Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03852-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03852-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03852-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03852-01
Accionante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva – Principios constitucionales de
prevalencia del derecho sustancial, igualdad ante la ley tributaria, justicia y equidad
tributaria / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
– Impuesto sobre vehículos automotores – Término para solicitar la devolución del pago de
lo no debido – Competencia para decidir respecto de la devolución / REQUISITO DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se plantea un debate ya discutido en el trámite del
proceso ordinario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por Empresas Públicas
de Medellín E.S.P. (EPM), por conducto de apoderado, contra la sentencia del 2 de
julio de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 29 del Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 20 de mayo de 2026, la parte accionante promovió acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, en concordancia
con los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial, igualdad
ante la ley tributaria, justicia y equidad tributaria.
Hechos relevantes
2. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. interpuso demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el distrito de Medellín,
con el fin de obtener la nulidad de Resoluciones núms. 9485, 9486 y 9487 del 21 de
marzo de 2018, así como de las resoluciones que resolvieron los recursos de
1 Que ingresó a despacho para fallo el 30 de julio de 2026.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03852-01
Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
reconsideración, es decir, las núms. 201950044033 del 30 de abril de 2019,
201950045929 del 7 de mayo de 2019 y 201950045927 del 8 de mayo de 2019 2.
3. A través de dichos actos administrativos, el ente territorial negó la devolución de
las sumas de dinero pagadas por concepto de las declaraciones tributarias del
impuesto sobre vehículos automotores presentadas por EPM para los años
gravables 2010, 2011 y 2012, respectivamente.
4. A título de restablecimiento del derecho, EPM solicitó que (i) se ordenara la
devolución de las sumas indebidamente pagadas, indexadas, más los intereses a
que hubiere lugar, correspondientes a las declaraciones sobre impuesto vehicular
de los años gravables 2010, 2011 y 2012, por la suma de $296.006.160; (ii) se diera
cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley
1437 de 2011; y (iii) se condenara en costas.
5. El asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia que, mediante
sentencia del 31 de octubre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y resolvió:
“PRIMERO: Declarar la nulidad de las Resoluciones N° 9485 y 9486 del 21
de marzo de 2018 por las cuales se denegó la devolución del impuesto
vehicular y la N° 9487 del 21 de marzo de 2018 por la que se denegó
parcialmente la devolución del impuesto vehicular, expedidas por el
municipio de Medellín. Igualmente, de las Resoluciones N° 201950044033,
201950045929 y 201950045927 del 12 de junio de 2018 (sic) proferidas por
el municipio de Medellín, por las que decidieron los recursos de
reconsideración, frente a las primeras, respectivamente.
SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la motivación de esta providencia.
TERCERO. Sin condena en costas, en consonancia con la parte motiva.
CUARTO. Notifíquese por la Secretaría de la Corporación la presente
sentencia, de conformidad con el artículo 205 del CPACA. […]”3.
6. En criterio del a quo, el impuesto sobre vehículos automotores no se configuraba
respecto de los vehículos oficiales, debido a la ausencia de una tarifa fijada por la
ley, por lo que las solicitudes de devolución presentadas por EPM se encontraban
prescritas para los años 2010 y 2011, y parcialmente prescritas para el año 2012.
De igual forma, señaló que el departamento de Antioquia ordenó únicamente la
devolución del 80 % del impuesto, sin imponer al municipio de Medellín la obligación
de reintegrar el 20 % restante, así, la competencia para decidir sobre la devolución
correspondía exclusivamente al nivel departamental. En ese sentido, concluyó que,
si EPM pretendía obtener la devolución total de las sumas pagadas, debía haber
demandado los actos expedidos por el departamento de Antioquia, circunstancia
que no ocurrió.
2 Folio 2. Archivo “005ED_PRUEBA_20_5_20261_48”.
3 Folios 14 y 15 ibid.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
7. Inconforme con la decisión en comento, la parte actora presentó recurso de
apelación e indicó que “las solicitudes de devolución se encuentran sustentadas en
el artículo 850 del Estatuto Tributario, el Decreto 2277 de 2012 y la jurisprudencia
del Consejo de Estado. En consecuencia, a su juicio, no se puede desconocer que
EPM agotó previamente el trámite ante el departamento de Antioquia, y que durante
la discusión judicial no podía computar el término, pues el pago estaba amparado
por el principio de legalidad. De este modo, destacó que solo a partir del
desistimiento del proceso judicial es que era procedente pedir la devolución al
municipio, y que una conclusión en contrario le permitiría beneficiarse de ese
plazo”4.
8. El estudio del proceso en segunda instancia fue asignado a la Sección Cuarta del
Consejo de Estado que, por medio de sentencia del 16 de abril de 2026, confirmó
la providencia recurrida.
9. Como fundamento de su decisión, el ad quem sostuvo que, de conformidad con
el artículo 147 de la Ley 488 de 1998, la competencia para decidir sobre la
devolución del impuesto sobre vehículos automotores correspondía exclusivamente
al departamento, en su condición de sujeto activo del tributo, razón por la cual los
municipios, aunque recibieran una porción del recaudo, no estaban facultados para
decidir ni efectuar devoluciones. Asimismo, precisó que los actos mediante los
cuales el departamento de Antioquia reconoció la devolución del 80 % no constituían
una orden al municipio para pagar el 20 % restante y que, en todo caso, tales actos
no habían sido demandados.
Pretensiones
10. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la
prevalencia del derecho sustancial y a la igualdad ante la ley tributaria de
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., vulnerados por las
providencias judiciales censuradas.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO las sentencias de primera y segunda
instancia impartidas dentro del proceso de radicado 05001-23-33-000-2019-
02391-01 (29644), particularmente en lo relativo al denegatorio del
restablecimiento del derecho (numeral SEGUNDO de la parte resolutiva),
por incurrir en defecto sustantivo, defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y violación directa de la Constitución.
TERCERO. ORDENAR a la autoridad judicial competente proferir, dentro
del término que el juez constitucional estime razonable, una nueva decisión
que, con respeto al objeto del proceso y a las premisas jurídicas reconocidas
por las partes y por las propias providencias, resuelva el restablecimiento
del derecho conforme a una interpretación sistemática del artículo 147 de la
Ley 488 de 1998, que distinga entre la dimensión decisoria y la dimensión
ejecutiva de la devolución, y que evite la consolidación de un
enriquecimiento sin causa.
4 Folio 34 ibid.
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CUARTO. Adoptar las demás determinaciones que el juez constitucional
estime pertinentes para la efectiva protección de los derechos
fundamentales invocados”5.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. La parte demandante sostiene que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en un defecto sustantivo, al interpretar de manera fragmentada e
incorrecta el artículo 147 de la Ley 488 de 1998. En su criterio, el hecho de que la
competencia para decidir sobre la devolución del impuesto correspondiera
exclusivamente al departamento no implicaba que ninguna otra entidad pudiera
participar en su ejecución material. Por ello, consideró que dicha disposición debía
interpretarse de manera sistemática con el artículo 150 ibidem, de modo que se
distinguiera entre una dimensión decisoria, atribuida al departamento, y otra
ejecutiva o presupuestal, correspondiente a la entidad territorial en cuyo patrimonio
reposaban los recursos.
12. En particular, manifiesta que el departamento de Antioquia ya había ejercido la
competencia decisoria al reconocer la procedencia de la devolución, por lo que lo
pendiente era únicamente la ejecución material respecto del 20 % transferido al
municipio de Medellín.
13. Asimismo, alega la configuración de una violación directa de la Constitución,
por cuanto las providencias cuestionadas desconocieron los principios de
prevalencia del derecho sustancial y tutela judicial efectiva, al negar la efectividad
del derecho material al reintegro de las sumas pagadas sin causa legal. Según
indica, las decisiones judiciales, si bien reconocieron la ausencia de competencia
del municipio y la ilegalidad de los actos administrativos, terminaron por negar la
efectividad del derecho material al reintegro de las sumas pagadas sin causa legal.
14. Finalmente, aduce que se configuró un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, debido a que los jueces de instancia le impusieron una carga
procesal desproporcionada al exigir demandar los actos administrativos proferidos
por el departamento de Antioquia, pese a que estos habían reconocido la
procedencia del derecho invocado. A su juicio, tal exigencia desconoce la finalidad
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y privilegia una interpretación
formalista de las reglas de congruencia procesal.
Trámite procesal
15. Por medio de auto del 22 de mayo de 20266, la Sección Quinta del Consejo de
Estado inadmitió la acción de tutela, al no encontrar acreditada en debida forma la
representación del señor Daniel Eduardo Argumedo López, como apoderado
judicial de EMP.
5 Folio 13 del escrito de tutela.
6 Archivo “006Autoqueinadmi_20260385200INADMISOR”.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
16. Subsanado lo anterior, mediante auto del 5 de junio de 20267, la Sección Quinta
del Consejo admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la Sección Cuarta del
Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de Antioquia como accionados y al
municipio de Medellín como tercero con interés en las resultas del proceso. Entre
otras decisiones.
Intervenciones
17. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela de la referencia. Manifestó que las providencias cuestionadas
fueron proferidas con estricto apego al ordenamiento jurídico y a los principios que
rigen la función jurisdiccional. En ese sentido, señaló que tanto la sentencia de
primera instancia como la de segunda se sustentaron en una interpretación
razonable de las normas aplicables, particularmente en lo relacionado con la
competencia para decidir sobre la devolución del impuesto de vehículos
automotores.
18. La Alcaldía de Medellín pidió que se declare la improcedencia del amparo, al
considerar que la acción de tutela pretende reabrir una discusión jurídica ya resuelta
dentro del proceso ordinario. Argumentó que la controversia se refiere a aspectos
de legalidad tributaria, como la prescripción de la acción de devolución y la
competencia para decidirla, asuntos que desbordan el ámbito del juez
constitucional. Asimismo, sostuvo que la decisión cuestionada se encuentra
amparada por el principio de autonomía judicial y que la inconformidad de la
accionante constituye un desacuerdo con el sentido del fallo, mas no una
vulneración de derechos fundamentales.
19. La Sección Cuarta del Consejo de Estado se opuso a las pretensiones de la
tutela, al considerar que el asunto carece de relevancia constitucional. Señaló que
los argumentos de la parte accionante corresponden a los mismos planteamientos
que ya fueron analizados dentro del proceso de lo contencioso administrativo,
especialmente en lo relacionado con la interpretación del artículo 147 de la Ley 488
de 1998 y la procedencia del restablecimiento del derecho.
20. Adujo que la acción constitucional de la referencia se usa como una instancia
adicional para cuestionar decisiones adoptadas dentro del ámbito de competencia
del juez natural. Además, destacó que la decisión cuestionada se fundamentó en la
falta de demanda de los actos expedidos por el departamento de Antioquia,
circunstancia que impedía acceder al restablecimiento del derecho pretendido
La sentencia de primera instancia
21. Por medio de sentencia del 2 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con
el requisito de relevancia constitucional.
7 Archivo “015Autoqueadmite_20260385200ADMISORIO”.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
22. Al respecto, precisó que, “los argumentos formulados por la accionante giran en
torno a la interpretación del artículo 147 de la Ley 488 de 1998, así como a la
distribución de competencias entre el departamento y el municipio en materia de
devolución del impuesto sobre vehículos automotores. Sobre el punto, resulta
determinante acudir a la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en
la cual se estableció de manera expresa que la competencia para decidir la
devolución del tributo correspondía exclusivamente al departamento, en su calidad
de sujeto activo del impuesto, y que los municipios no se encontraban habilitados
para efectuar reintegros ni para pronunciarse de fondo sobre tales solicitudes, aun
cuando participaran en el recaudo”8.
23. Finalmente, la autoridad judicial recordó que la administración de justicia
garantiza que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado por la parte actora busca mutar la acción constitucional en una
instancia adicional y reabrir un debate ya zanjado por el juez de lo contencioso
administrativo, conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador.
La impugnación
24. Contra la decisión precitada, el apoderado de la parte actora presentó
impugnación mediante escrito en el cual expuso que el sentido de la decisión deriva
de una aplicación incompleta y equivocada del estándar de relevancia constitucional
fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022. Sostiene que
dicho requisito, valorado correctamente, demuestra que la controversia planteada
sí supera la condición de procedibilidad antes mencionada y exige un
pronunciamiento de fondo.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
26. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular la relevancia
constitucional, al presentar una argumentación encaminada a reabrir el debate
surtido en el proceso ordinario?
8 Folios 11 y 12. Archivo “39_Sentencia_20260385200EPM_0_20260702163558743”.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
27. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si ¿el Tribunal
Administrativo de Antioquia y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con la
expedición de las sentencias del 31 de octubre de 2024 y del 16 de abril de 2026,
proferidas en el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado núm. 05001-23-33-000-2019-02391-00/01, incurrieron en un defecto
sustantivo, una violación directa de la Constitución y defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, en concordancia con los principios de prevalencia del
derecho sustancial, igualdad ante la ley tributaria, justicia y equidad tributaria de la
parte accionante?
28. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
29. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20059, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
30. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar10: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela11, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional12 o el Consejo de Estado13,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-14; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable15 o los medios de defensa judicial
9 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
10 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
11 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
13 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
15 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Del requisito de relevancia constitucional
31. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
32. La Corte Constitucional indicó16 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
33. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en los
eventos en que se pretende reabrir el debate 17: (i) la discusión debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o tenga una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
34. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia18.
Caso concreto
35. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de relevancia constitucional.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
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36. Revisada la demanda, se evidencia que Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
acudió a la acción de tutela con el propósito de que se estudie nuevamente si, como
se discutió en el trámite del proceso ordinario, procede el restablecimiento del
derecho derivado de la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el
municipio de Medellín negó total o parcialmente la devolución del impuesto sobre
vehículos automotores, particularmente frente al 20 % de los recursos cuya
devolución reclama el accionante.
37. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural, que en la presente acción se plantearon los mismos
argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de apelación que
presentó EPM contra la sentencia del 31 de octubre de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, a saber:
“[…] En este punto consideramos que, en la negativa a acceder al
restablecimiento del derecho existe una indebida apreciación u omisión en
relación con las normas presupuestales, concretamente en relación con el
manejo del presupuesto del Municipio en cuanto a que el Departamento no
tiene facultades para disponer de los recursos del municipio, no existe
entre ambas entidades territoriales una relación de jerarquía o
subordinación que permita al Departamento determinar la destinación de
los recursos incorporados al presupuesto de esa entidad territorial, menos
de vigencias pasadas como en el caso que nos ocupa.
Incorporados los recursos al presupuesto de bienes y rentas del Municipio,
el único competente para resolver sobre su destinación es el representante
legal de esa entidad de suerte que la decisión de una autoridad, en este
caso el Departamento, respecto del presupuesto de la otra, para nuestro
caso el Municipio, resultaría inane, desprovista de protección en tanto que
no podría acudirse a una acción de cumplimiento para exigir su
obligatoriedad o exigirse su cumplimiento ni por parte del Departamento,
ni por quien canceló el tributo no debido.
Los intentos adelantados por EPM se han vieron frustrados por parte de la
administración municipal, pues negó la devolución a pesar de que no hay
elementos legales que autoricen la retención injustificada el dinero, por el
contrario, por disposición legal se ha establecido que se debe hacer la
devolución de estas sumas, vulnerando de contera con su actuación el
municipio lo dispuesto en el artículo 683 del Estatuto Tributario. […]
El municipio de Medellín es un beneficiario del recaudo, es una renta de su
propiedad y aunque no actúa como sujeto activo del mismo, ni tiene
facultades para modificar, revocar o extinguir el acto administrativo emitido
por el Departamento de Antioquia, ni tampoco para exigir el pago de
quienes son sujetos pasivos del tributo si es el competente para ordenar la
afectación del presupuesto y devolver lo pagado por parte de EPM, esto
es, acreditada la ilegitimidad del cobro y aceptada la procedencia de la
devolución del mismo por quien es el competente, en este caso el
Departamento, tal y como se dispuso en las Resoluciones a través de las
cuales se accedió a la devolución, era necesario acudir al Municipio para
que expidiera los actos administrativos en los que ordenara la devolución
del tributo pagado indebidamente, por lo que, mal puede pretender el
Municipio mantener en su patrimonio recursos que legalmente no le
pertenecen.
De allí que la decisión no devolver de los recursos pagados por EPM
vulnera los artículos 95 numeral 9, 150 numeral 12, 287, 288, 300 numeral
4 de la Constitución, pues implica que el municipio de Medellín asume que
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es beneficiario de un impuesto respecto del cual no hay tarifa aplicable,
significa incluir un nuevo sujeto pasivo del tributo como son las entidades
públicas propietarias de los vehículos oficiales, elementos del tributo que,
como se advirtió previamente, al ser un impuesto de orden nacional,
corresponde fijarlos de manera exclusiva al Congreso de la República,
siendo claro que el legislador no previó como gravados a los vehículos
oficiales”19.
38. Dichos argumentos no sólo guardan similitud con los fundamentos expuestos
en el escrito de tutela, sino que son aspectos que ya fueron analizados y resueltos
de manera razonada en la providencia del 16 de abril de 2026, a través de la cual
la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidió el recurso de apelación, bajo las
siguientes consideraciones:
“La apelante señaló que la entidad territorial demandada es la competente
para ordenar la devolución de lo pagado no debido, porque i) son recursos
que fueron incorporados en su presupuesto, por lo que el departamento de
Antioquia no podía disponer sobre ellos al no ser su superior jerárquico; y
ii) el departamento ya reconoció que sí era procedente la devolución.
Para decidir sobre este punto, se debe tener presente que el artículo 147
de la Ley 488 de 1998 establece lo siguiente:
Artículo 147. Administración y control. El recaudo, fiscalización,
liquidación oficial, discusión, cobro y devolución del impuesto sobre
vehículos automotores, es competencia del departamento o distrito en
cuya jurisdicción se deba pagar el impuesto.
Según se observa, por expresa disposición legal, en este caso, solo el
departamento de Antioquia es el competente para decidir la petición de
devolución de lo pagado no debido por concepto de impuesto sobre
vehículos automotores.
Como lo señaló la apelante, de acuerdo con el artículo 150 ibidem, el 20%
del recaudo se transfiere a los municipios a que corresponda la dirección
informada por el contribuyente. Sin embargo, esto no significa que el
municipio sea el competente para decidir de fondo sobre la devolución del
tributo que efectúe el particular, dado que la competencia para estos
efectos la competencia fue asignada única y exclusivamente a los
departamentos.
La anterior interpretación no vulnera el principio de autonomía territorial,
según el cual las entidades territoriales son competentes para gestionar
sus propios intereses, ni supone que el departamento sea el superior
jerárquico del municipio, como lo afirmó la apelante, máxime si se tiene en
cuenta que el artículo 287 de la Constitución dispone que la autonomía
territorial debe ejercerse conforme la ley. […]
Según se observa, los actos proferidos por el departamento de Antioquia
no ordenaron al municipio de Medellín la devolución de ninguna suma de
dinero, sino que se limitaron a «aclarar» el valor del 20% que le
correspondía a esa entidad territorial, y señalaron que se debía presentar
una petición ante dicha autoridad local. Nótese que, además de que lo
anterior no atiende lo previsto en el artículo 147 de la Ley 488 de 1998, la
demandante tampoco ejerció ningún medio de control frente a la decisión
departamental.
19 Folios 9 y 10. Archivo “19AllegaEPMRecursodeApelacion00020190239100”.
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Con base en lo expuesto, dado que no es competencia del municipio de
Medellín decidir sobre la devolución ni efectuar el reintegro solicitado,
como lo señaló el Tribunal, es improcedente el restablecimiento del
derecho pretendido por la demandante, que consistía en ordenarle a esa
entidad territorial demandada el reintegro del impuesto sobre vehículos
automotores”20.
39. De conformidad con lo citado, se tiene que los argumentos expuestos en la
acción de tutela se relacionan directamente con la interpretación del artículo 147 de
la Ley 488 de 1998 y con la distribución de competencias entre el departamento de
Antioquia y el municipio de Medellín en materia de devolución del impuesto sobre
vehículos automotores. Tales aspectos, sin embargo, fueron objeto de análisis por
el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en la sentencia del 16 de abril de 2026,
mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia y concluyó que la
competencia para decidir sobre la devolución del tributo correspondía
exclusivamente al departamento, en su calidad de sujeto activo del impuesto.
40. En efecto, la Sección Cuarta de esta Corporación estableció que los municipios
no se encontraban habilitados para decidir ni efectuar devoluciones del impuesto,
aun cuando participaran en el recaudo. Asimismo, precisó que los actos expedidos
por el departamento de Antioquia, mediante los cuales se reconoció el 80 % de la
devolución y se indicó que el 20 % debía solicitarse ante el municipio, no constituían
una orden dirigida a esta última entidad para efectuar el pago, sino una referencia
al porcentaje que le correspondía dentro del sistema de distribución del recaudo.
41. En ese orden de ideas, el cuestionamiento relacionado con el defecto sustantivo
se circunscribe a una discrepancia de la parte accionante frente al alcance que el
juez natural atribuyó a la referida disposición legal. Sin embargo, no se advierte que
dicha interpretación resulte irrazonable o contraria al ordenamiento jurídico, pues la
decisión cuestionada expuso las razones por las cuales consideró que la devolución
debía ser solicitada frente al departamento de Antioquia y que, al no haber sido
demandados los actos expedidos por dicha entidad, no era posible ordenar el
restablecimiento del derecho frente al municipio de Medellín.
42. La invocación de los principios de justicia y equidad tributaria, prevalencia del
derecho sustancial y tutela judicial efectiva tampoco transforma, en las
circunstancias concretas del caso, el debate legal en una cuestión constitucional
autónoma. La Sala no desconoce que la controversia se originó en el ejercicio de la
potestad tributaria y que tiene consecuencias patrimoniales para EPM. Sin
embargo, los reproches formulados no muestran que las providencias hubieran
desconocido directamente alguno de aquellos mandatos superiores, sino que parten
nuevamente de la premisa según la cual la interpretación correcta de los artículos
147 y 150 de la Ley 488 de 1998 obligaba al municipio de Medellín a efectuar
materialmente la devolución. De este modo, para establecer la vulneración
constitucional alegada sería necesario, primero, sustituir la interpretación legal
adoptada por la Sección Cuarta por la propuesta por la accionante, lo que evidencia
que el centro del reproche continúa siendo la corrección jurídica de la decisión y no
su validez constitucional.
20 Folios 37 y 38. Archivo “005ED_PRUEBA_20_5_20261_48”.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
43. En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, la Sala advierte
que la exigencia de controvertir los actos expedidos por el departamento de
Antioquia obedeció a la forma en que fue planteada la controversia y a las reglas
que delimitan la competencia del juez de lo contencioso administrativo,
particularmente aquellas relacionadas con la congruencia de las decisiones
judiciales. Por consiguiente, no se evidencia que tal exigencia constituya un
formalismo irrazonable que haya desconocido el derecho sustancial, sino la
consecuencia de la delimitación del objeto del proceso y de las autoridades frente a
las cuales se formularon las pretensiones.
44. La circunstancia de que EPM considere favorables los actos departamentales
no obliga al juez del proceso a atribuirles el mismo alcance jurídico pretendido por
la demandante. Precisamente, la Sección Cuarta concluyó que aquellos actos solo
ordenaron la devolución del 80 %, que no contenían una orden exigible frente al
municipio y que permanecían amparados por su presunción de legalidad. En esas
condiciones, exigir su controversia para modificar los efectos que de ellos se
derivaban no aparece, prima facie, como una formalidad carente de finalidad
procesal.
45. En este contexto, los cuestionamientos formulados por EPM buscan reabrir una
discusión predominantemente legal que fue definida de manera razonada por el juez
natural, relacionada con la interpretación de los artículos 147 y 150 de la Ley 488
de 1998, el alcance jurídico de los actos expedidos por el departamento de Antioquia
y la posibilidad de ordenar al municipio de Medellín el restablecimiento pretendido.
Aunque el litigio tiene origen tributario y consecuencias económicas, esas
circunstancias no son, por sí solas, determinantes para descartar su relevancia
constitucional. Lo decisivo es que la accionante no demuestra una afectación
autónoma y desproporcionada de sus derechos fundamentales ni una actuación
prima facie arbitraria de la autoridad judicial accionada, sino que propone una
interpretación alternativa de las disposiciones legales y de los efectos jurídicos de
los actos administrativos ya examinados por el juez competente.
46. En conclusión, la Sala considera que la intención de la parte demandante es
someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y razonable
por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción de tutela
debido al incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Por ello, se
confirmará la sentencia del 2 de julio de 2026, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado. A ello se suma que la providencia que puso fin al proceso fue
proferida por una alta corte, supuesto en el cual el examen de relevancia
constitucional es particularmente estricto. En el presente asunto no se advierte
prima facie una actuación manifiestamente arbitraria, pues la Sección Cuarta
identificó la disposición legal aplicable, interpretó su contenido, respondió los
argumentos de apelación y explicó las razones por las cuales no era posible ordenar
al municipio el restablecimiento solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de julio de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., por conducto de apoderado,
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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