Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03872-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03872-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03872-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03872-01
Demandante: FLOR ALBA GÓMEZ GUTIÉRREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SÉPTIMA DE DECISIÓN
Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma sentencia de
primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia del 16 de julio de 2026 en virtud de la cual, el Consejo de Estado,
Sección Cuarta declaró improcedente el amparo por no cumplir con el requisito de
inmediatez.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
La señora Flor Alba Gómez Gutiérrez, actuando a través de apoderado judicial2
promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad3, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana.
En criterio de la parte actora, la vulneración de sus garantías constitucionales se
materializó con la providencia del 29 de octubre de 2025 en la que la autoridad
judicial accionada revocó la sentencia del 31 de agosto de 2022 que había accedido
parcialmente a las súplicas del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado número 05001-33-33-018-2021-00078-00/01,
para en su lugar, negarlas.
1 Índice 002 de Samai. La tutela se radicó el 19 de mayo de 2026 mediante la herramienta de «tutela
en línea» y se repartió en esta Corporación el día 21 del mismo mes y año, con la secuencia interna
número 6171.
2 Índice 002 de Samai. Poder conferido al abogado Cristian Darío Acevedo Cadavid a través de
mensaje de datos.
3 Sentencia Suscrita Por Los Magistrados Martha Nury Velásquez Bedoya, Carlos Cristopher Viveros
Echeverri y Gonzalo Zambrano Velandia.
1
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Demandante: Flor Alba Gómez Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03872-01
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, pidió:
[…]
SEGUNDA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA –
SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD dejar sin efectos la sentencia proferida el 29 de
octubre de 2025.
TERCERA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA –
SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD reemplace la providencia anulada, ordenado
dictar sentencia acorde con los lineamientos jurisprudenciales dispuestos por la
Honorable Corte Constitucional, en cuento a la sumatoria de tiempos públicos y
privados en el decreto 758 de 1990, trasados mediante la línea jurisprudencial
compuesta por las sentencias T 174 del 21 de febrero de 2008; T 090 del 17 de
febrero de 2009; Sentencia T 398 del 4 de junio de 2009; T 583 del 22 de julio
de 2010; T 760 del 21 de septiembre de 2010; T 093 del 17 de febrero de 2011;
T 334 del 4 de mayo de 2011; T 559 del 14 de julio de 2011; T 637 del 25 de
agosto de 2011; T 100 del 20 de febrero de 2012; T 201 del 14 de marzo de
2012; T 360 del 16 de mayo de 2012; T 063 del 8 de febrero de 2013; T 145 del
7 de marzo de 2011; T 597 del 30 de agosto de 2013; SU 918 del 5 de diciembre
de 2013; T 143 del 13 de marzo de 2014; SU 769 del 16 de octubre de 2014; T
256 del 27 de abril de 2017;T 429 del 10 de julio de 2017; SU 057 del 31 de
mayo de 2018; T 101 del 10 de marzo de 2020; MP. T 377 del 2 de septiembre
de 2020; T 401 del 14 de septiembre de 2020; T 528 del 15 de diciembre de
2020; T 219 del 13 de julio de 2021; SU-317 del 17 de septiembre de 2021; SU
273 del 28 de julio de 2022; entre otras.4
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El 1° de marzo de 2021 la señora Flor Alba Gómez Gutiérrez, por conducto de
apoderado judicial, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento
contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, con el fin de
obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones SUB172325 del 12 de agosto
de 20205; SUB201061 del 21 de septiembre de 20206 y DPE 13061 del 25 de
septiembre de 20207 mediante las cuales se negó la solicitud de reliquidación de la
pensión de vejez, con fundamento en el Acuerdo 049 de 19908.
4 Transcripción original del texto con posibles errores.
5 Mediante la cual, Colpensiones negó la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a la actora
a través de la Resolución 022115 del 20 de septiembre de 2007, con una tasa de reemplazo de
75.58%.
6 Resolvió el recurso de reposición, confirmando lo resuelto en la Resolución SUB172325 y concedió
la apelación.
7 Resuelve el recurso de apelación confirmando la Resolución SUB172325.
8 «Por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y
Muerte».
2
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Demandante: Flor Alba Gómez Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad
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El proceso se asignó al Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín que, mediante sentencia del 31 de agosto de 2022 accedió parcialmente a
las pretensiones. Consideró que la señora Gómez Gutiérrez es beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y tiene derecho a que su pensión se
calcule conforme al Acuerdo 049 de 1990, reglamentado por el Decreto 758 de
1990, esto es, con una tasa de reemplazo del 90% y el IBL de los factores salariales
devengados durante los últimos 10 años anteriores a la consolidación del estatus
pensional o al retiro definitivo del servicio. Lo anterior, comoquiera que cumplía con
los requisitos de: (i) la edad de 55 años para las mujeres y, (ii) contar con mínimo
500 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad
respectiva, o tener 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo.
Contra la anterior decisión las partes interpusieron recurso de apelación que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, que
en la sentencia del 29 de octubre de 2025 revocó el fallo de primer grado, y en su
lugar, negó las súplicas.
Como sustento refirió que, si bien la actora era destinataria del régimen de
transición, lo que permitía examinar su prestación a la luz de lo dispuesto en el
Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990, que permite la
sumatoria de cotizaciones efectuadas al ISS con tiempos laborados en el sector
público, cotizados o no, a otras cajas de previsión social. Sin embargo, concluyó
que esto solo se aplica en casos en los que se discute el reconocimiento pensional
y no la reliquidación de la mesada pensional, como lo pretende la demandante.
La sentencia de segunda instancia se notificó por correo electrónico el 30 de octubre
de 20259.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora señaló que la providencia cuestionada incurre en los siguientes
defectos:
(i) Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional dispuesto en las
sentencias T-174 del 21 de febrero de 2008; T-090 del 17 de febrero de 2009; T-
398 del 4 de junio de 2009; T-583 del 22 de julio de 2010; T-760 del 21 de septiembre
de 2010; T-093 del 17 de febrero de 2011; T-334 del 4 de mayo de 2011; T-559 del
14 de julio de 2011; T-637 del 25 de agosto de 2011; T-100 del 20 de febrero de
2012; T-201 del 14 de marzo de 2012; T-360 del 16 de mayo de 2012; T-063 del 8
de febrero de 2013; T-145 del 7 de marzo de 2011; T-597 del 30 de agosto de 2013;
SU-918 del 5 de diciembre de 2013; T-143 del 13 de marzo de 2014; SU-769 del 16
de octubre de 2014; T-256 del 27 de abril de 2017;T-429 del 10 de julio de 2017;
SU-057 del 31 de mayo de 2018; T-101 del 10 de marzo de 2020; T-377 del 2 de
septiembre de 2020; T-401 del 14 de septiembre de 2020; T-528 del 15 de diciembre
de 2020; T-219 del 13 de julio de 2021; SU-317 del 17 de septiembre de 2021 y SU-
9 Índice 025 de Samai del proceso 05001333301820210007801.
3
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273 del 28 de julio de 2022, en las que se estableció la posibilidad de acceder a la
pensión de vejez bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 sumando para ello
tiempos cotizados tanto en el sector público como en el privado.
Agregó que, en las sentencias SL2557 de 2020 y 2883 de 2022 la Corte Suprema
de Justicia estableció que la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado
mediante el Decreto 758 de 1990 no solo se aplica al reconocimiento de la
prestación, sino también a los casos de reliquidación de la pensión de vejez.
(ii) Sustantivo, por desconocer el principio de favorabilidad en materia laboral
contenido en el artículo 53 de la Constitución Política.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 25 de mayo de 202610, la Magistrada ponente del Consejo de Estado,
Sección Cuarta admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación a la parte
accionante11, y como accionados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad12.
Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés en el resultado del
proceso al Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín13 [a
quo del proceso ordinario] y a Colpensiones14 [extremo pasivo del medio de control].
Finalmente se reconoció personería al abogado Cristian Darío Acevedo Cadavid,
para actuar como apoderado de la actora.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
Aportó el vínculo de acceso al expediente electrónico, sin hacer ningún
pronunciamiento respecto de lo pretendido en esta acción.
1.6.2. Colpensiones
La directora del área de Acciones Constitucionales de la entidad solicitó que se
niegue el amparo, o, en su defecto, se declare improcedente por no superar el
requisito de relevancia constitucional comoquiera que pretende desnaturalizar esta
acción y usarla para lograr la reliquidación de la pensión de vejez pese a que el juez
natural de la causa consideró que no tenía derecho.
10 Índice 004 de Samai de primera instancia.
11 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: logistica@acevedogallegoabogados.com.
12 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co.
13 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: adm18med@cendoj.ramajudicial.gov.co.
14 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a:
notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co.
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Asimismo, recordó que es deber de los jueces velar por la defensa del patrimonio
público al momento de resolver los conflictos que involucren este emolumento.
Finalmente, indicó que la controversia planteada ya fue resuelta en el proceso
ordinario; cuya decisión goza de la figura de la cosa juzgada y no se puede modificar
solo para complacer la voluntad del litigante vencido.
1.6.3. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad
La Magistrada Ponente de la decisión cuestionada solicitó declarar improcedente
este mecanismo constitucional por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional puesto que los planteamientos de la accionante denotan una simple
inconformidad con una decisión que le fue desfavorable, sin que advierta una
transgresión a los derechos fundamentales invocados.
Agregó que, en la sentencia acusada, (i) estudió la línea jurisprudencial de la Corte
Constitucional sobre la acumulación de tiempos públicos y privados, (ii) concluyó
que aquella se aplica en escenarios de reconocimiento del derecho pensional, no
en casos de reliquidación de mesadas y (iii) adoptó la tesis sostenida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 6 de febrero de 2025 que aplica
la tesis de la Corte Constitucional de reconocimiento pensional, mas no en los
asunto que pretenden modificar su cuantía.
1.7. Sentencia de primera instancia15
El Consejo de Estado, Sección Cuarta dictó sentencia el 16 de julio de 2026 en la
que declaró improcedente el amparo por no superar el requisito de inmediatez dado
que la sentencia cuestionada se notificó el 30 de octubre de 2025, quedó
ejecutoriada el 4 de noviembre de dicha anualidad, mientas que la tutela se presentó
el 19 de mayo de 2026, lo cual supera el plazo razonable de 6 meses establecido
por la jurisprudencia de esta Corporación.
Además, no advirtió la existencia de una circunstancia especial que justifique la
inacción de la parte actora.
El fallo se notificó a las partes e intervinientes el 23 de julio 202616 mediante correo
electrónico.
1.8. Impugnación17
El apoderado de la tutelante consideró que el a quo constitucional hizo un examen
exegético del tiempo para interponer este mecanismo constitucional pues le negó el
15 Índice 018 de Samai.
16 Índice 021 de Samai.
17 Índice 025 de Samai. La sentencia se notificó el 23 de julio de 2026 a través de correo electrónico
y el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el día 27 del mismo mes y año, por lo que fue
oportuna su interposición. El recurso se concedió en auto del 4 de agosto de 2026.
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amparo al haberse tardado solo 14 días más en radicar la tutela, sin tener en cuenta
la vulneración a los derechos fundamentales de la actora es constante y sucesiva
y, por tanto, constituye una amenaza actual dado que la negativa en reliquidar la
prestación pensional de la accionante afecta cada una de sus mesadas, conllevando
a que perciba un monto inferior y «en condiciones deficitarias a las cuales tiene
derecho».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Corporación es competente para resolver la impugnación formulada por la
parte accionante, conforme con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019, modificado
por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sección determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del
16 de julio de 2026 dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, a efectos de
lo anterior, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, vulneró
las garantías invocadas por la parte accionante al proferir la sentencia del 29
de octubre de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 05001-33-33-018-2021-00078-
00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el requisito de inmediatez como presupuesto de
procedibilidad y; (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 18
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 19 y declaró su
procedencia.20
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.4.1. Inmediatez
Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable21, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de
lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo.22
De acuerdo con lo anterior, esta Sección23 ha considerado como plazo prudencial
el de 6 meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es la notificación
19 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
20 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
21 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14,
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15,
Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
22 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
23 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette
7
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o ejecutoria de la providencia judicial cuestionada, según sea el caso – que da lugar
a la solicitud de protección, su presentación y, cuando este es excesivo, se declara
su improcedencia.
Al respecto, la Sala Plena de esta corporación ha expresado que “como regla
general, [se] acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente”24.
En efecto, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 25, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200526, para determinar
la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que 6
meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes que
justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate
jurídico planteado.
En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia T-
256 de 201527, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que
la acción de tutela será procedente:
cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de
los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
Bermúdez Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
26 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
27 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Flor Alba Gómez Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03872-01
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por
sus derechos, continúa y es actual28.
2.5. Caso concreto
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia por cuanto la acción
de tutela promovida por la señora Flor Alba Gómez Gutiérrez no satisface el
presupuesto antes estudiado, dado que, entre la ejecutoria de la sentencia
cuestionada y la interposición del amparo, transcurrieron más de seis meses.
De la revisión del expediente ordinario con radicado 05001-33-33-018-2021-00078-
00/01 se constató que la sentencia del 29 de octubre de 202529, proferida por el
tribunal accionado fue notificada por correo electrónico el 30 de octubre de 202530
y quedó ejecutoriada el 7 de noviembre siguiente. Según se observa a continuación:
A su turno, la solicitud de amparo fue radicada vía correo electrónico el 19 de mayo
de 202631 por lo que, sin mayores disquisiciones, entre una fecha y la otra
transcurrió un término más que prudencial sin hacer uso de la acción de tutela.
Advierte la Sala, que, si bien es cierto que no existe un término de caducidad para
la interposición de la acción de tutela, el mecanismo constitucional debe
interponerse dentro de un plazo razonable, máxime cuando se trata de una petición
de amparo contra una providencia judicial. Esta Sección ha estimado un plazo
razonable para la interposición de la acción, como lo son los 6 meses, tiempo que,
como se mencionó anteriormente, fue excedido sin justificación alguna.
De los hechos planteados y los medios de prueba arrimados al proceso, no se
evidencia circunstancia alguna que permita la eventual flexibilización de este
presupuesto, toda vez que la accionante no acreditó que estuviese inmersa en
eventos que justificaran su retardo para interponer la acción de tutela, como
tampoco demostró estar incursa en un estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad o incapacidad física.
28 “Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.
29 Índice 022 de Samai del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
30 Índice 025 de Samai del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
31 Índice 002 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
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Demandante: Flor Alba Gómez Gutiérrez
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03872-01
Así las cosas, la Sala confirmará la decisión adoptada por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta en primera instancia, a través de la cual declaró la improcedencia
del amparo solicitado, al estimar que no se superó el requisito de la inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de julio de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta que declaró improcedente la acción
constitucional promovida por la señora Flor Alba Gómez Gutiérrez contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, por no superar el requisito
de inmediatez.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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