Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03858-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03858-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03858-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03858-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: DIEGO HERNANDO MORENO OJEDA
TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL
AMPARO, PARA EN SU LUGAR, DECLARAR IMPROCEDENTE LA
SOLICITUD POR CARECER DE SUBSIDIARIEDAD, EN LA MEDIDA EN
QUE EL ACTOR CUENTA CON EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN CONTRA LA DECISIÓN INHIBITORIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 22 de junio de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
denegó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
El señor DIEGO HERNANDO MORENO OJEDA, actuando a través
1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
2
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de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “E”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2, al haber proferido la
providencia de 30 de enero de 2026 dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2023-00022-01.
I.2.- Hechos
Señaló que promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL3 - EJÉRCITO
NACIONAL4, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo que le negó el reajuste del 7.26% de la prima de
navidad, para el pago de la diferencia en la reliquidación de las
prestaciones sociales o cesantías definitivas reconocidas, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 466 de 29 de marzo de
2
En adelante TRIBUNAL.
3
En adelante MINISTERIO.
4
En adelante EJÉRCITO.
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20225.
Mencionó que al proceso le fue asignado el número único de
radicación 2023-00022-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ6 que, en sentencia de 27 de agosto de 2024, accedió a las
pretensiones de la demanda.
Indicó que la parte allí accionada interpuso recurso de apelación, el
cual fue desatado por el TRIBUNAL en sentencia de 30 de enero de
2026, por medio de la cual revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda y dio por terminado el proceso.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, pues conocía
plenamente cuál era el acto administrativo materialmente
5
“Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares; Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional; Personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional; se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados,
se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial”
6
En adelante JUZGADO.
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cuestionado, existía claridad sobre la inconformidad respecto de la
liquidación de cesantías, la administración ejerció su derecho de
defensa y el proceso fue tramitado y decidido de fondo en primera
instancia; por lo que proferir un fallo inhibitorio convierte la decisión
en una interpretación excesivamente formalista.
Manifestó que también incurrió en defecto sustantivo al desconocer
el principio pro actione y omitir darle prevalencia al derecho
sustancial dispuesto en el artículo 228 constitucional, debiéndose
interpretar integralmente la demanda con el fin de garantizar el
acceso efectivo a la administración de justicia.
Afirmó que de conformidad con lo sostenido por el Consejo de Estado,
el juez debe interpretar integralmente la demanda con el fin de evitar
fallos inhibitorios injustificados.
Finalmente, alegó que se incurrió en desconocimiento del
precedente constitucional7 reiterado sobre la prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, el principio pro actione, el acceso
7
Sentencias C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-264 de 3 de abril de 2009 y
T-363 de 26 de junio de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-061 de 7 de junio de 2018, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
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efectivo a la administración de justicia y la prohibición de excesos
rituales manifiestos.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 30 de enero de 2026
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro
del radicado No. 11001-33-35-020-2023-00022-01.
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
profiera una nueva sentencia de fondo conforme a los lineamientos
constitucionales y jurisprudenciales sobre prevalencia del derecho
sustancial y prohibición del exceso ritual manifiesto.
4. Como medida de restablecimiento, ordenar el estudio material
de las pretensiones relacionadas con la reliquidación de las
cesantías definitivas del accionante […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO después de rendir un informe sobre el trámite
surtido dentro del proceso ordinario objeto de tutela, solicitó ser
desvinculado ya que la inconformidad del actor se genera solamente
por la decisión adoptada por el TRIBUNAL.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA, mediante sentencia de 22 de junio de
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2026, denegó la solicitud de amparo al considerar que no se
acreditaron los defectos invocados respecto de la decisión
cuestionada, así como la petición de desvinculación formulada por el
JUZGADO.
Destacó que, mediante Oficio titulado «[r]espuesta a petición
radicada No. 2022301001476422 del 17 de agosto de 2022. Asunto:
[d]erecho de petición artículo 23 Constitución Política. Ref: Solicitud
actualización Hoja de Servicios», la administración le advirtió al actor
que no era posible modificar su hoja de servicios porque ello
implicaba un cambio sustancial en la cuantía de la liquidación
reconocida, comoquiera que si bien pretendía la corrección del valor
de la doceava parte de su prima de navidad, lo cierto es que ello
tendría un impacto directo en el reconocimiento previo, pues no se
trataba de un simple error aritmético.
Para el efecto, sostuvo que, contrario a lo dispuesto por el actor, el
TRIBUNAL sí efectuó un análisis integral y razonado de los
presupuestos procesales que rigen el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, especialmente de los actos
administrativos en cuestión, de lo cual se configuraba la excepción
de inepta demanda, dado que se omitió controvertir el que definió de
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manera directa su situación jurídica, esto es, la resolución que fijó el
valor de las cesantías definitivas, limitándose a enjuiciar el oficio que
resolvió de forma desfavorable una solicitud posterior de corrección.
En esa medida, resaltó que la autoridad judicial accionada no incurrió
en ninguna de las causales específicas de procedencia de la solicitud
de tutela contra providencia judicial, debido a que la decisión que
adoptó fue proferida conforme a las normas y jurisprudencia
aplicable al asunto, apoyada en el material probatorio obrante en el
expediente ordinario.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
SEGUNDA, manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, se
privilegió una interpretación formalista de las normas procesales
sobre la protección efectiva de sus derechos fundamentales.
Alegó que el a quo, aunque hizo una transcripción extensa de la
jurisprudencia constitucional sobre los defectos alegados, finalmente
resolvió el asunto desconociendo precisamente los criterios
desarrollados por la Corte Constitucional para tales efectos.
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Por lo anterior, reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de
amparo y solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y,
en su lugar, se acceda al amparo deprecado.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
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jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
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marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable . De allí que sea un deber del actor
[5]
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
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vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 30 de enero de 2026, proferida
por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2023-00022-01.
A la citada autoridad judicial la parte actora le atribuye la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, por cuanto, a su juicio, incurrió en los
defectos procedimental por exceso ritual manifiesto,
sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional,
debido a que profirió un fallo inhibitorio excesivamente formalista, a
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pesar de que el acto demandado era plenamente identificable, existía
claridad sobre la inconformidad en la liquidación de cesantías, se
garantizó el derecho de defensa de la parte allí demandada y dentro
del proceso ordinario ya se había dictado sentencia de fondo en
primera instancia.
Refirió que se desconoció el precedente constitucional, el principio
pro actione y el artículo 228 superior, ya que la autoridad judicial
accionada omitió interpretar integralmente la demanda con el objeto
de hacer prevalecer el derecho sustancial y garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 22 de junio de
2026, denegó la solicitud de amparo al considerar que no se
acreditaron los defectos invocados respecto de la decisión
cuestionada.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo, pues, a
su juicio, se privilegió una interpretación formalista de las normas
procesales sobre la protección efectiva de sus derechos
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fundamentales y se resolvió el asunto desconociendo precisamente
los criterios desarrollados por la Corte Constitucional.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos alegados.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
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negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»8 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Precisado lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades
planteadas por el actor en este trámite constitucional recaen en que,
a su juicio, la autoridad judicial accionada dio prevalencia a las
formalidades procesales frente a lo sustancial al inhibirse de resolver
8 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.
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el fondo del asunto, pese a que conocía plenamente cual era el acto
administrativo materialmente cuestionado, existía claridad sobre la
inconformidad respecto de la liquidación de cesantías, la
administración ejerció su derecho de defensa y el proceso fue
tramitado y decidido de fondo en primera instancia.
Así pues, a partir de los fundamentos de la solicitud de tutela y de la
revisión de la actuación, la Sala advierte que no se cumple el requisito
general de subsidiariedad, pues contra la providencia judicial
cuestionada procede el recurso extraordinario de revisión, por la causal
de nulidad originada en la sentencia.
Lo anterior, debido a que para discutir los planteamientos expuestos
en la solicitud de tutela, el actor tiene a su disposición el recurso
extraordinario de revisión de conformidad con la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 18
de enero de 20119, esto es, por presuntamente existir una nulidad
en la sentencia acusada.
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 8
9
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
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de mayo de 201810, señaló que el citado recurso extraordinario
procede por la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia
por violación del artículo 29 constitucional, cuando se expide un fallo
inhibitorio injustificado, como el que, según se alega por el
accionante, terminó profiriéndose en este asunto.
En la citada providencia esta Corporación precisó lo siguiente:
“[…] 6.2.1 El derecho al acceso a la administración de
justicia y a una tutela judicial efectiva materializan la
causal de revisión por violación del artículo 29
constitucional
[…] En ese contexto, y en el marco de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, ha de entenderse que los fallos
inhibitorios, que se funden en argumentos falsos, deben estar
proscritos, pues la protección de estos derechos desde los
ámbitos subjetivo y objetivo obligan al Estado a la creación de
los mecanismos necesarios no solo para garantizar que el acceso
al aparato judicial sea real y efectivo, sino permitir a las personas
que acuden a él, lograr la satisfacción cierta de sus derechos, lo
que se materializa cuando se resuelven de fondo las pretensiones
de las demandas presentadas ante ellos, independiente si lo es
en forma favorable o no a los intereses de quienes acuden a
ella.[…]
Sin embargo, […] es imperioso indicar que en nuestro
ordenamiento, bien porque así se entienda del artículo 229 de la
Constitución o por la remisión que el artículo 93 hace a los
instrumentos internacionales que hacen parte del derecho
internacional de los derechos humanos e internacional
humanitario, toda persona tiene como mínimo derecho a: i) la
posibilidad de acceder a la jurisdicción sin más cortapisas que las
que resulten razonadas para su adecuada activación; ii) contar
con las acciones y mecanismos procesales para la garantía de los
derechos e intereses en discusión; iii) una resolución rápida y
pronta de la controversia, lo que excluye los fallos inhibitorios
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, rad. 1998-00153-01, C.P. Alberto
Yepes Barreiro.
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que se fundamenten en motivos falsos, es decir, aduciendo
justificaciones que no se corresponden con la realidad; iv) la
imposibilidad de argumentar cuestiones de forma que impidan la
resolución del caso y, iv) el cumplimiento efectivo del fallo
judicial, nada se logra si la decisión no se puede materializar. […]
Lo expuesto permite concluir, que los derechos al acceso a la
administración de justicia y a una tutela judicial efectiva generan
la configuración de la causal de revisión por violación del artículo
29 constitucional por haberse visto comprometidos ante la
existencia de una decisión inhibitoria fundada en motivos
contraevidentes.
6.2.2 El derecho al debido proceso […]
Ello significa que la función de administrar justicia no se realiza
con el mero desarrollo procesal, sino que exige, ante todo, que
el juez garantice los derechos amenazados o vulnerados,
mediante providencias que resuelvan de forma clara, cierta,
motivada y jurídica los asuntos que generaron su expedición. […]
En consecuencia, es claro que toda persona tiene derecho al
debido proceso y, por tal razón, a que los procesos judiciales
sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento de los
presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, se
iría en detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del
derecho de acceso a una real y efectiva administración de
justicia, dado que la no resolución de las controversias judiciales,
fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de tutela
judicial efectiva y, en forma genérica a una vulneración al debido
proceso.
Por tal razón, concluye la Sala, que también hay una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad judicial
dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia
inhibitoria, que, como se expuso, es una clara denegación
de justicia.
6.2.3 Nuevo alcance de la causal de nulidad originada en
la sentencia.
Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos
definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta
Corporación como constitutivos de nulidades originadas en
sentencia, no son taxativos.
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Actor: DIEGO HERNANDO MORENO OJEDA
Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras
de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial
efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, es deber del juez decidir de fondo los
litigios cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que
significa que la violación a tales preceptos cuando se
expide un fallo inhibitorio injustificado también configura
la causal de revisión alegada […]” (Resaltado fuera del texto)
De igual forma, es pertinente precisar que en otras oportunidades esta
Sala ha sostenido que el recurso extraordinario de revisión es el
mecanismo judicial idóneo para controvertir la presunta afectación
de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la expedición de un fallo
inhibitorio11.
Finalmente, con el fin de analizar si en el presente caso se configura
la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo
dispuesto por la Corte Constitucional12 que, frente al tema, ha
sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
11
En ese sentido se ha pronunciado esta Sección, entre otras, en sentencias de 7 de julio de 2023 y 7
de mayo de 2026, expedientes números 2023-02713-00 y 2026-01246-01, respectivamente. M.P.
Nubia Margoth Peña Garzón, de 7 de marzo de 2024 y 22 de mayo de 2025, expedientes números
2024-00582-00 y 2025-01385-00, respectivamente, M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, en esta
última oportunidad se dijo: “[…] En ese orden de ideas, y frente a este aspecto de la controversia,
la Sala considera que el objeto de la presente acción de amparo versa sobre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales por haberse proferido un fallo inhibitorio […]
Con base en lo expuesto, la Sala considera que en el asunto objeto de estudio no se cumple
con el requisito general de subsidiariedad porque, se observa que frente a este aspecto de
la controversia los accionantes cuentan con el recurso extraordinario de revisión […]”.
(Resaltado fuera del texto original).
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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precisado que éste debe reunir las siguientes características:
“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.
En esa medida, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio, pues de los elementos de juicio
obrantes en el expediente no es posible establecer dicha
circunstancia.
Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión de primera
instancia y, en su lugar, se declarará improcedente la acción de
tutela de la referencia por no cumplir el requisito general de la
subsidiariedad y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del
requisito general de la subsidiariedad, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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