Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03895-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03895-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03895-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03895-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03895-00
Accionantes: Juan José Rendón Giraldo
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura
Tema: Derechos al trabajo. Libre ejercicio de la profesión u oficio. Debido
proceso. Acceso a la administración de Justicia y a la igualdad.
CONCEDE AMPARO
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Juan José Rendón
Giraldo, en contra del Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al trabajo, libre
ejercicio de la profesión u oficio, debido proceso, acceso a la administración de
Justicia y a la Igualdad, que considera vulnerados en razón a que, con la obtención
del título profesional de Abogado, su tarjeta profesional temporal, automáticamente
perdió vigencia.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el accionante culminó sus estudios de derecho en la Universidad de Medellín
y, el 16 de diciembre de 2025, le fue expedida la Licencia Temporal de Abogado
No. 44.290 por el Consejo Superior de la Judicatura, habilitándolo para el ejercicio
provisional de la profesión.
Que el 24 de abril de 2026, la Universidad de Medellín le hizo entrega formal del
diploma que lo acredita como abogado.
1
Rad icado : 11001 -03 -15 -000 -2 02603 895 -0 0
Que el 15 de mayo de 2026 el Consejo Superior de la Judicatura expidió certificado
de vigencia de la licencia temporal, en el cual se reportó el estado de No Vigente, lo
que le impidió actuar en una audiencia judicial programada ante el Juzgado
Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá D.C.,
restringiendo arbitrariamente el ejercicio de su profesión.
Considera que la pérdida de vigencia automática de la licencia temporal por haber
obtenido el título de abogado resulta abiertamente contraria al ordenamiento jurídico
y a la finalidad misma de dicho documento, en tanto este constituye un mecanismo
de habilitación provisional destinado a garantizar el ejercicio profesional mientras se
culmina el trámite de obtención de la tarjeta profesional definitiva y el actor continúa
adelantando los requisitos legales y administrativos exigidos para dicha habilitación.
Que el 17 de mayo de 2026, presentó el examen de Estado de idoneidad para el
ejercicio de la profesión.
Que, conforme a la normativa actualmente vigente, la obtención del título de
abogado no conlleva ipso iure la expedición inmediata de la tarjeta profesional,
porque esta depende de un trámite administrativo posterior ante las autoridades
competentes. En consecuencia, carece de sentido jurídico que la licencia temporal
de abogado pierda vigencia automáticamente por la sola obtención del título
profesional, cuando aún no se ha materializado la habilitación definitiva para el
ejercicio de la profesión.
Afirmó que en el caso del abogado Rogelio Roldán Álvarez, portador de la Licencia
Temporal No. 34.333, la vigencia se mantuvo hasta la expedición de la tarjeta
profesional definitiva, lo que a su consideración evidencia un trato desigual frente a
situaciones jurídicas y fácticas sustancialmente idénticas.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia,
se ordene:
Al Consejo Superior de la Judicatura, expedir en un plazo de 48 horas el
reconocimiento de la vigencia de la licencia temporal No. 44.290, mientras obtiene
la tarjeta profesional definitiva.
Que se exhorte al Consejo Superior de la Judicatura y al Congreso de la República
para que regulen el vacío normativo generado por la Ley 1905 de 2018;
garantizando que los abogados que han obtenido su título universitario y se
encuentran en proceso de cumplimiento del requisito del examen de idoneidad,
cuenten con un mecanismo habilitante provisional que les permita el ejercicio de su
profesión durante dicho período de transición.
TRÁMITE DEL PROCESO
2
Rad icado : 11001 -03 -15 -000 -2 02603 895 -0 0
El 25 de mayo de 2026, se admitió la acción de tutela, se negó el decreto de la
medida provisional solicitada; y se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, en adelante (URNA), adujo que no procede
el amparo porque la licencia temporal del accionante perdió vigencia
automáticamente al obtener el título de abogado, en aplicación del Decreto 196 de
1971, dado que esta habilitación es excepcional y transitoria. Señaló que la
imposibilidad de ejercer sin tarjeta profesional no constituye una carga arbitraria,
sino una consecuencia del régimen legal vigente, en especial de la Ley 1905 de
2018, que exige aprobar el examen de Estado para acceder a la tarjeta profesional.
Indicó que, no existe vulneración del derecho a la igualdad, pues el caso del
abogado Rogelio Roldán Álvarez, no es comparable, ya que inició estudios antes
de la entrada en vigor de dicha ley y no estaba sometido al examen de idoneidad.
Añadió que tampoco se afecta de manera desproporcionada el derecho al trabajo,
pues el accionante puede desempeñar otras actividades jurídicas que no impliquen
representación de terceros.
Finalmente, sostuvo que reactivar la licencia temporal sería desnaturalizar su
carácter excepcional y carece de sustento normativo, razón por la cual solicitó negar
el amparo.
Se decidirá previo a las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) requisito para acceder a la expedición de la
tarjeta profesional, destinatarios de la Ley 1905 de 2018 y III) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
3
Rad icado : 11001 -03 -15 -000 -2 02603 895 -0 0
Requisito para acceder la tarjeta profesional en vigencia de la Ley 1905 de
2018 y vigencia de la licencia temporal regulada en el Decreto 196 de 1971
Los artículos 4 y 5 del Decreto Ley 196 de 1971 consagran que para ejercer la
profesión se requiere estar inscrito como abogado; para realizar dicho registro es
necesario haber obtenido el título correspondiente; y quien actúe como abogado
deberá exhibir su tarjeta profesional.
El artículo 31 de la misma norma establece:
«La persona que haya terminado y aprobado los estudios
reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida
podrá ejercer la profesión de abogado sin haber obtenido el título
respectivo, hasta por dos años improrrogables, a partir de la fecha de
terminación de sus estudios, en los siguientes asuntos: …»
La Ley 1905 de 2018 1 establece que los estudiantes de derecho que iniciaron sus
estudios después del 28 de junio de ese año, además de los requisitos exigidos en
las normas legales vigentes para obtener la tarjeta profesional, deberán aportar
certificación de aprobación del examen de Estado.
Precisa la ley que ese documento será necesario para “ser representante de una
persona natural o jurídica para cualquier trámite que requiera un abogado” 2 y señala
que “Para las demás actividades no se requerirá tarjeta profesional” 3.
La Corte Constitucional en la Sentencia C-594 de 2019, resaltó la idoneidad del
requisito del Examen de Estado de cara a la relevancia social de la profesión de
abogado y al riesgo social que implica su ejercicio, particularmente, cuando se
representan derechos de terceros.
Así mismo, en sentencia SU 128 de 2024, la Corte realizó un análisis de la evolución
normativa que ha tenido la regulación de la expedición de la tarjeta profesional de
abogado y reiteró la importancia que reviste la implementación de la prueba
dispuesta en la Ley 1905, señalando que esta persigue una finalidad legítima e
imperiosa, como es la de mejorar la calidad en el ejercicio de la abogacía y fortalecer
la probidad de los abogados en un Estado Social de Derecho.
En aquella oportunidad, la Corte se refirió a los tipos de licencias que para el
ejercicio de la profesión de abogado regulaba el Decreto 196 de 1971, para indicar
que el Consejo Superior de la Judicatura no tenía competencia para expedir una
licencia que no estaba regulada en la norma, ante la demora en la implementación
de examen de idoneidad por parte de esa entidad administrativa y la importancia de
los derechos en juego, es decir, el interés general que se protege con dicho examen;
el derecho fundamental a escoger libremente y ejercer la profesión sin limitaciones
1 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”.
2 Parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 1905 de 2018.
3 Ibidem.
4
Rad icado : 11001 -03 -15 -000 -2 02603 895 -0 0
injustificadas y el principio de confianza legítima de los ciudadanos que contrataron
los servicios profesionales de abogados con tarjeta provisional que a pesar de haber
cumplido con la inscripción al examen y con todos los trámites necesarios no habían
podido acceder a la tarjeta profesional.
Análisis del caso concreto
Alega el actor que, el Consejo Superior de la Judicatura transgredió sus derechos
fundamentales invocados, al cancelarle la vigencia de la licencia temporal 44.290
del 16 de diciembre de 2025, por el solo hecho de haberse graduado como abogado.
El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA25-12294 del 11 de
abril de 2025, «Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro
Nacional de Abogados, expedición de la tarjeta profesional de abogado, licencia
temporal y carné de juez de paz y reconsideración, se implementa la aplicación -
TPA-Digital-y se dictan otras disposiciones» que en el artículo 31 dispone que «La
licencia temporal tendrá una vigencia de dos (2) años improrrogables, contados a
partir de la fecha de terminación y aprobación de estudios o hasta cuando el titular
obtenga el título de abogado, lo que ocurra primero.»
Como elementos probatorios se aportaron al expediente, los siguientes4:
a) Licencia Temporal 44.290 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura
(URNA), el 16-12-2025, con fecha de terminación de materias el 20-11-2025 y de
vencimiento 20-11-2027, y con nota aclaratoria: «(…) TIENE UNA VALIDEZ DE
DOS AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE
ESTUDIOS O HASTA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO, LO QUE
OCURRA PRIMERO».
b) Acta de grado del 24 de abril de 2026 expedida por la Universidad de Medellín,
donde se le otorga el título de Abogado al señor Juan José Rendon Giraldo.
c) Certificado 567687, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura (URNA) en
el cual manifiesta que, «Una vez revisados los registros que contienen la base de
datos de esta Unidad, se constató que el(la) señor(a) JUAN JOSE RENDON
GIRALDO, quien se identifica con CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º (...) registra la
siguiente información» estado de la licencia temporal “no vigente” con fecha de
vencimiento 15-05-2026.
De los elementos relacionados se concluye que, el señor Juan José Rendón
Giraldo, culminó materias el 20 de noviembre de 2025, razón por la cual solicitó y
obtuvo la licencia temporal de abogado 44.290 el 16 de diciembre del mismo año;
la cual le fue expedida con vigencia hasta el 20 de noviembre de 2027 o hasta la
obtención del título profesional, lo que ocurriera primero.
4
Todo relacionado en el expediente índice SAMAI 02
5
Rad icado : 11001 -03 -15 -000 -2 02603 895 -0 0
Posteriormente, el 24 de abril de 2026, recibió el acta de grado que lo acreditó como
abogado, circunstancia que produjo automáticamente la pérdida de vigencia de la
licencia, quedando en estado “No vigente” el 15 de mayo de 2026.
Para la Sala la expedición de la licencia temporal con la anotación de vigencia de
dos años, contados a partir de la fecha de terminación de estudios «o hasta la
obtención del título de abogado, lo que ocurra primero» y la posterior anotación de
«no vigente» de dicha licencia, por el solo hecho de obtener el título universitario,
es fruto de una interpretación que restringe los derechos del accionante al trabajo y
al libre ejercicio de la profesión.
No resulta lógico que el señor Juan José Rendón Giraldo estuviera facultado para
representar los derechos de terceros en los asuntos que autoriza la norma sin
haberse graduado y una vez obtenido el título perdiera esa facultad.
Una interpretación lógica y sistemática de la norma que faculta al egresado para
ejercer la profesión de abogado sin haber obtenido el título debe consultar no solo
el efecto útil de la misma, sino también los derechos en juego y entender que ante
la exigencia legal del examen de idoneidad para la expedición de la Tarjeta
profesional; los dos años de vigencia permiten realizar todos los trámites necesarios
para obtener la tarjeta profesional, incluido este requisito.
Es más, aún una interpretación literal de la norma no conduce a entender que el
legislador otorgó mayores facultades al egresado que al graduado, cuando el mismo
Decreto en su artículo 18 estableció que «Los Tribunales expedirán licencia
provisional a los abogados que se inscriban a partir de la vigencia de este Decreto,
mientras el Ministerio de Justicia les entrega la correspondiente Tarjeta
profesional.» con la finalidad de que pudieran ejercer la profesión sin las demoras
que implicaba esperar la Tarjeta profesional expedida por el Ministerio de Justicia.
No puede entonces ahora, so pretexto de la vigencia de la Ley 1905 de 2018 que
exige la aprobación de un examen adicional para obtener la tarjeta profesional de
abogado, entenderse que la licencia temporal otorgada conforme al Decreto 196 de
1971 pierde vigencia por la obtención del título, sin que hayan vencido los dos años
legalmente establecidos y sin que el graduado haya cumplido los requisitos para la
obtención del documento que lo habilita para el ejercicio profesional; y no puede
prescribirse así en las licencia temporal que expide la autoridad administrativa.
No es admisible que se deje sin vigencia la licencia temporal por la titulación del
abogado, con base en el Acuerdo PCSJA25-12294 del 11 de abril de 2025, pues
este no puede estar por encima del Decreto 196 de 1971 que no establece tal
limitación, tal como quedó dicho, párrafos antes.
Frente al alegado trato desigual en relación con el señor Rogelio Roldán Álvarez, el
accionante no aportó algún elemento que demostrara que en iguales condiciones
se le dio un trato diferente y la entidad accionada expresó que el mencionado
6
Rad icado : 11001 -03 -15 -000 -2 02603 895 -0 0
abogado inició estudios antes de la vigencia de la Ley 1905 de 2018, por lo que no
estaba obligado a presentar el examen de idoneidad; argumento que no aparece
desvirtuado.
En cuanto a la pretensión, de que se exhorte al Consejo Superior de la Judicatura y
al Congreso de la República para que regulen el vacío normativo que según el
accionante se generó por la Ley 1905 de 2018, la Sala no evidencia algún vacío
legal, sino una indebida interpretación del ordenamiento, razón por la cual, exhortará
al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia (URNA) para que, en adelante no inserte esta anotación «O
HASTA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO, LO QUE OCURRA PRIMERO» en
las licencias temporales que expida a los egresados de las facultades de derecho.
En conclusión, se ampararán los derechos fundamentales vulnerados al actor y en
tal sentido se ordenará al Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), que en el término de (48)
horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, retire del registro de
abogado correspondiente al señor Juan José Rendón Giraldo la anotación de «No
vigente» de su licencia temporal; y se entienda que la misma se encuentra vigente
hasta la fecha inicialmente establecida. Igualmente, se realizará el exhorto indicado
en el párrafo anterior.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: AMPARAR los derechos fundamentales del señor Juan José Rendón
Giraldo, al trabajo y al ejercicio de la profesión u oficio, con las limitaciones que le
impone la ley; conculcados por el Consejo Superior de la Judicatura (URNA),
conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.
Segundo: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA) que en el término de (48)
horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, retire del registro de
abogado correspondiente al señor Juan José Rendón Giraldo la anotación de «No
vigente» de su licencia temporal.
Tercero: EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA) para que, en adelante no
inserte esta anotación «O HASTA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO, LO
QUE OCURRA PRIMERO» en las licencias temporales que expida a los egresados
de las facultades de derecho.
7
Rad icado : 11001 -03 -15 -000 -2 02603 895 -0 0
Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.