RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03877-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03877-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03877-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia del 12 de junio de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, para en su lugar NEGAR el amparo respecto de las pretensiones dirigidas a ordenar al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación la apertura, el impulso o la definición de investigaciones disciplinarias y penales. SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia del 12 de junio de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. TERCERO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación del presente trámite constitucional de la Procuraduría General de la Nación. CUARTO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Inspección Primera de Convivencia y Paz de Fusagasugá, por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería —COPNIA—, y por los señores Rafael Antonio Arias Soler y Odilia Soler Tovar. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03877-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03877-01
Accionantes: ROSA MARÍA PABÓN LIZARAZO Y OTRO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C Y OTROS

Temas: Carencia actual de objeto por hecho superado. Subsidiariedad
frente a controversias civiles, registrales y urbanísticas.
Solicitudes de impulso de investigaciones penales y
disciplinarias. Modifica parcialmente y confirma en lo demás.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación de la parte actora contra la sentencia proferida
el 12 de junio de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 22 de mayo de 2026, el a quo inadmitió la solicitud de amparo2, el 1
de junio del 20263, admitió la acción constitucional, y mediante la providencia del
14 de julio del 20264 concedió la impugnación. Encontrándose el expediente al
despacho para proferir decisión de segunda instancia, se emitió el auto para
mejor proveer del 31 de julio de 2026, con el fin de vincular a terceros con interés5.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Con el fin de que precisaran con claridad la presunta actuación que estimaban vulneradora de sus derechos

fundamentales y las pretensiones a obtener.
3 Índice 23 del expediente digital de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que

se tuvo por accionantes a los señores Rosa María Pabón Lizarazo y Guillermo Lizarazo Silva, y como
accionados al municipio de Fusagasugá —Secretarías de Planeación y Gobierno—, la Inspección Primera
de Policía de Fusagasugá, la Curaduría Urbana Primera de Fusagasugá, la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Fusagasugá, la Superintendencia de Notariado y Registro —Delegada para
Curadores Urbanos—, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, el Consejo Superior de la Judicatura,
la Fiscalía General de la Nación y Fiscalía 83 Seccional de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico—,
el Juzgado 42 Civil Municipal de Bogotá, la Notaría 33 del Círculo de Bogotá y la Sección Primera,
Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y su secretaría. Además, se dispuso vincular
como terceros con interés a a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Auditoría General de la
República, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación, a la
Procuraduría delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa, a la
Procuraduría Provincial de Instrucción de Fusagasugá. Así mismo, se resolvió la solicitud de medida
provisional.
4 Índice 20 del expediente digital de primera instancia en Samai.
5 En ese sentido, se ordenó la vinculación de los señores Mario González Montaña, Rafael Antonio Arias

Soler, Odilia Soler Tovar y de la Notaría 3 de Bogotá.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Los señores Rosa María Pabón Lizarazo y Guillermo Lizarazo Silva,
actuando en nombre propio, presentaron acción de tutela contra la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá, el municipio de Fusagasugá,
la Curaduría Urbana Primera de Fusagasugá, el Juzgado 42 Civil Municipal de
Bogotá, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Notaría 33 del Círculo de
Bogotá, la Sección Primera, Subsección C, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la
Nación y otras autoridades. Con la solicitud de amparo pretenden que se protejan
sus derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna, acceso a la
administración de justicia y al mínimo vital.

2. Los accionantes atribuyeron la transgresión de sus garantías
constitucionales a las presuntas irregularidades notariales, registrales y
urbanísticas relacionadas con el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
157-102626, así como a la falta de adopción de medidas eficaces para impedir
su transferencia y la ejecución de obras por parte de terceros. También
reprocharon la presunta mora del Juzgado 42 Civil Municipal de Bogotá6 y de la
Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca7,
para pronunciarse sobre las actuaciones y medidas cautelares solicitadas en los
procesos promovidos para controvertir las escrituras, anotaciones registrales y
actos administrativos relacionados con el inmueble.

3. Una vez subsanada la solicitud de amparo, los accionantes concretaron
sus pretensiones en los siguientes términos:

PRIMERA: Solicitar al CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
(COPNIA), Seccional Cundinamarca, proceder a la apertura de pliego de cargos
por faltas gravísimas contra la ética profesional conforme a la Ley 842 de 2003 en
contra del Arquitecto Urbanista CÉSAR AUGUSTO AGUILERA SIERRA
identificada con C.C. 79.115.367, en su condición de Curador Urbano Primero de
Fusagasugá, decretando la suspensión provisional de su matrícula profesional
para evitar que continúe coadyuvando en la consumación y consolidación del
fraude inmobiliario objeto de reproche.

SEGUNDA: Solicitar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA la apertura
de investigación ético-profesional y pliego de cargos por faltas gravísimas contra
el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos y entes de control y
vigilancia, decretando de igual forma la suspensión provisional de funciones y/o
registros profesionales de los vinculados implicados en las omisiones de control
registral y notarial.

TERCERA: Ordenar de manera perentoria a la FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN en específico a la Fiscalía 83 Seccional de la Unidad de Fe Pública y

6 Proceso declarativo de nulidad de escritura pública con radicado 11001-40-03-042-2025-01072-00.
7 Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-41-000-2025-01489-

00.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

Orden Económico o a la Fiscalía que conozca de este proceso, dentro de la
Noticia Criminal No. 110016000050202540789, , para que, en el término perentorio
de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a resolver de fondo y de manera prioritaria
la solicitud de medidas cautelares de urgencia, específicamente la inscripción de
la demanda y las solicitudes de protección presentadas en la denuncia y dar
impulso procesal prioritario a resolver las medidas cautelares penales de
inscripción de la demanda y resolver el fondo de la conducta punible de fraude
procesal y falsedad material.

CUARTA: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ, Sección
Primera Mixta - Oral, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho con Radicado 25000234100020250148900, Ponente: Dr. Luis Norberto
Cermeño, para que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas,
proceda a resolver de fondo y de manera prioritaria la solicitud de medidas
cautelares de urgencia, específicamente la inscripción de la demanda y las
solicitudes de protección presentadas en la reforma de la misma y secuestro
solicitadas sobre el inmueble.

QUINTA: Ordenar al Juzgado Cuarenta y Dos (42) Civil Municipal de Bogotá dictar
impulso procesal prioritario e inmediato al trámite bajo radicado
11001400304220250107200, adoptando las medidas conservatorias necesarias
sobre el folio de matrícula y sobre el bien inmueble para evitar la defraudación a
terceros de buena fe.

SEXTA (Protección de Control Urbano): Ordenar de manera directa a la Alcaldía
Municipal de Fusagasugá y a la Inspección Primera de Policía de Fusagasugá,
para que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a
ejecutar la suspensión inmediata y paralización física de cualquier obra civil o
edificación que se adelante en el predio ubicado en la Calle 3 Norte No. 16-80
Urbanización Ciudadela Campestre Villa Natalia II, identificado con matrícula
inmobiliaria 157-102626, como medida indispensable para frenar el perjuicio
irremediable del despojo material en curso.

SEPTIMA: Ordenar a la Curaduría Urbana Primera de Fusagasugá, para que, en
el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a la suspensión
provisional de los efectos administrativos de la Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva No. RES 25290-1-24-0058, habida cuenta de fundarse
en títulos cuya inexistencia material ha sido debidamente certificada por las
notarías de origen8.

1.2. Hechos

4. Los señores Rosa María Pabón Lizarazo y Guillermo Lizarazo Silva
adquirieron el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 157-102626,
ubicado en el municipio de Fusagasugá, mediante la Escritura Pública 122 del 26
de enero de 2021 de la Notaría 3 del Círculo de Bogotá. La compraventa fue
inscrita en la anotación 13 del certificado de tradición y libertad. Según
manifestaron, el predio constituye su único patrimonio.

5. En marzo de 2025, los actores tuvieron conocimiento de que en el folio de
matrícula inmobiliaria se habían registrado dos transferencias posteriores. La
primera consta en la anotación 14, correspondiente a la Escritura Pública 1847

8 Cita del original con posibles errores.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

del 17 de diciembre de 2021, atribuida a la Notaría 79 del Círculo de Bogotá; y la
segunda, en la anotación 15, sustentada en la Escritura Pública 2737 del 13 de
diciembre de 2024 de la Notaría 33 del Círculo de Bogotá. Los accionantes
afirmaron que nunca celebraron el primero de esos negocios jurídicos.

6. La Notaría 79 del Círculo de Bogotá, a la que la anotación 14 atribuye la
Escritura Pública 1847 del 17 de diciembre de 2021, informó que dicho
instrumento no reposaba en su protocolo y que la última escritura autorizada por
ese despacho durante aquella anualidad correspondió al número 1170. Los
accionantes afirmaron que, al presentar su reclamación ante la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá, les indicaron que el
instrumento podía provenir de la Notaría 59 del Círculo de Bogotá, por lo que
también consultaron a esa oficina, la cual negó haberlo recibido, extendido,
elaborado, otorgado o autorizado.

7. Por su parte, la Notaría 33 del Círculo de Bogotá informó que la Escritura
Pública 1847 del 17 de diciembre de 2021 fue aportada por quienes
comparecieron al otorgamiento de la Escritura Pública 2737 del 13 de diciembre
de 2024, como antecedente de tradición del inmueble, y que aquel documento
les fue devuelto al finalizar el trámite notarial9. Asimismo, indicó que no estaba
facultada para anular de oficio la escritura otorgada ni para solicitar la cancelación
de su registro, pues tales determinaciones correspondían a la autoridad judicial
competente.

8. A partir de abril de 2025, los accionantes presentaron solicitudes ante la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá, la
Superintendencia de Notariado y Registro, las notarías involucradas, el municipio
de Fusagasugá, la Inspección Primera de Policía y las curadurías urbanas. En
términos generales, pidieron bloquear y corregir el folio de matrícula inmobiliaria,
suspender las licencias y actuaciones relacionadas con el inmueble e investigar
a los funcionarios que intervinieron en los trámites notariales, registrales y
urbanísticos.

9. Los actores también formularon denuncia penal por los presuntos delitos
de fraude procesal, falsedad en documento público y falsedad personal. La
actuación fue identificada con la noticia criminal 110016000050202540789 y
asignada a la Fiscalía 83 Seccional de la Unidad de Fe Pública y Orden
Económico. Asimismo, promovieron distintas actuaciones disciplinarias respecto
de los funcionarios que, en su criterio, intervinieron en las irregularidades
advertidas.

10. El 20 de mayo de 2025, los accionantes promovieron medio de control de
9 En la respuesta al derecho de petición, la Notaría 33 del Círculo de Bogotá señaló que, para elaborar la

Escritura Pública 2737 de 2024, verificó que la Escritura Pública 1847 de 2021 estuviera inscrita en el
certificado de tradición y que se aportaran los paz y salvos del inmueble. Agregó que no conservaba el título
antecedente porque fue devuelto a los otorgantes junto con las copias resultantes del trámite de
compraventa. También manifestó que los hechos relatados por los actores podían relacionarse con una
presunta estafa y falsedad documental.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Fusagasugá, la
Notaría 33 del Círculo de Bogotá, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Fusagasugá y la Superintendencia de Notariado y Registro. En síntesis,
solicitaron la nulidad de las anotaciones 14 y 15 del certificado de tradición y de
los actos relacionados con la licencia de construcción, así como el
restablecimiento de su derecho de dominio. Además, solicitaron medidas
cautelares sobre el inmueble.

11. El asunto fue conocido inicialmente por el Juzgado 68 Administrativo Oral
del Circuito de Bogotá, que mediante auto del 15 de septiembre de 2025 lo remitió
por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El expediente
ingresó a la Sección Primera, Subsección C, el 16 de septiembre siguiente, bajo
el radicado 25000-23-41-000-2025-01489-00.

12. De otra parte, el 25 de septiembre de 2025 los actores promovieron
demanda declarativa de nulidad de escritura pública, cuyo conocimiento
correspondió al Juzgado 42 Civil Municipal de Bogotá, bajo el radicado 11001-
40-03-042-2025-01072-00. En ese proceso solicitaron el embargo y secuestro
del inmueble y la inscripción de la demanda en su folio de matrícula inmobiliaria.

13. El Juzgado 42 Civil Municipal de Bogotá admitió la demanda mediante
auto del 28 de octubre de 2025 y ordenó constituir una caución antes de resolver
sobre las medidas cautelares. Posteriormente, mediante providencia del 3 de
diciembre de 2025, negó las solicitudes de embargo, secuestro e inscripción de
la demanda. El 19 de mayo de 2026, los accionantes presentaron reforma de la
demanda, la cual fue inadmitida en la misma fecha, concediendo el término para
subsanarla. Ahora, mediante providencia del 10 de junio de 2026 fue rechazada
al advertir que no se subsanó en debida forma.

14. Los actores afirmaron que el 14 de mayo de 2026 observaron que terceros
adelantaban obras en el inmueble, con fundamento en la licencia de construcción
de obra nueva RES 25290-1-24-005810, expedida por la Curaduría Urbana
Primera de Fusagasugá. Indicaron que previamente habían advertido a esa
autoridad sobre las presuntas irregularidades en la tradición del bien y habían
solicitado que se abstuviera de expedir o mantener las licencias relacionadas con
el predio.

1.3. Sustento de la vulneración

15. Los accionantes argumentaron que las autoridades notariales y registrales
permitieron que produjeran efectos jurídicos unas transferencias que, en su
criterio, se sustentaron en una escritura pública inexistente. Afirmaron que se
omitieron los controles de legalidad y autenticidad de los documentos que dieron

10 Al respecto, en su intervención, la Curaduría Urbana Primera de Fusagasugá indicó que el número de la

licencia correspondiente al trámite iniciado el 8 de julio de 2025 fue la RES 25290-1-25-0351 del 22 de
diciembre de 2025, ejecutoriada el 31 de diciembre siguiente.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

lugar a las anotaciones 14 y 15 del folio de matrícula inmobiliaria, pese a que las
notarías 59 y 79 del Círculo de Bogotá negaron haber otorgado la Escritura
Pública 1847 del 17 de diciembre de 2021.

16. Frente a la Sección Primera, Subsección C, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, alegaron una mora judicial injustificada porque, para la fecha de
presentación de la tutela, no se había pronunciado sobre la admisión de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ni sobre las medidas
cautelares solicitadas en el proceso con radicado 25000-23-41-000-2025-01489-
00. En su criterio, esa demora impedía adoptar medidas urgentes para proteger
el inmueble.

17. Respecto del Juzgado 42 Civil Municipal de Bogotá, sostuvieron que
incurrió en mora en la adopción de las medidas cautelares solicitadas dentro del
proceso declarativo con radicado 11001-40-03-042-2025-01072-00. Señalaron
que la tardanza favorecía la continuación de las obras y podía consolidar el
despojo material del predio.

18. En cuanto a la Curaduría Urbana Primera de Fusagasugá, manifestaron
que vulneró su derecho al debido proceso al expedir y mantener vigente la
licencia de construcción de obra nueva RES 25290-1-24-0058, pese a las alertas
formuladas acerca de las presuntas irregularidades en la tradición del inmueble.
Según los actores, aquella autoridad permitió que terceros iniciaran obras sobre
el predio con fundamento en títulos cuya autenticidad estaba controvertida.

19. A su vez, atribuyeron al municipio de Fusagasugá y a la Inspección
Primera de Policía una omisión administrativa porque no suspendieron las obras
ni adoptaron medidas preventivas de protección sobre el inmueble. Afirmaron que
esas autoridades se declararon incompetentes a pesar de conocer la denuncia
penal y las certificaciones notariales aportadas por los accionantes.

20. También reprocharon que las autoridades penales, disciplinarias y de
vigilancia no hubieran impulsado las actuaciones promovidas por las presuntas
irregularidades. Por ello, solicitaron que se ordenara a la Fiscalía General de la
Nación resolver las medidas reclamadas dentro de la noticia criminal, y al
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y al Consejo Superior de la
Judicatura adelantar las investigaciones solicitadas.

21. Finalmente, alegaron la configuración de un perjuicio irremediable, porque
el inmueble representa su único patrimonio y, según afirmaron, fue adquirido con
los ahorros y cesantías acumulados durante su vida laboral y con recursos
obtenidos mediante crédito. Agregaron que son adultos mayores, que no cuentan
con vivienda propia y que la continuación de las obras podía hacer materialmente
imposible la recuperación del predio. Asimismo, relacionaron la situación descrita
con la afectación económica y de salud que dijeron padecer.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

1.4. Intervenciones

22. La Procuraduría General de la Nación solicitó negar el amparo y su
desvinculación del trámite. Señaló que los actores no le atribuyeron una
actuación u omisión concreta y que la mayoría de las pretensiones estaban
dirigidas contra otras autoridades. Agregó que dio trámite a las quejas
presentadas: una fue remitida a la oficina de control interno disciplinario de la
Superintendencia de Notariado y Registro y otras a la Personería Municipal de
Fusagasugá, por competencia. Por ello, sostuvo que ni esa entidad ni la
Procuraduría Provincial de Instrucción de Fusagasugá vulneraron los derechos
invocados.

23. La Contraloría General de la República solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva. Explicó que sus competencias se
circunscriben a la vigilancia y control de la gestión fiscal relacionada con recursos
públicos, mientras que la controversia versa sobre actuaciones civiles, notariales,
registrales, urbanísticas y judiciales relativas a un inmueble particular. Añadió que
los accionantes no le habían presentado ninguna solicitud relacionada con esos
hechos y que no podía intervenir previamente en decisiones a cargo de otras
autoridades.

24. La Auditoría General de la República también solicitó su desvinculación.
Indicó que sus funciones se limitan a vigilar la gestión fiscal de la Contraloría
General de la República y de las contralorías territoriales, mientras que las
autoridades involucradas en los hechos no son sujetos sometidos a su vigilancia.
En consecuencia, sostuvo que carecía de competencia para pronunciarse sobre
la legalidad de las actuaciones administrativas cuestionadas y que no se le
atribuía una conducta relacionada con la presunta vulneración.

25. La Sección Primera, Subsección C, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó negar el amparo o, en su defecto, declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado o la improcedencia de la tutela. Informó que
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho le fue asignado el 16 de
septiembre de 2025 y que, mediante auto del 2 de junio de 2026, inadmitió la
demanda, por lo que el expediente se encontraba en la Secretaría para continuar
el trámite. Agregó que durante ese periodo transcurrió la vacancia judicial y el
magistrado sustanciador estuvo incapacitado, y que los asuntos se atienden
conforme al orden de turnos, sin que se acreditara alguna circunstancia que
justificara alterarlo.

26. La Inspección Primera de Convivencia y Paz de Fusagasugá solicitó
su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que
respondió la petición de los accionantes el 2 de mayo de 2025 y que, en ejercicio
de sus facultades de control urbano, visitó el inmueble el 3 de junio de 2026.
Como resultado, el 4 de junio siguiente impuso el sello 12 de 2026 de suspensión
temporal de la obra, al advertir que la construcción excedía las condiciones

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

aprobadas en la licencia y en los planos. Añadió que iniciaría el proceso verbal
abreviado por presuntos comportamientos contrarios a la integridad urbanística,
aunque aclaró que no era competente para definir la titularidad del inmueble.

27. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá
solicitó declarar improcedente el amparo. Explicó que el 9 de mayo de 2025
respondió la petición de los actores y les indicó que, para bloquear el folio o
corregir las anotaciones 14 y 15, debían cumplir el procedimiento de la Instrucción
Administrativa 11 de 2015, previsto para los registros sustentados en
instrumentos presuntamente inexistentes. Asimismo, informó que la Escritura
Pública 1847 de 2021 fue presentada físicamente para su registro y que, mientras
no se demuestre lo contrario, los títulos y asientos registrales están amparados
por las presunciones de legalidad, autenticidad, veracidad y exactitud. Agregó
que la declaración de falsedad o nulidad corresponde a las autoridades judiciales
y que los actores disponían de mecanismos administrativos y judiciales distintos
de la tutela para proteger sus derechos.

28. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó declarar su falta de
legitimación en la causa por pasiva. Explicó que sus funciones son
administrativas y no comprenden la vigilancia judicial de procesos concretos ni la
investigación disciplinaria de los servidores judiciales. Precisó que la primera
atribución corresponde a los consejos seccionales de la judicatura y la segunda
a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Por ello, sostuvo que no le era
atribuible la vulneración alegada.

29. La Notaría 33 del Círculo de Bogotá manifestó que no vulneró los
derechos fundamentales de los actores. Explicó que la Escritura Pública 2737 del
13 de diciembre de 2024 se autorizó con fundamento en los documentos
aportados por los comparecientes, entre ellos, el certificado de tradición, los paz
y salvos y la Escritura Pública 1847 de 2021, que para ese momento aparecía
inscrita como antecedente de dominio. Agregó que efectuó la validación
biométrica de quienes intervinieron en la compraventa y que no podía desconocer
una inscripción registral vigente ni investigar la autenticidad material del título
antecedente. Finalmente, indicó que la definición sobre la propiedad, la nulidad
de las escrituras y la cancelación de los registros correspondía a las autoridades
judiciales competentes.

30. La Fiscalía 83 Seccional de la Unidad de Fe Pública y Orden
Económico sostuvo que no existía mora o inactividad atribuible a ese despacho.
Informó que la noticia criminal 110016000050202540789 se encontraba activa y
en etapa de indagación, y que había elaborado el programa metodológico e
impartido órdenes a la policía judicial para verificar la autenticidad de las
escrituras, reconstruir la trazabilidad de las actuaciones notariales y registrales,
inspeccionar el expediente del inmueble, entrevistar e interrogar a los
involucrados y practicar análisis documentológicos y grafológicos. Aclaró que las
medidas dirigidas a suspender obras, anular actos o definir la titularidad del

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

inmueble debían solicitarse ante las autoridades judiciales competentes, sin
perjuicio de acudir ante el juez de control de garantías si se reunían los
presupuestos para decretar medidas cautelares penales. Por ello, solicitó negar
el amparo respecto de esa entidad.

31. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva. Informó que la queja formulada
por los accionantes contra el superintendente de Notariado y Registro fue
repartida el 28 de julio de 2025 bajo el radicado 110010802000202500900-00.
Mediante auto del 3 de septiembre siguiente, concluyó que los hechos se
relacionaban con una actuación administrativa y no con el ejercicio de funciones
jurisdiccionales, por lo que remitió el expediente a la Procuraduría General de la
Nación. Agregó que la presunta mora en el proceso contencioso administrativo
no fue puesta en su conocimiento y que dicho trámite judicial se inició después
de la remisión de la queja.

32. La Curaduría Urbana Primera de Fusagasugá manifestó que no vulneró
los derechos fundamentales invocados. Explicó que el 8 de julio de 2025 se
radicó una solicitud de licencia de construcción en modalidad de obra nueva
respecto del inmueble con matrícula 157-102626 y que el trámite culminó con la
expedición de la Resolución RES 25290-1-25-0351 del 22 de diciembre de 2025,
ejecutoriada el 31 siguiente. Señaló que los accionantes pidieron que no se
expidiera la licencia, pero no aportaron una decisión judicial o administrativa que
ordenara suspender el trámite, ni solicitaron ser reconocidos como terceros
interesados ni formularon oportunamente objeciones acompañadas de pruebas.
Por ello, sostuvo que la licencia fue expedida con observancia del debido proceso
y se encontraba amparada por la presunción de legalidad.

33. La Superintendencia de Notariado y Registro se opuso al amparo y
solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Explicó que no
podía bloquear el folio, cancelar las anotaciones registrales ni suspender los
efectos de los títulos inscritos, pues tales decisiones corresponden a los jueces
civiles o penales competentes. Asimismo, indicó que sus facultades respecto de
los curadores urbanos son de inspección, vigilancia y control, pero no le permiten
revocar, suspender o modificar las licencias urbanísticas que estos expidan.
Agregó que los registradores y notarios actúan con autonomía y que los
accionantes ya habían promovido procesos civiles, penales y contencioso-
administrativos idóneos para formular sus solicitudes cautelares y controvertir la
validez de los títulos, registros y licencia.

34. El municipio de Fusagasugá solicitó declarar improcedente o negar el
amparo y disponer su desvinculación. Señaló que las dependencias municipales
atendieron las peticiones de los accionantes y ejercieron sus competencias de
control urbanístico. En particular, indicó que la Inspección Primera de
Convivencia y Paz de Fusagasugá respondió la solicitud presentada por aquellos,
realizó una visita técnica al inmueble y, al advertir inconsistencias entre la obra

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

ejecutada y las condiciones autorizadas, impuso el sello 12 de 2026 de
suspensión temporal. Agregó que las decisiones sobre la validez de los títulos, el
bloqueo del folio, las investigaciones y los procesos judiciales correspondían a
otras autoridades.

35. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería —COPNIA— solicitó
negar el amparo por falta de legitimación en la causa por pasiva. Explicó que no
intervino en los hechos, no recibió previamente una queja ético-profesional de los
accionantes y carecía de competencia para pronunciarse sobre la validez de
escrituras, registros, licencias urbanísticas o derechos de dominio. Precisó que,
si los actores estimaban que algún profesional sometido a su vigilancia había
infringido el Código de Ética, podían presentar la correspondiente queja para
determinar la procedencia de una investigación, sin que fuera posible ordenar
directamente la apertura de pliego de cargos o la suspensión de una matrícula
profesional. Además, advirtió que el auto admisorio fue enviado a un buzón de
atención general y no al destinado para notificaciones judiciales, razón por la que
intervino tardíamente.

36. El Departamento Nacional de Planeación —DNP— solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Manifestó que no
intervino en los hechos ni tiene funciones relacionadas con la autorización o
control de escrituras, el registro inmobiliario, las licencias urbanísticas, las
investigaciones penales o la resolución de controversias sobre la propiedad.
Añadió que los accionantes no le atribuyeron una acción u omisión concreta ni
formularon alguna pretensión a su cargo.

1.5. Sentencia de primera instancia

37. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de
junio de 2026, adoptó distintas determinaciones frente a las autoridades
accionadas y a las pretensiones formuladas por los accionantes. Como cuestión
previa, aceptó las solicitudes de desvinculación de la Contraloría General de la
República, la Auditoría General de la República y la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, al considerar que no se formularon reparos ni pretensiones
concretas en su contra. En cambio, mantuvo vinculados al Consejo Superior de
la Judicatura, a la Superintendencia de Notariado y Registro y al municipio de
Fusagasugá, debido a que los actores sí les atribuyeron actuaciones u omisiones
y formularon solicitudes a su cargo. Respecto del Departamento Nacional de
Planeación, no emitió pronunciamiento, pues esa entidad no había sido vinculada
al trámite.

38. Frente a la presunta mora del Juzgado 42 Civil Municipal de Bogotá, negó
el amparo. Explicó que esa autoridad había resuelto las medidas cautelares
solicitadas en el proceso declarativo mediante auto del 3 de diciembre de 2025,
es decir, antes de que se presentara la tutela. Precisó que el carácter
desfavorable de esa providencia no significaba que se hubiera configurado una

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

vulneración de los derechos fundamentales de los actores.

39. En cuanto a la Sección Primera, Subsección C, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
Consideró que, durante el trámite constitucional, esa autoridad profirió el auto del
2 de junio de 2026, mediante el cual inadmitió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. En criterio del a quo, con esa actuación
desapareció la omisión reprochada, pues el objeto de la tutela era obtener un
pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda, mientras que la medida
cautelar debía resolverse una vez aquella fuera subsanada y admitida.

40. De otra parte, declaró improcedente el amparo respecto de las
pretensiones dirigidas a suspender los efectos de los actos administrativos y
cualquier actividad u obra sobre el inmueble, por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad. Señaló que la legalidad de la licencia de construcción y la
procedencia de las medidas solicitadas podían discutirse en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que cursaba ante el Tribunal. Además,
estimó que no se acreditó un perjuicio irremediable que habilitara la intervención
transitoria del juez constitucional.

41. Finalmente, rechazó por improcedentes las solicitudes encaminadas a
ordenar al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, al Consejo Superior de la
Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación la apertura o agilización de
investigaciones disciplinarias y penales. Indicó que la acción de tutela no era el
escenario para disponer ese tipo de actuaciones y que los actores debían
formular sus solicitudes directamente ante las autoridades competentes.

1.6. Impugnación

42. Los accionantes impugnaron la sentencia, de una parte, porque
consideraron equivocada la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho
superado respecto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sostuvieron
que la inadmisión de la demanda no satisfizo materialmente su pretensión, pues
no se resolvieron las medidas cautelares ni se adoptó protección alguna sobre el
inmueble. En su criterio, el a quo confundió un pronunciamiento procesal formal
con la superación de la vulneración alegada.

43. También cuestionaron que se descartara la existencia de un perjuicio
irremediable. Afirmaron que las obras continuaban sobre el predio, que la cadena
registral presentaba indicios graves de fraude y que el inmueble constituía su
único patrimonio. Agregaron que son adultos mayores y que el señor Guillermo
Lizarazo Silva se encontraba en una situación crítica de salud al haber sufrido
un ACV11 debido al estrés causado por la situación, circunstancias que, en su
criterio, exigían una protección constitucional reforzada.

11 Accidente cerebrovascular.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

44. Asimismo, controvirtieron la improcedencia por falta de subsidiariedad.
Señalaron que la demanda contencioso-administrativa había sido inadmitida, que
la reforma de la demanda civil fue rechazada, que el municipio de Fusagasugá
manifestó carecer de competencia para suspender la licencia y que la Fiscalía 83
Seccional aún se encontraba recaudando elementos probatorios. Por ello,
sostuvieron que los medios ordinarios no les ofrecían una protección oportuna
frente al avance de las obras.

45. Con fundamento en lo anterior, solicitaron revocar la sentencia, amparar
sus derechos fundamentales y ordenar, como medida transitoria, la suspensión
inmediata de la obra y la inscripción de una medida cautelar en el folio de
matrícula inmobiliaria. Además, pidieron disponer que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, una vez subsanada la demanda, resolviera prioritariamente la
solicitud cautelar formulada en el proceso contencioso-administrativo.

1.7. Intervenciones en segunda instancia

46. Mediante auto del 31 de julio de 2026, el despacho ponente vinculó como
terceros con interés a los señores Mario González Montaño, Rafael Antonio Arias
Soler y Odilia Soler Tovar, así como a la Notaría 3 del Círculo de Bogotá, por
haber integrado el extremo pasivo del proceso verbal de nulidad de escritura
pública relacionado con algunas de las pretensiones formuladas en la tutela.
Además, tuvo en cuenta que los señores Arias Soler y Soler Tovar figuraban
como titulares registrales del inmueble y de la licencia de construcción
cuestionada.

47. Los señores Rafael Antonio Arias Soler y Odilia Soler Tovar solicitaron
su desvinculación y que se negaran las pretensiones. Manifestaron que son
adultos mayores y que también fueron víctimas de una estafa, pues adquirieron
el inmueble de buena fe al señor Mario González Montaño, luego de encontrarlo
publicado en la plataforma Marketplace y verificar en el certificado de tradición
que aquel figuraba como propietario. Señalaron que suscribieron la promesa de
compraventa el 10 de diciembre de 2024 y la Escritura Pública 2737 el 13 de
diciembre siguiente, para lo cual pagaron $40.000.000, provenientes de sus
ahorros. Posteriormente, registraron el negocio e iniciaron el trámite de licencia y
la construcción de una vivienda de tres niveles.

48. Indicaron que solo conocieron la controversia el 4 de junio de 2026, cuando
la Inspección Primera de Convivencia y Paz suspendió temporalmente la obra y
les advirtió sobre la existencia de una demanda. Al indagar, verificaron que la
Escritura Pública 1847 de 2021, utilizada por el vendedor como antecedente de
propiedad, no existía en los protocolos de las notarías 59 ni 79 de Bogotá. Por
ello, aseguraron que también resultaron afectados y que actuaron confiados en
la autenticidad de los documentos, pues ninguna de las autoridades notariales o
registrales advirtió irregularidades. Agregaron que formularon denuncia penal
contra el señor González Montaño por estafa y falsedad documental. Finalmente,

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

sostuvieron que la tutela no era el mecanismo para definir la validez de las
escrituras y anotaciones registrales, dado que existe un proceso civil en curso.

49. El señor Mario González Montaño y la Notaría 3 del Círculo de Bogotá
no se pronunciaron a pesar de haber sido notificados.

1.8. Manifestación de impedimento

50. Encontrándose el asunto en trámite para proferir sentencia de primera
instancia, el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez mediante escrito del 24 de
agosto de 2026, manifestó su impedimento para conocer del caso, con
fundamento en las causales previstas en los numerales 1 y 5 del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal. No obstante, mediante auto del 27 de agosto de
2026, el magistrado ponente declaró infundada la aludida manifestación.

II. CONSIDERACIONES

51. La Sala modificará parcialmente la sentencia de primera instancia,
únicamente para negar, en lugar de rechazar, las pretensiones relacionadas con
la apertura, el impulso y la definición de investigaciones penales y disciplinarias,
y la confirmará en lo demás.

2. Caso concreto

2.1. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
una acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

52. En este caso, los señores Rosa María Pabón Lizarazo y Guillermo
Lizarazo Silva están legitimados en la causa por activa porque afirmaron haber
adquirido el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 157-102626 y son
quienes atribuyen a las autoridades accionadas las actuaciones y omisiones que,
en su criterio, amenazan sus derechos fundamentales. Asimismo, son
demandantes en los procesos judiciales respecto de los cuales alegaron la
existencia de mora judicial.

53. Por su parte, el Juzgado 42 Civil Municipal de Bogotá y la Sección Primera,
Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca están legitimados en
la causa por pasiva, pues conocen de los procesos en los que, según los actores,
no se resolvieron oportunamente las actuaciones y las medidas cautelares
solicitadas.

54. También se encuentran legitimados en la causa por pasiva el municipio de
Fusagasugá, la Inspección Primera de Convivencia y Paz de Fusagasugá, la
Curaduría Urbana Primera de Fusagasugá, la Oficina de Registro de

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

Instrumentos Públicos de Fusagasugá, la Superintendencia de Notariado y
Registro, la Notaría 33 del Círculo de Bogotá, el Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la
Nación, porque los accionantes formularon reproches y pretensiones concretas
relacionadas con sus respectivas actuaciones o competencias.

55. La Procuraduría General de la Nación, la Inspección Primera de
Convivencia y Paz de Fusagasugá y el Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería —COPNIA— solicitaron su desvinculación del trámite constitucional.
La sala advierte que el a quo no adoptó una determinación expresa frente a esas
peticiones. Por tanto, corresponde a la Sala pronunciarse al respecto en esta
instancia.

56. En cuanto a la Procuraduría General de la Nación, se accederá a su
solicitud, pues a pesar de que fue vinculada como tercera con interés, los
accionantes no formularon una pretensión concreta en su contra. Además, esa
autoridad acreditó que remitió las quejas presentadas a las dependencias que
consideró competentes, sin que se advierta una acción u omisión que pueda
atribuírsele directamente o una eventual orden que deba cumplir en este trámite.

57. Por el contrario, se negarán las solicitudes de desvinculación de la
Inspección Primera de Convivencia y Paz de Fusagasugá y del Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería —COPNIA—, pues fueron vinculados con
ocasión del interés que les asiste en el resultado del trámite. En efecto, los
accionantes solicitaron que se ordenara a la primera suspender y paralizar las
obras adelantadas en el inmueble y, al segundo, abrir pliego de cargos contra el
curador urbano primero de Fusagasugá y suspender provisionalmente su
matrícula profesional. En consecuencia, como se explicó anteriormente, las
pretensiones formuladas guardan relación directa con sus respectivas
competencias.

58. Ahora, en la intervención presentada en segunda instancia, los señores
Rafael Antonio Arias Soler y Odilia Soler Tovar solicitaron su desvinculación con
fundamento en que adquirieron el inmueble de buena fe y también resultaron
afectados por las presuntas irregularidades en su tradición. Sin embargo, la Sala
negará esa petición, pues fueron vinculados como terceros con ocasión al interés
que les asiste en las resultas del presente trámite constitucional, pues figuran en
la anotación 15 del certificado de tradición como actuales titulares del derecho de
dominio y son beneficiarios de la licencia de construcción cuya suspensión
pretenden los accionantes. Además, integran el extremo pasivo del proceso civil
de nulidad de escritura pública.

2.2. Delimitación del estudio en el caso en particular

59. La solicitud de amparo contiene pretensiones de distinta naturaleza,
dirigidas contra autoridades judiciales, administrativas, registrales, notariales,

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

penales y disciplinarias. Por ello, con el fin de resolver integralmente la
controversia constitucional, la Sala organizará el estudio a partir de los siguientes
ejes temáticos:

i) la presunta mora judicial atribuida al Juzgado 42 Civil Municipal de Bogotá
y a la Sección Primera, Subsección C, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en los procesos promovidos por los actores para controvertir
los negocios jurídicos, las anotaciones registrales y los actos administrativos
relacionados con el inmueble;

ii) las solicitudes encaminadas a que el juez constitucional ordene al Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería, al Consejo Superior de la Judicatura y a
la Fiscalía General de la Nación abrir, impulsar o definir investigaciones
disciplinarias y penales; y

iii) las pretensiones dirigidas a suspender los efectos de la licencia de
construcción, paralizar las obras, bloquear el folio de matrícula inmobiliaria y
adoptar otras medidas materiales o registrales sobre el inmueble identificado
con matrícula 157-102626.

2.3. Presunta mora judicial en los procesos promovidos por los accionantes

60. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, en los casos en que: «(i) se presenta un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora,
como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es
imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial»12.

61. En sentencia SU-394 de 2016, la Corte Constitucional explicó que, ante la
imposibilidad de dictar la providencia en el plazo previsto por el legislador, la
autoridad judicial está en la obligación de informar al interesado de «las medidas
utilizadas y de las gestiones realizadas para evitar la congestión del despacho
judicial, así como de las causas que no permitieron dictar una decisión oportuna.
Lo anterior, por cuanto los interesados en la actuación procesal “tienen derecho
a conocer con precisión y claridad las circunstancias por las que atraviesa el
despacho judicial y que impiden una resolución pronta de los procesos”13».

2.3.1. El Juzgado 42 Civil Municipal de Bogotá no incurrió en la mora judicial
alegada

62. Los accionantes atribuyeron al Juzgado 42 Civil Municipal de Bogotá una
presunta demora en la resolución de las medidas cautelares solicitadas dentro

12 Ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-183 de 2024, T-420 de 2022 y SU-179 de 2021.
13 Sentencia T-030 de 2005.

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

del proceso declarativo de nulidad de escritura pública con radicado 11001-40-
03-042-2025-01072-00.

63. Sin embargo, como lo concluyó el a quo, el juzgado ya había emitido un
pronunciamiento. En efecto, mediante auto del 3 de diciembre de 2025, negó el
embargo y secuestro del inmueble y la inscripción de la demanda. Esa
providencia fue expedida antes de la presentación de la tutela, que tuvo lugar el
19 de mayo de 2026.

64. Por tanto, no existía la omisión que los accionantes le atribuyeron al
juzgado. El hecho de que la decisión cautelar fuera contraria a sus intereses no
configura mora judicial ni autoriza al juez constitucional para sustituir al juez
natural o modificar lo resuelto dentro del proceso ordinario.

65. Tampoco modifica esa conclusión que los accionantes hubieran
presentado una reforma de la demanda el 19 de mayo de 2026. Esta fue
inadmitida ese mismo día y posteriormente rechazada mediante auto del 10 de
junio de 2026, por no haber sido subsanada en debida forma. Tales actuaciones
descartan la inactividad judicial alegada y evidencian que el proceso recibió el
trámite correspondiente.

66. Además, la solicitud de amparo no contiene un reproche constitucional
autónomo contra las providencias mediante las cuales se negaron las medidas
cautelares o se rechazó la reforma. Por ello, no corresponde efectuar un estudio
propio de la tutela contra providencia judicial ni reabrir, bajo la denominación de
mora, el análisis de decisiones que ya fueron adoptadas.

67. La Sala no desconoce la preocupación de los actores frente a las
consecuencias que los negocios jurídicos cuestionados pueden tener sobre el
inmueble. Sin embargo, la tutela por mora judicial protege frente a una dilación
injustificada y atribuible a la autoridad, no frente al desacuerdo con el contenido
de las providencias adoptadas, ni frente a las consecuencias derivadas del
incumplimiento de las cargas procesales.

68. En consecuencia, se confirmará la negativa del amparo frente al Juzgado
42 Civil Municipal de Bogotá.

2.3.2. Se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto de la Sección Primera, Subsección C, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca

69. Frente a la Sección Primera, Subsección C, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, los actores alegaron que no se había emitido pronunciamiento
sobre la admisión de la demanda, ni sobre las medidas cautelares solicitadas en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado
25000-23-41-000-2025-01489-00.

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

70. Durante el trámite de primera instancia, el tribunal profirió el auto del 2 de
junio de 2026, mediante el cual inadmitió la demanda y concedió a los actores el
término para corregir los defectos advertidos. La providencia fue notificada por
estado el 4 de junio siguiente.

71. Los impugnantes sostuvieron que la inadmisión no satisfizo su pretensión
porque no implicó la adopción de una medida material de protección sobre el
inmueble. No obstante, ese argumento confunde las dos actuaciones a las que
hicieron referencia en la tutela: de una parte, obtener un pronunciamiento sobre
la admisibilidad de la demanda y, de otra, conseguir que se resolvieran las
medidas cautelares.

72. En relación con la primera, la omisión desapareció, pues el Tribunal profirió
la providencia que correspondía al estado procesal del expediente. De ahí que
cualquier orden dirigida a que decidiera sobre la admisibilidad resultaría inocua y
se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.

73. Respecto de la segunda, no era jurídicamente exigible que el tribunal
resolviera de fondo la medida cautelar antes de que los demandantes corrigieran
la demanda y se definiera si había lugar a admitirla o rechazarla. La acción de
tutela no puede utilizarse para prescindir de esas etapas ni para ordenar al juez
natural que adopte una determinación cautelar al margen de los presupuestos
del proceso.

74. Por tanto, se confirmará la declaración de carencia actual de objeto por
hecho superado respecto de la Sección Primera, Subsección C, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

2.4. Solicitudes relacionadas con la apertura, el impulso y la definición de
investigaciones penales y disciplinarias

75. Los accionantes solicitaron ordenar al Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería abrir pliego de cargos y suspender la matrícula profesional del curador
urbano; al Consejo Superior de la Judicatura iniciar investigaciones contra
distintos servidores y particulares; y a la Fiscalía General de la Nación impulsar
la noticia criminal, resolver las medidas reclamadas y definir las conductas de
fraude procesal y falsedad material. Atendiendo a la situación particular de los
accionantes, se procederá a realizar el estudio.

76. La Sala negará el amparo respecto de esas solicitudes, en lugar de
rechazarlas, toda vez que, como fueron sometidas a contradicción, corresponde
adoptar una determinación judicial que resuelva materialmente si las entidades
accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados.

77. Al respecto, vale la pena precisar que la acción de tutela no habilita al juez
constitucional, por ejemplo, para ordenar directamente la apertura de pliegos de
cargos, disponer suspensiones provisionales o señalar anticipadamente el
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

sentido de una investigación penal o disciplinaria. Tales determinaciones
corresponden a las autoridades especializadas, que deben valorar
autónomamente las quejas, denuncias y elementos probatorios, además de
garantizar la competencia, la imparcialidad y los derechos de defensa y
contradicción de las personas involucradas.

78. Como refuerzo de lo anterior, por ejemplo, en materia penal, la Corte
Constitucional, en la Sentencia T-148 de 2018, explicó que la Fiscalía General
de la Nación dispone de un margen de apreciación para dirigir la investigación de
los hechos que revistan las características de un delito. En consecuencia, el juez
de tutela no puede sustituirla en el ejercicio de sus funciones, salvo que se
acredite una actuación arbitraria o una omisión constitucionalmente relevante.

79. Esa circunstancia no se presenta en este asunto. La Fiscalía 83 Seccional
de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico informó que la noticia criminal
110016000050202540789 se encontraba activa, que elaboró un programa
metodológico y que impartió órdenes a la policía judicial para inspeccionar el
expediente registral, verificar la existencia de la Escritura Pública 1847 de 2021,
entrevistar e interrogar a los involucrados y practicar estudios documentológicos
y grafológicos.

80. Por consiguiente, no se acreditó inactividad, abandono o negativa a
investigar. Además, las medidas penales sobre el inmueble no pueden ser
decretadas directamente por la Fiscalía por la sola solicitud de los denunciantes.
Esa autoridad explicó que, si se reúnen los presupuestos legales y se recauda el
soporte probatorio necesario, podrá acudir ante el juez de control de garantías
para solicitarlas. Por ello, el juez constitucional no puede ordenar que se adopte
una medida cuyo estudio está sometido a una distribución legal de competencias
y a la valoración de elementos que aún se encuentran en recaudo.

81. En cuanto al componente disciplinario, el Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería informó que no había recibido previamente una queja ético-profesional
de los accionantes y que estos podían presentarla por los canales establecidos,
identificando al profesional, los hechos y las pruebas correspondientes. De esa
manera, no se acreditó que la entidad se hubiera negado a tramitar una solicitud
que estuviera obligada a resolver.

82. Aun si se promoviera la queja correspondiente, la tutela no sería el
mecanismo para ordenar de antemano la formulación de pliego de cargos o la
suspensión de la matrícula profesional. La autoridad competente debe iniciar la
actuación pertinente, valorar los elementos aportados y definir, dentro del
procedimiento previsto en la Ley 842 de 2003, si existe mérito para avanzar a
cada una de sus etapas.

83. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura explicó que no tiene
competencia para investigar disciplinariamente a servidores judiciales, función

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

que corresponde a la jurisdicción disciplinaria, ni para adelantar actuaciones
éticas contra notarios, registradores, curadores o autoridades municipales. En
consecuencia, tampoco puede ordenársele que asuma competencias atribuidas
por la Constitución y la ley a otras autoridades.

84. La Sala no desconoce la trascendencia de las irregularidades denunciadas
ni la necesidad de que sean investigadas con diligencia. En efecto, la presunta
inexistencia del título utilizado para modificar la tradición del inmueble amerita el
esclarecimiento de lo sucedido. No obstante, esa preocupación no permite al juez
de tutela prescindir de los procedimientos establecidos, anticipar
responsabilidades o imponer la apertura de pliegos de cargos y medidas
sancionatorias sin el correspondiente trámite.

85. Por consiguiente, se negará el amparo respecto de las pretensiones
dirigidas a ordenar la apertura, el impulso o la definición de las investigaciones
penales y disciplinarias.

2.5. Improcedencia de las pretensiones relacionadas con la licencia de
construcción, la ejecución de las obras y el folio de matrícula inmobiliaria

86. Los accionantes solicitaron suspender los efectos de la licencia de
construcción, paralizar las obras adelantadas en el inmueble, bloquear el folio de
matrícula inmobiliaria e impedir nuevas inscripciones. En la impugnación
insistieron en que estas medidas debían adoptarse transitoriamente para evitar
la configuración de un perjuicio irremediable.

87. La Sala confirmará la improcedencia declarada en primera instancia, toda
vez que el ordenamiento jurídico dispone de mecanismos judiciales idóneos para
controvertir la validez de los negocios jurídicos, las anotaciones registrales y los
actos administrativos relacionados con el inmueble, así como para solicitar
medidas cautelares encaminadas a proteger provisionalmente los derechos en
discusión.

88. En efecto, ante el Juzgado 42 Civil Municipal de Bogotá cursa el proceso
promovido por los actores para obtener la nulidad de las escrituras y de los
negocios jurídicos que sustentaron las transferencias cuestionadas. En esa
actuación solicitaron el embargo, el secuestro y la inscripción de la demanda,
pretensiones cautelares sobre las cuales el juez natural se pronunció mediante
auto del 3 de diciembre de 2025.

89. De igual modo, los accionantes promovieron el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho para controvertir las actuaciones administrativas
y los actos relacionados con la licencia de construcción. Este mecanismo permite
solicitar la suspensión provisional del acto demandado o, incluso, puede solicitar
medidas cautelares de urgencia, de conformidad con el artículo 234 del CPACA,
por lo que resulta materialmente apto para obtener la protección que reclaman

19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

mediante esta vía constitucional.

90. El hecho de que la demanda haya sido inadmitida no torna ineficaz el
medio ordinario. Por el contrario, esa decisión tuvo por objeto permitir que los
actores corrigieran los defectos advertidos antes de resolver sobre su admisión.
En consecuencia, las decisiones procesales adoptadas como resultado del
incumplimiento de las cargas exigibles a la parte interesada no habilitan el
desplazamiento del juez natural ni convierten la tutela en un mecanismo
alternativo.

91. Tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
justifique la procedencia transitoria del amparo. Aunque los actores afirmaron que
las obras continuaban, el 4 de junio de 2026 la Inspección Primera de
Convivencia y Paz de Fusagasugá (aunque por otro motivo) impuso el sello 12
de suspensión temporal, al advertir que la construcción no se ajustaba a la
licencia ni a los planos aprobados. De ese modo, la actividad cuya paralización
inmediata pretendían ya fue suspendida por la autoridad competente.

92. La Sala no desconoce que los accionantes son adultos mayores, que
afirman haber invertido sus ahorros y cesantías en la adquisición del inmueble y
que relacionan esta situación con afectaciones económicas y de salud. Sin
embargo, esas circunstancias no permiten tener por ineficaces los mecanismos
ordinarios disponibles, especialmente porque la obra se encuentra suspendida y
las controversias sobre los títulos, las anotaciones registrales y la licencia pueden
ser examinadas por los jueces competentes, quienes también están facultados
para adoptar las medidas cautelares que resulten procedentes.

93. En ese orden, la tutela no puede emplearse para sustituir los procesos
ordinarios en curso, reabrir solicitudes cautelares ya resueltas o subsanar el
incumplimiento de las cargas procesales exigidas para que el juez natural estudie
las pretensiones formuladas. En consecuencia, se confirmará la improcedencia
del amparo respecto de las solicitudes dirigidas a suspender la licencia y sus
efectos, paralizar las obras, bloquear el folio de matrícula inmobiliaria y adoptar
otras medidas materiales o registrales sobre el inmueble.

94. En vista de lo anterior, la Sala modificará parcialmente la sentencia del 12
de junio de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
únicamente en cuanto rechazó por improcedentes las pretensiones relacionadas
con la apertura, el impulso y la definición de investigaciones disciplinarias y
penales, para, en su lugar, negar el amparo frente a estas. En lo demás,
confirmará la providencia impugnada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Rosa María Pabón Lizarazo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03877-01

III. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia del 12 de junio de 2026,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, para en su lugar NEGAR
el amparo respecto de las pretensiones dirigidas a ordenar al Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía
General de la Nación la apertura, el impulso o la definición de investigaciones
disciplinarias y penales.

SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia del 12 de junio de 2026,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

TERCERO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación del presente trámite
constitucional de la Procuraduría General de la Nación.

CUARTO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Inspección Primera de Convivencia y Paz de Fusagasugá, por el Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería —COPNIA—, y por los señores Rafael
Antonio Arias Soler y Odilia Soler Tovar.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con aclaración de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.