integral los elementos
probatorios que obraban en el expediente, en particular aquellos relacionados con
el momento de la radicación de la solicitud, y concluyó que no se encontraba
acreditada la sanción moratoria reclamada. En ese contexto, se advierte que las
inconformidades elevadas por el convocante se limitan a cuestionar lo resuelto en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de que
prevalezca su postura jurídica y valorativa frente a la adoptada por el Tribunal
Administrativo del Cesar […]”.
8. Agregó que:
“[…] Ahora bien, la Sala observa que Hernández Olivero allegó dos
providencias proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda de esta
corporación, en las cuales se tuvo por superado el requisito de relevancia
constitucional frente a debates probatorios similares, relacionados con las
constancias de radicación en aplicativos digitales. No obstante, en dichas
decisiones se concluyó, de manera general, que la acción de tutela se orientaba
a establecer si en las providencias cuestionadas se vulneraron derechos
fundamentales por la eventual configuración de defectos específicos, y que la
parte interesada había sustentado de forma suficiente su solicitud.
Si bien en las referidas providencias existe una coincidencia fáctica con el
presente asunto, lo cierto es que esta Subsección no comparte el criterio
adoptado en esos casos para estimar demostrada la relevancia constitucional,
pues asumir el conocimiento de fondo del litigio bajo tales parámetros
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Accionante: Guadencio Hernández Olivero
generales implica una interferencia injustificada en el ámbito de decisión del
juez natural, quien ostenta la competencia para dirimir la controversia.
En ese sentido, la simple discrepancia valorativa que pueda tener el juez
constitucional frente a lo resuelto en el proceso ordinario no puede erigirse
como un presupuesto válido para desconocer los principios de autonomía
judicial y de sana crítica que amparan la decisión de la autoridad llamada a
resolver el asunto.
Adicionalmente, debe precisarse que las decisiones allegadas reflejan la
postura particular de una de las Subsecciones del Consejo de Estado, razón
por la cual dicho razonamiento no resulta vinculante ni de obligatoria
observancia para las demás Subsecciones que integran la corporación.
En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con
manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia,
ya que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera
legalidad que no trascienden al plano constitucional […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia argumentando lo
siguiente:
“[…] resulta incomprensible que el juez colegiado afirmara que la radicación de
la solicitud de las cesantías parciales se realizó el 24 de mayo de 2023, cuando
para esa fecha la entidad territorial ya adelantaba el estudio de la prestación
económica, actuación en la que el peticionario no tiene injerencia por tratarse
de una gestión propia de la administración. De aceptarse ello, sería una carga
desproporcionada para el docente, pues equivaldría a supeditar el inicio de la
actuación administrativa a una circunstancia diversa a la presentación y cargue
la solicitud de prestación económica en el Sistema Humano en Línea.
En este sentido, es claro que la secretaría de educación territorial en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, debe
examinar la petición a efectos de imprimir el trámite correspondiente, a saber:
(i) adoptar una decisión de fondo o, (ii) efectuar requerimiento por
inconsistencias o falta de requisitos, caso éste último en el cual se suspende el
plazo de 15 días hasta tanto se adelante la gestión exigida por parte del
docente.
En el asunto particular, puede evidenciarse que el trámite del señor Hernández
Olivero se subsume en el primer supuesto fáctico, como quiera que la
constancia generada por la plataforma Humano en Línea no registra la
devolución de la petición de cesantías cargada el día 27 de mayo de 2022;
luego entonces, mal haría en tomarse otra fecha distinta a aquella en que
realizó la gestión en debida forma o considerarse una presentación incompleta
cuando el propio sistema habilitado para hacer el seguimiento del trámite
administrativo no dejó constancia de tal actuación (la devolución) por parte de
la autoridad pública.
Ahora bien, no puede perderse de vista que la resolución de las controversias
debe acompasarse con el principio superior pro homine, que “… impone sin
excepción que entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera
aquélla que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más
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Accionante: Guadencio Hernández Olivero
amplia del derecho fundamental”. Bajo esta óptica, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que la interpretación judicial no puede ser restrictiva
de derechos constitucionales, toda vez que su naturaleza es en favor y
beneficio del ser humano y, por ende, tiene que ser flexible y no restrictiva de
derechos inherentes al hombre.
De esta manera, si en el proceso se verificó la posible divergencia en lo relativo
a la fecha de presentación de la solicitud de las cesantías reclamadas por la
parte actora, lo cierto es que correspondía al Tribunal Administrativo del Cesar
adoptar una interpretación del caso que resultara más garantista de sus
derechos, en atención a que la entidad demandada en su intervención no allegó
pruebas sobre una presunta petición incompleta y, su correspondiente
requerimiento […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto fáctico y en un defecto procedimental por
exceso de ritual manifiesto.
1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionante: Guadencio Hernández Olivero
12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
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Accionante: Guadencio Hernández Olivero
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
20. El señor Guadencio Hernández Olivero, a través de apoderado judicial, solicitó
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 13 de
noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número
de radicación 20001-33-33-007-2024-00133-00/01.
21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de relevancia constitucional.
VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
22. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental12 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones13.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03836-01
Accionante: Guadencio Hernández Olivero
23. En las acciones de tutela contra providencias judiciales14 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el
uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces15.
24. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:
“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera de texto].
25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03836-01
Accionante: Guadencio Hernández Olivero
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii)
laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.
27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.
18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
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Accionante: Guadencio Hernández Olivero
28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido, presuntamente, en
un defecto fáctico y en un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto.
29. Sobre el defecto fáctico indicó que “[…] el Tribunal Administrativo del Cesar
determinó una fecha de inicio de la actuación administrativa distinta a la demostrada
en la constancia generada por el Sistema Humano en Línea. En efecto, el contenido
del referido soporte –relacionado anteriormente en este escrito-, registra que este
hecho acaeció el 27 de mayo de 2022, momento en el cual la parte actora cargó de
manera completa la documentación requerida para el reconocimiento de las cesantías
parciales. Sin embargo, la autoridad judicial accionada sostuvo que esta gestión se
llevó a cabo el 24 de mayo de 2023, fecha para la cual la secretaría de educación
entró a estudiar la prestación económica, de modo que, la decisión judicial se separó
de lo probado en el proceso […]”.
30. Agregó que “[…] El Juez colegiado concluyó que la solicitud de cesantías en sede
administrativa se radicó de manera completa el día 24 de mayo de 2023 y, a partir de
esta fecha realizó el conteo de los plazos para determinar si la administración incurrió
en mora o no para reconocimiento de la prestación económica. Empero, dicha fecha
corresponde a la etapa de estudio de la prestación económica y, no al momento en
que el actor ejerció su derecho de petición mediante el cargue o envío de la
documentación en la plataforma […]”.
31. Respecto al defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto señaló que “[…]
el Tribunal Administrativo del Cesar no analizó la constancia del aplicativo Humano
en Línea -en la cual se registran las distintas etapas de la actuación administrativa de
cesantías del actor, incluida la fecha de presentación de la petición-, porque en los
hechos de la demanda se indicó que dicho trámite ocurrió el 25 de mayo de 2023 y
que el acto administrativo fue expedido el 24 de mayo de 2023; por esta razón, ese
medio de prueba no fue tenido en cuenta […]”.
32. Adicionó que “[…] este argumento refleja una renuncia consciente a la verdad
jurídica objetiva, ya que el expediente contenía elementos probatorios suficientes para
establecer con claridad la fecha en que se dio inicio al trámite administrativo por parte
de la docente Gaudencio Hernández Olivero. Así, por el solo hecho de haberse
consignado una afirmación imprecisa en la narrativa fáctica de la demanda, el Tribunal
dejó de lado las pruebas documentales aportadas con el escrito inicial, las cuales
además no fueron controvertidas por la parte demandada […]”.
33. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realiza desde una óptica
constitucional, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Accionante: Guadencio Hernández Olivero
natural del asunto, y iii) la pretensión guarda relación con un asunto de contenido
económico.
34. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones
por las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
35. Además, no se está poniendo de presente que en la providencia censurada se
haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su
inconformidad se sustenta, básicamente, a que el Tribunal confirmó la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
36. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo del Cesar en la providencia cuestionada:
“[…] Respecto a lo alegado en la apelación de que el A quo no tuvo en cuenta
que la solicitud de cesantías se efectúo a través del aplicativo humano en línea
el día 27 de mayo de 2022 y no el 24 de mayo de 2023 como lo tomó, de la
revisión del expediente digital encuentra la Sala que en el hecho tercero de la
demanda claramente se afirma que el demandante solicitó al Ministerio de
Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales el (sic) Magisterio -
Fiduprevisora, el día 25 DE MAYO DE 2023, el reconocimiento y pago de la
cesantía a que tenía derecho y en el hecho cuarto se indica que mediante
Resolución CESARR2023000223 DEL 24 DE MAYO DE 2023 expedida por la
Secretaría de Educación del Departamento del Cesar le fue reconocida la
cesantía solicitada, tal como se observa en la siguiente imagen:
Asimismo, se evidencia que la demanda no fue reformada para indicar que la
solicitud de cesantías se efectuó a través del aplicativo humano en línea el día
27 de mayo de 2022, por lo tanto, al no haberse dicho nada sobre este aspecto
en la demanda sin que esta haya sido reformada, no es posible abordar el
estudio de este extremo porque se estaría violando el derecho de defensa de
las entidades demandadas, por no haber tenido la oportunidad de controvertir
dicha afirmación y se les sorprende con este planteamiento que solo vino a
ponerse de presente con el recurso de apelación cambiando la fecha indicada
en la demanda en que se elevó la solicitud de cesantía.
Pues bien, en la demanda se solicita la nulidad del acto contenido en el Oficio
CES2024ER010223 CES2024EE005278 de fecha 13 de marzo de 2024,
suscrito por el Profesional Especializado Jurídica de la Secretaría de Educación
del Departamento del Cesar, que negó el pago por la mora de las cesantías
parciales, al considerar que al actor le es aplicable lo preceptuado en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006, en aras de que se le realice el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria, evitando así un perjuicio económico. En tal
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Accionante: Guadencio Hernández Olivero
sentido, de acuerdo a los parámetros contenidos en la sentencia de unificación
del Consejo de Estado de fecha 18 de julio de 2018, se dispondrá la aplicación
para el sub examine de la excepción de ilegalidad consagrada en el artículo
168 de la Ley 1437 de 2011 respecto del Decreto Reglamentario 2837 de 2005,
y en este sentido se dará aplicación a la normatividad que garantiza en mayor
medida los derechos del trabajador, concretamente los principios de igualdad
en el régimen de seguridad social, es decir la Ley 1071 de 2006.
Así las cosas, luego de que la docente radica su solicitud de reconocimiento y
pago de cesantías definitivas o parciales la entidad cuenta con el término de 15
días hábiles para expedir la resolución correspondiente, sí cumple con los
requisitos (artículo 4 ley 1071 de 2006), de no contar con toda la información
requerida la entidad debe comunicar a la parte solicitante dentro de los 10 días
de tal situación, señalándole de manera expresa los requisitos faltantes. A su
vez, luego de ejecutoriado el acto que le reconozca la prestación social la
entidad cuenta con 45 días para cancelar la prestación social; disponiendo así
la entidad con un término total de 70 días para realizar el pago efectivo de la
referida prestación.
Establecido lo anterior, para determinar que en este caso se ha generado o no
una mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales del señor
GAUDENCIO HERNÁNDEZ OLIVERO, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
En ese sentido, encuentra la Sala que desde la fecha de radicación de la
solicitud de reconocimiento de las cesantías hasta la fecha en que se emitió el
acto administrativo que reconoce la cesantía parcial al señor GAUDENCIO
HERNÁNDEZ OLIVERO, no transcurrieron los 15 días hábiles (vencían el 15
de junio de 2023) con los que contaba legalmente la entidad para pronunciarse
acerca de dicha solicitud, lo que traduce que el acto de reconocimiento fue
expedido en tiempo el 24 de mayo de 2023 (mismo día de la solicitud), siendo
notificado por medios electrónicos el 25 de mayo de 2023.
Por tanto, ha de darse aplicación a la hipótesis relativa a la “existencia de acto
escrito en tiempo con notificación electrónica” y en tal sentido la ejecutoria corre
10 días posteriores a certificación de acceso al acto, es decir, del 26 de mayo
al 8 de junio de 2023; el término para el pago de la cesantía es de 45 días
posteriores a la ejecutoria, o sea, desde el 9 de junio hasta el 17 de agosto de
2023; y la sanción moratoria corre 55 días posteriores a la notificación, es decir,
a partir del 18 de agosto de 2023. Y al estar acreditado que el pago de las
cesantías parciales fue realizado al actor el día 20 de junio de 2023, es evidente
que no se causó indemnización moratoria alguna […]”.
37. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
38. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
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cuestionado […]”20. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”21.
39. Adicionalmente,esta Sección ha venido sosteniendo que en razón a que la
inconformidad planteada gira en torno a la falta de reconocimiento de la sanción
moratoria, este asunto no involucra la afectación de derechos fundamentales, sino
que tiene una naturaleza eminentemente económica.
40. Lodicho previamente se fundamenta en que la Corte Constitucional, en
sentencia SU-573 de 201922, precisó que la sanción moratoria no constituye “[…]
un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional […]”. En esa oportunidad, dicha Corporación expuso lo
siguiente:
“[…] 55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna
de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de
las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es
“auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo”. Por tanto,
solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la
vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador.
En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la
finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el
empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los
términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter
netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela
[…]”. (Negrilla fuera del texto).
41. A partir de lo anterior, esta Sección23, al igual que las Secciones Tercera, Cuarta
y Quinta de esta Corporación24, ha venido reiterando, de manera pacífica, que los
conflictos en materia de tutela relacionados con el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria están asociados a controversias de índole meramente legal y
económica, por lo que no cumplen con el citado requisito general de procedencia.
42. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará el
fallo impugnado, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibidem
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-573 de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
23
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01425-01;
de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01; de 7 de abril de 2022 expediente número
11001-03-15-000-2022-01593-00.
24
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 17 de marzo de 2022 expediente número 11001-03-15-000-2022-01048-00;
de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01482-01; de 8 de julio de 2021 expediente número
11001-03-15-2021-02351-00; de 20 de mayo de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01836-00.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03836-01
Accionante: Guadencio Hernández Olivero
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de junio de 2026, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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