Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03858-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03858-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03858-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03858-00
Demandante: Diego Hernando Moreno Ojeda
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Ineptitud sustantiva de la demanda / Defectos
procedimental por exceso ritual manifiesto, sustantivo y
desconocimiento del precedente
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Diego Hernando Moreno Ojeda, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Diego Hernando Moreno Ojeda promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
providencia proferida el 30 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-35-020-2023-
00022-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, con la finalidad de cuestionar la legalidad del acto administrativo por medio
del cual le negó el reajuste del 7.26% de la prima de navidad, para el pago de la
1 Ver índice 2 de Samai. Actuación denominada «3ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Diego Hernando Moreno Ojeda
diferencia en la reliquidación de las prestaciones sociales o cesantías definitivas que
le fueron reconocidas.
2.2. El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección
Segunda en providencia del 27 de agosto de 2024, accedió a las pretensiones de la
demanda al considerar que se probó que la doceava parte de la prima de navidad
tenida en cuenta para la liquidación de las cesantías definitivas, reconocidas a través
de la Resolución 312505 de 7 de junio de 2022, fue incluida sin tener en cuenta el
reajuste del 7.26% sobre el salario y las prestaciones sociales ordenado en el Decreto
466 de 2022. En contra de esta decisión la parte demandada presentó recurso de
apelación.
2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
en sentencia del 30 de enero de 2026 revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y dio
por terminado el asunto, porque no se demandó el acto administrativo que definió la
situación jurídica del demandante. En efecto, únicamente solicitó la nulidad del Oficio
No. 2022313002170491 del 7 de octubre de 2022, mediante el cual se negó el
reajuste reclamado; sin embargo, dicho derecho fue reconocido mediante la
Resolución No. 312505 del 7 de junio del mismo año, que era el acto que debía
controvertirse y no la respuesta posterior al derecho de petición.
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al privilegiar una
exigencia meramente formal sobre el derecho sustancial. En efecto, pese a tener
plena claridad sobre el acto materialmente controvertido y su inconformidad respecto
de la liquidación de sus cesantías, así como a que la administración ejerció
plenamente su derecho de defensa y el proceso fue tramitado y decidido de fondo en
primera instancia, se inhibió de emitir un pronunciamiento de mérito con fundamento
en una interpretación excesivamente formalista.
2.5. En defecto sustantivo por desconocer el principio pro actione y la prevalencia
del derecho sustancial establecida en el artículo 228 de la Constitución Política, al
adoptar una interpretación excesivamente formalista que restringió el acceso efectivo
a la administración de justicia. Máxime, cuando el Consejo de Estado ha sostenido
que el juez debe interpretar integralmente la demanda para evitar decisiones
inhibitorias injustificadas, criterio que armoniza con lo señalado por la Corte
Constitucional2, según la cual las formas procesales no pueden convertirse en
barreras para la realización del derecho sustancial.
2.6. En desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional3 sobre la
prevalencia del derecho sustancial, el principio pro actione, el acceso efectivo a la
justicia y la prohibición de excesos rituales manifiestos.
2 Al respecto citó la sentencia T-264 de 2009.
3 Al respecto citó las sentencias: C-590 de 2005, SU-061 de 2018, T-363 de 2013, T-264 de 2009.
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1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva, igualdad y prevalencia del derecho
sustancial del señor Diego Hernando Moreno Ojeda.
2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 30 de enero de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del radicado No. 11001-33-35-020-2023-00022-
01.
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profiera una nueva
sentencia de fondo conforme a los lineamientos constitucionales y jurisprudenciales sobre
prevalencia del derecho sustancial y prohibición del exceso ritual manifiesto.
4. Como medida de restablecimiento, ordenar el estudio material de las pretensiones
relacionadas con la reliquidación de las cesantías definitivas del accionante. […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
Sección Segunda4 luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-
procedimentales surtidas al interior del expediente, solicitó su desvinculación del
trámite constitucional por cuanto la inconformidad del demandante se generó por la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el cual revocó el
fallo de primera instancia proferido por este despacho.
5. La autoridad judicial demandada y los demás terceros con interés guardaron
silencio.
2. Consideraciones
6. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1° del Decreto 333 del 6 de
4 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «12_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
Contestaciontutela(.pdf) NroActua 13».
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abril de 20215 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
2.2. Cuestión previa – falta de legitimación en la causa por pasiva
8. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o
por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo
señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
9. La Corte Constitucional6 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en
los trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental7. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso”8, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es
citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a
responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”9
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».
10. El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección
Segunda solicitó su desvinculación del asunto al considerar que no se le atribuyó la
trasgresión que dio lugar a la interposición de la petición de amparo.
11. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto
fue en calidad de tercero con interés, al ser la autoridad judicial que conoció en
5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
6 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
7 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
8 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
9 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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primera instancia del medio de control en cuestión, y en aras de salvaguardar sus
derechos de defensa y contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado10, unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 11. Al
respecto señalo lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]»
13. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
14. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo12, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela, como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
15. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. Para la prosperidad del amparo, debe
verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales15.
17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
18. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E vulneró los
derechos fundamentales de Diego Hernando Moreno Ojeda con ocasión de la
sentencia del 30 de enero de 2026, a través de la cual, en segunda instancia, declaró
probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y dio por
terminado el asunto, con la que incurrió, al parecer, en defectos procedimental por
exceso ritual manifiesto, sustantivo y desconocimiento del precedente?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
19. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.5.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
20. Tal como se afirma de los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, el defecto
procedimental fue concebido por la Corte Constitucional desde la Sentencia T-231 de
1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces, el
defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en el que el Juez
Ordinario adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso
de una etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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21. A partir de la Sentencia T-1306 de 200116, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un
exceso ritual manifiesto17, producto de una indebida preferencia por las formas
procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones
judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales18.
22. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y,
que lesione bienes ius fundamentales19.
2.5.3. Defecto sustantivo
23. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión
que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
24. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
16 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las Sentencias T-974 de 2003, T-973
de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
17 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto para
la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
18 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya
una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material […]”.
19 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial
consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.
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definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
25. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.
2.5.4. Desconocimiento del precedente judicial
26. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
27. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
28. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
29. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
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reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.5.6. Sobre el caso concreto
30. Diego Hernando Moreno Ojeda acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales, y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 30 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual, en segunda
instancia, declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda y dio por terminado el proceso, con fundamentó en que no se demandó el
acto administrativo que definió la situación jurídica del demandante
30.1. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, al privilegiar una exigencia meramente formal sobre el derecho
sustancial. En efecto, pese a tener plena claridad sobre el acto materialmente
controvertido y su inconformidad respecto de la liquidación de sus cesantías, así
como a que la administración ejerció plenamente su derecho de defensa y el proceso
fue tramitado y decidido de fondo en primera instancia, se inhibió de emitir un
pronunciamiento de mérito con fundamento en una interpretación excesivamente
formalista.
30.2. En defecto sustantivo por desconocer el principio pro actione y la prevalencia
del derecho sustancial establecida en el artículo 228 de la Constitución Política, al
adoptar una interpretación excesivamente formalista que restringió el acceso efectivo
a la administración de justicia. Máxime, cuando el Consejo de Estado ha sostenido
que el juez debe interpretar integralmente la demanda para evitar decisiones
inhibitorias injustificadas, criterio que armoniza con lo señalado por la Corte
Constitucional20, según la cual las formas procesales no pueden convertirse en
barreras para la realización del derecho sustancial.
30.3. En desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional 21 sobre la
prevalencia del derecho sustancial, el principio pro actione, el acceso efectivo a la
justicia y la prohibición de excesos rituales manifiestos.
31. En este punto, la Sala aclara que, los mencionados defectos serán analizados
en conjunto comoquiera que todos están dirigidos a cuestionar la decisión de la
autoridad judicial demandada de inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo
mediante una interpretación excesivamente formalista, con la cual, se le restó
prevalencia al derecho sustancial.
32. Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda el análisis probatorio
realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
20 Al respecto citó la sentencia T-264 de 2009.
21 Al respecto citó las sentencias: C-590 de 2005, SU-061 de 2018, T-363 de 2013, T-264 de 2009.
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Demandante: Diego Hernando Moreno Ojeda
Subsección E, según el cual, la demanda omitió controvertir el acto administrativo
que contiene la manifestación de voluntad de la administración que creó, modificó o
extinguió la situación jurídica de la demandante, en los siguientes términos:
«[…] No obstante, es preciso advertir que a partir del auto de 10 de junio de 2022 la sala
de decisión acogió la posición asumida por la Subsección “B”, entendiendo que la
excepción no solo se configura en las situaciones formales relacionadas, sino también en
los casos en los cuales se alega que se ha demandado un acto no susceptible de control
judicial, o por falta de proposición jurídica completa, teniendo como objetivo evitar que
vicien la actuación o se produzcan fallos inhibitorios.
Es así como, en relación con la facultad de declarar oficiosamente la excepción de
ineptitud de la demanda por el juez del proceso, se debe indicar que en materia de lo
contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley
1437 del 2011, en la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada; de manera que, a pesar de no haber
sido propuesta por la parte interesada, procede su análisis al momento de proferir la
sentencia.
[…]
Descendiendo al caso concreto, se reitera que el señor Diego Hernando Moreno Ojeda
acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener
la nulidad del oficio No. 2022313002170491 de 7 de octubre de 2022, expedido por la
dirección de personal del EN, que le negó la solicitud de reajuste del 7.26%, de la doceava
parte de la prima de navidad, partida computable en liquidación de las cesantías definitivas
por retiro del servicio, reconocida mediante la Resolución No. 312505 de 7 de junio de
2022.
Ante tal panorama, es preciso recordar que la excepción de inepta demanda tiene un
margen amplio de estudio dependiendo del proceso que se ventile, pues en cada clase
de controversia se pueden dar circunstancias diversas que permitan establecer su
configuración.
Ahora bien, en relación con los requisitos formales de la demanda se debe precisar que
son aquellos regulados en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA, «en cuanto
indican qué debe contener el texto de la misma, cómo se individualizan las pretensiones
y los anexos que se deben allegar con ella (salvo los previstos en los ordinales 3.º y 4.º
del artículo 166 ib. que tienen una excepción propia prevista en el ordinal 6.º del artículo
100 del CGP)».
De ahí que, la parte demandante tiene la obligación procesal de identificar, individualizar
y precisar el acto administrativo que le definió la situación jurídica, esto es, debe
determinar con claridad el acto que le decidió de fondo el asunto, y respecto del cual
pretende la declaración de nulidad y el correspondiente restablecimiento del derecho. Al
respecto, el Consejo de Estado ha manifestado:
«Este aspecto es trascendental si se tiene en cuenta que por excelencia los actos
administrativos son la manera en que la administración se pronuncia con respecto
a los derechos que los interesados le reclaman, de ahí deviene la importancia de la
individualización en sede judicial de ese acto administrativo, pues eventualmente
esa decisión será la que se declare nula para dar paso al restablecimiento del
derecho pretendido»22
[…]
En ese sentido, es claro para la sala que la parte actora demandó única y
exclusivamente la nulidad del oficio de 7 de octubre de 2022 que le resolvió
22 C.E., Sec. Segunda, Auto. 05001-23-33-000-2016-00630-01(3443-17), Ago. 29/2018 M.P. William
Hernández Gómez.
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negativamente el derecho de petición presentado, a través del cual pretendía el
reajuste de la doceava parte de la prima de navidad, en el porcentaje indicado en el
Decreto 466 de 2022, y que como consecuencia de ese reajuste se modificara el valor
de las cesantías definitivas reconocidas a través de la Resolución No. 312505 de 7 de
junio de 2022.
De este modo, la sala considera que se configura la excepción de ineptitud de la
demanda al no haber sido demandado el acto administrativo que contiene la
manifestación de voluntad de la administración que creó, modificó o extinguió la
situación jurídica de la demandante, como quiera que al existir un acto que definía
efectivamente la situación del actor, esto es, el valor de las cesantías definitivas por
retiro del servicio, esto es, la Resolución No. 312505 de 7 de junio de 2022, este era
el acto que debió ser demandado, y no el oficio que con posterioridad resolvió la
petición de reajuste del valor previamente reconocido por dicho concepto.
Al respecto, no se debe perder de vista que son «las pretensiones que se plantean en
la demanda las que concretan la órbita de decisión del juez, y es el estudio de las
mismas el que permite determinar el alcance y los efectos jurídicos que eventualmente
se obtendrían con la nulidad del acto administrativo demandado»23.
Así las cosas, no le es dable al juez cambiar las pretensiones invocadas en la
demanda, ni los fundamentos de hecho, pues si bien, en aplicación del principio «iura
novit curia» está facultado para interpretar la demanda y adecuarla a la acción
procedente, la jurisdicción contencioso administrativa es rogada y los mencionados
aspectos corresponden exclusivamente a la parte actora, sin que sean susceptibles de
ser modificados por parte del fallador del proceso, incluyendo por ejemplo el análisis
de un acto que no fue demandado.
En consecuencia, dado que no fue demandada la nulidad de la Resolución No. 312505
de 7 de junio de 2022, a través de la cual se reconoció y ordenó el pago de cesantías
definitivas del demandante, y que el límite del control del juez se encuentra enmarcado
en la demanda, la sala debe declarar probada de oficio la excepción de inepta
demanda, debido a que no fue demandado el acto definitivo que le afectó el derecho
al accionante, en consecuencia, se dará por terminado el proceso.
Por ende, la sala se releva del estudio del segundo problema jurídico planteado, dado
que el análisis de legalidad respecto de un acto administrativo posterior implicaría dejar
con plenos efectos jurídicos el acto administrativo que previamente determinó el valor
de las cesantías definitivas, y respecto del cual radica específicamente la
inconformidad del demandante, pero que no fue controvertido judicialmente. […]» [sic].
33. Al respecto, dada la controversia a decidir, para la Sala resulta importante
referir cual fue el contenido del mencionado oficio demandado, de conformidad con
las piezas procesales allegadas en Samai24:
23 C.E., Sec. Segunda, Auto. 05001-23-33-000-2016-00630-01(3443-17), Ago. 29/2018 M.P. William
Hernández Gómez.
24 Ver índice 16 del medio de control. Actuación denominada 010ACTOACUSADO(.pdf) NroActua 16.
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34. Asimismo, de la Resolución No. 312505 de 7 de junio de 2022, acto administrativo
que la autoridad judicial demandada consideró era aquel que definió la situación del
demandante, esto es, el valor de las cesantías definitivas por retiro del servicio:
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35. Ahora bien, llama la atención de la Sala que, en el mismo oficio, la entidad
demandada le precisó al demandante lo siguiente:
«[…] Para el caso particular que nos convoca, deviene en forzoso concluir, que no es
viable acceder a sus pretensiones mi Coronel, dirigidas a modificar las bases de la
liquidación de la duodécima parte de su prima de navidad, pues tal variación implica la
modificación sustancial y material del fondo del acto administrativo examinado, el cual
está fundado en la información contenida en su hoja de servicios, es decir, una alteración
del sentido material de su hoja de servicios que impacta directamente los elementos
esenciales del acto, toda vez que no se está ante la configuración de un error aritmético
por las razones anotadas.
Por consiguiente, la (DIPER), bajo los términos del artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, no
está facultada para corregir de oficio el acto administrativo en cuestión.
[…]
En línea con lo anterior, se concluye entonces que no es viable jurídicamente modificar la
mentada HOJA DE SERVICIOS de manera oficiosa por parte de la Dirección de
Personal del Ejército Nacional, principalmente, porque ello implicaría un cambio
jurídico sustancial -se reitera-, no uno simplemente formal en la cuantía de la
liquidación adoptada sobre el reconocimiento prestacional de su asignación de
retiro, efecto directo de la modificación en la base de liquidación para calcular la
duodécima parte de la prima de navidad como factor prestacional.
Razón elemental conforme con la cual, no podría considerarse como un error aritmético o
material evidente, pues éste se refiere a equivocaciones derivadas de una operación
matemática que no altere los fundamentos jurídicos que sirvieron de base para adoptar la
decisión» [sic].
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36. En concordancia con lo anterior, resulta claro, entonces, que mediante el oficio
titulado «[r]espuesta a petición radicada No. 2022301001476422 del 17 de agosto del 2022.
Asunto: [d]erecho de petición art. 23 Constitución Política. Ref: Solicitud actualización Hoja
de Servicios», la administración le precisó al demandante que no era posible modificar
su hoja de servicios porque ello implicaría un cambio sustancial en la cuantía de la
liquidación reconocida, pues si bien pretendió la corrección del valor de la doceava
parte de su prima de navidad, lo cierto es que ello tendría impacto directo en el
reconocimiento previo, ya que no se trataba de un simple error aritmético.
37. En criterio de esta Sala, contrario a lo sostenido por la parte demandante, la
autoridad judicial demandada sí efectuó un análisis integral y razonado de los
presupuestos procesales que regían el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por él. En particular, precisó que el Oficio No.
2022313002170491 del 7 de octubre de 2022 respondió la petición, y, de manera
conjunta, que la Resolución No. 312505 del 7 de junio de 2022 fue el acto mediante
el cual se reconocieron y liquidaron sus cesantías definitivas. A partir de dicho estudio
concluyó que se configuraba la excepción de inepta demanda, por cuanto omitió
controvertir el acto administrativo que definió de manera directa su situación jurídica,
esto es, la resolución que fijó el valor de las cesantías definitivas, limitándose a
demandar el oficio que resolvió de forma desfavorable una solicitud posterior de
corrección.
38. Asimismo, la autoridad judicial expuso las razones por las cuales el juez
contencioso-administrativo no podía sustituir la voluntad de la parte demandante ni
extender el control de legalidad a un acto administrativo distinto del expresamente
demandado. En ese sentido, explicó que, si bien el principio iura novit curia faculta al
juez para interpretar la demanda y adecuarla a la acción procedente, ello no lo habilita
para modificar las pretensiones, los fundamentos fácticos o el acto administrativo
objeto de controversia, pues tales aspectos delimitan el ámbito de decisión judicial.
39. En consecuencia, concluyó que, al no haberse demandado la Resolución No.
312505 del 7 de junio de 2022, resultaba procedente declarar de oficio la excepción
de inepta demanda y dar por terminado el proceso, relevándose del estudio del
segundo problema jurídico, toda vez que un pronunciamiento sobre el oficio posterior
habría dejado incólume el acto definitivo que determinó el valor de las cesantías cuya
legalidad se cuestionaba.
40. Al respecto, la Sala recuerda lo precisado por la Corporación en asuntos de
contornos similares, respecto a la importancia de integrar de forma completa la
proposición jurídica. En providencia del 26 de junio de 202025 precisó:
«[…] 13. Conforme a lo anterior, se tiene que la proposición jurídica incompleta ocurre en
aquellos casos en los cuales no se individualiza con toda precisión los actos acusados de
acuerdo con los lineamientos que están señalados en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011. Significa, entonces, que es requisito indispensable demandar el acto que contiene
25 Sección Segunda, Subsección B, proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
73001-23-33-000-2018-00454-01 (4432-2019).
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la manifestación de la voluntad de la administración respecto de la situación jurídica
particular y concreta; y, además, las decisiones que en el procedimiento administrativo
constituyan la unidad jurídica, pues, en tal sentido gira la decisión que se deba adoptar en
la sentencia, en lo relacionado con las pretensiones de la demanda.
14. En síntesis de lo anterior, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, se debe tener en
cuenta que el acto o los actos administrativos que contienen íntegramente la
manifestación de voluntad de la administración, frente a una situación jurídica particular,
son los que deben ser objeto de impugnación, junto con aquellos que en la vía gubernativa
o administrativa constituyan una unidad jurídica con el mismo, esto es, aquellos que
resuelven los recursos interpuestos, de conformidad con el artículo 163 de la Ley 1437 de
2011, toda vez que ellos determinan la órbita que delimita la decisión del juzgador, en lo
relacionado con la pretensión de anulación de los mismos. Por ende, si no se observan
tales aspectos, esto es, la proposición jurídica o individualización de la actuación
administrativa acusada, de forma completa, se vicia de manera sustancial el contenido de
la pretensión del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y con ello se
impide un pronunciamiento de fondo frente a lo pretendido por el actor.
[…]
24. Así las cosas, considera la Sala que la demandante al solicitar solamente la nulidad
de las resoluciones que le negaron el derecho y aquellas que le reconocieron el aludido
derecho a la señora Neyla Lombo, no integró en debida forma la proposición jurídica
respecto de los actos que debía acusar […]» [sic].
41. Asimismo, en sentencia del 13 de julio de 2023 enfatizó26:
«[…] 2.2.1. De la proposición jurídica completa
El numeral 512 del artículo 100 del Código General del Proceso prevé la excepción previa
de inepta demanda para aquellos casos en donde el libelo introductorio no cumple los
requisitos formales para su presentación, o cuando no exista una debida acumulación de
pretensiones.
En efecto, con el fin de ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, los artículos 162, 163 y 166 del CPACA, establecen, entre otros requisitos, que
la parte actora individualice con precisión aquellos actos administrativos objeto de
reproche y particularmente aquel que contiene la declaración de voluntad que
produce efectos jurídicos directos o definitivos, es decir, aquel que crea, modifica
o extingue una situación jurídica particular, junto a los que con él constituyan toda la
unidad porque contienen la voluntad unánime de la administración sobre un tema
particular y definen un solo aspecto.
Ciertamente, establecer el requisito procedimental y sustantivo de demandar la totalidad
de la unidad jurídica conformada por distintos pronunciamientos que contienen la voluntad
unánime de la administración, se hace necesario por cuanto ese va a ser el universo en
el cual se va a desarrollar la actividad judicial y el campo de decisión de operador jurídico,
de suerte que ante una futura anulación desaparezca integralmente del ámbito jurídico.
[…]
En efecto, esta Sala considera que el demandante al solicitar únicamente la nulidad de la
resolución que negó el derecho de sustitución pensional, no integró completamente la
proposición jurídica, vicio que implica la ineptitud sustantiva de la demanda e inhabilita al
juez adelantar análisis de legalidad y decisión anulatoria de fondo, razón por la cual se
confirmará la sentencia de primera instancia. […]» [sic].
26 Sección Segunda, Subsección B, proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
73001-23-33-000-2017-00777-01 (0715-2021).
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42. En sentencia del 18 de julio de 2025 indicó27:
«[…] 26. Bajo ese entendido, la nueva solicitud realizada por el demandante no podía
convertirse en un mecanismo para revivir los términos legales, por lo que es claro que
debió solicitar la nulidad de las Resoluciones GNR 65311 del 29 de febrero de 2016, GNR
118727 del 25 de abril de 2016, y VPB 29992 del 21 de julio de 2016, que contenían la
manifestación de la voluntad de la administración.
27. En tal sentido, le asiste razón al tribunal al señalar que la parte actora debió demandar
la totalidad de los actos que resolvieron la solicitud de reconocimiento y pago del
retroactivo de la pensión de jubilación, pues estos contienen la manifestación unánime de
la administración que se pretende atacar, es decir, la decisión respecto del retroactivo de
la prestación, y constituyen en su totalidad la órbita frente a la cual el juez debe tomar la
decisión, de forma que no resulta posible pronunciarse solamente frente a la legalidad de
la Resolución DIR 1109 del 9 de marzo de 2017 que declaró improcedente el recurso de
queja y negó la solicitud de pago del retroactivo, cuando también existen otros con los
cuales se agotó el trámite administrativo y que negaron el pago del retroactivo de la
prestación.
28. En efecto, esta Sala considera que el demandante al solicitar solo la nulidad de la
Resolución DIR 1109 del 9 de marzo de 2017, no integró de forma completa la proposición
jurídica, lo cual implica la ineptitud sustantiva de la demanda e inhabilita al juez realizar el
análisis de legalidad y decisión de fondo, razón por la cual se confirmará la sentencia de
primera instancia. […]» [sic].
43. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en ninguna de las causales específicas de procedencia de la
solicitud de tutela contra providencia judicial alegadas, debido a que su decisión fue
proferida conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras de su función judicial,
apoyada en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar la
interpretación que consideró más ajustada al caso concreto.
44. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
45. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y, por lo tanto, no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
46. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Diego Hernando Moreno Ojeda en la
27 Sección Segunda, Subsección B, proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
05001-23-33-000-2017-01996-01 (3536-2023).
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Demandante: Diego Hernando Moreno Ojeda
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E.
47. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Juzgado Veinte Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por Diego
Hernando Moreno Ojeda en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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