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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03842-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03842-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en la presente solicitud de amparo promovida por Lina María Palmera Vides contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03842-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03842 00
Accionante: Lina María Palmera Vides
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Acción: Acción de tutela
Tema: Mora judicial
Decisión: Declara la carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Lina María Palmera Vides en
contra del Tribunal Administrativo de Bolívar.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Lina María Palmera Vides, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra de la precitada autoridad judicial, con ocasión de la presunta mora judicial
presentada en el proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 13001
33 33 007 2013 00081 01, y para ello formuló la siguiente pretensión1:

Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR- CARTAGENA
DESPACHO 02 – MAGISTRADO DR LUIS MIGUEL VILLALOBOS ALVAREZ
emitir la respectiva corrección de la Sentencia dentro del radicado 13-001-33-33-
007-2013-00081-01, proceso seguido contra la NACION- MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL y otros. (Mayúsculas originales del
escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante relató que, el 27 de febrero de 2013, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, con ocasión de los hechos relacionados con la muerte del
señor Julián Acosta Ortiz.

Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Cartagena, autoridad judicial que, mediante sentencia del
2 de marzo de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Señaló que la parte demandada interpuso recurso de apelación contra dicha decisión y
que, el 4 de julio de 2019, se efectuó el reparto del proceso en segunda instancia.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03842 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03842 00
Accionante: Lina María Palmera Vides
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

Expuso que, ante la falta de decisión del recurso de apelación, tanto ella como su
apoderado presentaron varias solicitudes dirigidas a obtener la emisión del fallo. Sin
embargo, aseguró que no recibieron respuesta alguna.

Manifestó que, por esa razón, el 24 de junio de 2025 promovió acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar. Afirmó que, aunque en primera instancia fue negado
el amparo, en segunda instancia se ordenó a dicha autoridad judicial emitir la sentencia
correspondiente.

Adujo que la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar fue notificada el 27 de
noviembre de 2025. No obstante, sostuvo que, para la fecha de presentación de la
presente acción constitucional, no se había emitido la respectiva ejecutoria.

Agregó que su apoderado solicitó la corrección de la sentencia, debido a errores en
algunos nombres y datos contenidos en la providencia. Sin embargo, afirmó que el
despacho judicial accionado no se ha pronunciado sobre dicha petición ni le ha
suministrado información acerca de la ejecutoria de la decisión.

A juicio de la accionante, la omisión atribuida al Tribunal Administrativo de Bolívar
mantiene la vulneración de sus derechos fundamentales, pues la falta de ejecutoria de la
sentencia le ha impedido radicar la cuenta de cobro contra la entidad vencida en juicio.

Resaltó que lleva aproximadamente 13 años intentando obtener la materialización de los
derechos reclamados, tanto en nombre propio como en favor de sus hijos, quienes para
la época de los hechos eran menores de edad y actualmente son mayores.

Explicó que la demora en el trámite judicial le ha generado afectaciones morales y
psicológicas, pues el proceso de reparación directa se relaciona con una falla del servicio
que habría ocasionado la muerte del señor Julián Acosta Ortiz, quien fue su compañero
y padre de Auris Carolina y Julián de Jesús.

En cuanto a la procedencia de la acción, sostuvo que la tutela resulta procedente como
mecanismo transitorio, porque no cuenta con otro medio eficaz para lograr la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se ordene al Tribunal Administrativo de
Bolívar, Despacho 02, a cargo del magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez, emitir la
ejecutoria de la sentencia y resolver la solicitud de corrección presentada por su
apoderado.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

2

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03842 00
Accionante: Lina María Palmera Vides
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

3.1. La tutela fue radicada el 20 de mayo de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 28 de mayo de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal
Administrativo de Bolívar.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo de Bolívar para que allegara copia
digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso
identificado con el radicado núm. 13001 33 33 007 2013 00081 01, el cual fue remitido5.

3.2. El magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar, Luis Miguel Villalobos Álvarez,
informó6 que, mediante informe secretarial del 1 de junio de 2026, el expediente ingresó
al despacho con la solicitud de corrección presentada por el apoderado judicial de la parte
demandante.

Sobre este punto, precisó que, por un error involuntario, la Secretaría no había
incorporado oportunamente dicho memorial al expediente digital, razón por la cual solo
fue puesto en conocimiento del despacho con ocasión del trámite de la presente acción
de tutela.

Agregó que, al día siguiente del ingreso del expediente, esto es, mediante auto
interlocutorio núm. 118 del 2 de junio de 2026, convocó a la Sala de Decisión núm. 7 con
el proyecto que resuelve la solicitud de corrección de la sentencia núm. 105 del 31 de
julio de 2025. Asimismo, explicó que la corrección se dirige a precisar la fecha de la
sentencia de primera instancia objeto de modificación, los nombres de los demandantes
y que la entidad condenada es la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional.

Finalmente, sostuvo que no se configuró una mora judicial injustificada, pues, una vez la
solicitud de corrección ingresó efectivamente al despacho, se le impartió el trámite
correspondiente de manera inmediata. Por lo anterior, solicitó negar el amparo
constitucional.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 7 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,8 modificado por el artículo 1 del

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03842 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03842 00.
4 Esta orden se cumplió el 1 de junio de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03842 00.
5 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03842 00.
6 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03842 00.
7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
8 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
3

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03842 00
Accionante: Lina María Palmera Vides
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

Decreto 333 del 6 de abril de 20219, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201910, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente11:

4.2.1. La señora Lina María Palmera Vides promovió medio de control de reparación
directa contra la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional.

4.2.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante sentencia
del 2 de marzo de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

4.2.3. Contra dicha decisión, el Ministerio de Defensa Nacional y la parte demandante
interpusieron recurso de apelación. El expediente fue repartido al Tribunal Administrativo
de Bolívar el 4 de julio de 2019.

4.2.4. Mediante sentencia núm. 105 del 31 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de
Bolívar resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera
instancia.

4.2.5. El apoderado judicial de la parte demandante solicitó la corrección de la sentencia.

4.2.6. Por auto interlocutorio núm. 118 del 2 de junio de 2026, notificado el 9 de junio
siguiente, el Tribunal Administrativo de Bolívar corrigió y aclaró la sentencia núm. 105 del
31 de julio de 2025.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Sala considera que se debe declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado, por las razones que pasan a explicarse.

La acción de tutela fue establecida por la Constitución Política de 1991 con la finalidad
de que toda persona, mediante un procedimiento preferente y sumario, solicite la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública; «en ocasiones, sin
embargo, la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
presunta vulneración de los derechos, conlleva a que la acción de amparo pierda su razón
de ser como mecanismo extraordinario de protección judicial»12

9 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
10 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
11 Lo que se desprende del expediente del proceso de reparación directa identificado con el radicado núm.

13001 33 33 007 2013 00081 01. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03842 00.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU – 522 del 5 de noviembre de 2019. M.P.: Diana Fajardo Rivera.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03842 00
Accionante: Lina María Palmera Vides
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

La Corte Constitucional ha indicado que la carencia actual de objeto se configura «cuando
la orden del juez constitucional no tendría efecto alguno o “caería al vacío”» 13 y puede
presentarse bajo las categorías de (i) daño consumado, (ii) hecho superado, (iii) situación
sobreviniente o (iv) sustracción de materia.

En cuanto al hecho superado, ha indicado que dicha figura se presenta cuando 14:

[…] entre la interposición de la acción y la emisión de la decisión cesan las
circunstancias que dieron lugar a la solicitud de amparo, de modo que “la amenaza
o violación del derecho no existen al momento de proferir el fallo, salvo que los
hechos que configuran una u otra persistan y sean actual y ciertamente percibidas
por el juez”. Significa ello que el hecho superado se consolida cuando la materia
de decisión se sustrae, o lo que en algunas ocasiones es lo mismo, cuando todas
las pretensiones fueron satisfechas al punto en que la amenaza sobre los
derechos cesó y ésta no reclama intervención judicial alguna (ultra o extra petita)
[…]. (Se destaca).

La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha explicado que15:

La ocurrencia de un hecho superado se asocia principalmente a la desaparición
de “los motivos que (…) originaron” la formulación de la acción. Estos motivos son
concebidos desde dos puntos de vista distintos pero complementarios. De una
parte, hay un enfoque que liga los motivos de la interposición de la acción a los
presupuestos fácticos o situaciones de hecho que llevaron al actor a percibir una
amenaza para sus derechos y que, al mismo tiempo, constituyen el marco de
decisión del juez de tutela; y de otra, la motivación se entiende en función de las
pretensiones hechas en el escrito de tutela, de modo que cuando “la pretensión
instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el
instrumento constitucional pierde eficacia y por tanto, su razón de ser”.

En el caso en cuestión, la señora Lina María Palmera Vides interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, al considerar que dicha autoridad incurrió en
mora judicial dentro del proceso de reparación directa, al no pronunciarse sobre la
solicitud de corrección de la sentencia núm. 105 del 31 de julio de 2025 ni emitir la
respectiva ejecutoria.

Al respecto, y de conformidad con el material probatorio allegado al expediente, la Sala
advierte que, con posterioridad a la interposición de la acción de tutela, el Tribunal
Administrativo de Bolívar profirió el auto interlocutorio núm. 118 del 2 de junio de 202616,
notificado el 9 de junio del año en curso17, mediante el cual corrigió y aclaró la sentencia
núm. 105 del 31 de julio de 2025.

Bajo dicho contexto, la Sala concluye que se configura una carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que la situación que dio origen a la presente acción cesó
durante el trámite de la tutela.

13 Corte Constitucional. Sentencia T-086 del 2 de marzo de 2020. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-213 del 1 de junio de 2018. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado
15 Ibidem
16 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 13001

33 33 007 2013 00081 01.
17 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 13001

33 33 007 2013 00081 01.
5

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03842 00
Accionante: Lina María Palmera Vides
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

En efecto, la autoridad judicial accionada resolvió la solicitud de corrección presentada
por el apoderado judicial de la parte demandante, por lo que la pretensión de la
accionante fue satisfecha y no se requiere la intervención del juez constitucional.

En consecuencia, sin que sea necesario descender a otras consideraciones, la Sala
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en la presente solicitud de amparo promovida por Lina María Palmera Vides
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, conforme lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 18 de
junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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