Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03856-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03856-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03856-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Yasmira Talero Ortiz.
Parte accionada: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y
Amazonas y otros.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03856-00.
Asunto: Acción de tutela contra autoridades. Se ampara el derecho
fundamental de petición.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas,
el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La señora Yasmira Talero Ortiz se encuentra nombrada en
provisionalidad en el cargo de Juez Promiscuo de Familia de La Palma.
1.2. El 9 de febrero de 2026, la actora solicitó al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca y Amazonas, al Consejo Superior de la
Judicatura y al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el
reconocimiento de su estabilidad laboral reforzada de pre pensionada y,
en consecuencia, se realizara la anotación correspondiente en el listado
de vacantes emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca.
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1.3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas,
el 23 de febrero de 2026, mediante oficio núm. SECPRES-TSCUN-SP-
2026-063, le informó la improcedencia del reconocimiento de la
estabilidad laboral reforzada al considerar que “[…] observó en su
momento que no había publicación del Registro de Elegibles derivado de
la convocatoria 27. Sin embargo, pese a las recientes publicaciones
efectuadas por el Consejo Superior de la Judicatura en tal sentido, a la
fecha no se ha iniciado la provisión de empleos en propiedad, toda vez
que no se han publicado los cargos vacantes dentro de los cinco (5)
primeros días del mes, según lo dispone la normativa vigente, para que
los integrantes de los registros opten por las vacantes de su interés.
En consecuencia, no se han remitido listas de elegibles a esta
Corporación y no existe trámite en curso orientado a proveer en
propiedad el cargo que actualmente ocupa la peticionaria en calidad de
provisional […]”.
En cuanto a la solicitud de que se efectúe la anotación en el listado de
vacantes, indicó que, se “[…] dispondrá remitir copia de la petición a la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial y al Consejo Seccional
de la Judicatura, para lo de su competencia […]”.
1.4. El 24 de marzo de 2026, la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial le informó a la accionante que “[…] es competencia del
nominador (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, de
conformidad con lo establecido en el artículo 131-7 de la Ley Estatutaria
de Administración de Justicia, determinar si concede el derecho a la
estabilidad laboral, e informarla junto con el término de duración de la
medida de protección adoptada al Consejo Seccional y este a su vez a la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial, quien en todo caso
deberá efectuar la publicación de la vacante, con la anotación expresa
de la existencia de una situación administrativa especial, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Circular CJC22-2 de 10 de febrero de 2022 […]”.
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2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que “[…] a pesar de haber presentado derecho de
petición a las autoridades accionadas no dieron respuesta eficaz y clara a mi
solicitud de que se me acogiere al fuero de estabilidad laboral reforzada por
prepensión, lo anterior en virtud de la sentencia SL2600-2025 emitida por la
honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, toda vez
que actualmente cumplo con los requisitos para la exigencia de dicho fuero
prepensional y mi propósito es proteger mi derecho al mínimo vital […]”, y
además “[…] tengo una discapacidad por hernia discal la cual fue puesta en
conocimiento tanto del Consejo Superior de la Judicatura como del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca la cual fue considerada como
una enfermedad de carácter laboral […]”.
Aseguró que presentó “[…] varios derechos de petición entre otros al Tribunal
Superior de Cundinamarca para que realizaran la anotación de mi estado de
prepensionada en el listado de vacantes sin tener ninguna respuesta a dicha
solicitud pues no contestaron claramente a la procedencia o no de dicha
anotación […]”.
Finalmente, indicó que “[…] el Tribunal mencionado debió expedirme con
número de resolución y fecha la resolución respectiva, pero por el contrario dio
una contestación yéndose por las ramas indicando que a mí todavía no se me
habían retirado del cargo ni habían nombrado a nadie de la lista, pero sin hacer
la respectiva protección para que nadie aspirara al cargo que vengo ejerciendo
vulnerándome el derecho a la igualdad […]”, esto según las “[…] directrices
establecidas en "la circular CSJ22-2 de 2022 correspondiente al trámite de las
solicitudes de estabilidad laboral reforzada de los empleados o funcionarios
[…]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
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“[…] . Me ostenten la calidad de prepensionada y se me acoja al fuero de
estabilidad laboral reforzada por prepension de conformidad a la
sentencia SL2600-2025.
. Se realice la anotación correspondiente a "estabilidad laboral reforzada
por prepension" y por tener una enfermedad profesional reconocida por la
ARP COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES" en el listado de
vacantes emitido por el Consejo Seccional de La Judicatura De
Cundinamarca Y Amazonas.
. Conminar a las aspirantes al Cargo de Juez Promiscuo de Familia de la
Palma Cundinamarca para que elijan otra sede diferente a este Juzgado
antes mencionado por existir una solicitud de reconocimiento de mi
condición como merecedora de estabilidad laboral reforzada […]” [ Sic en
toda la cita].
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 29 de mayo de 2026, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cundinamarca y Amazonas, en calidad de tercero con interés directo en el
resultado del proceso. Asimismo, se negó la medida provisional solicitada por
la parte actora.
2. Mediante auto de 18 de junio de 2026, se vinculó a las señoras Gissel Dávila
Ramírez y Sara Judith Cruz Cáceres, a quienes les asiste interés en la
actuación por conformar la lista de aspirantes que aplicaron a ser nombradas
juezas en el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Palma.
III. INTERVENCIONES
1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca rindió informe en
el que mencionó que en cuanto a sus competencias en desarrollo de la
convocatoria 27, para la conformación de las listas de elegibles, llevó a cabo
la gestión en la que “[…] Mediante oficio CJO26-1711 del 7 de abril de 2026,
se remitieron por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, las opciones
de sede ejercidas en marzo de 2026. Dichas opciones fueron objeto de estudio
en Sala No. 13 del 16 de abril de 2026, en la cual se aprobaron y conformaron
listas mediante los Acuerdos CSJCUA26-18 (Jueces de Circuito), en efecto
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para el cargo de Juez Promiscuo de Familia del Circuito de la palma, la lista
quedó conformada así:
[...]”.
Afirmó que, en cuanto a la gestión de las solicitudes de estabilidad laboral
reforzada, la Circular CJC22-2 de 2022 establece los lineamientos sobre el
trámite y que la autoridad nominadora es la competente para resolverlas de
fondo mediante acto administrativo motivado.
Finalmente, solicitó la desvinculación al carecer de legitimación en la causa
por pasiva.
2. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca –
Amazonas indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva dentro del
presente trámite constitucional, toda vez que no ostenta competencia para
adoptar decisiones relacionadas con el reconocimiento, aplicación o negación
de la estabilidad laboral reforzada invocada por la accionante frente a la
provisión de cargos en propiedad derivados de concursos de méritos.
3. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial solicitó la desvinculación
al considerar que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que las pretensiones de la accionante van encaminadas a consolidar
actuaciones propias del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca
y Amazonas, en su calidad de autoridad nominadora del cargo de Juez
Promiscuo de Familia de La Palma.
Advirtió que “[…] como lo indica la Circular CJC22-2 de 2022, para que el
Consejo Seccional de la Judicatura proceda a hacer anotaciones en la
publicación de la vacante, debe mediar un acto administrativo expedido por el
nominador en el que determine la existencia de estabilidad o cualquier
circunstancia especial frente al servidor que ocupa la sede en provisionalidad
y el término determinado o determinable de la decisión. Lo anterior, en aras de
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garantizar los derechos fundamentales tanto de los integrantes de la lista de
elegibles, como de quienes ocupan las vacantes en provisionalidad […]”.
4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas –
Presidencia solicitó la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que
“[…] a la fecha no existe una situación jurídica consolidada que permita adoptar
una decisión definitiva frente a su situación particular, pues si bien el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y Amazonas adelantó el trámite
correspondiente y remitió las listas de elegibles para el cargo de Juez
Promiscuo de Familia, entre ellos el del Juzgado Promiscuo de Familia del
Circuito de La Palma, lo cierto es que la resolución de cualquier circunstancia
individual se encuentra necesariamente supeditada a la efectiva provisión en
propiedad del empleo […]”.
Afirmó que de conformidad con el registro de elegibles vigente, ha requerido
en el orden de la lista a las aspirantes y se encuentra en estudio, la ubicada
en segundo lugar, pues “[…] solo en el evento en que no se materialice dicha
designación, se continuará con el llamamiento de la siguiente aspirante en
estricto orden de elegibilidad […]”.
De lo anterior, mencionó que “[…] la situación de la accionante, quien
actualmente ocupa el cargo en provisionalidad, no puede definirse de manera
anticipada ni abstracta, toda vez que depende del desenlace del proceso de
provisión en propiedad, el cual aún no ha concluido. En tales condiciones, no
existe una actuación concreta, actual o inminente que implique su
desvinculación ni, por ende, una afectación cierta a sus derechos
fundamentales […]”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
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conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Cuestión previa
La Sala advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial solicitaron su
desvinculación del presente trámite de tutela al carecer de legitimación en la
causa por pasiva.
La Sala considera que, comoquiera que el Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca fue relacionada por la accionante como una de las posibles
entidades que ocasionaron la vulneración de sus derechos fundamentales y la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial se pronunció frente al derecho
de petición, les asiste interés directo en la decisión de la acción constitucional
de la referencia, razón por la que se les negará las solicitudes de
desvinculación.
3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Determinar si las autoridades accionadas vulneraron el derecho
fundamental de petición de la actora.
4. Marco normativo acerca de las solicitudes de reconocimiento de la
estabilidad laboral reforzada en la Rama Judicial.
Ante la ausencia de una normativa específica que regule el procedimiento
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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aplicable para resolver las solicitudes de reconocimiento de estabilidad laboral
reforzada presentadas por empleados y servidores judiciales vinculados en
provisionalidad, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial expidió la
Circular CJC22-22 de 10 de febrero de 2022 dirigida a los presidentes de los
Consejos Seccionales de la Judicatura, en la cual estableció directrices para
el trámite de dichas solicitudes, en los siguientes términos:
“[...] la decisión final sobre nombramiento en propiedad en cada
despacho corresponde exclusivamente a la autoridad nominadora, así
como también definir sobre las solicitudes de estabilidad laboral
reforzada de los empleados en provisionalidad, sin que en ello
intervenga el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de la Carrera Judicial o los Consejos Seccionales de
la Judicatura.
Por lo anterior, ante las solicitudes de estabilidad laboral reforzada que
radiquen en la Corporación los empleados que se encuentran nombrados
en provisionalidad, éstas deberán ser remitidas por competencia a la
correspondiente autoridad nominadora para su atención, adicionalmente
se sugiere emitir una circular con destino a los nominadores informando
lo correspondiente.
Es claro que para que el Consejo Seccional de la Judicatura proceda
a hacer anotaciones en la publicación de la vacante, debe mediar un
acto administrativo expedido por el nominador en el que determine
la existencia de estabilidad o cualquier circunstancia especial frente al
servidor que ocupa la sede en provisionalidad y el término determinado
o determinable de la decisión […]” [negrilla fuera del texto].
Conforme a lo anterior, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, expidió la Circular CSJCUC22-36 de 11 de febrero de 2022,
dirigida a las autoridades nominadoras del Distrito Judicial de Cundinamarca,
en la cual indicó lo siguiente:
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“[…] En todos los casos en donde las autoridades nominadoras
concedan o nieguen la estabilidad laboral reforzada alegada,
deberán informar al Consejo Seccional, de manera inmediata, sobre
la decisión adoptada aportando para tal fin el acto administrativo
debidamente motivado y en firme (con los fundamentos facticos,
normativos y jurisprudenciales que sustentan la determinación) y
las respectivas notificaciones de las partes involucradas, e indicará
el alcance de las medidas de protección adoptadas y la fecha precisa de
culminación de las mismas.
Por lo que les solicitamos acatar las anteriores disposiciones,
remitiéndose los actos administrativos que definen la existencia o no de
estabilidad laboral cualquiera que se alegue (embarazo, padres y/o
madres cabeza de familia, pre pensionados, fuero de paternidad, etc.) en
firme hasta el día 25 de febrero de 2021, a afectos de mantener o retirar
las respectivas anotaciones en el formato de opciones de sede.
Si con ocasión a la interposición de los recursos en sede administrativa
no se tiene la firmeza de la decisión que resuelve sobre la estabilidad
alegada para la fecha antes indicada se procederá a informar este
consejo esta situación para mantener la anotación hasta la ejecutoria.
En caso de no remitirse los actos administrativos en las condiciones
expuestas se procederá al retiro de la anotación consignada en los
formatos de opción de sede sin excepción […]” [negrilla fuera del texto].
De conformidad con lo expuesto, la solicitud de reconocimiento de estabilidad
laboral reforzada presentada por la accionante, quien ocupa en provisionalidad
el cargo de Juez Promiscuo de Familia de La Palma, debe ser resuelta por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, en su
condición de autoridad nominadora.
5. Caso concreto
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La Sala encuentra que la accionante sustenta la vulneración de su derecho de
petición, con ocasión de la falta de respuesta “[…] eficaz y clara […]” de la
solicitud de reconocimiento, al considerar que el pronunciamiento del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, no constituye una
respuesta de fondo a la solicitud elevada, en tanto este señaló que por no
haberse iniciado la provisión de cargos derivado de la convocatoria 27, y no
encontrarse trámite en curso orientado a proveer en propiedad el cargo de la
accionante, no resulta procedente el reconocimiento de la estabilidad laboral
reforzada por pre pensionada.
La Sala observa que, si bien el derecho de petición fue resuelto, durante el
trámite de la acción de tutela se conformó la lista de elegibles para la provisión
del cargo en propiedad, circunstancia que incide en la solicitud de
reconocimiento a la estabilidad laboral reforzada.
Precisado lo anterior, la Sala estima oportuno señalar que el artículo 23 de la
Constitución Política establece que todas las personas tienen derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener de ellas pronta resolución. Se trata de un
derecho fundamental de toda persona cuya garantía se considera satisfecha
cuando el peticionario obtiene una contestación que cumple con las
características de ser oportuna, clara, congruente, efectiva, eficazmente
notificada2.
En el presente caso, se tiene que el 9 de febrero de 2026, la accionante
presentó petición ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y Amazonas, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca solicitando que: “[…] Me ostenten
la calidad de prepensionada y se me acoja al fuero de estabilidad laboral
2 Sentencia de 2 de mayo de 2012 y sentencia T-377 de 2000 que fijan el alcance del derecho de petición
y las condiciones en que se debe darle contestación. Las principales características del derecho y otras
subreglas se advierten en las sentencias T-578 de 1992, T-567 de 1992, T-382 de 1993, T-572 de 1994,
T-113 de 1995, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415 de 1999; T-1889
de 2001; T-1160 de 2001, T-306 de 2002, T-1100 de 2006, T-108 de 2006, T-147 de 2006, T-442 de
2006, T-431 de 2007, entre otras.
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reforzada por prepension de conformidad a la sentencia SL2600-2025. Se
realice la anotación correspondiente a "estabilidad laboral reforzada por
prepension" en el listado de vacantes emitido por el Consejo Seccional De La
Judicatura De Cundinamarca Y Amazonas […]”.
El 23 de febrero de 2026, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y Amazonas le informó a la accionante lo siguiente:
“[…] En cuanto a la primera de las peticiones, esto es, el reconocimiento
de la estabilidad laboral reforzada, la Corporación observó en su
momento que no había publicación del Registro de Elegibles
derivado de la convocatoria 27. Sin embargo, pese a las recientes
publicaciones efectuadas por el Consejo Superior de la Judicatura en tal
sentido, a la fecha no se ha iniciado la provisión de empleos en
propiedad, toda vez que no se han publicado los cargos vacantes dentro
de los cinco (5) primeros días del mes, según lo dispone la normativa
vigente, para que los integrantes de los registros opten por las vacantes
de su interés.
En consecuencia, no se han remitido listas de elegibles a esta
Corporación y no existe trámite en curso orientado a proveer en
propiedad el cargo que actualmente ocupa la peticionaria en calidad
de provisional.
Bajo este contexto, la Sala determina por unanimidad que no resulta
procedente acceder al reconocimiento solicitado, habida cuenta de
que la finalidad de la estabilidad laboral reforzada en casos de
provisionalidad se vincula a la existencia de un proceso concreto de
provisión del cargo en propiedad, situación que actualmente no se
presenta […]” [negrilla fuera del texto].
La Sala encuentra acreditado en este trámite constitucional, que el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca en ejercicio de sus competencias
efectuó la conformación de las listas de elegibles en desarrollo de la
convocatoria 27 y a partir de dicha actuación las señoras Gissel Dávila
Ramírez y Sara Judith Cruz Cáceres se postularon al Juzgado Promiscuo de
Familia del Circuito de La Palma, cargo al cual corresponde al que ocupa a la
aquí actora.
De lo expuesto, la Sala observa que el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cundinamarca y Amazonas sí emitió respuesta a la solicitud de
reconocimiento de estabilidad laboral reforzada formulada por la accionante.
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Sin embargo, la decisión adoptada se fundamentó en una situación fáctica
diferente de la que actualmente existe, razón por la cual el estudio de la
solicitud debe realizarse a la luz de las condiciones vigentes.
Por tanto, al evidenciarse que para el cargo que actualmente ocupa la actora
se conformó lista de elegibles, el Tribunal en su condición de nominador debe
responder la solicitud de estabilidad laboral reforzada de conformidad con la
situación actual de la provisión del cargo, pues de lo contrario se impediría la
adopción de medidas afirmativas, esto en el evento que resulte procedente.
Ante esta situación, para la Sala resulta claro que la actora no ha recibido una
respuesta ajustada a la realidad actual, esto de acuerdo con la solicitud que
presentó el 9 de febrero de 2026, lo que constituye la vulneración del derecho
fundamental de petición.
En razón a lo anterior, la Sala amparará el derecho fundamental de petición
de la accionante y, en consecuencia, ordenará al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca y Amazonas responder la solicitud del 9 de febrero
de 2026, mediante la cual se solicitó el reconocimiento de la estabilidad laboral
reforzada por pre pensionada, de conformidad con la situación actual de la
provisión del cargo que ocupa la accionante, esto en aras de garantizar los
derechos fundamentales tanto de los integrantes de la lista de elegibles, como
de quien ocupa la vacante en provisionalidad.
Sobre el particular, la Sala precisa que, con el presente amparo, no se está
ordenando que se acceda o se niegue lo pedido, puesto que es un asunto que
le compete definir al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y
Amazonas dentro del marco de sus competencias y funciones al momento de
emitir la correspondiente respuesta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Unidad de Administración de
la Carrera Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la accionante
y, en consecuencia, ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y Amazonas dar respuesta a la petición de la actora presentada
el 9 de febrero de 2026, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación de esta sentencia, de conformidad con lo señalado
en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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