Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03883-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03883-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03883-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: JUAN CARLOS BONILLA GARCÍA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y la propiedad privada, y de los principios
constitucionales de congruencia, legalidad y celeridad procesal / PROCESO EJECUTIVO /
SUBSIDIARIEDAD – No se encuentra acreditada por no agotar todos los medios de
defensa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Juan Carlos
Bonilla García, en nombre propio, contra la sentencia del 9 de julio de 2026,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 15 de mayo de 2026, la parte accionante interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado Segundo (2.°)2
Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, la E.S.E. Hospital Luis
Ablanque de la Plata de Buenaventura y la Superintendencia Nacional de Salud,
con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y la propiedad privada, y de
los principios constitucionales de congruencia, legalidad y celeridad procesal.
Hechos relevantes
i). De los hechos relativos al proceso ejecutivo radicado núm. 76109-33-33-
002-2019-00234-01
2. La señora Eliana Benítez González presentó demanda ejecutiva contra el
Hospital Luis Ablanque de la Plata, con el fin de obtener el cumplimiento de la
1
Que ingresó a despacho para fallo el 10 de agosto de 2026.
2
Antes, Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura en virtud de lo
dispuesto en la Resolución n° UDAER 24-7 del 11 de enero de 2024. Al respecto, ver documento
visible en el índice 30 de Samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
sentencia núm. 008 del 15 de febrero de 2022 y que se librara mandamiento de
pago por las prestaciones sociales reconocidas en dicha providencia por valor de
$9’731.898, debidamente indexadas y los intereses moratorios causados desde el
1 de marzo de 2022 hasta el pago total de la obligación.
3. El asunto correspondió al Juzgado Primero (1.°) Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Buenaventura que, por medio de auto del 14 de noviembre de 2023, se
abstuvo de librar mandamiento de pago al considerar que, dada la intervención
forzosa del ente de salud, no había posibilidad de admitir nuevos procesos
ejecutivos por el término de un año, contado desde el 15 de diciembre de 2022 hasta
el 15 de diciembre de 2023.
4. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte ejecutante promovió
recurso de apelación. Indicó que, conforme al artículo 20 de la Ley 1116 de 2011,
el juez debió remitir el expediente al agente especial en virtud de la Resolución No
2022420000008594-6 del 14 de diciembre de 2022, que dispuso la imposibilidad de
admitir nuevos procesos ejecutivos contra la entidad, pues considera que dicho
criterio contraviene disposiciones de orden legal.
5. Además, consideró que, de no librarse mandamiento de pago o la remisión del
proceso al agente interventor, se vulneraría lo dispuesto en los incisos 1, 5 y 6 del
artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 que regula los efectos de la sentencia, dada la
obligatoriedad que tiene el demandado de su cumplimiento.
6. El conocimiento del recurso fue asignado al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca que, a través de auto del 5 de septiembre de 2025, confirmó la decisión
apelada.
7. En criterio de la autoridad judicial, no era posible aún librar mandamiento de pago
o remitir el expediente en los términos solicitados por la ejecutante dadas las
consecuencias y efectos procesales que, por ministerio de ley, generaban la
intervención administrativa y toma de posesión de bienes del Hospital Luis Ablanque
de la Plata, de modo que cualquier requerimiento debía ser presentado
directamente al agente especial interventor de la entidad, para que, dentro del
proceso de intervención forzosa administrativa, fuese resuelta.
ii). De los hechos relativos al proceso ejecutivo radicado núm. 76109-33-33-
002-2022-00058-00
8. El señor Juan Carlos Bonilla García interpuso demanda ejecutiva contra la E.S.E.
Hospital Luis Ablanque de la Plata, con el objeto de obtener el pago de las sumas
ordenadas en la sentencia del 16 de junio de 2021, dictada dentro del medio de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 76109-33-33-002-2022-
00058-00.
9. Por medio de auto del 3 de junio de 2022, el Juzgado Segundo (2.°)
Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura resolvió librar mandamiento de
pago en favor de la parte demandante y en contra de la entidad ejecutada.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
10. No obstante, a través de auto del 24 de octubre de 2022, el Juzgado Segundo
(2.°) Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura ordenó la suspensión del
proceso ejecutivo. Ello, en atención a la solicitud radicada por el Distrito de
Buenaventura ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tendente a
someterse al programa de saneamiento fiscal y financiero PSFF, de conformidad
con lo contemplado en la Ley 1966 de 2019 y el Decreto No. 058 del 20 de enero
de 2020.
11. En desacuerdo con lo determinado por el juez de lo contencioso administrativo,
el señor Juan Carlos Bonilla García presentó petición de reanudación ante la
autoridad judicial.
12. El Juzgado Segundo (2.°) Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura,
mediante auto del 13 de abril de 2026, negó lo pretendido y se abstuvo de reiniciar
el proceso ejecutivo contra la E.S.E. Hospital Luis Ablanque de la Plata.
13. Como fundamento de su decisión, el Juzgado se remitió a lo dispuesto en la
Resolución núm. 2022420000008594-6 del 14 de diciembre de 2022, “[p]or la cual
se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la
Intervención Forzosa Administrativa para Administrar del HOSPITAL LUIS
ABLANQUE DE LA PLATA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (ESE) identificado
con NIT 835.000.972-3 del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y
Ecoturístico de Buenaventura”, proferida por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SALUD”3.
Pretensiones
14. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso (Art.
29 CP), acceso a la administración de justicia (Art. 229 CP) del accionante,
así como los de igualdad (Art. 13 CP) y, la propiedad privada (Art. 58 CP)
y, los principios de Congruencia, Legalidad y Celeridad Procesal, los
cuales fueron vulnerados por EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO
DE BUENAVENTURA mediante el Auto No. 376 del 13 de abril de 2026,
dentro del proceso ejecutivo a continuación de nulidad y restablecimiento del
derecho, con radicado 76109-33-33-002-2022-00058-00.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene DEJAR
TOTALMENTE SIN EFECTOS JURÍDICOS y, por ende, declarar la
ineficacia judicial del auto Interlocutorio No. 376 de abril trece (13) de
dos mil veintiséis (2026), QUE NIEGA LA REANUDACIÓN DEL
PROCESO TRAS LA SUSPENSIÓN PROLONGADA DEL MISMO POR
CAUSA DESAPARECIDA, por incurrir en un defecto procedimental
absoluto, un defecto sustantivo (desconocimiento del precedente), un
defecto fáctico y violación directa de la constitución, al sustentar la
negativa de reanudación en una causal de suspensión (Intervención
Forzosa) que no ha sido formalmente decretada en el proceso y sobre la
cual no se permitió el ejercicio del derecho de contradicción.
TERCERA: En consecuencia, ORDENAR AL JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE BUENAVENTURA que, en un término no mayor a
cuarenta y ocho (48) horas o, el que a su discreción considere el despacho,
3
Índice 20, ítem 38 e índice 043 páginas 41 a 59 del expediente digital Samai del proceso ejecutivo.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
profiera un nuevo auto interlocutorio que resuelva la solicitud de suspensión,
en el que se valore de manera integral el acervo probatorio, reconociendo
que la causal por la cual el proceso fue suspendido, desapareció tras el
DESISTIMIENTO de la solicitud radicada por la ESE HOSPITAL LUIS
ABLANQUE DE LA PLATA del Distrito de Buenaventura ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendiente a someterse al
programa de saneamiento fiscal y financiero PSFF, de conformidad con
lo contemplado en la Ley 1966 de 2019 y el Decreto No. 058 del 20 de
enero de 2020, y; limitando su análisis a la vigencia de la causal de
suspensión ordenada en el Auto No. 742 del 24 de octubre de 2022
(PSFF), que es la única situación jurídica consolidada en el expediente, tras
la evidente AUSENCIA DE UNA ORDEN JUDICIAL DE SUSPENSIÓN que
haya novado o subrogado la suspensión primigenia, con fecha de expedición
que anteceda el 13 de abril de 2026.
CUARTA: ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Salud y al Agente
Especial Interventor del HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA que,
en un término perentorio, presenten ante el juez del proceso ejecutivo y, el
juez de tutela un cronograma de pago efectivo de la acreencia objeto de
ejecución, bajo el entendido de que la intervención no puede ser utilizada
como una herramienta para la insolvencia selectiva o el impago perpetuo de
sentencias judiciales ejecutoriadas.
QUINTA: EXHÓRTESE de manera respetuosa a la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para que, en ejercicio de su función de
unificación jurisprudencial en el distrito, siente una línea clara que prohíba el
encadenamiento indefinido de causales de suspensión en procesos
ejecutivos contra entidades de salud, estableciendo que la intervención
administrativa no es un eximente de la responsabilidad judicial de
materializar los créditos laborales reconocidos judicialmente que sean
objetos de ejecución.
SEXTA: Subsidiariamente y, de considerarlo necesario REALÍCESE por el
Honorable Juez de Tutela un control de convencionalidad y, un juicio de
proporcionalidad entre la carga pública del ejecutante, de acatar la
suspensión de la ejecución procesal de su crédito por un lapso prudente y
razonable, frente al derecho a la reorganización financiera de la entidad
intervenida, igualmente durante un término prudente y razonable y, la
omisión de la judicatura en no haber novado la causa de la suspensión
oportunamente mediante providencia judicial. Porque de hacerse:
En dicho control y análisis, se debe reconocer que la exigencia de que el
ejecutante tolere una causal de suspensión procesal distinta a la primigenia,
que se extienda indefinidamente en el tiempo bajo otra causal o argumento
SOBREVINIENTE en la providencia confutada del 13 de abril de 2026,
constituyó una carga desproporcionada e imposible de cumplir, que
desconoció las garantías fundamentales prevista en los cánones 29 y 229
de la constitución. En consecuencia, se solicita declarar que la falta de
expedición oportuna de orden de suspensión de la judicatura distinta a la
primigenia, no podía operar en perjuicio del ejecutante, sino que las
consecuencias las debió acarrear la ejecutada, quien ya había solicitado
suspensión procesal bajo otra causal, ante de haber sido intervenida, el 14
diciembre del año 2022.
SÉPTIMA: Subsidiariamente ORDENAR AL JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE BUENAVENTURA que se abstenga de aplicar
"suspensiones sucesivas o encadenadas" que conviertan el proceso
ejecutivo en una parálisis indefinida, vulnerando el núcleo esencial del
derecho a la tutela judicial efectiva del señor JUAN CARLOS BONILLA
GARCÍA.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
OCTAVA: Subsidiariamente y, ante la evidencia de que la mora
administrativa y judicial ha provocado un incremento del pasivo del Hospital
de más del 2.500%, se ORDENE la compulsa de copias de todo lo actuado
administrativamente en la ESE HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA
PLATA DE BUENAVENTURA y lo judicial ante el JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE BUENAVENTURA, a la Contraloría General de la
República y a la Procuraduría General de la Nación, para que se
investigue la posible responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios
de la Superintendencia Nacional de Salud y, del HOSPITAL LUIS
ABLANQUE DE LA PLATA, incluidos Agentes Interventores que atienden el
trámite administrativo que, por acción u omisión, permitieron el crecimiento
exponencial de la obligación judicial, esto es, la pretermisión de sus deberes
o connivencia para que una deuda derivada de una obligación laboral
(prestaciones sociales) de tan solo $ 15.504.597 en el 2015, se convirtiera
en una de más de 414.875.797 a enero de 2026, como lo arroja la
información reportada por la misma entidad:
NOVENA: Que la orden impartida por el Honorable Magistrado, sea de
inmediato cumplimiento”4.
Fundamentos de la demanda de tutela
i). Fundamentos relativos al proceso ejecutivo radicado núm. 76109-33-33-
002-2019-00234-01
15. El señor Juan Carlos Bonilla García sostiene que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca asumió una “postura de neutralidad pasiva”, lo cual permitió que los
jueces de instancia aplicaran prórrogas de forma mecánica por un tiempo indefinido
sin tener un control sobre el impacto de las suspensiones.
4
Folios 2 y 3 del escrito de tutela.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
ii). Fundamentos relativos al proceso ejecutivo radicado núm. 76109-33-33-
002-2022-00058-00
16. La parte demandante alega la configuración de un defecto fáctico, al considerar
que el juzgado basó su decisión en un supuesto “conocimiento privado”, al realizar
búsquedas oficiosas en portales web como el “DAPRE” para hallar la Resolución
núm. 455 de 2025. En ese sentido, señala que dichos documentos no fueron
incorporados formalmente al expediente ni se corrió traslado de estos a las partes,
lo que impidió el ejercicio del derecho de contradicción. Asimismo, cuestiona que el
juez hubiera dado por sentado un efecto automático de la intervención
administrativa sobre un proceso que ya se encontraba suspendido por una causal
distinta, relacionada con el PSFF.
17. Sostiene que se incurrió en un defecto procedimental absoluto, en la medida
en que el juzgado desconoció las etapas legales previstas en el CPACA y el CGP,
al no proferir previamente un auto de reanudación antes de analizar la nueva causal
de suspensión. Al respecto, afirma que no resulta jurídicamente viable la
“suspensión sobre suspensión”, por lo que el juez debió declarar la desaparición de
la circunstancia que había dado lugar a la suspensión por el PSFF, reanudar el
proceso y, solo entonces, analizar la nueva circunstancia derivada de la intervención
forzosa.
18. Por otro lado, plantea que se configuró un defecto sustantivo, habida cuenta
de que se inaplicaron los artículos 162 y 163 del Código General del Proceso, los
cuales, a su juicio, obligan al juez a decretar la reanudación del proceso una vez
desaparece la causa que originó su suspensión. En ese sentido, sostiene que el
juez interpretó erróneamente que la resolución de la Superintendencia Nacional de
Salud produce automáticamente la suspensión del proceso, pese a que esta
constituye un acto reglado cuya adopción compete exclusivamente al juez.
19. Finalmente, alega una violación directa de la Constitución, porque se omitió
realizar un test de proporcionalidad conforme a la Sentencia SU-277 de 2025 de la
Corte Constitucional. Aduce que la aplicación de dicha herramienta habría permitido
determinar si la prolongación de la parálisis procesal, que supera los 40 meses,
implicaba un sacrificio excesivo del derecho del acreedor laboral frente a la
protección del patrimonio público.
iii). Fundamentos relativos a la Superintendencia Nacional de Salud y la E.S.E.
Hospital Luis Ablanque de la Plata
20. El actor manifiesta que la Superintendencia Nacional de Salud incurrió en una
omisión técnica y administrativa al no culminar con prontitud la intervención forzosa
del ente de salud. A su juicio, dicha actuación convirtió una medida de carácter
transitorio y excepcional en una estructura permanente de gestión, la cual “cronificó”
la deuda y generó un detrimento patrimonial al erario por la acumulación
astronómica de intereses moratorios.
21. Asimismo, indica que la E.S.E. Hospital Luis Ablanque de la Plata utilizó los
programas de saneamiento e intervención como una herramienta de insolvencia
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
selectiva para eludir el pago de sentencias judiciales ejecutoriadas de naturaleza
laboral.
22. Al respecto, sostiene que existe una pasividad y connivencia administrativa que
ha permitido una gestión antieconómica del litigio, “provocando que una deuda por
prestaciones sociales que en 2015 era de $15.504.597 ascendiera a más de
$414.875.797 en 2026, lo que representa un incremento superior al 2.500%. Tal
situación, la califica como una ‘expropiación judicial de facto’, donde la entidad se
beneficia de un encadenamiento indefinido de suspensiones procesales para no
satisfacer créditos que gozan de especial protección constitucional”5.
Trámite procesal
23. El conocimiento de la primera instancia del proceso de tutela de la referencia
correspondió a la consejera de Estado Gloria María Gómez Montoya. El 29 de mayo
de 2026, por considerar estar incursa en la causal prevista en el numeral 5.° del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, manifestó su impedimento para
estudiar el asunto.
24. No obstante, a través de auto del 5 de junio de 2026, la Sección Quinta del
Consejo de Estado, declaró infundado el impedimento al no encontrarse
configurada la causal invocada.
25. Por medio de auto del 16 de junio de 2026, el despacho de la magistrada Gloria
María Gómez Montoya admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar
a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al Juzgado
Segundo (2.°)6 Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, a la E.S.E.
Hospital Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura y a la Superintendencia
Nacional de Salud, como accionados, y al Ministerio de Salud y Protección Social,
a la señora Eliana Benítez González y al Juzgado Primero Administrativo Mixto del
Circuito Judicial de Buenaventura, como terceros con interés. Entre otras
decisiones.
Intervenciones
26. El magistrado Juan Pablo Dossman Cortez, como integrante del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, rindió informe y señaló que la decisión que se
cuestiona en la presente acción es la adoptada el 13 de abril de 2026 por el Juzgado
Segundo (2.°) Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura dentro del
proceso ejecutivo radicado núm. 76109-33-33-002-2022-00058-00. Por ello, indicó
que la autoridad que representa no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la
parte actora.
27. Aduce, además, que el asunto conocido por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca fue el radicado núm. 76109-33-33-002-2019-00234-01, en el cual figura
5
Folio 6. Archivo “055_55Sentencia_VFDANIEL202603883JUA”.
6
Antes, Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura en virtud de lo
dispuesto en la Resolución núm. UDAER 24-7 del 11 de enero de 2024. Al respecto, ver documento
visible en el índice 30 de Samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
como ejecutante la señora Eliana Benítez González, quien es un sujeto distinto al
accionante en el asunto en comento.
28. Finalmente, aportó el enlace de acceso al expediente contentivo del proceso
ejecutivo radicado núm. 76109-33-33-002-2022-00058-00.
29. El Juzgado Primero (1.°) Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura precisó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio
de auto del 5 de septiembre de 2025, confirmó el auto del 14 de noviembre de 2023,
a través del cual se negó el mandamiento de pago en contra de la E.S.E. Hospital
Luis Ablanque de la Plata y en favor de la señora Eliana Benítez González.
30. Manifestó que dicha decisión estuvo debidamente motivada y no se configuró
actuación arbitraria o constitutiva de vía de hecho, pues se ajustó al marco de la
Constitución, la ley y las normas procesales aplicables. En ese sentido, solicitó su
desvinculación del trámite.
31. La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, en la medida en que no ha incurrido en vulneración
alguna de derechos fundamentales. Señaló que la acción va encaminada a dejar
sin efectos jurídicos los autos por los cuales se rechaza la demanda mencionada en
el acápite de los hechos, por cumplir presuntamente con los requisitos de ley.
32. En razón de lo expuesto, pidió su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
33. El Juzgado Segundo (2.°) Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura allegó el enlace de acceso al expediente radicado núm. 76109-33-
33-002-2022-00058-00. Planteó que la parte accionante pretende utilizar la acción
de tutela como una instancia adicional al proceso ejecutivo, por lo que solicitó tener
en cuenta los argumentos expuestos en la providencia acusada.
34. Pese a haber sido notificados en debida forma, la E.S.E. Hospital Luis
Ablanque de la Plata de Buenaventura, la Superintendencia Nacional de Salud
y la señora Eliana Benítez González guardaron silencio.
La sentencia de primera instancia
35. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de sentencia del 9 de
julio de 2026, declaró la falta de legitimación en la causa por activa del actor
respecto del proceso ejecutivo promovido por Eliana Benítez González y declaró
improcedentes los restantes reproches por incumplimiento de los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional.
36. En primer lugar, el a quo negó las solicitudes de desvinculación solicitadas por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado Primero (1.°)
Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura y el Ministerio de Salud
y Protección Social. Frente a las autoridades judiciales referidas, expuso que su
vinculación al trámite constitucional tenía lugar porque actuaron en el proceso
ejecutivo seguido bajo el radicado 76109-33-33-002-2019-00234-01, asunto que fue
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
invocado por el accionante en el escrito inicial. Asimismo, en cuanto a la cartera
ministerial, señaló que le asiste interés en el asunto por ser la autoridad que
participa en la intervención forzosa de Buenaventura.
37. Ahora bien, para resolver el caso concreto, la Sección Quinta de esta
Corporación planteó tres problemas jurídicos: (i) el primero, respecto a la
providencia del 13 de abril de 2026 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Buenaventura, en el marco del proceso ejecutivo seguido
bajo el radicado núm. 76109-33-33-002-2022-00058-00; (ii) el segundo, relacionado
con el auto del 5 de septiembre de 2025 dictado en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera en el ejecutivo con radicado núm.
76109-33-33-001-2019-00234-01; y (iii) el tercero, acerca de la actuación
administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud y la E.S.E. Hospital Luis
Ablanque de la Plata de Buenaventura.
38. En lo referente a los puntos (ii) y (iii), la Sala consideró que denotaban una
inconformidad con la decisión proferida por el juez ordinario de segunda instancia,
así como con la actuación administrativa tanto de la Superintendencia Nacional de
Salud como de la E.S.E. Hospital Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura. Por
lo tanto, este mecanismo resultaba improcedente al no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.
39. Asimismo, declaró la falta de legitimación en la causa por activa del señor Juan
Carlos Bonilla García respecto del reproche relacionado con el proceso radicado
núm. 76109-33-33-001-2019-00234-01, dentro del cual figura como accionante la
señora Eliana Benítez González.
40. Finalmente, en cuanto al punto (i) el a quo indicó que no se encontraba
acreditado el requisito de subsidiariedad, por cuanto la controversia planteada en
esta acción constitucional no fue propuesta oportunamente en el proceso ordinario
ni fue objeto de debate en el mismo por vía del recurso de reposición; presupuesto
sine qua non para que esta Colegiatura pudiera entrar a analizar la providencia que
puso fin a la litis.
La impugnación
41. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
42. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
43. De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala de Subsección
determinar, en primer lugar, la legitimación en la causa por activa de la parte
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
accionante y, de superarse este presupuesto, la procedencia de la acción de tutela
y la eventual vulneración de sus derechos fundamentales. En ese sentido, el
problema jurídico se circunscribe a responder:
(i) ¿La parte accionante está legitimada en la causa por activa para controvertir
el auto del 5 de septiembre de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca dentro del proceso ejecutivo radicado núm. 76109-33-33-001-
2019-00234-01, en el cual figura como accionante la señora Eliana Benítez?
(ii) ¿La acción de tutela satisface los requisitos generales de procedibilidad, en
particular, el de subsidiariedad, respecto del Juzgado Segundo (2.°)
Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura?
(iii) De ser así, ¿dicha autoridad judicial vulneró los derechos fundamentales de
la parte accionante al proferir la providencia del 13 de abril de 2026, dentro del
proceso ejecutivo radicado núm. 76109-33-33-002-2022-00058-00?
(iv) Finalmente, ¿si la E.S.E. Hospital Luis Ablanque de la Plata, la
Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección
Social, en el marco de sus competencias, ¿vulneraron alguna garantía
iusfundamental de la parte accionante?
44. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, (iii) el principio de subsidiariedad y (iv) el
caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
45. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20057, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
46. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar8: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional10 o el Consejo de Estado11,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP12; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
7
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
8
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
9
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
11
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable13 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Del requisito de relevancia constitucional
47. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
48. La Corte Constitucional indicó14 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
49. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en los
eventos en que se pretende reabrir la discusión15: (i) el debate debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
50. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia16.
13
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
15
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
11
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Del principio de subsidiariedad.
51. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.° del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio
de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración
del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con una herramienta
idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable en los términos
de la jurisprudencia constitucional.
52. En la sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo
medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante.
53. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, se admite
excepcionalmente la tutela y es tarea del operador jurídico realizar un examen
flexible de procedibilidad de la acción. Así, ha sostenido la Corte:
“[…] 46. En sentencia SU-588 de 2019, esta Corte reiteró su postura
respecto del requisito de subsidiariedad y estableció que este principio
responde a las reglas de (i) exclusión de procedencia y (ii) procedencia
transitoria.
47. En otras palabras, (i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para
resolver el problema jurídico y no hay riesgo de que se configure un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen
mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto
a consideración del juez constitucional, la tutela será procedente de manera
definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de
medios de defensa idóneos y eficaces, pero exista riesgo de configuración
de un perjuicio irremediable, el amparo será procedente de manera
transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del
accionante”.17
Caso concreto
54. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumplen con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela.
i). Del proceso ejecutivo radicado núm. 76109-33-33-002-2019-00234-01
55. En el presente asunto, la parte accionante cuestiona la providencia del 5 de
septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en
el curso del proceso ejecutivo radicado núm. 76109-33-33-002-2019-00234-01.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2022.
12
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
56. Al respecto, el artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de
tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona
para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública y, excepcionalmente de los particulares, en los casos
específicamente previstos por la ley.
57. En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 establece que:
“ARTÍCULO 10. LEGITIMIDAD E INTERÉS. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales”.
58. Asimismo, el Decreto 2591 de 1991, señala que los titulares de la acción de
tutela podrán solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial
(abogado titulado con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de
agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover
su propia defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran
legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los
personeros municipales (facultados para intervenir en representación de terceras
personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado).
59. De las anteriores normas se desprende que uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela es que quien la instaure se encuentre legitimado
en la causa por activa para buscar la protección de sus derechos fundamentales.
Es decir, este presupuesto exige que los derechos objeto de protección estén en
cabeza del accionante y no, en principio, de otra persona.
60. En el caso bajo estudio, se advierte que el actor cuestiona el análisis y las
conclusiones que llevaron al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a negar el
mandamiento de pago en el proceso ejecutivo radicado núm. 76109-33-33-002-
2019-00234-01. Sobre ello, reprocha que el tribunal perdió la oportunidad u omitió
definir una línea jurisprudencial que estableciera las subreglas sobre la procedencia
de librar mandamiento de pago contra entidades sujetas a procesos de intervención
forzosa.
61. Al revisar la acción de tutela, la Sala observa que el señor Juan Carlos Bonilla
García carece de legitimación en la causa para promover esta acción constitucional,
toda vez que no demuestra de qué manera las actuaciones llevadas a cabo por las
autoridades accionadas menoscaban sus derechos fundamentales, ni tampoco que
tenga interés legítimo en el proceso, toda vez que la parte actora es la señora Eliana
Benítez González.
13
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
62. Al respecto, la jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en
relación con la figura de la acción de tutela, que si bien es cierto que la informalidad
es una de sus características, cuyo fundamento consiste precisamente en la
aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
procesales, también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos
requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de los cuales se encuentra el atinente
a la debida acreditación de la legitimación por activa o la titularidad para promover
el recurso de amparo constitucional18.
63. Así las cosas, por las razones señaladas, frente a este punto se confirmará la
sentencia objeto de impugnación que declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia por no acreditarse la legitimación en la causa por activa.
ii). Del proceso ejecutivo radicado núm. 76109-33-33-002-2022-00058-00
64. Respecto de lo alegado por parte actora frente a la providencia del 13 de abril
de 2026, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura en el marco del proceso ejecutivo seguido bajo el radicado 76109-
33-33-002-2022-00058-00.
65. Así las cosas, comoquiera que la decisión cuestionada corresponde a un auto
proferido por el juez que conoce del proceso ejecutivo, la Sala advierte que la parte
accionante contaba con un medio ordinario de defensa judicial para controvertir los
yerros que, a su juicio, se configuraron en la providencia del 13 de abril de 2026. En
efecto, el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece, como regla general, que el recurso de
reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario, y dispone
que, en cuanto a su oportunidad y trámite, debe observarse lo previsto en el Código
General del Proceso. Por su parte, el artículo 318 de este último estatuto señala que
dicho recurso tiene por finalidad obtener del mismo funcionario que profirió la
providencia su reforma o revocatoria.
66. En el presente asunto, la Sala no advierte la existencia de una disposición
especial que excluya la procedencia del recurso de reposición contra el auto
mediante el cual se negó la reanudación del proceso ejecutivo. De igual manera, las
normas que regulan la interrupción, suspensión y reanudación del proceso no
consagran una excepción que sustraiga esa decisión de la regla general prevista en
el artículo 242 del CPACA. En consecuencia, el auto del 13 de abril de 2026 era
susceptible de ser controvertido mediante reposición, mecanismo a través del cual
el accionante podía solicitar su reforma o revocatoria y plantear ante el juez de la
ejecución los cuestionamientos que posteriormente formuló en sede constitucional.
67. En particular, a través de dicho recurso la parte actora podía controvertir: (i) la
utilización y valoración de los documentos que, según afirma, no fueron
incorporados regularmente al expediente ni sometidos a contradicción; (ii) la
interpretación de las disposiciones del CPACA y del CGP relativas a la suspensión
y reanudación del proceso; (iii) los efectos que la intervención forzosa administrativa
podía producir sobre un proceso ejecutivo previamente iniciado y suspendido por
una causa diferente; y (iv) la alegada necesidad de efectuar un juicio de
18
Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007, C-483 de 2008 y T-217 de 2013 de la Corte Constitucional.
14
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
proporcionalidad respecto de la prolongación de la suspensión. Tales reparos
guardan relación directa con los fundamentos del auto cuestionado y, por ello,
podían ser sometidos inicialmente al conocimiento del juez natural mediante el
mecanismo ordinario dispuesto por el legislador.
68. La circunstancia de que la reposición sea un recurso horizontal no permite
concluir, por ese solo hecho, que carezca de idoneidad. Precisamente, su finalidad
consiste en brindar al funcionario que profirió la providencia la oportunidad de
revisar los argumentos de inconformidad y, de encontrarlos fundados, reformar o
revocar su determinación. Por tanto, frente a los reproches formulados por el
accionante, dicho mecanismo tenía aptitud jurídica para propiciar la corrección de
las irregularidades denunciadas sin necesidad de acudir directamente al juez
constitucional.
69. No obstante, está acreditado que el actor no interpuso el recurso de reposición
contra la providencia del 13 de abril de 2026 y, por tanto, los cuestionamientos
relacionados con la incorporación y contradicción de elementos probatorios, la
aplicación de las normas que regulan la suspensión y reanudación del proceso, los
efectos de la intervención administrativa y la proporcionalidad de la medida no
fueron sometidos oportunamente al juez de la ejecución. De ahí que la acción de
tutela no pueda emplearse para reabrir una oportunidad procesal que el accionante
dejó vencer, salvo que se demuestre que el mecanismo ordinario carecía de
idoneidad o eficacia en las circunstancias concretas, o que resulte necesaria la
intervención transitoria del juez constitucional para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable.
70. Tampoco se acredita un perjuicio irremediable que permita superar
excepcionalmente la falta de agotamiento del mecanismo ordinario19. Si bien el
recurso de reposición ya no se encuentra disponible por haber transcurrido la
oportunidad para ejercerlo, esa circunstancia deriva de la propia inactividad
procesal del accionante y no habilita, por sí misma, la intervención del juez
constitucional. En consecuencia, corresponde determinar si, pese a esa omisión, se
acreditó una afectación inminente, grave, urgente e impostergable que justifique
excepcionalmente el amparo transitorio.
71. Ahora bien, aunque la parte accionante sostiene que la suspensión del proceso
ejecutivo se ha prolongado por un lapso considerable y que dicha situación incide
en la satisfacción de la acreencia reconocida judicialmente, tales circunstancias, por
sí solas, no permiten tener por acreditados los presupuestos de inminencia,
gravedad, urgencia e impostergabilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional
para habilitar la procedencia transitoria de la acción de tutela.
72. En efecto, el accionante no demostró que la falta de intervención inmediata del
juez constitucional comporte, en las circunstancias concretas del asunto, la
producción cierta y próxima de un daño irreversible sobre sus derechos
fundamentales. La afectación que invoca se relaciona principalmente con la
19
Las características del perjuicio irremediable se concretan en un riesgo “(i) inminente, es decir,
que la lesión o afectación al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto es, que el daño del bien jurídico
debe ser de una gran intensidad; (iii) urgente, en tanto que las medidas para conjurar la violación o
amenaza del derecho se requieren con rapidez; e (iv) impostergable, porque se busca el
restablecimiento de forma inmediata”, Corte Constitucional, Sentencia T-350 e 2025.
15
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
permanencia de la suspensión del proceso ejecutivo y con la consecuente
postergación del cobro de la obligación reconocida a su favor; sin embargo, no
aportó elementos que permitan concluir que esa situación haya tornado
definitivamente ilusoria la acreencia, que exista un riesgo actual de pérdida del
derecho reconocido o que la espera inherente al trámite judicial produzca un
menoscabo imposible de reparar posteriormente.
73. A su vez, la Sala considera que en la demanda no se acredita que la situación
planteada resulte impostergable en términos constitucionales. Los
cuestionamientos formulados por el actor —relativos a la incorporación y
contradicción de elementos probatorios, a la aplicación de las normas que regulan
la suspensión y reanudación del proceso, a los efectos de la intervención forzosa
administrativa y a la necesidad de efectuar un juicio de proporcionalidad— eran
susceptibles de ser puestos en conocimiento del juez de la ejecución mediante el
recurso de reposición contra el auto del 13 de abril de 2026. De este modo, el
ordenamiento ofrecía un mecanismo judicial orientado a obtener la revisión, reforma
o revocatoria de la providencia cuestionada antes de acudir al amparo
constitucional.
74. En ese contexto, la prolongación de la suspensión del proceso ejecutivo y la
inconformidad del accionante con la fundamentación empleada por el juzgado para
negar su reanudación no bastan, sin demostración adicional, para habilitar la
intervención excepcional del juez de tutela. Admitir lo contrario implicaría permitir
que el mecanismo constitucional sustituyera el recurso ordinario que el actor dejó
de ejercer oportunamente y convertiría la tutela en una instancia adicional para
revisar una providencia judicial respecto de la cual existía un medio de impugnación
disponible. Por consiguiente, al no haberse agotado dicho mecanismo y no
acreditarse un perjuicio irremediable, la acción de tutela resulta improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
75. En este contexto, por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, esta Sala
confirmará la decisión de primera instancia frente a la improcedencia de la acción
de tutela presentada contra el Juzgado Segundo (2.°) Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Buenaventura, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.
iii). De la presunta vulneración del Ministerio de Salud y de la Protección
Social, la Superintendencia Nacional de Salud y la E.S.E. Hospital Luis
Ablanque de la Plata
76. Finalmente, los reproches dirigidos contra el Ministerio de Salud y de la
Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y la E.S.E. Hospital Luis
Ablanque de la Plata no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, que
también se ha aplicado a decisiones administrativas20. En este caso el actor
cuestiona, en términos generales, la duración de la intervención, el aumento de la
20
Frente a ello, en la sentencia T-361 de 2017, la Corte Constitucional ha indicado que “[e]n ese
requisito, la Corte ha evaluado que el caso objeto de revisión involucra una controversia sobre el
contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, o implica un debate de relevancia
constitucional. En el sub lite, se configura un asunto de importancia para la Carta Política, en la
medida en que se discute en torno al alcance y aplicación del derecho de la participación en trámites
de expedición de actos administrativos de carácter general que reglamentan la delimitación de los
páramos. De ahí que, el juez debe concretar la vigencia de ese principio en materia ambiental”.
16
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03883-01
Accionante: Juan Carlos Bonilla García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
deuda y la gestión administrativa de las entidades, sin individualizar una actuación
u omisión específica que pueda ser atribuida directamente a estas y que, de manera
autónoma respecto del proceso ejecutivo, vulnere sus garantías fundamentales. En
realidad, la afectación alegada se concreta en la imposibilidad de continuar la
ejecución judicial de la acreencia, controversia que se encuentra directamente
vinculada con las decisiones adoptadas por el juez de la ejecución. En
consecuencia, se incumplió la carga argumentativa que debe tener toda solicitud de
amparo en la precisión de los hechos constitutivos de vulneración de derechos
fundamentales.
77. En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia del 9 de julio de 2026,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente
la acción de tutela presentada por el señor Juan Carlos Bonilla García, en nombre
propio, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado Segundo
(2.°) Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, la E.S.E. Hospital Luis
Ablanque de la Plata de Buenaventura y la Superintendencia Nacional de Salud.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de julio de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Juan Carlos Bonilla García, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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