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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03876-00

Fecha
14 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03876-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

14 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03876-00 (6095)
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Tema: tutela contra actuaciones surtidas en trámite de tutela. Subtema 1:
recusación de la magistrada ponente. Subtema 2: nulidad de lo actuado en el
trámite judicial.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Miguel Ignacio Martínez Olano contra la
magistrada María Victoria Quiñones Triana del Despacho Primero del Tribunal
Administrativo del Magdalena.

1. Síntesis del caso

El señor Miguel Ignacio Martínez Olano presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, que consideró vulnerados por la
magistrada María Victoria Quiñones Triana del Despacho Primero del Tribunal
Administrativo del Magdalena, con ocasión de las actuaciones realizadas por ella,
dentro del expediente identificado con el radicado núm. 47001-33-33-009-2026-
00076-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-0315-000-2026-03876-00, índice 2, certificado 20245385453D53D5 A6626FD015FC92A7
48128A3D1640597F 679F682571A47B34.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03876-00 (6095)
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

2. El señor Miguel Ignacio Martínez Olano presentó acción de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra,
a la intimidad, a la dignidad humana, a la presunción de inocencia, a la rectificación
y a la participación política, que consideró vulnerados por los medios de
comunicación denominados Seguimiento, La Retórica Noticias, Diario Galapa,
Noticias Col, El Pilón, Ajá y Quéctg, Entérate en Línea, Santa Marta al Día,
Notición.co, Río Noticias y Cuéntamelo, con ocasión de la difusión de información
sobre la presunta comisión de actos sexuales en vía pública, divulgada, a su juicio,
con desconocimiento de los principios de veracidad e imparcialidad que rigen la
actividad informativa.

3. El Juzgado Noveno Administrativo de Santa Marta, en el trámite de primera
instancia2, profirió sentencia el 27 de mayo de 2026, mediante la cual negó la
solicitud de amparo, al concluir que la actuación de los medios de comunicación
accionados no configuró la vulneración de los derechos fundamentales invocados,
toda vez que la información difundida tuvo origen en manifestaciones efectuadas
por el propio accionante y no se acreditó la divulgación de información falsa,
inexacta o ajena al ámbito de protección constitucional de las libertades de prensa
e información.

4. La parte actora, inconforme con la decisión del juzgado, presentó escrito de
impugnación.

5. La doctora María Victoria Quiñónez Triana, en su condición de ponente y titular
del Despacho Primero del Tribunal Administrativo del Magdalena3, mediante auto
del 12 de mayo de 2026, dispuso remitir el expediente a la magistrada que seguía
en turno para que determinara lo pertinente en relación con la continuidad en el
conocimiento del asunto, en garantía del derecho al juez imparcial, toda vez que,
podía configurarse la causal prevista en el numeral 5 del artículo 56 de la Ley 906
de 2004.

6. La magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos, a través de providencia del 13
de mayo de 2026, ordenó devolver el expediente de tutela al despacho de origen
para que continuara el trámite, al considerar que no existía una motivación legal
para separar a la doctora María Victoria Quiñonez Triana del conocimiento del
asunto, dado que «la situación a la que hace referencia la magistrada remitente ya
fue objeto de pronunciamiento por parte de este despacho a través de proveído del
doce (12) de mayo de dos mil veintiséis (2026), proferido dentro de la acción de
tutela identificada con radicación No. 47-001-2333-000-2026-00112-00, promovida
igualmente por el señor Martínez Olano»[sic].

7. El Despacho Primero del Tribunal Administrativo del Magdalena, por auto del
13 de mayo de 2026, declaró la nulidad de lo actuado en sede de primera instancia,
a partir de la notificación del auto admisorio de la acción de tutela, toda vez que, se
configuró la falta de notificación de una de las partes accionadas, esto es, del medio
de comunicación «Santa Marta al Día», lo cual afectaba la validez de la actuación

2
Radicado núm. 47001-33-33-009-2026-00076-00.
3
El Despacho Primero del Tribunal Administrativo del Magdalena, se encuentra a cargo de la magistrada María Victoria
Quiñonez Triana.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03876-00 (6095)
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

surtida. En consecuencia, ordenó devolver el expediente de tutela al Juzgado
Noveno Administrativo de Santa Marta para que adecuara el trámite en garantía del
derecho de defensa y contradicción del sujeto afectado.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, juez imparcial
y acceso efectivo a la administración de justicia.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS las actuaciones adelantadas por el Despacho 01
del Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del trámite radicado 47-001-3333-
009- 2026-00076-01, desde el momento en que asumió conocimiento del asunto la
Magistrada María Victoria Quiñones Triana.

TERCERO. ORDENAR la remisión del expediente a despacho distinto, garantizando
plenamente el principio de imparcialidad objetiva.

CUARTO. ADOPTAR las demás medidas necesarias para restablecer la confianza
pública en la neutralidad institucional de la administración de justicia4.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante aseveró que,
«mediante providencia judicial de fecha 11 de mayo de 2026», la magistrada María
Victoria Quiñones Triana remitió al despacho que seguía en turno el expediente de
tutela (radicado núm. 47001-33-33-009-2026-00076-00), sin manifestar el
impedimento para conocer del asunto, pese a que durante varios años se había
declarado impedida en los casos promovidos por el accionante, con fundamento en
la causal de enemistad grave prevista en el numeral 5 del artículo 56 de la Ley 906
de 2004.

10. Afirmó que, la magistrada dio trámite a la tutela, bajo la convicción que las
posibles diferencias entre ella y el tutelante habían desaparecido como
consecuencia de encuentros casuales y conversaciones informales sostenidas
entre las partes por fuera del escenario judicial.

11. De esta manera, consideró que se incurrió en «defecto procedimental absoluto»
toda vez que «[l]a autoridad accionada desconoció el alcance constitucional del
deber oficioso de impedimento derivado del principio de imparcialidad judicial
objetiva» [sic].

12. Por otro lado, señaló que se produjo una «violación directa de la constitución»
en cuanto a que «[l]a actuación cuestionada desconoció directamente el artículo 29
de la Constitución Política y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos» [sic].

13. Finalmente, puso de presente que se incurrió en «desconocimiento del
precedente constitucional», debido a que «[L]a providencia accionada [paso por

4
Se transcribe incluso con errores.

3

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Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

alto] la línea jurisprudencial consolidada sobre la apariencia objetiva de
imparcialidad, confianza pública en la administración de justicia y el deber reforzado
de neutralidad institucional» [sic].

2.3. Trámite procesal

14. El despacho ponente, mediante auto del 25 de mayo de 20265, admitió la
demanda, ordenó notificar a la magistrada María Victoria Quiñones Triana del
Despacho Primero del Tribunal Administrativo del Magdalena, en su condición de
autoridad accionada, y vinculó como terceros con interés al Juzgado Noveno
Administrativo de Santa Marta, a los medios de comunicación Retórica Noticias, al
Diario Galapa, a las Noticias. Col, a El Pilón, a Ajá y Quéctg, a Entérate en Línea, a
Santa Marta al Día, a Notición.co, a Río noticias y Cuéntamelo.

2.4. Intervenciones

15. La magistrada María Victoria Quiñones Triana, en su calidad de titular del
Despacho Primero del Tribunal Administrativo del Magdalena6, manifestó que se
declaró impedida en varios procesos en los que el señor Martínez Olano actuaba
como parte, con fundamento en la causal de enemistad grave prevista en el numeral
5.º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, por remisión del artículo 39 del Decreto
2591 de 1991, circunstancia que consta en el expediente judicial.

16. Así pues, indicó que, con anterioridad al inicio de los trámites actualmente
cuestionados, sostuvo un encuentro personal con el señor Martínez Olano, quien
ofreció disculpas por las manifestaciones realizadas contra ella y su familia y,
explicó que estas obedecieron a un contexto político específico. Señaló que dichas
excusas fueron recibidas y aceptadas de buena fe, por lo que consideró que el
componente subjetivo de enemistad que había motivado los impedimentos
anteriores había cesado.

17. Por otro lado, refirió que, mediante auto del 12 de mayo de 2026, y antes de
adoptar cualquier decisión de fondo sobre la impugnación, remitió el expediente a
la magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos para que la Sala determinara la
continuidad de su conocimiento del asunto, debido a los cuestionamientos
planteados por el accionante en relación con su imparcialidad en otro trámite
constitucional.

18. Así las cosas, señaló que, mediante auto del 13 de mayo de 2026, la magistrada
Reyes Castellanos ordenó la devolución del expediente al Despacho Primero y
concluyó que: «(i) la situación ya había sido resuelta dentro del radicado 00112-00;
(ii) de conformidad con el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, la recusación no
resulta procedente en el trámite de tutela; (iii) ante la inexistencia de una declaración
de impedimento o de una circunstancia objetiva que la sustentara, no había lugar a
apartarla del conocimiento del asunto; y (iv) la recusación no puede derivarse de la
aplicación analógica de normas ni de apreciaciones subjetivas».

5
Samai, exp. 11001-0315-000-2026-03876-00, índice 4.
6
Samai, exp. 11001-0315-000-2026-03876-00, índice 12, certificado 4D1F73FE5BDBEBEE CC5EB9F7332A16DA
E93D18A8E4F594B3 73247C6006587077.

4

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Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

19. En este sentido, mencionó que, una vez el expediente ingresó al despacho, no
se resolvió de fondo la impugnación, toda vez que la actuación se limitó al ejercicio
del control de legalidad, mediante el cual se declaró la nulidad de lo actuado en
primera instancia por la falta de notificación a uno de los medios de comunicación
accionados, Santa Marta al Día, y se ordenó la devolución del expediente al juzgado
de origen para que subsanara la irregularidad advertida.

20. Agregó que la decisión adoptada no guardó relación con el señor Martínez
Olano ni con el debate sobre la imparcialidad, toda vez que obedeció al
cumplimiento de la obligación legal del juez de segunda instancia de garantizar la
debida integración del contradictorio. En consecuencia, sostuvo que no se vulneró
los derechos fundamentales invocados.

21. Corolario de lo anterior, argumentó que dentro del radicado 2026-00076-01 no
se ha proferido sentencia de segunda instancia, razón por la cual el accionante no
ha agotado los mecanismos procesales ordinarios y, en consecuencia, no cumple
con el requisito de subsidiariedad. Por lo tanto, la parte actora pretendía la
protección de una vulneración que aún no se ha configurado, motivo por el cual la
acción de tutela debe declararse improcedente.

22. El Juzgado Noveno Administrativo de Santa Marta7 remitió, a esta corporación,
el expediente de la acción constitucional, sin pronunciarse sobre los hechos
pretensiones del escrito de tutela.

23. Los demás vinculados guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Miguel Ignacio Martínez Olano contra la
magistrada María Victoria Quiñones Triana del Despacho Primero del Tribunal
Administrativo del Magdalena.

3.2. Legitimación en la causa

25. La legitimación en la causa por activa del señor Miguel Ignacio Martínez Olano
está acreditada, porque fue el accionante dentro del trámite de tutela con radicado
núm. 47001-33-33-009-2026-00076-01, en el que afirmó que se vulneraron sus
derechos fundamentales.

26.También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la magistrada
María Victoria Quiñones Triana del Despacho Primero del Tribunal Administrativo del

7
Samai, exp. 11001-0315-000-2026-03876-00, índice 11, certificado 5647801179F8B362 CD19DA6E12282F4E
63A7DED91217586B 8FBE0F9CD492C750.

5

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Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Magdalena, debido a que fue la autoridad que realizó las actuaciones, objeto de
tutela.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

27. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez8.

28. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable9; y el segundo consiste en
que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo
contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho […]»10.

3.4. Problema jurídico

29. La Sala deberá determinar si ¿la titular del Despacho Primero del Tribunal
Administrativo del Magdalena vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad de la parte
tutelante?

3.5. Caso concreto

30. En el caso bajo estudio, el tutelante manifestó que sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad fueron
vulnerados por la magistrada María Victoria Quiñones Triana, del Despacho Primero
del Tribunal Administrativo del Magdalena, con ocasión de «las actuaciones
adelantadas» dentro del proceso con radicado núm. 47-001-3333-009-2026-00076-
01, al asumir el conocimiento del asunto, pese al impedimento que, a su juicio,
recaía sobre ella. En consecuencia, solicitó que se deje sin efecto lo actuado
mientras el expediente estuvo a cargo de la referida funcionaria judicial.

31. Pues bien, al revisar las actuaciones surtidas al interior del expediente de tutela
con radicado núm. 47-001-3333-009-2026-00076-01, se observa que la magistrada
María Victoria Quiñones Triana en su condición de titular del Despacho Primero del
Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante auto de 12 de mayo de 2026,
remitió el asunto al despacho de la doctora Elsa Mireya Reyes Castellanos, para
que determinara si debía continuar con el conocimiento de la impugnación
promovida por el actor contra el fallo del 27 de marzo de 2026, proferido por el
Juzgado Noveno Administrativo de Santa Marta, en garantía del derecho al juez
imparcial.

8
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
9
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
10
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03876-00 (6095)
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

32. El Despacho Cuarto del Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de
auto del 13 de mayo de 2026, ordenó devolver el trámite de la tutela promovida por
el señor Miguel Ignacio Martínez Olano al Despacho 01 del Tribunal Administrativo
del Magdalena para que continuara el trámite respectivo, con fundamento en lo
siguiente:

[…] No obstante, advierte este despacho que la situación a la que hace
referencia la magistrada remitente ya fue objeto de pronunciamiento por parte
de este despacho a través de proveído del doce (12) de mayo de dos mil
veintiséis (2026), proferido dentro de la acción de tutela identificada con
radicación No. 47-001-2333-000-2026-00112-001, promovida igualmente por el
señor Martínez Olano.

En aquella oportunidad se precisó que, al tenor del artículo 39 del Decreto 2591
de 1991, en materia de acciones de tutela no resulta procedente la recusación,
siendo el impedimento el mecanismo legal previsto para salvaguardar la
imparcialidad judicial, cuyas causales son taxativas y de interpretación
restrictiva.

[…]

En ese contexto, teniendo en cuenta que la solicitud y los cuestionamientos
respecto a la imparcialidad a los que alude el auto remisorio corresponden
precisamente a los ya estudiados y resueltos mediante providencia del doce
(12) de mayo de dos mil veintiséis (2026) dentro del expediente 47-001-2333-
000-2026-00112-00, no hay lugar a efectuar un nuevo pronunciamiento acerca
de una situación ya definida.

Corolario de lo precedente, no figura motivación legal para separar a la Dra.
Quiñones Triana del conocimiento del presente trámite constitucional, razón por
la cual se dispondrá la devolución del expediente al Despacho 01 del Tribunal
Administrativo del Magdalena, para que continue con el procedimiento de
impugnación y adelante las actuaciones de su competencia, más aún cuando
reconoce expresamente que no se configura causal de impedimento.

[…]

Artículo único. - Ordenar por secretaría devolver el trámite de tutela de la
referencia al Despacho 01 del Tribunal Administrativo del Magdalena, para que
continúe con el conocimiento del asunto y adelante las actuaciones de su
competencia. […]

33. En atención a lo anterior, el Despacho Primero del Tribunal Administrativo del
Magdalena continúo con el conocimiento del asunto y mediante auto del 13 de mayo
de 2026, advirtió que en el expediente de tutela se configuró una «falta de
notificación de una de las partes accionadas, esto es, de Santa Marta al Día, tanto
del auto admisorio de la demanda de tutela como de la sentencia, afectándose la
validez de la actuación surtida, razón por la cual se impon[ía] declarar la nulidad de
lo actuado a partir de la notificación del auto admisorio de la acción de tutela».

34. En consecuencia, el referido despacho resolvió lo siguiente:

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03876-00 (6095)
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de lo actuado en sede de primera instancia, a partir
de la notificación del auto admisorio de la acción de tutela, inclusive, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, DEVOLVER el expediente de la referencia al Juzgado
de origen, para que proceda con la debida notificación de Santa Marta al Día, a efectos
de que intervenga dentro del trámite de la presente acción constitucional y ejerza su
derecho de defensa y contradicción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

35. Ahora, al revisar el aplicativo Samai, se advierte que el expediente de tutela con
radicado núm. 47001-33-33-009-2026-00076-01, fue remitido al Juzgado Noveno
Administrativo de Santa Marta, el 14 de mayo de 202611.

36. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera pertinente precisar que, si bien la
inconformidad y el motivo que dio lugar a la interposición de la tutela fue el hecho
de que el conocimiento de la solicitud de amparo se le asignó a la titular del
Despacho Primero del Tribunal Administrativo del Magdalena, lo cierto es que la
pretensión principal de la demanda era que se dejaran sin efecto las actuaciones
adelantadas por la referida autoridad judicial dentro del trámite radicado 47-001-33-
33-009- 2026-00076-01.

37. Así pues, resulta evidente que en el referido trámite judicial se declaró la nulidad
de lo actuado y se devolvió el expediente al juzgado de primera instancia para que
iniciara nuevamente la actuación, con el fin de que garantizara la intervención de
todos los sujetos procesales vinculados a esta, de manera que el asunto dejó de ser
gestionado y conocido por el Despacho Primero del Tribunal Administrativo del
Magdalena, por lo que no se advierte una situación que afecte los derechos
invocados por el actor.

38. En este punto, es importante advertir que el propósito de la acción de tutela es
garantizar una protección efectiva, inmediata y concreta de los derechos
fundamentales invocados cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
actuación u omisión de una autoridad pública o de un particular. Lo anterior significa
que la decisión emitida por el juez de tutela «no puede ser adoptada con base en el
presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre
sobre si en efecto ha sido violado o está amenazado un derecho fundamental, si
acontece lo contrario, o si en el caso particular es improcedente la tutela»12.

39. Sobre el particular, la Corte Constitucional13 ha expuesto lo siguiente:

El objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata, concreta y
subsidiaria de los derechos fundamentales, “cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o
de los particulares [de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Decreto

11
Samai, exp. 47001-33-33-009-2026-00076-01, índice 23.
12
Corte Constitucional, Sentencia T- 571 de 2015
13
Corte Constitucional, Sentencia T-130 de 2014, criterio reiterado en las sentencias T-565 de 2023 y T-254 de 2024.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03876-00 (6095)
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

2591 de 199114]”15. Así pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional
se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuación u omisión
del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración
de las garantías fundamentales en cuestión.16

En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 200317 o la T-
883 de 200818, al afirmar que “partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la
Constitución, como de los artículos 5º y 6º del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que
la acción u omisión cometida por los particulares o por la autoridad pública que vulnere
o amenace los derechos fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la
procedencia de la acción tuitiva de derechos fundamentales (...) En suma, para que la
acción de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden lógico-
jurídico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos
fundamentales existan (…)”19, ya que “sin la existencia de un acto concreto de
vulneración a un derecho fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de
la cual proteger al interesado (…)”20.

Y lo anterior resulta así, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo
de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes,
presuntas o hipotéticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material
y jurídico, “ello resultaría violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la
acción, atentaría contra el principio de la seguridad jurídica y, en ciertos eventos, podría
constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitiría que el peticionario
pretermitiera los trámites y procedimientos que señala el ordenamiento jurídico como
los adecuados para la obtención de determinados objetivos específicos, para acudir
directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos”21.

Así pues, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al
accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación de
un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acción de tutela.

40. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, es posible inferir que, en el caso bajo
estudio, no se advierte una actuación o un hecho concreto que constituya una
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, pues con
anterioridad a la presentación de la presente acción de tutela, el 21 de mayo de

14
Capítulo a través del cual se reglamenta la procedencia de la acción de tutela contra particulares.
15
Artículo 1° del Decreto 2591 de 1991. En el mismo sentido lo expresó el Artículo 86 de la Constitución Política al disponer
que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, (…) la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción
o la omisión de cualquier autoridad pública (…)” o un particular, siempre que este último preste un servicio público, actúe o
deba actuar en ejercicio de funciones públicas, o ante quien el afectado esté en una situación de indefensión o subordinación.
16
El Artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 expresó aquello de la siguiente manera: “La acción de tutela procede contra toda
acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que
trata el artículo 2º de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo III de este decreto (…)”.
17
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
18
M.P. Jaime Araújo Rentaría.
19
T-883 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentaría.
20
SU-975 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
21
T-013 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil. // En similares términos la sentencia T-066 de 2002 M.P. Alfredo Beltrán Sierra,
refiriéndose a la acción de tutela dirigida contra autoridades públicas, afirmó que “No se puede llegar al absurdo de acudir a
la acción de tutela sobre la base de actos que no se han proferido, esto no solo viola el debido proceso de las entidades
públicas, que, valga repetirlo, también lo tienen, sino que, atentaría contra uno de los fines esenciales del Estado, cual es el
de asegurar la vigencia de un orden justo.” En este orden de ideas, en aquella providencia la Sala de Revisión consideró que
no podía entrar a decidir sobre la discriminación alegada por el accionante, toda vez que la vulneración del derecho a la
igualdad invocado por el apoderado del actor “resulta ser incierta e hipotética, no se ha dado y, como se señaló, según lo
dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela requiere como presupuesto necesario de orden
lógico-jurídico la vulneración al demandante de un derecho fundamental o, por lo menos, la amenaza seria y actual de su
vulneración, circunstancia que en el caso concreto hasta ahora no se ha presentado.” .

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03876-00 (6095)
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

202622, la autoridad judicial accionada había declarado la nulidad de lo actuado en
el expediente identificado con el radicado núm. 47-001-33-33-009- 2026-00076-01.
En consecuencia, la solicitud de amparo promovida por el señor Miguiel Ignacio
Martínez Olano no resulta viable y deviene en improcedente.

4. Conclusión

41. Con fundamento en las razones desarrolladas en esta providencia, la Sala
concluye que los cargos propuestos por la parte accionante no cumplen los
presupuestos de procedibilidad exigidos para el estudio de fondo de la controversia,
razón por la cual la acción de tutela será declarada improcedente.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

Falla:

Primero: Declarar improcedente el amparo de tutela solicitado por el señor Miguel
Ignacio Martínez Olano contra la magistrada María Victoria Quiñones Triana del
Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

22
Samai, exp. 11001-0315-000-2026-03876-00, índice 1.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03876-00 (6095)
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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