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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03846-00

Fecha
4 de agosto de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03846-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la demanda de tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03846-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

4 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Cuatro (4) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03846-00
Accionante: Gabriel Jaime Vieira Posada
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por Gabriel
Jaime Vieira Posada contra los autos proferidos el 21 de julio de 2023 y el 20 de
noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, respectivamente.

SÍNTESIS1

El accionante cuestiona el auto que declaró probada, de oficio, la excepción de inepta
demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
contra la Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(sucesor de la liquidada Autoridad Nacional de Televisión) y la providencia mediante la
cual se confirmó esa decisión.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 6 de mayo de 2026, el señor Gabriel Jaime Vieira Posada presentó, mediante
apoderado judicial, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia y tutela judicial efectiva. Según el accionante, esas garantías constitucionales
fueron vulneradas por los autos proferidos el 21 de julio de 2023 y el 20 de noviembre de
2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, respectivamente, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2020-
00921-00/01.

2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho /

Inepta demanda por falta de requisitos formales / Se declara la improcedencia por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03846-00
Accionante: Gabriel Jaime Vieira Posada
Se declara la improcedencia

PRIMERO. Que se AMPAREN los derechos fundamentales al acceso efectivo a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso del señor
VIEIRA POSADA.
SEGUNDO. Que, en consecuencia, se DEJEN SIN EFECTOS el Auto No. 283 del
veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023), proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN E, así como la providencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO
– SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B el veinte (20) de noviembre de dos mil
veinticinco (2025), notificada el 09 de diciembre de ese año.
TERCERO. Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E que, bajo el
radicado No. 25000234200020200092100, continúe adelantando el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución 394 de 2019, conforme
los artículos 179 a 182 del CPACA, en los términos de la demanda, o en subsidio
que se le ordene al CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, que dentro del
término que se considere prudencial, profiera una nueva decisión y respetando los
derechos fundamentales invocados y realizando un análisis material, integral y
sustancial de la demanda2. (mayúsculas y negrillas del original)

B. Hechos

3.De conformidad con lo expuesto en la demanda, los hechos que sustentan la solicitud
de amparo son los siguientes:

4.El 9 de agosto de 2017, el accionante fue designado por parte del Ministerio de
Educación Nacional, como Representante de Las Universidades ante la Junta Nacional
de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación (en adelante ANTV),
para un periodo fijo de cuatro años, contado a partir de la posesión en el cargo, la cual
se llevó a cabo el 23 de agosto de 2017.

5. Mediante Oficio S201900019569 del 13 de agosto de 2019, el apoderado general de
la Fiduprevisora S.A., Felipe Negret Mosquera, informó al accionante que, de
conformidad con el artículo 393 de la Ley 1978 de 20194, que dispuso la supresión y
liquidación de la ANTV, a partir del 26 de julio de 2019 cesó su vinculación con esa
autoridad.

6.Mediante Resolución núm. 394 del 20 de noviembre de 2019, la Fiduprevisora S.A.,
en calidad de liquidadora de la ANTV, reconoció y ordenó el pago de unas prestaciones
sociales y deuda laboral en favor del accionante.

7. El accionante presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la ANTV en liquidación –“o quien hiciera sus veces”–

2 Índice 2 del expediente digital en Samai.
3 “Artículo 39. Supresión de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) A partir de la vigencia de la presente ley, se

suprime y se liquida la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) de que trata la Ley 1507 de 2012, en consecuencia,
esta entidad entrará en proceso de liquidación y utilizará para todos los efectos la denominación “Autoridad Nacional
de Televisión en liquidación”. En consecuencia, todas las funciones de regulación y de inspección, vigilancia y control
en materia de contenidos que la ley asignaba a la ANTV serán ejercidas por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones y las demás funciones de inspección, vigilancia y control que la ley asignaba a la ANTV serán ejercidas
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así mismo, todas las funciones de protección
de la competencia y de protección del consumidor que la ley asignaba a la ANTV serán ejercidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio. Con excepción de las expresamente asignadas en la presente ley (…)”.
4 “Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen

competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones”.

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Accionante: Gabriel Jaime Vieira Posada
Se declara la improcedencia

, con el fin de que se anulara la nulidad de la Resolución núm. 394 de 2019 y, a título de
restablecimiento del derecho, se declarara que dicha autoridad (i) debió haber suprimido
el cargo de miembro de la Junta Nacional de Televisión, Código 090, del cual era titular
y (ii) debió haber liquidado, reconocido y pagado a su favor los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde el 26 de julio de 2019 hasta el 22 de agosto de 2021
(fecha en la cual vencería su periodo fijo).

7.1. De manera subsidiaria a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho,
pretendió la reparación directa por el daño antijurídico causado por la demandada y que
se le condenara a pagar directamente el valor de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde el 26 de julio de 2019 hasta el 22 de agosto de 2021.

8. Mediante auto del 22 de agosto de 2022, la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

9. En auto del 21 de julio de 2023, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró probada de oficio la excepción de inepta
demanda por falta de requisitos formales y, en consecuencia, (i) dio por terminado el
proceso frente a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y (ii) declaró la falta de competencia para conocer en primera instancia las
pretensiones de reparación directa, y, como consecuencia de ello, remitió el proceso a la
Sección Tercera del mismo Tribunal.

9.1. El Tribunal expuso que el acto administrativo a través del cual se definió la situación
jurídica del demandante fue el Oficio núm. S2019100019569 del 13 de agosto de 2019,
mediante el cual el apoderado de la Fiduciaria La Previsora S.A. comunicó al accionante
que su vinculación con la ANTV terminó el 26 de julio de 2019, por lo que fue con dicha
decisión que se afectaron los derechos e intereses del demandante.

10. El demandante apeló el auto del 21 de julio de 20235 y, mediante auto del 20 de
noviembre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
confirmó esa decisión. En primer lugar, precisó que la demanda tuvo como finalidad
controvertir la desvinculación del demandante, pues en su criterio, debió haberse
adelantado un procedimiento de supresión del empleo.

10.1. Afirmó que, aunque el accionante alegó que el Oficio del 13 de agosto de 2019 no
contiene una decisión administrativa en la que se resuelva sobre su supresión, lo cierto
es que por medio de este se concretó su retiro, al advertir que aquel tuvo lugar por la
expedición de la Ley 1978 de 2019, con la que se suprimió a la ANTV a partir del 25 de
julio de 2019 y se le informó que le serían liquidadas sus prestaciones sociales en los

5
Señaló que el Tribunal incurrió en error de derecho al calificar el Oficio del 13 de agosto de 2019 como el acto
administrativo definitivo que debió haber sido demandado, pues este no creó, modificó ni extinguió situación jurídica
alguna, por cuanto no adoptó la decisión de desvincularlo de su cargo, en tanto se limitó a indicar que su vinculación
con la ANTV había cesado el 26 de julio de 2019, por ministerio de la Ley 1978 de 2019. Afirmó que el Tribunal incurrió
en error al calificar la Resolución No. 394 del 20 de octubre de 2019 como un acto administrativo no susceptible de
control judicial, toda vez que “fue el único acto administrativo que se profirió respecto del demandante”. Finalmente,
indicó que se transgredió su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia al declarar probada de
oficio la excepción de inepta demanda.

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Accionante: Gabriel Jaime Vieira Posada
Se declara la improcedencia

siguientes días, lo cual se realizó mediante el acto administrativo demandado –
Resolución No. 394 del 20 de noviembre de 2019–.

10.2. Expuso que, si en gracia de discusión se aceptara el argumento del actor respecto
de que el referido oficio no contiene decisión alguna sobre la supresión de su empleo,
pues se limita a informar su desvinculación, con posterioridad a este se emitieron las
Resoluciones 62 del 4 de septiembre de 2019 y 315 del 31 de octubre de 2019, que
decidieron negar la solicitud de inclusión del actor como beneficiario del retén social, las
cuales tendrían más relación con su desvinculación que la Resolución demandada, que
se limitó a reconocer las prestaciones sociales.

C. Fundamentos de la vulneración

11. La parte actora señala que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos sustantivo y fáctico.

12. Frente al defecto sustantivo, afirma que se aplicó indebidamente el artículo 43 de la
Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante, CPACA), que dispone que son actos definitivos “los que
decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación”, toda vez que en el Oficio del 13 de agosto de 2019 no se decidió desvincular
al accionante de la ANTV, pues esto se dio como consecuencia de la Ley 1978 del 25 de
julio de 2019.

12.1. Indica que el defecto sustantivo “es inclusive más protuberante”, por cuanto, aunque
se afirmó que la desvinculación se produjo a partir del 26 de julio por ministerio del artículo
39 de la Ley 1978 de 2019, indica que la desvinculación se dio con ocasión del Oficio del
13 de agosto de 2019, en el que “se determinó expresamente que esta desvinculación
ocurrió desde la entrada en vigor de la Ley 1978 de 2019, es decir, 19 días antes de la
existencia de la carta”. En ese sentido, expone que “es jurídicamente imposible que un
acto administrativo determine con efectos extintivos algo que, según el mismo juzgador,
ya se había extinguido por ministerio de la Ley semanas atrás”.

12.2. Señala que las autoridades judiciales accionadas hicieron una “indebida calificación
de la naturaleza del Oficio del 13 de agosto de 2019 como acto administrativo definitivo”
y que, además, aplicaron “una jurisprudencia inequívocamente inaplicable al caso” al
hacer referencia a providencias relacionadas con actos administrativos de carácter
general que, de manera previa a la comunicación, habían suprimido los cargos de la
planta de personal de la entidad liquidada.

13. Respecto del defecto fáctico, argumenta que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en un error, pues en el Oficio del 13 de agosto de 2019 el liquidador se limitó
a informarle al actor que su desvinculación operó por ministerio de la Ley desde el 26 de
julio de 2019. En su concepto, la autoridad judicial accionada “creó en dicha
manifestación una voluntad administrativa inexistente, orientada a extinguir un vínculo
laboral que, según ellas mismas reconocen, la ley había extinguido ya”.

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13.1. Sostiene que se atribuyó la categoría de acto administrativo definitivo a un simple
acto de comunicación, pese a que en el Oficio del 13 de agosto de 2019 no existe una
decisión orientada a modificar su situación jurídica, sino que se trata de una mera
comunicación de una consecuencia legal.

D. Trámite procesal

14. Mediante auto del 21 de mayo de 20266, se admitió la demanda de tutela y se notificó
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, a la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Sucesor de la Liquidada ANTV).

E. Oposiciones e intervenciones

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B7
(accionado) aportó el expediente digital del proceso de reparación directa, sin embargo,
no rindió informe.

16. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B8 (accionado) indicó que el
accionante pretende utilizar la demanda de tutela como una instancia adicional para
reabrir el debate jurídico en torno al acto administrativo que debió individualizar como
demandado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y presentó
los mismos reparos planteados en el recurso de apelación.

17. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones9 (tercero con
interés) solicitó que se declarara la improcedencia de la demanda de tutela, pues el actor
pretende convertir el amparo constitucional en una tercera instancia para reabrir un
debate procesal que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
Consejo de Estado. Subsidiariamente, solicitó que se negara el amparo, por cuanto no
se incurrió en los defectos alegados.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

18. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Sentido de la decisión

19. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional. En ese sentido y por razones metodológicas, en

6
Índice 4 del expediente digital en Samai.
7 Índice 10 del expediente digital en Samai.
8 Índice 13 del expediente digital en Samai.
9 Índice 15 del expediente digital en Samai.

5

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esta providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de
procedencia10.

H. El requisito de relevancia constitucional

20. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales11. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión
cuestionada12, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.

21. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones13.

22. En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental.

(ii) La controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

10 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
12 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina

Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
13 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.

José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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(iii) Se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.
Entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías
superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se
debe justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental.

(iv) El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.

23. Para la Corte Constitucional14, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

24. De conformidad con la anterior, la Corte Constitucional ha insistido en que la
intervención del juez constitucional sólo está justificada cuando “(…) la providencia
judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía
en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional15”.

I. Requisitos específicos de procedibilidad de los reparos contra la providencia
judicial invocados en la demanda de tutela

25. En el caso objeto de estudio la parte actora presentó una demanda en ejercicio de
la acción de tutela contra los autos proferidos el 21 de julio de 2023 y el 20 de noviembre
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, respectivamente. La decisión
de primera instancia declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el accionante contra la
ANTV y la providencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado confirmó esa sentencia.

26. La Sala precisa que centrará el estudio en el auto proferido en segunda instancia,
por ser el que puso fin a la controversia.

27. La parte actora afirma que esa decisión vulneró sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, pues a su

14 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
15 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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juicio incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. A continuación, la Sala describirá las
características y elementos de esos defectos, con el propósito de determinar el objeto de
la litis.

28. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido de la decisión. Es decir que, en esencia, se configura
cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”16. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.

28.1. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias17. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción o,
habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.

28.2.Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba18. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción19.

29. Por otro lado, el defecto sustantivo se configura cuando un operador judicial
desconoce la Constitución o la ley. La Corte Constitucional20 ha determinado que se
está ante un defecto sustantivo cuando el juez, en ejercicio de su autonomía e
independencia, desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios,
derechos y deberes superiores. En ese sentido, puede configurarse un defecto
sustantivo por la errónea interpretación o aplicación de la norma.

29.1. La jurisprudencia constitucional21 ha establecido que, para que se configure este
defecto, el error del juzgador debe ser ostensible, arbitrario y caprichoso, en
desconocimiento de lineamientos constitucionales y legales pertinentes, pues el juez
constitucional no puede inmiscuirse ni definir la forma en que el juez ordinario tiene que
decidir.

J. El caso concreto

30. La Sala evidencia que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en tanto tiene como propósito reabrir el debate concluido en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se advierta una actuación arbitraria o
ilegítima por parte de la autoridad judicial accionada.

31. De la revisión de los elementos de prueba obrantes en el expediente, la Sala
evidencia que, en el recurso de apelación, la parte actora planteó su inconformidad

16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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respecto de la decisión que declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda,
por cuanto, en su concepto, el Oficio del 13 de agosto de 2019 no creó, modificó ni
extinguió situación jurídica alguna, así como tampoco adoptó la decisión de desvincularlo
de su cargo, argumentos que fueron expuestos en la demanda de tutela.

32. En ese sentido, la Sala advierte que los argumentos presentados por la parte actora,
dirigidos a cuestionar la decisión de declarar probada de oficio la excepción de inepta
demanda debido a que no se demandó el acto administrativo mediante el cual se definió
su situación jurídica, fueron expuestos ante la autoridad judicial accionada en el recurso
de apelación interpuesto contra el auto proferido el 21 de julio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.

33. En efecto, en el recurso de apelación, el accionante indicó expresamente lo siguiente:

Incurrió, el H. Tribunal, en serio error de derecho al calificar dicho oficio como el
acto administrativo definitivo que debió haber sido demandado, pues de la mera
lectura de su contenido es absolutamente claro que el mismo no crea, ni modifica
ni extingue situación jurídica alguna, mucho menos adopta la decisión de
desvincular a mi poderdante de su cargo de miembro de la Junta Nacional de
Televisión (…)
Nótese cómo del tenor literal de la mencionada comunicación brilla por su ausencia la
decisión de la administración de desvincular de su cargo, por vía de ese oficio, al señor
Vieira Posada. Todo lo contrario, en su carta del 13 de agosto el señor Negret es
claro en señalar, bajo su particular lectura de la Ley, que la desvinculación de mi
poderdante de su cargo de la ANTV se había producido por ministerio de la Ley
1978, diecinueve (19) días antes, es decir, el 26 de julio de 2019 (…)
Es que, contrario a lo que sostiene el Tribunal en el auto apelado, si algo hizo el señor
Negret en el mencionado oficio -y así lo reitera la Resolución 394- fue desmarcarse
completamente de la decisión de desvinculación del señor Vieira Posada,
atribuyéndosela al legislador bajo su particular lectura de la Ley 1978, según la cual la
derogatoria que esta efectuaba de la Ley 1507 de 2012 supuso, automáticamente, la
desvinculación, implícita, de mi poderdante (…)
Demostrado como está que el oficio No S2019100019569 del 13 de agosto de 2019 no
adoptó la decisión de desvincular de su cargo al demandante, y que por lo tanto no es
siquiera un acto administrativo, mucho menos definitivo, se cae por su propio
peso la conclusión del Tribunal, según la cual la Resolución 394 de 2019 no es un
acto administrativo susceptible de control judicial.
Consideraciones adicionales demuestran que el Tribunal incurrió en error de derecho al
calificar la Resolución 394 del 20 de octubre de 2019 como un acto administrativo no
susceptible de control judicial. En efecto, teniendo en cuenta que el liquidador de la ANTV
EN LIQUIDACIÓN era de la opinión según la cual la desvinculación se había producido,
por ministerio de la Ley, el 26 de julio de 2019, el único acto administrativo que profirió
respecto del demandante fue la Resolución 394 del 20 de octubre de 2019, “Por la cual
se conoce y ordena el pago de unas prestaciones sociales y deuda laboral en la
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN EN LIQUIDACIÓN”. (mayúsculas del original
y negrillas de la Sala)

34. En el recurso de apelación, el accionante también afirmó que el Tribunal accionado
vulneró su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en los
siguientes términos:

En el presente caso, ejerciendo su derecho de acceso efectivo a la administración de
justicia, mi mandante ha concurrido ante la jurisdicción contencioso administrativa para
que se juzgue, transcurrido el procedimiento que la ley procesal dispone para el efecto,

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Accionante: Gabriel Jaime Vieira Posada
Se declara la improcedencia

si la Resolución 394 de 2019, que creó efectos adversos sobre su patrimonio, está o no
viciada de nulidad (…)
Sin embargo, el Tribunal impide el juzgamiento que ruega mi mandante, y frustra con
ello el ejercicio de su derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, cuando
de oficio declara probada la excepción de inepta demanda por falta de requisitos
formales y, en consecuencia, da por terminado el proceso, con fundamento en
manifiestos errores de derecho al calificar el oficio No S2019100019569 de 13 de agosto
de 2019 como el acto administrativo definitivo que debió haber sido demandado, y la
Resolución 394 de 2019 como un acto administrativo no susceptible de control judicial.

35. Los anteriores planteamientos fueron resueltos por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B en el auto del 20 de noviembre de 2025 –aquí cuestionado– en
el cual indicó que, la excepción de ineptitud de la demanda se configura cuando se
advierte el incumplimiento de los requisitos formales exigidos por la ley, entre los cuales
se encuentra el contenido en el numeral 2 del artículo 162 del CPACA22, que dispone “lo
que se pretenda, expresado con precisión y claridad”.

La autoridad judicial accionada explicó que, cuando se pretende la nulidad de un acto
administrativo, este debe individualizarse con precisión, conforme a los artículos 162 y
16323 del CPACA. A partir de esa premisa, consideró que la controversia promovida por
el actor estaba dirigida a cuestionar su desvinculación de la ANTV, pero que la Resolución
394 del 20 de noviembre de 2019, demandada en el proceso ordinario, se limitó a
reconocer y ordenar el pago de sus prestaciones sociales. En cambio, estimó que el
Oficio del 13 de agosto de 2019 fue el acto mediante el cual se concretó su retiro como
consecuencia de la supresión de esa entidad y, por tanto, el que definió su situación
jurídica laboral. Concluyó, entonces, que la falta de impugnación de dicho acto impedía
examinar de fondo la legalidad de la desvinculación y configuraba la ineptitud de la
demanda.

36.En concreto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sustentó esa
conclusión en los siguientes términos:

Aunque el actor alega que dicho oficio no contiene una decisión administrativa en
la que se resuelva sobre su supresión, lo cierto es que a través de este se concreta
su retiro, al advertir que aquella tuvo lugar por la expedición de la Ley 1978 de 2019
con la que se suprimió la Autoridad Nacional de Televisión, a partir del 25 de julio
de 2019, y que le serían liquidadas sus prestaciones sociales en los siguientes
días. Esto último se realizó a través del acto administrativo que demanda –la
Resolución 394 del 20 de noviembre de 2019–, en la que el agente liquidador de la
ANTV se limitó a reconocer su correspondiente pago (…)
En todo caso, si en gracia de discusión, se aceptara la tesis del actor referente a que el
aludido oficio no contiene decisión alguna sobre la supresión de su empleo, pues se
limita a informar su desvinculación, suscitada días anteriores con la expedición de la Ley
1978 de 2019, se precisa que con posterioridad a este se emitieron las Resoluciones 62

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“Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: (…)
2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con
observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.”
23 “Artículo 163. Individualización de las pretensiones. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se

debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán
demandados los actos que los resolvieron.
Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse
clara y separadamente en la demanda”.

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Accionante: Gabriel Jaime Vieira Posada
Se declara la improcedencia

del 4 de septiembre de 2019 y 315 del 31 de octubre de 2019, que decidieron negar la
solicitud de inclusión del accionante como beneficiario de retén social, las cuales
tendrían más relación con su desvinculación por la supresión de la ANTV, que la
Resolución demandada, la que —se insiste— se limitó a reconocer las prestaciones
sociales como lo anunció el oficio núm. S2019100019569 del 13 de agosto de 2019.
Por lo tanto, al no haber demandado el acto administrativo por el cual se definió su
situación laboral en torno a su retiro por la supresión de la ANTV, ello impediría
un pronunciamiento de fondo al momento de dictar sentencia, por cuanto no
podría examinarse la legalidad de su desvinculación suscitada con ocasión del
aludido oficio núm. S2019100019569 del 13 de agosto de 2019 —en el que se
determinó expresamente que esta ocurrió desde la entrada en vigor de la Ley 1978
de 2019— y, tal como lo planea el actor, poder establecer si en el trámite de su
retiro se omitió la supresión formal de su cargo.
En este orden de ideas, el demandante omitió la carga procesal de individualizar
con precisión el acto administrativo que definió su situación laboral y produjo
efectos vinculantes frente a su relación legal y reglamentaria, por lo que la
resolución acusada, se reitera, al limitarse a concretar la liquidación anunciada en
ese mismo acto frente a las prestaciones sociales causadas a la fecha de
desvinculación, no podría ser objeto de control judicial, máxime cuando en el medio
de control (i) se controvierte la forma como ocurrió su retiro, mas no la liquidación de las
prestaciones sociales reconocidas en aquella resolución, y (ii) las pretensiones de
restablecimiento se contraen a que se le pague lo que dejó de devengar desde su
desvinculación hasta cuando se le vencía el período.
A pesar de que, en sentir del accionante, el oficio núm. S2019100019569 del 13 de
agosto de 2019 no a crea, modifica o extingue una situación jurídica, es claro que,
al haber sido suprimida la Autoridad Nacional de Televisión por medio del artículo
39 de la Ley 1978 de 2019, y al concretarse su desvinculación a través de aquel,
ese acto administrativo sí definió su situación jurídica particular en torno a su
vinculación laboral, toda vez que, como se mencionó, estableció desde cuándo
cesó su relación legal y reglamentaria, en virtud de la aludida norma. (negrillas de
la Sala).

37. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que la autoridad judicial accionada
se pronunció frente a los reparos planteados por el actor y concluyó que fue mediante el
Oficio del 13 de agosto de 2019 proferido por la Fiduprevisora S.A. mediante el cual se
concretó la desvinculación del accionante, por lo cual debió haber sido el acto
administrativo demandado y, al no individualizarse con precisión y claridad el acto
administrativo definitivo respecto de la situación del actor frente a su vinculación laboral
con ocasión de la supresión del empleo, confirmó la decisión que declaró de oficio
probada la excepción previa de inepta demanda por falta de requisitos formales.

38. Por lo anterior, para la Sala es claro que, con la demanda de tutela, el accionante
pretende que se profiera una decisión favorable a sus intereses y pretende utilizar el
mecanismo constitucional para controvertir las decisiones adoptadas en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se estudie de fondo
la demanda, pese a que las autoridades judiciales accionadas declararon probada la
ineptitud de la demanda.

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Accionante: Gabriel Jaime Vieira Posada
Se declara la improcedencia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la demanda de tutela, por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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