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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03872-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03872-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Flor Alba Gómez Aguirre, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Por Secretaría General CAMBIAR el nombre de la accionante en el Sistema de Gestión Samai por cuanto se trata de la señora Flor Alba Gómez Aguirre. 3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03872-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-03872-00
Demandante FLOR ALBA GÓMEZ AGUIRRE
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SÉPTIMA DE
ORALIDAD
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Reliquidación pensión de
vejez con régimen anterior. Defecto sustantivo y por desconocimiento
del precedente judicial. Requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial: la inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por la señora Flor Alba Gómez Aguirre de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de mayo de 20261, la señora Flor Alba Gómez Aguirre, quien actúa a través
de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, por considerar que esa autoridad judicial
vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la
dignidad humana con la sentencia del 29 de octubre de 2025, proferida en segunda
instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-
33-018-2021-00078-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
«PRINCIPALES:
PRIMERA: TUTELAR a mi favor los derechos fundamentales a la SEGURIDAD SOCIAL,
MÍNIMO VITAL y DIGNIDAD HUMANA.
SEGUNDA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA
DE ORALIDAD dejar sin efectos la sentencia proferida el 29 de octubre de 2025.
TERCERA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA
DE ORALIDAD reemplace la providencia anulada, ordenado dictar sentencia acorde con los
lineamientos jurisprudenciales dispuestos por la Honorable Corte Constitucional, en cuento a
la sumatoria de tiempos públicos y privados en el decreto 758 de 1990, trasados mediante la
línea jurisprudencial compuesta por las sentencias T 174 del 21 de febrero de 2008; T 090 del
17 de febrero de 2009; Sentencia T 398 del 4 de junio de 2009; T 583 del 22 de julio de 2010;
T 760 del 21 de septiembre de 2010; T 093 del 17 de febrero de 2011; T 334 del 4 de mayo
de 2011; T 559 del 14 de julio de 2011; T 637 del 25 de agosto de 2011; T 100 del 20 de
febrero de 2012; T 201 del 14 de marzo de 2012; T 360 del 16 de mayo de 2012; T 063 del 8
de febrero de 2013; T 145 del 7 de marzo de 2011; T 597 del 30 de agosto de 2013; SU 918
del 5 de diciembre de 2013; T 143 del 13 de marzo de 2014; SU 769 del 16 de octubre de
2014; T 256 del 27 de abril de 2017; T 429 del 10 de julio de 2017; SU 057 del 31 de mayo de

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Samai, índice 2. Escrito de tutela radicado a través del correo electrónico de tutelas en línea.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03872-00
Demandante: Flor Alba Gómez Aguirre

2018; T 101 del 10 de marzo de 2020; MP. T 377 del 2 de septiembre de 2020; T 401 del 14
de septiembre de 2020; T 528 del 15 de diciembre de 2020; T 219 del 13 de julio de 2021; SU
317 del 17 de septiembre de 2021; SU 273 del 28 de julio de 2022; entre otras».

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Mediante resolución 22115 del 20 de septiembre de 2007 el Instituto de
Seguros Sociales reconoció la pensión de la señora Flor Alba Gómez Aguirre,
en aplicación al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta una
densidad de 1753 semanas y una tasa de reemplazo del 78.58%, para una
mesada inicial para el año 2007 de $1'308.407.

2.2. El 14 de diciembre de 2018 la señora Gómez Aguirre solicitó ante
Colpensiones la reliquidación de la pensión de vejez, la cual fue resuelta
mediante resolución SUB168500 del 28 de junio de 2019 en donde se reliquidó
la prestación económica en una cuantía de $1'763.161 para el año 2015.

2.3. El 30 de julio de 2020 la señora Gómez Aguirre solicitó ante Colpensiones la
reliquidación de su mesada pensional, aplicando para ello lo dispuesto en el
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia
con el artículo 12 y 20 del Decreto 758 de 1990, sumando los tiempos públicos
y privados conforme las sentencias SU 769 de 2014 y 057 de 2018. Esta
solicitud fue resuelta a través de la resolución SUB 172325 del 12 de agosto
de 2020 en donde se negó la solicitud de reliquidación y reajuste pensional.

Contra la anterior decisión la señora Flor Alba Gómez Aguirre interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos
mediante la resolución SUB 201061 del 21 de septiembre de 2020 y DPE
13061 del 25 de septiembre de 2020, respectivamente, en donde se negó la
modificación de la pensión de vejez.

2.4. La señora Flor Alba Gómez Aguirre haciendo uso del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho demandó a Colpensiones, con el fin de
que se declarara la nulidad de los actos administrativos SUB 172325 del 12 de
agosto de 2020, SUB 201061 del 21 de septiembre de 2020 y DPE 13061 del
25 de septiembre de 2020, por medio de los cuales se dispuso no reliquidar su
mesada pensional conforme al régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, en concordancia con el artículo 12 y 20 del Decreto 758 de 1990,
a su vez, pidió que se le ordenara a Colpensiones.

A título de restablecimiento del derecho solicitó se reliquidara la mesada
pensional según lo consagrado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, sobre
un monto porcentual del 90%, conforme al artículo 20 del Decreto 758 de 1990,
en concordancia con las sentencias SU 769 de 2014 y SU 057 de 2018 y se
realizara el pago retroactivo con su correspondiente indexación.

2.5. De la anterior demanda conoció en primera instancia el Juzgado Dieciocho
Administrativo de Medellín (expediente 05001-33-33-018-2021-00078-00) que en
sentencia del 31 de agosto de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

Por lo anterior declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
ordenó reliquidar la pensión de la señora Gómez Aguirre con un monto del
90%. Aclaró que la reliquidación debía hacerse mes a mes, teniendo en cuenta
que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de
ellos. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción de la
diferencia de las mesadas causadas con anterioridad al 30 de julio de 2017.

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Demandante: Flor Alba Gómez Aguirre

Como fundamento de su decisión indicó que la pensión de jubilación de la
demandante debía ceñirse a los postulados del Acuerdo 049 de 1990 en
cuanto a requisitos de edad y tiempo cotizado, así como en lo referente a la
tasa de reemplazo aplicable para determinar la cuantía de la prestación. Por
lo que, los actos demandados adolecían de nulidad al no haber dado aplicación
al acuerdo.

Explicó que la necesidad de acreditar exclusividad en los aportes resultaba
inadecuada en tanto se apartaba de los lineamientos jurisprudenciales que
clarificaron el ámbito de cobertura de la norma, y precisó que, de conformidad
con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, los beneficiarios del
régimen de transición se someten a las previsiones regulatorias anteriores a
la Ley 100 de 1993, con excepción de lo previsto en el artículo 36, inciso 3.

Concluyó que la pensión de jubilación en casos en donde se acredita más de
1.250 semanas cotizadas, con independencia del sector del que se hayan
derivado, o de las cajas de previsión a las cuales se hubiesen efectuado los
aportes, en los que se verifiquen en parte realizados al extinto ISS en vigencia
del Acuerdo 049 de 1990 por aplicación del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, deben liquidarse en un 90% del promedio de factores salariales
devengados, sobre los cuales se realizaron aportes, ello durante los últimos
10 años anteriores a la consolidación del estatus.

Contra esta decisión las partes presentaron recurso de apelación.

2.6. En segunda instancia le correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad, que en sentencia del 29 de octubre de 2025 revocó
la decisión de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la
demanda.

Explicó que la tesis de la Corte Constitucional en lo referente a la aplicación
del Decreto 758 de 1990, que permite la sumatoria de cotizaciones efectuadas
al ISS con tiempos laborales en el sector público, cotizados o no a otras cajas
de previsión social, es aplicable solo en aquellos casos en los que se discute
el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez por parte de personas
amparadas por el régimen de transición, para evitar que se trunque el derecho
de acceder a disfrutar la pensión de vejez.

Por ello la interpretación jurisprudencial no se extiende a los casos de
reliquidación pensional, conforme se indicó la Sección segunda del Consejo
de Estado en sentencia del 6 de febrero de 2025, dentro del radicado 08001-
23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024).

3. Fundamentos de la acción

La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad vulneró sus derechos fundamentales al dictar la sentencia del 29 de
octubre de 2025 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
05001-33-33-018-2021-00078-00/01. De manera preliminar, la parte demandante
manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Explicó que: (i) se cumple con el requisito de relevancia constitucional pues la
autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, al
mínimo vital y a la seguridad social; (ii) se supera el requisito de subsidiariedad dado
que se dictó sentencia de primera y de segunda instancia agotando todas las etapas
procesales; (iii) la acción de tutela fue presentada dentro del término razonable de
los seis meses, precisó que «la decisión adoptada genera una vulneración a los derechos

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Demandante: Flor Alba Gómez Aguirre

fundamentales de tracto sucesivo, ya que afecta cada una de sus mesadas pensionales, inclusive
las que se causen hacia futuro»; (iv) dentro del proceso no se presenta una irregularidad
procesal, luego esta acción no se encamina por esta vía; (v) se identificaron los
hechos y los derechos vulnerados; y (vi) la providencia cuestionada no fue proferida
en el trámite de otra acción de tutela, sino que corresponde a la sentencia de
segunda instancia dictada al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en un
defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente.

Defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente: Se materializó dado
que se desconoció el precedente de la Corte Constitucional que ha planteado que
no existe prohibición para aplicar el acuerdo 049 de 1990 para el reconocimiento de
una pensión de vejez, teniendo en cuenta para ello el tiempo laborado en el sector
público y en el ISS. Consideró que además se vulneraron los principios de
favorabilidad, universalidad y eficiencia establecidos en los artículos 48 y 53 de la
Corte Constitucional. Como ejemplo citó las sentencias «T -090 de 2009, T-398 de 2009,
T-334 de 2011».

Destacó que «El 31 de mayo de 2018 fue expedida la sentencia SU 057 de 2018, cuyo magistrado
ponente fue el Dr. Alberto Rojas Ríos. Esta decisión de la Honorable Corte Constitucional que se
considera consolida la línea jurisprudencial, al reiterar la posición adoptada por esta corporación,
indicando que no existe ninguna distinción posible entre las eventualidades consagradas en el 12
del Acuerdo 049 de 1990 que se presenten en los trámites de pensión», por lo que considera
que a partir de esa providencia quedó consolidada la posición jurisprudencial, que
luego fue reforzada por otras providencias.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 25 de mayo de 2026 el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por la señora Flor Alba Gómez Aguirre contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.

Vinculó en calidad de terceros con interés a la Administradora Colombiana de
Pensiones Colpensiones, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, al Ministerio Público y al Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito
de Medellín. Se ofició al juzgado para que autorizara el acceso al expediente
05001-33-33-018-2021-00078-00/01, en aplicación de la nueva funcionalidad del
aplicativo Samai; se reconoció personería al abogado Cristian Darío Acevedo
Cadavid como apoderado de la parte accionante; y se ordenó surtir las
notificaciones correspondientes.

4.2. El Juzgado Dieciocho Administrativo de Medellín2 en respuesta al auto
admisorio aportó el enlace de OneDrive del expediente ordinario y adjuntó las
piezas procesales.

4.3. La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones3 rindió
informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción dado
que no se podía utilizar este mecanismo constitucional como una tercera
instancia, lo que demuestra que no se estaría cumpliendo con el requisito de
la procedibilidad de la tutela contra providencia judicial. Expuso que
Colpensiones no ha vulnerado ninguno de los derechos que la accionante
considera afectados, máxime si se tiene en cuenta que no hay petición o
trámite pendiente de resolver a favor de la ciudadana. Esta entidad adjuntó la
resolución DPE 13061 de 25 de septiembre de 2020.

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Samai, índice 10.
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Samai, índice 11.

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Demandante: Flor Alba Gómez Aguirre

4.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad4
manifestó que esta acción de tutela es improcedente pues no se cumple con
el requisito general de la relevancia constitucional, ya que no basta con alegar
la vulneración de los derechos fundamentales, sino que es necesario que a
partir de la carga argumentativa del accionante se pueda concluir de manera
razonada y suficiente que ha existido vulneración de los derechos.

Mencionó que en el evento de considerar procedente la acción no se evidenció
que se configurara la vulneración planteada, ya que ese tribunal reconoció
expresamente la línea de la Corte Constitucional sobre la acumulación de
tiempos públicos y privados, se concluyó que esa línea se aplica a escenarios
de reconocimiento del derecho pensional y no en casos de reliquidación de
mesadas previamente reconocidas y adoptó la tesis del Consejo de Estado
según la cual se busca evitar la negación del acceso a la pensión, más no a
modificar su cuantía una vez reconocida.

4.5. El 30 de junio de 20265 el apoderado de la parte actora remitió memorial de
impulso procesal, y el 1 de julio de 20266 la Secretaría General rindió informe
del trámite impartido.

4.6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio
Público, no se pronunciaron en esta oportunidad pese a ser notificados de la
existencia de la presente acción7.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,8 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales9
y especiales10 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

4
Samai, índice 12.
5
Samai, índice 14.
6
Samai, índice 15.
7
Samai, índice 7.
8
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
9
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
10
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.

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De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional11 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor
fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el
análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los
argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala debe surtir un primer análisis para establecer
si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente el de inmediatez.

De superar dicho examen, se estudiará si el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad, incurrió en un defecto sustantivo y por desconocimiento
del precedente al proferir la sentencia del 29 de octubre de 2025, mediante la cual
se revocó la decisión de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la
demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
05001-33-33-018-2021-00078-00/01.

4. Alcance del requisito de la inmediatez como presupuesto formal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Se debe indicar que la inmediatez es un presupuesto procesal que el juez debe
examinar, antes de pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra
providencia judicial, con el fin de determinar si la demanda se ha presentado de
manera oportuna. En todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio
de la acción de la tutela.

Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un término
razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene conocimiento
de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional12 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados13.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional

11
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-123 de 22 de febrero de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008: “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de
tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente”.

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para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial.

Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado14 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción un término de
seis meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada,
por considerarlo un término prudencial para que el interesado interponga la acción.
Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional15.

Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que «además de tener como pauta el término
de seis meses, se debe analizar también: «(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de
los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela
surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.».

Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo,
sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de cada
caso concreto, lo que constituye un término razonable.»16. Por ende, para analizar si este
requisito se cumple o no, la Corte Constitucional brindó cinco criterios: i) la situación
personal del peticionario; ii) si la vulneración de derechos fundamentales se
extiende en el tiempo; iii) la naturaleza de la vulneración; iv) la actuación contra la
que se dirige la tutela; y v) los efectos de la tutela.

5. Caso concreto

5.1. En el escrito de tutela la señora Flor Alba Gómez Aguirre, alegó la vulneración
de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la
dignidad humana, con ocasión a la sentencia del 29 de octubre de 2025
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-018-2021-
00078-00/01, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia y en
su lugar negaron las pretensiones de la demanda.

5.2. Ahora bien, de la revisión del Sistema de Gestión Samai y del expediente
allegado por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Medellín, es posible
advertir que la sentencia del 29 de octubre de 2025 se notificó
electrónicamente el 30 de octubre de 2025 (Samai tribunal, índice 25), como se
observa a continuación:

14
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-031 de 8 de febrero de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16
Corte Constitucional. Sentencia SU-391 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

7

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03872-00
Demandante: Flor Alba Gómez Aguirre

Esto quiere decir que la notificación se entendió realizada una vez
transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje conforme al
artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, es decir el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2025, así pues,
el término para contar los seis meses para la interposición de la acción de
tutela contra providencia judicial se cuentan a partir del miércoles 5 de
noviembre de 2025.

Como la acción de tutela se radicó hasta el 19 de mayo de 2026, es claro que
la petición de amparo no cumple con el requisito de inmediatez. Esto se debe
a que transcurrieron 6 meses y 14 días entre la notificación de la providencia
acusada y la interposición de la acción de tutela, lo cual supera el plazo
razonable establecido por la jurisprudencia de esta Corporación.

5.3. Al respecto, conviene recordar que la tesis de esta Sala consiste en que el
requisito de inmediatez, cuando la acción de tutela se interpone contra
providencias judiciales, se computa desde que el accionante tuvo
conocimiento de la decisión que acusa, es decir, desde la notificación de la
providencia judicial que se cuestiona, pues es en ese momento en el que
adquiere conocimiento del presunto escenario de vulneración
iusfundamental17.

De manera que, la señora Flor Alba Gómez Aguirre debió acudir a la acción
de tutela dentro de un plazo razonable contabilizado desde la notificación de
la decisión de cierre del 29 de octubre de 2025, de considerar que le
ocasionaba un perjuicio y que vulneraba derechos de rango fundamental.

Esta Sala no desconoce que el solo paso del tiempo no es requisito suficiente
para declarar la interposición tardía de la acción de amparo dado que pueden
existir situaciones que justifiquen la inacción de la parte demandante. Sin
embargo, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de

17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Sentencia de tutela
del 21 de agosto de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-01555-01. M.P. Julio Roberto Piza; sentencia de tutela
del 8 de octubre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-03474-00. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (e).

8

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03872-00
Demandante: Flor Alba Gómez Aguirre

Estado y por la Corte Constitucional18 no se encuentra acreditada en este caso
una situación que justifique la interposición de la acción de tutela luego de la
pauta de los seis meses.

Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios, es imperativo que se
cumplan con rigor cada uno de los requisitos generales señalados
jurisprudencialmente, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción. Lo que no aconteció en el presente asunto.

6. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción
de tutela de la referencia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales
de procedencia de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales,
concretamente el de la inmediatez.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Flor
Alba Gómez Aguirre, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Por Secretaría General CAMBIAR el nombre de la accionante en el Sistema de
Gestión Samai por cuanto se trata de la señora Flor Alba Gómez Aguirre.

3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVÍESE a la Corte
Constitucional para su eventual revisión

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

18
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961
de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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