Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03871-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03871-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03871-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03871-00
Demandante: Andrea Carolina López Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA / Improcedencia /
No se acreditaron los supuestos excepcionalísimos para su procedencia
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 19 de mayo del año en curso, Andrea Carolina López Rojas presentó demanda
de tutela en busca de que se dejara sin efectos las sentencias del 20 de enero y 10
de marzo de 2026, proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del trámite de tutela2 que
promovió en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio y otros3.
2. En dicho proceso solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al habeas
data, al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana, los cuales estimó
vulnerados con ocasión de los reportes negativos que efectuaron las entidades
bancarias y comerciales ante las centrales de riesgo, así como por la presunta
omisión de las superintendencias de adelantar las investigaciones correspondientes
frente a dichos reportes.
3. Mediante sentencia del 20 de enero de 2026, el Juzgado accionado declaró
improcedente la acción de tutela en relación con las Superintendencia de Industria y
Comercio, la Superintendencia Financiera, el Banco de Bogotá, Datacrédito, Mefía
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número 73001-33-33-006-2025-00389-00/01.
3 Superintendencia Financiera, Banco de Bogotá, Mefia S.A., Sistecrédito S.A.S., Claro Comunicaciones –
Comcel, Colombia Móvil S.A., Datacrédito y Transunion – CIFIN.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03871-00
Demandante: Andrea Carolina López Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
S.A., Transunión-CIFIN y Colombia Móvil-Tigo, por carecer de subsidiariedad. Lo
anterior, habida cuenta de que la parte actora no acreditó haber presentado una
reclamación previa ante dichas entidades.
4. En lo que concierne a Comcel-Claro Comunicaciones, dispuso la protección del
derecho fundamental de habeas data de la actora, tras evidenciar que la sociedad
no contaba con su autorización para reportar información relacionada con su
comportamiento de pago ante las centrales de riesgo. En consecuencia, le ordenó
que, en el término allí indicado, adelantara todas las actuaciones necesarias para
eliminar los reportes negativos efectuados contra la accionante hasta la fecha de
interposición de la acción.
5.Respecto a Sistecrédito S.A.S. negó la solicitud de amparo. Estimó que dicha
sociedad no vulneró los derechos fundamentales invocados, dado que se probó que
contaba con la autorización de la demandante para el reporte negativo en las
centrales de riesgo.
6. Contra el fallo de primera instancia la compañía Comunicación Celular S.A. –
Comcel S.A. (Claro) interpuso impugnación, cuyo conocimiento correspondió al
Tribunal Administrativo del Tolima. Dicha autoridad, por medio de fallo del 10 de
marzo de 2026, revocó la determinación adoptada por el a quo en relación con la
entidad recurrente.
7. Indicó que en el trámite de segunda instancia la sociedad acreditó haber dado
cumplimiento a los órdenes impartidas en la sentencia de primera instancia. En ese
orden, consideró que se superó la situación que motivó la interposición de la acción
en contra de dicha compañía. En consecuencia, declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado frente a esta última. En lo demás, confirmó la decisión recurrida.
8. Como fundamento de la presente acción, la demandante sostuvo que, “al negar
parcialmente el amparo solicitado”, las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en los siguientes defectos: (i) fáctico, al omitir valorar integralmente el acervo
probatorio; (ii) sustantivo, por interpretar de forma restrictiva e inadecuada el principio
de subsidiariedad; (iii) desconocimiento del precedente, al apartarse del precedente
constitucional sobre la materia; (iv) decisión sin motivación, por cuanto no
desarrollaron un análisis suficiente.
B. Trámite procesal
9. Mediante auto del 25 de mayo de 2026, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;
(ii) notificar de su presentación a las autoridades accionadas; (iii) vincular, en calidad
de terceros con interés, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la
Superintendencia Financiera, al Banco de Bogotá, así como a los sociedades Mefia
S.A., Sistecrédito S.A.S., Claro Comunicaciones – Comcel, Colombia Móvil S.A.,
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03871-00
Demandante: Andrea Carolina López Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Datacrédito y Transunión – CIFIN; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado; y (v) requerir al Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Ibagué para que remitiera copia digital del expediente con radicado
número 73001-33-33-006-2025-00389-00/01.
(i) Superintendencia Financiera de Colombia4
10. Señaló que no tiene competencia para interferir en las relaciones comerciales
suscritas entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas. Agregó que
las sociedades Sistecrédito y Mefia no están bajo su inspección y vigilancia, toda vez
que no realizan algún tipo de actividad financiera, bursátil, aseguradora ni cualquier
otra relacionada con el manejo o inversión de recursos captados del público.
11. Indicóque tampoco tiene injerencia en las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales. Con fundamento en lo expuesto, solicitó su desvinculación del
presente trámite, al considerar que no se encuentra legitimada en la causa por
pasiva.
(ii) Sistecrédito S.A.S.5
12. Afirmóque en las providencias cuestionadas se valoró el material probatorio
relevante y, a partir de este, se concluyó de manera suficiente y motivada que la
sociedad no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora.
13. Añadió que la demandante se limitó a invocar de manera general un
desconocimiento del precedente, pero no acreditó que las autoridades enjuiciadas
se hubieran apartado, sin justificación alguna, de una regla jurisprudencial vinculante
para el caso concreto.
14. En ese orden, adujo que la solicitud de amparo pretende reabrir una discusión que
ya fue zanjada por el juez constitucional, ante una simple inconformidad con la
decisión adoptada.
(iii) Cifin S.A.S. (TransUnión)6
15. Pidióser desvinculada del trámite constitucional, tras estimar que carece de
legitimación en la causa por pasiva. Manifestó que no hizo parte de la relación
contractual que existió entre las entidades Banco de Bogotá, Mefia S.A., Sistecrédito
S.A.S., Claro Comunicaciones – COMCEL, Colombia Móvil S.A. y la accionante.
Aseveró que no tiene la posibilidad de modificar, rectificar o eliminar la información
reportada por las fuentes. Precisó que su condición de operador se limita a la
4 Intervención digital contenida en 5 folios.
5 Intervención digital contenida en 6 folios.
6 Intervención digital contenida en 10 folios.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03871-00
Demandante: Andrea Carolina López Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
actualización de los datos, conforme sean reportados por las fuentes.
16. Con todo, arguyó que la acción de tutela resulta improcedente, comoquiera que el
ordenamiento jurídico ha previsto una serie de mecanismos orientados a que los
titulares de la información puedan ejercer sus derechos respecto de los datos que
reposan en los operadores.
(iv) Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia Móvil S.A. E.S.P. y
Experian Colombian S.A.7
17. Solicitaron su desvinculación del proceso, en tanto consideran que no son las
llamadas a responder por la vulneración de derechos que se alega.
(v) Mefía S.A.S.8
18. Aseveró que no incurrió en vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados, comoquiera que el 22 de diciembre de 2025 atendió la solicitud
presentada por la accionante.
19. Informó que la obligación inicialmente adquirida por la actora con la compañía fue
cedida a Colectora Latinoamericana de Cartera S.A.S, sociedad que funge como
nuevo acreedor de las obligaciones crediticias y fuente de la información financiera.
En razón a ello, solicitó ser desvinculada del presente asunto, ante la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
20. El
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué remitió el enlace del
expediente requerido. No se pronunció sobre los hechos ni las pretensiones de la
demanda.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
21. Esta Subsección no accederá a las solicitudes de desvinculación planteadas por
la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Industria y
Comercio, así como las sociedades Cifin S.A.S., Colombia Móvil S.A. E.S.P.,
Experian Colombian S.A y Mefía S.A., toda vez que dichas entidades fungieron como
demandadas en el proceso de tutela en el que se profirió las sentencias que buscan
dejarse sin efectos. Por esa razón, es claro que les asiste un interés legítimo para
actuar en el presente asunto, comoquiera que podrían verse afectadas con la
decisión que adopte el juez constitucional ante un eventual amparo.
7 Intervenciones digitales contenidas en 22 folios.
8 Intervención digital contenida en 9 folios.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03871-00
Demandante: Andrea Carolina López Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
D. Caso concreto
22. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no encontrar
acreditados los presupuestos que habilitan su procedencia. Además de no satisfacer
el requisito general de subsidiariedad, tampoco se desplegó un ejercicio
argumentativo orientado a demostrar la existencia de una situación fraudulenta en la
decisión que se acusa.
23. La Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcionalísima de la acción
de tutela contra una sentencia proferida en un proceso de la misma naturaleza,
siempre que, además de cumplir los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la demanda no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo que se pretende cuestionar,
no exista otro mecanismo para remediar la situación alegada y se demuestre, a
través de una exigente y rigurosa carga argumentativa, que la providencia acusada
fue producto de un actuar fraudulento9.
24. Para acreditar esta última exigencia, es imperativo que la parte promotora de la
acción demuestre -con base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes-,
por un lado, que el juez constitucional incurrió en una conducta dolosa o
extremadamente negligente, que se opone a los principios básicos que orientan la
labor de administrar justicia; y, por otro, que el fallo acusado no puede ser admitido
debido a que resulta evidentemente incorrecto10.
25. Como fundamento del amparo solicitado, la parte actora atribuyó a las sentencias
cuestionadas la configuración de los siguientes yerros: (i) fáctico, por la presunta
omisión en la valoración integral del material probatorio; (ii) sustantivo, por la
supuesta interpretación restrictiva e inadecuada el principio de subsidiariedad; (iii)
desconocimiento del precedente constitucional; (iv) decisión sin motivación.
26. El ejercicio argumentativo de la accionante se circunscribió a la formulación de
causales específicas de procedibilidad propias de la acción de tutela contra una
providencia judicial ordinaria, obviando la carga argumentativa adicional que se
impone cuando la sentencia objetada fue dictada en un proceso de tutela.
27. Dicha exigencia no se satisface con la sola enunciación de defectos relacionados
con la valoración probatoria o discrepancias interpretativas, menos aun cuando tales
planteamientos ni siquiera cumplen con la carga argumentativa mínima para relevar
la ocurrencia de un vicio susceptible de comprometer derechos fundamentales.
28. La parte actora no identificó las pruebas que habrían dejado de ser valoradas, ni
la manera en que dicha omisión habría tenido la potencialidad de cambiar el sentido
9 Al respecto, ver sentencia SU-627 de 2015.
10 Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2019.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03871-00
Demandante: Andrea Carolina López Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de la decisión adoptada. Tampoco explicó de forma concreta por qué la
interpretación y aplicación del requisito de subsidiariedad resultó inadecuada.
Además, el alegato sobre el presunto desconocimiento del precedente se formuló de
forma genérica, sin haberse identificado una providencia específica, ni se expuso la
relación fáctica y jurídica de esta con el caso de la actora.
29. Esa falencia argumentativa cobra aún más relevancia cuando se pretende
controvertir una providencia judicial proferida dentro de un proceso de tutela, pues la
parte actora no solo tiene la carga de demostrar, mediante un ejercicio argumentativo
serio y suficiente, la configuración de los yerros que atribuye a la decisión
cuestionada, sino que, además, debe acreditar que la providencia objetada se profirió
con fines ilegales vinculados a una intención dolosa o que se deriva de una
interpretación que riñe abiertamente con los postulados constitucionales o la buena
fe judicial.
30. Noobstante, en su escrito de tutela la demandante no desarrolló argumento
alguno orientado a evidenciar una posible configuración de un fraude en las
sentencias acusadas.
31. De los elementos de juicio obrantes en el plenario tampoco se vislumbra algún
indicio de arbitrariedad, dolo o fraude que habilite la procedencia excepcionalísima
del mecanismo de amparo, máxime si se tiene en cuenta que no se ha surtido el
trámite de selección eventual ante la Corte Constitucional.
32. Dicha circunstancia impide considerar la configuración de una eventual cosa
juzgada fraudulenta, habida cuenta que, según el Alto Tribunal, dicha figura solo
podría producirse cuando la sentencia objetada no haya sido seleccionada para
revisión y haya vencido el término de insistencia11.
33. Aunado a lo anterior, la parte actora tampoco agotó los mecanismos ordinarios
idóneos y eficaces que tenía a su alcance para ventilar la controversia propuesta en
sede de tutela, toda vez que no impugnó el fallo de primera instancia, pese a que
contó con la oportunidad de hacerlo.
34. Dicho medio de impugnación le ofrecía la posibilidad de someter a consideración
del superior funcional los reparos relacionados con la declaratoria de improcedencia
de algunas pretensiones con fundamento en el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, así como las inconformidades en torno a la presunta insuficiencia del
análisis probatorio. Sin embargo, no hizo uso de este, ni expuso una razón que
justificara dicha abstención.
35. En tales condiciones, se hace evidente que la presente acción no solo deviene
improcedente por su insuficiencia argumentativa, sino también porque no cumple el
11 Sentencia T-266 de 2022.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03871-00
Demandante: Andrea Carolina López Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
requisito general de subsidiariedad, habida cuenta que no se ejercieron los
mecanismos judiciales idóneos y eficaces que la parte actora tenía a su alcance para
suscitar los reproches que pretende ventilar en esta oportunidad.
36. Porlo expuesto en precedente, la Sala declarará improcedente el amparo
deprecado.
37. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
12 VF
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