Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03837-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03837-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03837-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03837-00
Accionante: DIANA PATRICIA LÓPEZ CORREA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se declarará improcedente la tutela porque el asunto carece de relevancia
constitucional. La parte accionante pretende reabrir una controversia de carácter
legal definida por el juez natural, lo que resulta ajeno a la naturaleza y finalidad del
amparo constitucional.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. El 19 de mayo de 2026, la señora Diana Patricia López Correa, presentó a
través de apoderado judicial, acción de tutela para la protección de su derecho
fundamental al debido proceso. Atribuyó la vulneración a la sentencia del 27 de
marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que confirmó
la decisión de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en el proceso con radicado 05001-33-33-019-2019-00443-01.
Hechos relevantes
3. La hoy accionante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Institución Universitaria Pascual Bravo y el departamento de
Antioquia, para que se declarara la existencia de la relación laboral encubierta
mediante contratos de prestación de servicios celebrados entre enero de 2014 y
noviembre de 2015.
4. En sentencia del 11 de diciembre de 2025, el Juzgado Diecinueve
Administrativo de Medellín negó las pretensiones. La parte demandante presentó
recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en providencia del 27
de marzo de 2026 confirmó la decisión.
Pretensiones
5. Solicitó el amparo de los derechos vulnerados y que se ordene al Tribunal
Administrativo de Antioquia emitir un nuevo pronunciamiento que tenga en cuenta la
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03837-00
Accionante: Diana Patricia López Correa
realidad mostrada en la prueba documental y testimonial, que prueba la
subordinación.
Fundamentos de la tutela
6. La accionante considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en defecto fáctico.
7. En su criterio, la subordinación se demostró porque suscribió contratos para
desempeñar labores como auxiliar de biblioteca y era enviada a desempeñar otra
labor a la secretaría del colegio.
8. Asimismo, no era lógico darles credibilidad a los testigos para probar la
prestación personal del servicio y cuestionar sus manifestaciones sobre la
subordinación, a pesar de que ellos indicaron que la señora López Correa recibía
órdenes de la rectora, quien se atribuyó la facultad de conceder o no permisos
durante el horario del colegio.
9. Indicó que el testigo John Fredy Ramírez Atehortúa expresó que la jefe era la
señora rectora, porque una vez necesitó permiso y él llamó a esa entidad y «le dicen
que su jefe inmediata era la rectora. Que, si ellos no iban a trabajar una semana, era
decisión de la rectora y que ellos, o sea el Pascual Bravo su única función era
pagarles y quien daba las órdenes era la rectora». Además, nunca se le delegó a la
rectora la supervisión del contrato.
10. Sostuvo que la subordinación se demostró porque tenía obligación de
compensar los días festivos de semana santa, por fuera del horario reglamentario
del colegio, lo que «no deja duda de que los testigos son dignos de credibilidad».
11. Señaló como desconocida la sentencia del 23 de octubre de 2025, proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el expediente
85001-23-33-000-2015-00131-02 (32955-2020)1.
Trámite impartido
12. Por auto del 21 de mayo de 2026 se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar como demandados a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo
de Antioquia y al titular del Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín.
13. En la misma providencia se vinculó a la rectora de la Institución Universitaria
Pascual Bravo y al gobernador del departamento de Antioquia, al haber intervenido
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001-33-
33-019-2019-00443-01.
Intervenciones
14. El Tribunal Administrativo de Antioquia afirmó que la tutela no cumple con
el requisito de relevancia constitucional, pues la parte actora pretende discutir
nuevamente la existencia de la relación laboral entre ella y el departamento de
Antioquia y la Institución Universitaria Pascual Bravo.
15. Sí valoró las pruebas que obraban en el expediente, y se concluyó que los
testigos John Fredy Ramírez Atehortúa y Lorenzo Posso únicamente se limitaron a
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M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Accionante: Diana Patricia López Correa
afirmar que la accionante cumplía un horario de 7 a 12 pm y de 2 a 6 pm, que el jefe
directo era la rectora de la Institución Educativa Rafael Uribe y que en caso de
requerir algún permiso se tramitaba con ella o, en su defecto, con el coordinador.
16. En criterio del Tribunal, esas situaciones no implicaban subordinación del
contratista para desarrollar su labor dentro de la Institución, porque tal actividad de
coordinación no le restó independencia y autonomía para desarrollar su labor.
17. La Institución Universitaria Pascual Bravo manifestó que no se incurrió en
defecto fáctico porque se examinó el material probatorio y se construyó una
conclusión jurídica sobre la base de la coordinación contractual y la insuficiencia de
los indicios para demostrar subordinación. Expuso que la tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional porque el propósito de la accionante es reabrir
el debate probatorio agotado.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
18. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
Problema Jurídico y metodología de la decisión
19. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
20. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si se
encuentran configurados los defectos atribuidos a la providencia del 27 de marzo de
2026 y si, por consiguiente, el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los
derechos fundamentales de la señora Diana Patricia López Correa.
Análisis de la Sala
21. Legitimación en la causa. La señora Diana Patricia López Correa presentó
acción de tutela como titular de los derechos que considera vulnerados, en su
condición de demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento con radicado
05001-33-33-019-2019-00443-00, en el que se adoptó la decisión cuestionada, por
lo que se encuentra legitimada.
22. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo de Antioquia fue la autoridad judicial que profirió la
sentencia a la que la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales.
23. Inmediatez. Se cumple este requisito toda vez que la providencia cuestionada
fue proferida el 27 de marzo de 2026 y notificada el 6 de abril de 2026. La solicitud
de amparo se presentó el 19 de mayo de 2026, término que resulta razonable.
24. Relevancia constitucional. La acción de tutela no es una instancia adicional
para discutir aspectos económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de
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Accionante: Diana Patricia López Correa
los jueces naturales2. Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas
sobre la arbitrariedad, capricho o irracionalidad de una decisión judicial.
25. La Corte Constitucional ha establecido que un asunto carece de relevancia
constitucional en dos situaciones. Por una parte, cuando la discusión se limita a la
simple determinación de aspectos legales de un derecho (la correcta interpretación
o aplicación de una norma procesal, salvo que de esta se desprendan claramente
violaciones de derechos fundamentales). Por otra parte, cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico porque se trata de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas “que no representen un interés
general”3.
26. En síntesis, la acción de tutela contra providencias judiciales no constituye un
escenario para evaluar la calidad o corrección legal de los razonamientos
expuestos. Esta no puede tener por objeto alegar que los argumentos en los que se
sostienen las decisiones cuestionadas no son adecuados, que existen otros mejores,
o que incluso tienen defectos argumentativos. Lo que corresponde plantear es que
las decisiones censuradas tienen la aptitud de desconocer derechos fundamentales
o implican una infracción evidente del debido proceso.
27. Este mecanismo de protección de derechos fundamentales tampoco es un
instrumento para volver a proponer una discusión en torno a la valoración probatoria
del fallo que se cuestiona.
Caso concreto
28. Los argumentos expuestos en la presente acción constitucional no evidencian
la vulneración de una garantía fundamental, sino su inconformidad con la valoración
de los medios de prueba allegados y la conclusión a la que arribó el Tribunal
demandado.
29. Insiste en que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por la
valoración que hizo del material probatorio, en especial, de la prueba testimonial que,
en su criterio, daba cuenta de que sí existió una relación laboral encubierta y permitía
demostrar el elemento de subordinación.
30. La Sala considera que el razonamiento realizado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia no es caprichoso ni arbitrario, y el solo hecho de que el
interesado no comparta la tesis acogida en la sentencia censurada no la invalida.
31. En la sentencia cuestionada, el Tribunal analizó las pruebas para determinar
si se encontraba acreditado o no el elemento de subordinación. Arribó a las
siguientes conclusiones:
32. No existía material probatorio que probara la subordinación. De las pruebas
documentales no se desprendía que la accionante estuviera sometida a una continua
subordinación para la ejecución de sus laborales.
2
En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades judiciales de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación
de los derechos fundamentales e (iii) impedir que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
3
Corte Constitucional, sentencias SU-128 de 2021 y T-610 de 2015.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03837-00
Accionante: Diana Patricia López Correa
33. Las declaraciones rendidas por los señores John Fredy Ramírez Atehortúa y
Lorenzo Posso se limitaron a manifestar que la demandante cumplía un horario de
7:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, que el jefe directo era la rectora de la
Institución Educativa Rafael Uribe y que, en caso de requerir algún permiso o
autorización, debía tramitarse con ella o con el coordinador del colegio.
34. A partir de lo anterior, determinó que los testimonios solo se limitaron a decir
que la demandante prestó sus servicios personalmente, cumplió un horario y que la
rectora era quien hacía seguimiento del objeto contractual, lo que no desdibujaba la
naturaleza contractual de la prestación del servicio.
35. Agregó que, si bien durante la ejecución contractual, la rectora del colegio
ejerciera labores de supervisión, no significaba que existiera subordinación, porque
no se acreditó que se impartieran órdenes continuas o permanentes a la
demandante; por el contrario, se probó que esa situación se trataba de una actividad
coordinada con el quehacer diario de la entidad, pero esa actividad de coordinación
no le restó independencia y autonomía a la contratista para desarrollar su labor.
36. Como consecuencia, concluyó que, al no establecerse con las pruebas las
condiciones de modo, tiempo y cantidad de trabajo, no resultaba posible afirmar que
la accionante se encontraba subordinada a las directrices impartidas por la Institución
Educativa, porque no estuvo sujeta a órdenes sino a la supervisión o coordinación
en la ejecución del contrato, y el hecho de que cumpliera horario no era indicativo de
acreditar esa situación.
37. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, el juez natural, al
resolver la apelación, efectuó un análisis integral y razonado de la normativa y la
jurisprudencia aplicables. Contrastó los medios de prueba y concluyó que no existía
certeza sobre la supuesta relación laboral originada entre la señora Diana Patricia
López Correa y las entidades demandadas, porque, si bien se demostraron dos de
los elementos propios de la relación laboral: la prestación del servicio y la
remuneración, lo cierto es que no se probó fehacientemente que las labores se hayan
ejecutado bajo completa subordinación sino de forma coordinada, como es habitual
en los casos en que la relación se rige por contratos de prestaciones de servicios.
38. El supuesto desconocimiento del precedente coincide con la inconformidad
de la accionante respecto de toda la valoración probatoria efectuada por el juez
natural de la causa, que no tiene la relevancia constitucional exigida en los casos en
que se censura una providencia judicial, máxime si de entrada no se advierte
arbitrariedad o capricho en la motivación de la decisión adoptada por la autoridad
judicial accionada, como se viene de exponer.
39. En estos casos, en los que se pretende desentrañar la existencia de una
relación laboral subyacente y oculta detrás de la suscripción de contratos de
prestación de servicios, el debate es meramente probatorio, por tanto, la decisión
dependerá en gran medida de la actividad que despliegue la parte actora para
demostrar los supuestos fácticos que invoca, pues quien tiene la carga de la prueba,
es decir, le corresponde acreditar que en el marco de la ejecución del contrato se
presentaron los tres elementos indispensables para que se configure la relación
laboral.
40. En suma, se evidencia que la controversia planteada por la señora López
Correa, con fundamento en el defecto fáctico, constituye una reiteración de un debate
estrictamente probatorio, agotado ante el juez natural de la causa. Por tanto, carece
de relevancia constitucional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03837-00
Accionante: Diana Patricia López Correa
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
la señora Diana Patricia López Correa.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito,
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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