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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03886-00

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03886-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Policía Nacional. Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por Harry Lincol Valencia Mosquera en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Chocó. Tercero. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03886-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03886-00
Demandante: Harry Lincol Valencia Mosquera
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó

Temas: Debido proceso y acceso a la administración de justicia sin
dilaciones injustificadas / Impulso procesal en el medio de control de
reparación directa
Decisión: Negar la solicitud de amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
_____________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Harry Lincol Valencia Mosquera, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Harry Lincol Valencia Mosquera promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, los cuales consideró vulnerados
con ocasión de la mora en que ha podido incurrir el Tribunal Administrativo del Chocó
para decidir, en segunda instancia, el medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 27001-33-33-001-2015-00574-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó2 demanda
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con la finalidad
de que se les declarara responsables de los perjuicios ocasionados por las lesiones
personales de las que fue víctima en hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2013, las
cuales le causaron una disminución en su capacidad laboral equivalente a 21.77%.

1 Ver índice 2 de Samai, archivo denominado «8ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
2 En conjunto con su núcleo familiar.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03886-00
Demandante: Harry Lincol Valencia Mosquera

2.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó en
sentencia del 6 de septiembre de 2021 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. En contra de esta decisión ambas partes presentaron recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo del Chocó en providencia del 24 de febrero de
2022 admitió el recurso de apelación. Posteriormente, el 21 de noviembre de 2022
el expediente ingresó a despacho para sentencia.

2.4. En providencia del 14 de mayo de 2024 «[e]n cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo primero del Acuerdo No CSJCHA24-24 del 19 de abril de 2024 “Por el cual se
redistribuyen procesos de los Despachos 001, 002 y 003 a los Despachos 004 y 005 del
Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, creados mediante Acuerdo PCSJA23-
12125 del 19.12.2023”, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura, remítase el
medio de control de la referencia al Despacho No 05 de esta Corporación, identificado con
el código número 270012333005, Magistrada DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO,
para su conocimiento y tramitación».

2.5. La magistrada Dunnia Madyuri Zapata Machado en providencia del 20 de
agosto de 2024 manifestó impedimento para conocer del medio de control. Razón
por la cual, el proceso fue remitido al despacho N° 01, donde la magistrada Mirtha
Abadía Serna en providencia del 18 de diciembre de 2024 también se declaró
impedida.

2.6. El 10 de noviembre de 2025 solicitó «información de orden cronológico de
turno ».

2.7. El magistrado Ariosto Castro Perea en providencia del 17 de febrero de 2026
aceptó el impedimento manifestado por la magistrada Dunnia Madyuri Zapata
Machado y declaró infundado el manifestado por Mirtha Abadía Serna.

2.8. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales con
ocasión de la falta de impulso procesal en el referido medio de control, para decidir
la controversia en segunda instancia, lo cual se «traduce en una revictimización de
quien ya fue víctima de los abusos agentes de la policía nacional, en tal magnitud que
como consecuencia de la golpiza que le propinaron tuvo pérdida de capacidad laboral ».

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] Primero: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, DESPACHOS N°
001 y N° 002 que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
providencia por medio de la cual se amparan los derechos fundamentales vulnerados,
respetando la autonomía funcional que se le otorga, adopte una decisión definitiva que
ponga fin al trámite de segunda instancia (sentencia de segunda instancia) en el medio de
control de reparación directa, radicado 27001333300120150057401, demandante: Harry
Lincol Valencia Mosquera y otros, demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03886-00
Demandante: Harry Lincol Valencia Mosquera

Tercero: Conminar al al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, DESPACHOS N° 001
y N° 002, de abstenerse de realizar actos contrarios a la orden que se imparta en el presente
proceso. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo del Chocó 3 requirió que se negara la solicitud de
amparo por cuanto no ha incurrido en mora judicial y tampoco ha vulnerado los
derechos fundamentales del demandante, pues el medio de control en cuestión se
encuentra a su cargo desde el 5 de marzo de 2026, ya que se posesionó el 7 de octubre
de 2025.

5. La Policía Nacional4 solicitó su desvinculación del trámite constitucional por
falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es la entidad que conoce en
segunda instancia del proceso contencioso administrativo en cuestión, y, por ende,
carece de competencia para proferir la sentencia reclamada.

6. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – falta de legitimación
en la causa por pasiva; iii) determinación del problema jurídico; iv) procedencia de la
solicitud de tutela - derechos de acceso a la administración de justicia y del debido
proceso sin dilaciones injustificadas; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1° del Decreto 333 del 6 de abril
de 20215 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Tribunal Administrativo del Chocó.

2.2. Cuestión previa – falta de legitimación en la causa por pasiva

9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales
cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del

3 Ver índice 9 de Samai, actuación denominada
«16RECIBEMEMORIAL_INFORMEACCIONDETUTEL(.docx) NroActua 9».
4
Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado
«18RECIBEMEMORIAL_Memorial_GS2026015503SEGEN(.pdf) NroActua 10».
5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03886-00
Demandante: Harry Lincol Valencia Mosquera

Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.

10. La Corte Constitucional6 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en los
trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental7. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso”8, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado
al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por
la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por los
de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe dar
primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o dificultar
el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples condiciones
plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”9 Ello obliga, por
tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a interpretar la demanda
de una forma tal que se favorezca la protección del derecho fundamental, sin perjuicio de
las garantías procesales de quien es demandado. […]».

11. La Policía Nacional solicitó su desvinculación del asunto al considerar que no
se le atribuyó la trasgresión que dio lugar a la interposición de la petición de amparo.

12. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue
en calidad de tercero con interés, al ser la entidad demandada dentro del medio de
control en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción,
razón por la cual se negará su solicitud.

2.3. Problema jurídico

13. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo del Chocó vulneró los derechos fundamentales de Harry Lincol Valencia
Mosquera con ocasión de la mora en que ha podido incurrir para proferir sentencia de
segunda instancia en el medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 27001-33-33-001-2015-00574-01?

6 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
7 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
8 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
9 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03886-00
Demandante: Harry Lincol Valencia Mosquera

2.4. Procedencia de la solicitud de tutela

14. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

15. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia10, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un
derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso sin
dilaciones injustificadas

16. El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de
justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del Estado 11,
pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una instancia
imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus conflictos se
puede pretender la consecución de una república democrática y respetuosa de la
dignidad humana.

17. Por su parte, el artículo 229 ibidem determinó que la administración de justicia no
se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión de
naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza de todos
los habitantes del país.

18. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
acceso a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional12:

«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a
la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha sostenido esta
Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del Estado Social de
Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo
esencial del debido proceso.

10 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de

2003.
11 Artículo 2 de la Constitución Política
12 Sentencia C-177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03886-00
Demandante: Harry Lincol Valencia Mosquera

[…]

En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia constitucional
le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de derecho fundamental
de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo esencial del derecho al debido
proceso, y relacionándolo con otros valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y
la libertad. Por virtud de tal vinculación, el acceso a la administración de justicia adquiere un
amplio y complejo marco jurídico de aplicación que compromete los siguientes
ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de
mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los
conflictos; (ii) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se
concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los
instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en
defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción
de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones
que han sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el
derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de
las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen
en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías
propias del debido proceso. […]».

19. Por su parte, tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el derecho
en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin
embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos y
analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de las
partes, como el debido proceso.

20. Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona
tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además
del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un plazo
adecuado.

21. La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la
definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio cumplimiento;
de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia quedaría al arbitrio de
cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso judicial efectivo sino los
bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido el de la igualdad de todas las
personas que acuden a la administración de justicia en procura de una solución pacífica
a las controversias sociales.

22. Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden de
ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos rigurosamente,
pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se encuentren
suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el marco de cada
caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y celeridad del juez,
existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan cumplirlos.

23. En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para
relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos por
el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora judicial

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03886-00
Demandante: Harry Lincol Valencia Mosquera

tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos procesales
para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales circunstancias
de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que las sentencias o
decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean materialmente
justas y acordes con las normas legales y los principios constitucionales.

24. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya otro
recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas aquellas
propias de las autoridades judiciales.

2.5. Análisis de la Sala

25. Harry Lincol Valencia Mosquera promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales, y, en consecuencia, se ordenara al Tribunal
Administrativo del Chocó proferir sentencia de segunda instancia en el medio de control
de reparación directa identificado con el radicado 27001-33-33-001-2015-00574-01.

26. De conformidad con la información registrada en Samai13 y el material probatorio
allegado, se destacan las siguientes actuaciones:

26.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó14 demanda
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con la finalidad
de que se les declarara responsables de los perjuicios ocasionados por las lesiones
personales de las que fue víctima en hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2013, las
cuales le causaron una disminución en su capacidad laboral equivalente a 21.77%.

26.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó en
sentencia del 6 de septiembre de 2021 resolvió:

«[…] PRIMERO: declárense no probadas las excepciones de “falta de medios probatorios
para establecer falla del servicio – carencia probatoria, inexistencia probatoria – no existe
claridad en los hechos – inexistencia de causalidad, inexistencia de responsabilidad a título
de imputación por falla del servicio, y objeción frente a los perjuicios morales y materiales”,
lo anterior, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional por los daños y perjuicios causados a los demandantes con ocasión a las
lesiones padecidas por el señor Harry Lincoln Valencia Mosquera en hechos ocurridos el día
09 de noviembre de 2013, en las instalaciones de la SIJIN del Comando Departamental de
la Policía-Chocó.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENESE a la NACIÓNMINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL a pagar por concepto de perjuicios morales las
siguientes sumas de dinero:

13 Ver en Samai el medio de control de reparación directa identificado con radicado 27001-33-33-001-

2015-00574-01.
14 En conjunto con su núcleo familiar.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03886-00
Demandante: Harry Lincol Valencia Mosquera

CUARTO: CONDÉNESE a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL a
pagar al señor Harry Lincoln Valencia Mosquera identificado con C.C. Nº 11.797.112 por
concepto de daño a la salud la suma de VEINTE (20) SMMLV.

QUINTO: CONDÉNESE a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL a
pagar al señor Harry Lincoln Valencia Mosquera por concepto de perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante morales la suma de VEINTITRES MILLONES CIENTO TREINTA
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($23.130.874) M/CTE.

SEXTO: CONDÉNASE en costas a la entidad demandada quien deberá pagar a los
demandantes, como agencias en derecho, en suma, equivalente al 7% del valor de las
condenas, valor que la entidad demandada deberá pagar a la parte demandante, o
apoderado judicial con facultad para recibir. Por Secretaria liquídense las costas como
gastos.

SEPTIMO: La entidad condenada, dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 192 y 195 del
C.P.A.C.A. Para su cumplimiento, expídase copia auténtica de la sentencia, con constancia
de ejecutoria a las partes, conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y siguientes del
C.P.A.C.A.

OCTAVO: DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda. […]».

26.3. En providencia del 30 de septiembre de 2021 resolvió:

26.4.El 3 de diciembre de 2021, el expediente se radicó ante el Tribunal
Administrativo del Chocó.

26.5.El 9 de diciembre de 2021, la parte demandante presentó apelación
adhesiva:

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03886-00
Demandante: Harry Lincol Valencia Mosquera

26.6. El Tribunal Administrativo del Chocó en providencia del 24 de febrero de
2022 resolvió:

26.7. El 21 de noviembre de 2022 el expediente subió al despacho para sentencia.

26.8. El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión en
providencia del 14 de mayo de 2024 informó lo siguiente:

26.9. El 27 de mayo de 2024, el asunto fue remitido a otro despacho por
redistribución, como se evidencia:

26.10. El 19 de junio de 2024 se notificó la providencia del 14 de mayo de 2024.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03886-00
Demandante: Harry Lincol Valencia Mosquera

En providencia del 20 de agosto de 2024 la magistrada se declaró impedida
26.11.
como se evidencia:

[…]

26.12.La anterior providencia fue notificada el 22 de agosto de 2024, se realizó el
cambio de ponente y subió al despacho los 27 y 29 siguientes.

En providencia del 18 de diciembre de 2024 se manifestó nuevo
26.13.
impedimento:

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03886-00
Demandante: Harry Lincol Valencia Mosquera

26.14. Por lo anterior, el 15 de enero de 2025 cambió de ponente.

26.15. El 5 de febrero de 2025 ingresó al despacho para resolver lo pertinente.

26.16.El 10 de noviembre de 2025, la parte demandante presentó solicitud de
información del orden cronológico de turno:

26.17.El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión en
providencia del 17 de febrero de 2026 resolvió:

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03886-00
Demandante: Harry Lincol Valencia Mosquera

26.18.El 5 de marzo de 2026 cambió de ponente e ingreso al despacho para
estudio.

26.19.A la fecha, el mencionado proceso, en Samai registra como últimas
actuaciones las siguientes:

27. Lo anterior es importante referirlo en la medida en que la Corte Constitucional ha
referido la existencia de un «test para determinar cuándo una autoridad judicial ha
desconocido las garantías judiciales al omitir resolver en un plazo razonable un proceso puesto
a su consideración: “i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; y iii) la
conducta de las autoridades públicas”»15, y también «que no toda mora judicial implica la
vulneración de los derechos fundamentales, por lo que es necesario que se verifique si se
incurre en un desconocimiento del plazo razonable y la inexistencia de un motivo que lo
justifique»16.

28. En concordancia con lo anterior, a juicio de la Sala, de acuerdo con el tiempo
que ha trascurrido desde que el asunto fue radicado ante el superior jerárquico, se
observa que se ha tramitado de manera diligente desde que se admitió el recurso de
apelación dadas las particularidades que se han presentado como lo son las diferentes
manifestaciones de impedimentos con las consecuentes providencias en las cuales se
han estudiado, la redistribución de asuntos, los cambios de despacho, las
notificaciones, los traslados, entre otras. Tan es así, que actualmente, luego de
resolverse los impedimentos manifestados, el proceso cambió de ponente y se
encuentra al despacho para estudio.

15 Ver las sentencias SU-394 de 2016, SU-453 de 2020, entre otras.
16 Ver sentencia T-186 de 2017, SU-453 de 2020, entre otras.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03886-00
Demandante: Harry Lincol Valencia Mosquera

29. Razón por la cual, en lo referente a la posible demora en la que ha podido incurrir
el Tribunal Administrativo del Chocó para proferir sentencia de segunda instancia en el
medio de control en cuestión, se recuerda que no todo incumplimiento de un término
judicial constituye una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, pues solo la tardanza injustificada acarrea su
desconocimiento, lo cual no es predicable en el presente caso como quedó
demostrado.

3. Decisión

30. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de los
derechos fundamentales invocados por Harry Lincol Valencia Mosquera en la solicitud
de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Chocó.

31. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Policía Nacional.

Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por Harry Lincol
Valencia Mosquera en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo
del Chocó.

Tercero. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

LVLQ

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03886-00
Demandante: Harry Lincol Valencia Mosquera

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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