Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03895-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03895-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03895-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03895-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03895-01
Accionante: JUAN JOSÉ RENDÓN GIRALDO
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Temas: Libertad de ecogencia de profesión u oficio. Requisitos para
la tarjeta profesional de abogado. Vigencia de la licencia
temporal.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la entidad
accionada contra la sentencia de primera instancia proferida el 25 de junio de
2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como con el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 25 de mayo de 20262, la referida autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante providencia del 15 de julio del año en curso concedió
la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Juan José Rendón Giraldo, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura. Con la solicitud de
amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al libre
ejercicio de la profesión u oficio, al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y a la igualdad.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión del reporte de
estado «no vigente» en la licencia temporal de abogado, por haber obtenido el
título profesional.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó
en calidad de accionada al Consejo Superior de la Judicatura.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Juan José Rendón Giraldo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03895-01
3. En concreto, el accionante formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA – TUTELA PRINCIPAL: Conceder el amparo de los derechos
fundamentales al Trabajo, al Libre Ejercicio de la Profesión, al Debido Proceso y
al Acceso a la Administración de Justicia del suscrito, vulnerados por el Consejo
Superior de la Judicatura.
SEGUNDA – ORDEN DE REHABILITACIÓN: Ordenar al Consejo Superior de la
Judicatura que, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación del fallo, expida un nuevo certificado o constancia que
acredite la habilitación del suscrito para el ejercicio de la profesión de abogado,
en razón a su condición de abogado graduado en proceso de obtención de tarjeta
profesional, mientras se surte el trámite del Examen de Idoneidad Profesional.
TERCERA – MEDIDA PROVISIONAL INMEDIATA: Con fundamento en el
artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, solicitar al Despacho la adopción de medida
provisional de habilitación provisional inmediata, ordenando al Consejo Superior
de la Judicatura abstenerse de expedir o mantener cualquier certificación que
impida el ejercicio profesional del suscrito, hasta tanto se resuelva de fondo la
presente acción constitucional.
CUARTA – OFICIAR AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y AL
SIRNA: Respecto de la pérdida de vigencia de la licencia temporal del abogado
Rogelio Roldán Álvarez con número 34.333.
QUINTA – EXHORTACIÓN AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y
AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: Solicitar al Despacho que, en el cuerpo
del fallo de tutela, exhorte al Consejo Superior de la Judicatura y al Congreso de
la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, adopten con carácter urgente las medidas normativas y reglamentarias
necesarias para colmar el vacío generado por la entrada en vigencia de la Ley
1905 de 2018, garantizando que los abogados que han obtenido su título
universitario y se encuentran en proceso de cumplimiento del requisito del
examen de idoneidad cuenten con un mecanismo habilitante provisional que les
permita el ejercicio de su profesión durante dicho período de transición.
SEXTA - AMPARO DEL DERECHO A LA IGUALDAD: Ordenar al Consejo
Superior de la Judicatura que, en virtud del artículo 13 de la Constitución Política
y del principio de confianza legítima, dispense al suscrito el mismo tratamiento
jurídico que fue dispensado al abogado ROGELIO ROLDÁN ÁLVAREZ, portador
de la Licencia Temporal No. 34.333, reconociendo la vigencia de la Licencia
Temporal No. 44.290 del suscrito hasta tanto se expida la tarjeta profesional de
abogado que la sustituya efectiva y definitivamente.3
1.2. Hechos
4. El señor Juan José Rendón Giraldo manifestó que el 20 de noviembre de
2025 culminó sus estudios en derecho en la Universidad de Medellín.
5. El 16 de diciembre del mismo año, el Consejo Superior de la Judicatura le
expidió la Licencia Temporal de Abogado No. 44.290, con vigencia hasta el 20
3 Transcripción literal que puede contener errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Juan José Rendón Giraldo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03895-01
de noviembre de 2027. En dicho documento se dejó la siguiente constancia:
«VIGENCIA: ESTA LICENCIA TEMPORAL TIENE UNA VALIDEZ DE DOS
AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE
ESTUDIOS O HASTA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO, LO QUE
OCURRA PRIMERO».
6. El actor indicó que el 24 de abril de 2026 la Universidad de Medellín le hizo
entrega formal del diploma que lo acredita como abogado. Por tal razón, el 15 de
mayo del 2026, el Consejo Superior de la Judicatura reportó su licencia temporal
en estado «no vigente», situación que le impidió actuar como apoderado en una
audiencia judicial programada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá D.C.
7. A su vez, puso de presente que el 17 de mayo de 2026, presentó el
examen de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado, el cual aprobó,
de conformidad con la Resolución No. URNAR26-184 del 10 de julio de 2026, por
medio de la cual se publicaron los resultados del examen de Estado para el
periodo 2026-I.
8. Por otro lado, manifestó que tuvo conocimiento del caso particular del
abogado Rogelio Roldán Álvarez, titular de la licencia temporal de abogado No.
34.333, la cual perdió vigencia con la expedición de la tarjeta profesional y no con
la expedición del título de abogado. En ese orden, sostuvo que ello «demuestra
que el propio Consejo Superior de la Judicatura ha reconocido en el pasado, para
casos análogos, que la licencia temporal mantiene su vigencia hasta el momento
en que es efectivamente reemplazada por la tarjeta profesional definitiva».
1.3. Sustento de la vulneración
9. El accionante indicó que el estado «no vigente» en su licencia temporal de
abogado constituye una determinación abiertamente contraria al ordenamiento
jurídico y a su finalidad, en tanto esta constituye un mecanismo de habilitación
provisional destinado a garantizar el ejercicio de la profesión mientras se culmina
el trámite administrativo requerido para solicitar la expedición de la tarjeta
profesional.
10. Ello, de conformidad con la limitación establecida en el artículo 31 del
Decreto 196 de 1971, en el que se estableció que «la persona que haya
terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad
oficialmente reconocida podrá ejercer la profesión de abogado sin haber
obtenido el título respectivo, hasta por dos años improrrogables».
11. En ese sentido, consideró que «la sola obtención de título profesional no
puede dar lugar automáticamente a la pérdida de la vigencia de la licencia
temporal, menos aun cuando el suscrito continúa adelantando los requisitos
legales y administrativos exigidos para la habilitación definitiva del ejercicio de la
profesión».
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Juan José Rendón Giraldo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03895-01
12. Señaló que, «de conformidad con la normativa vigente, la obtención del
título de abogado no conlleva ipso iure la expedición automática de la tarjeta
profesional, toda vez que depende de un trámite posterior ante las autoridades
competentes. En consecuencia, carece de sentido jurídico que la licencia
temporal de abogado pierda vigencia por la sola obtención de un título
profesional, cuando aún no se ha materializado la habilitación definitiva para el
ejercicio de la profesión».
13. Por otro lado, puso de presente que el Consejo Superior de la Judicatura
reglamentó la expedición de las licencias temporales, las cuales fueron
concebidas como un mecanismo habilitante provisional para el periodo
comprendido entre la culminación de los estudios y el título universitarios, en el
que luego, de manera inmediata, se obtenía la tarjeta profesional.
14. Sin embargo, expuso que con la entrada en vigor de la Ley 1905 de 2018,
se introdujo la realización y aprobación del examen de idoneidad como un
requisito previo e indispensable para la expedición de la tarjera profesional. En
ese sentido, indicó que dicha evaluación implica una convocatoria y una
ejecución que puede extenderse por «varios meses».
15. En ese orden, consideró que dicha modificación generó un «vacío
normativo manifiesto e inconstitucional: la normativa que regula las licencias
temporales no fue actualizada para contemplar este nuevo escenario, creando
una brecha temporal en la que el profesional del derecho que: (i) culminó sus
estudios, (ii) obtuvo su título de abogado, y (iii) se encuentra en proceso de
cumplimiento del requisito del examen de idoneidad, queda en un limbo jurídico
de inhabilitación absoluta para ejercer su profesión, sin que exista norma alguna
que expresamente lo disponga ni justificación constitucional que lo respalde».
16. Por lo anterior, sostuvo que dicha situación constituye una «restricción
tácita e inconstitucional».
1.4. Intervención
17. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Registro Nacional de
Abogados (URNA) señaló que el estado «no vigente» de la licencia temporal del
accionante no constituye una actuación discrecional o arbitraria de la
administración, sino que surgió de la aplicación de las disposiciones legales que
regulan la figura.
18. Lo anterior, por cuanto los artículos 31 y 32 del Decreto 196 de 1971
establecieron una habilitación excepcional, restrictiva y transitoria para el
ejercicio de la profesión por parte de quienes hayan culminado y aprobado los
estudios en derecho, pero aún no han obtenido el título profesional.
19. En ese orden, indicó que, con ocasión de la expedición del título de
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Juan José Rendón Giraldo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03895-01
abogado del accionante, desapareció el supuesto jurídico que justificaba la
existencia de la licencia temporal, pues el señor Rendón Giraldo dejó de ostentar
la condición de egresado y adquirió la calidad de abogado titulado.
20. Por otro lado, sostuvo que la imposibilidad de ejercer la profesión en
representación de terceros sin contar con una licencia temporal vigente o con
tarjeta profesional tampoco constituye una carga arbitraria o desproporcionada.
Por el contrario, corresponde a una exigencia derivada del régimen que regula el
ejercicio de la abogacía, particularmente del Decreto 196 de 1971 y de la Ley
1905 de 2018, la cual exige acreditar la aprobación del examen de idoneidad para
acceder a la tarjeta profesional de abogado, requisito que le resulta aplicable al
accionante.
21. Por tal razón, consideró que «la circunstancia de que actualmente se
encuentre a la espera de los resultados del examen presentado el 17 de mayo
de 2026 no tiene la virtualidad de revivir una licencia temporal que perdió vigencia
por ministerio de la ley. Admitir lo contrario supondría convertir una habilitación
excepcional y transitoria en un mecanismo permanente de ejercicio profesional;
cosa que, en criterio de la Unidad, carece por completo de sustento normativo».
22. Por último, afirmó no existe vulneración del derecho a la igualdad, pues el
caso del abogado Rogelio Roldán Álvarez no resulta comparable, ya que inició
estudios antes de la entrada en vigor de dicha ley y no estaba sometido al
examen de idoneidad.
1.5. Sentencia de primera instancia
23. Mediante sentencia del 25 de junio de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al trabajo
y al ejercicio de la profesión u oficio del accionante y, en consecuencia, dispuso
lo siguiente:
Segundo: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA) que en
el término de (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta
providencia, retire del registro de abogado correspondiente al señor Juan
José Rendón Giraldo la anotación de «No vigente» de su licencia
temporal.
Tercero: EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA) para
que, en adelante no inserte esta anotación «O HASTA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE ABOGADO, LO QUE OCURRA PRIMERO» en las
licencias temporales que expida a los egresados de las facultades de
derecho.
24. Lo anterior, con fundamento en que la licencia temporal otorgada al
accionante con la anotación de vigencia de dos años, contados a partir de la
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Juan José Rendón Giraldo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03895-01
fecha de terminación de estudios «o hasta la obtención del título de abogado, lo
que ocurra primero», y la posterior anotación de «no vigente», por el solo hecho
de obtener el título universitario, restringe los derechos del accionante al trabajo
y al libre ejercicio de la profesión.
25. También indicó, que si bien el artículo 31 de Acuerdo PCSJA25-12294 del
11 de abril de 2025 dispone que la licencia temporal tendrá una vigencia de dos
años improrrogables, contados a partir de la fecha de terminación y aprobación
de estudios o hasta cuando el titular obtenga el título de abogado, lo que ocurra
primero, «no puede estar por encima del Decreto 196 de 1971 que no establece
tal limitación».
26. En ese sentido, señaló que una interpretación lógica y sistemática de
norma que faculta al egresado para ejercer la profesión de abogado sin haber
obtenido el título por dos años también permite entender que cobija todos los
trámites necesarios para obtener la tarjeta profesional, incluido el examen de
idoneidad.
27. Por lo anterior, aseguró que no se evidenció la existencia de algún vacío
normativo, sino que únicamente se constató que se incurrió en una indebida
interpretación del ordenamiento.
1.6. Impugnación
28. La URNA consideró que la decisión del a quo desconoció el alcance de la
licencia temporal prevista en los artículos 31 y 32 del Decreto 196 de 1971, así
como el régimen general de habilitación para el ejercicio profesional establecido
por el legislador.
29. En ese sentido, indicó que partió de la premisa de que la licencia temporal
debe conservar su vigencia durante dos años para que se realicen los trámites
necesarios para obtener la tarjeta profesional, lo cual desconoce el supuesto
jurídico que justifica su existencia, que es tener la condición de egresado.
30. Por lo anterior, sostuvo que el juez de primera instancia extendió los
efectos de una figura excepcional a una situación que el legislador no previó,
permitiendo que un abogado titulado continue ejerciendo su profesión con
fundamento en una licencia concebida únicamente para quien aún no ostenta
dicha calidad.
31. A su vez, expuso que los artículos 4 y 5 ibidem establecen que, para
ejercer la profesión de abogado, se requiere estar inscrito como tal, lo cual exige
haber obtenido el respectivo título y, por su parte, el artículo 22 contempla que
quieren actúe como abogado deberá exhibir la correspondiente tarjeta
profesional.
32. Por tal razón, refirió que la obtención del título no constituye un «hecho
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Juan José Rendón Giraldo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03895-01
cualquiera» dentro del régimen jurídico de la licencia temporal, en la medida en
que enmarca el tránsito entre dos situaciones jurídicas distintas: la del egresado,
beneficiario de una habilitación excepcional y transitoria, y la del abogado
titulado, cuyo ejercicio profesional queda sometido al régimen ordinario.
33. Finalmente, expuso que dicho régimen fue complementado por la Ley
1905 de 2018, mediante la cual el legislador estableció como requisito la
aprobación del examen de idoneidad para la expedición de la tarjeta profesional
respecto de quienes iniciaron la carrera de derecho después de su promulgación.
De modo que, la imposibilidad de representar judicialmente a terceros sin tarjeta
profesional no constituye una consecuencia derivada del artículo 31 del Decreto
196 de 1971, sino del régimen general de habilitación profesional previsto por el
legislador.
II. CONSIDERACIONES
34. La Sala revocará la sentencia del 25 de junio de 2026 dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que amparó los
derechos fundamentales del accionante y, en su lugar, negará la solicitud de
tutela. Para ello, se analizarán las siguientes cuestiones: (i) la superación de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y (ii) el caso concreto.
2.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
35. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela
es un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto
2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la
causa por activa y por pasiva de las partes, ii) la subsidiariedad y, iii) la
inmediatez. El cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición
para que el juez de tutela pueda emitir una decisión de fondo4.
36. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:
37. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
38. La Sala advierte que el señor Juan José Rendón Giraldo está legitimado
4 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Juan José Rendón Giraldo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03895-01
en la causa por activa para interponer la presente acción, dado que es el titular
de la licencia temporal cuya anotación de estado «no vigente» considera como
vulneradora de sus derechos fundamentales.
39. Por su parte, se evidencia que el Consejo Superior de la Judicatura está
legitimado en la causa por pasiva, por ser la autoridad que registró la mencionada
anotación.
40. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado
por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, establece que la acción
de tutela procederá únicamente cuando el afectado no disponga de otro
mecanismo judicial para la defensa de sus derechos, salvo que sea utilizado
como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esto implica
que cuando una persona acude a la administración de justicia, no puede
desconocer los mecanismos judiciales ordinarios contemplados en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia.
41. De conformidad con lo anterior, la sala considera que este requisito se
encuentra acreditado, en la medida en que el accionante no cuenta con otro
mecanismo judicial idóneo para la protección de sus derechos fundamentales,
motivo por el cual es necesario un pronunciamiento de fondo por parte del juez
constitucional.
42. Por último, se cumple con el requisito de inmediatez puesto que el 15 de
mayo de 2026 el Consejo Superior de la Judicatura determinó el vencimiento de
su licencia temporal y la acción de tutela fue presentada el 21 del mismo mes y
año, es decir, dentro de un término considerado como razonable para interponer
la acción de tutela.
2.2. Caso concreto
43. Como se expuso previamente, el accionante sostuvo que el estado de «no
vigente» registrado en su licencia temporal de abogado es contrario al
ordenamiento jurídico, debido a que aquella tiene como finalidad habilitar
provisionalmente el ejercicio de la profesión mientras se obtiene la tarjeta
profesional. En ese sentido, afirmó que la obtención del título de abogado no
puede implicar, por sí solo, la pérdida de vigencia de dicha licencia, ya que la
habilitación definitiva depende de un trámite posterior.
44. Asimismo, señaló que la expedición de la tarjeta profesional no es
automática tras obtener el título, sino que requiere el cumplimiento de requisitos
adicionales, entre ellos la aprobación del examen de idoneidad creado por la Ley
1905 de 2018. Según indicó, este nuevo requisito prolonga el tiempo entre la
graduación y la habilitación definitiva para ejercer la profesión.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Juan José Rendón Giraldo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03895-01
45. Con fundamento en lo anterior, el accionante consideró que la falta de
actualización de la normativa sobre licencias temporales generó un vacío
normativo que deja a los abogados graduados en un limbo jurídico, al impedirles
ejercer mientras culminan el trámite de obtención de la tarjeta profesional. A su
juicio, esta situación configura una restricción tácita e inconstitucional al ejercicio
de la profesión, por carecer de fundamento legal y de justificación constitucional.
46. Ahora bien, la Sala estima pertinente precisar que el artículo 26 de la
Constitución Política dispone que toda persona es libre de escoger profesión u
oficio. A su vez, determinó que la ley podrá exigir títulos de idoneidad para su
ejercicio, con el fin de garantizar que quienes las ejerzan cuenten con las
competencias y aptitudes necesarias.
47. Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que, dado que el
ejercicio de la profesión incide en los derechos de la comunidad y en el interés
general, es legítimo la imposición de límites a través de tres vías: i) la exigencia
de títulos de idoneidad, ii) la inspección del ejercicio, y iii) la vigilancia sobre el
ejercicio de la actividad5.
48. A su vez, ejercicio de la abogacía se encuentra regulado en el Decreto 196
de 1971 En dicha normativa, los artículos 4 y 5 disponen que, para ejercer la
profesión, se requiere: i) estar inscrito como abogado, lo cual supone haber
obtenido el título profesional; y ii) exhibir la correspondiente tarjeta profesional.
49. En dicha normativa, los artículos 31 y 32 ibidem prevén una habilitación
excepcional para ejercer la profesión sin haber obtenido el título, mediante el
otorgamiento de una licencia temporal. En particular, tales disposiciones
establecen:
«ARTÍCULO 31. La persona que haya terminado y aprobado los estudios
reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida podrá ejercer
la profesión de abogado sin haber obtenido el título respectivo, hasta por dos
años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios, en los
siguientes asuntos:
a) En la instrucción criminal y en los procesos penales, civiles y laborales de que
conozcan en primera o única instancia los jueces municipales o laborales; en
segunda, los de circuito; y, en ambas instancias, en los de competencia de los
jueces de distrito penal aduanero;
b) De oficio, como apoderado o defensor en los procesos penales en general,
salvo para sustentar el recurso de casación; y
c) En las actuaciones y procesos que se surtan ante los funcionarios de policía.
ARTÍCULO 32. Para poder ejercer la abogacía en las circunstancias y asuntos
contemplados en el artículo anterior, el interesado deberá obtener la respectiva
licencia temporal, en la cual se indicará la fecha de su caducidad. […] (Énfasis
de la Sala).
5
Sentencia C-301 de 2023, Corte Constitucional.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Juan José Rendón Giraldo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03895-01
50. Posteriormente, la Ley 1905 de 2018 incorporó un requisito adicional para
el ejercicio de la profesión de abogado, consistente en acreditar la aprobación del
examen de Estado administrado por el Consejo Superior de la Judicatura,
exigencia aplicable a quienes inicien estudios de derecho con posterioridad a su
promulgación.
51. De igual manera, el artículo 31 del Acuerdo PCSJA25-12294 del 11 de
abril de 2025 dispone que «la licencia temporal tendrá una vigencia de dos años
improrrogables, contados a partir de la fecha de terminación y aprobación de
estudios o hasta cuando el titular obtenga el título de abogado, lo que ocurra
primero».
52. Finalmente, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-128 de 2024,
analizó la evolución normativa de la tarjeta profesional de abogado. En dicha
providencia precisó que la licencia temporal, regulada en los artículos 31 y 32 del
Decreto 196 de 1971, está dirigida a quienes han culminado y aprobado sus
estudios de derecho, pero aún no han obtenido el título. Asimismo, reiteró que
dicha licencia se otorga por un término improrrogable de dos años, contados
desde la finalización de los estudios, y habilita el ejercicio profesional en asuntos
de única instancia o de mínima y menor cuantía.
53. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón al
a quo, quien sostuvo que la controversia planteada se circunscribe a una
interpretación irrazonable del artículo 31 del Acuerdo PCSJA25-12294 del 11 de
abril de 2025, en contraposición con el Decreto 196 de 1971, bajo el entendido
de que el último no limita la vigencia de la licencia temporal a la obtención del
título profesional.
54. En efecto, los reproches del señor Rendón Giraldo no se dirigen contra el
mencionado acuerdo, por el contrario, en ellos se cuestiona el alcance del artículo
31 del Decreto 196 de 1971, el cual establece que la habilitación excepcional
procede únicamente para quienes pretendan ejercer la profesión «sin haber
obtenido el título» hasta por dos años improrrogables.
55. En ese sentido, la controversia planteada por el demandante no se
circunscribe a la limitación impuesta por el artículo 31 Acuerdo PCSJA25-12294
del 11 de abril de 2025, sino que deriva precisamente del artículo 31 del Decreto
196 de 1971, que, en su sentir, generó un «vacío normativo» respecto de aquellas
personas que obtuvieron el título, pero tienen pendiente la presentación y
aprobación del examen de idoneidad creado por la Ley 1905 de 2018, el cual
constituye un requisito indispensable para la obtención de la tarjeta profesional.
56. Precisado lo anterior, se advierte que, en realidad, el accionante propone
la inaplicación del artículo 31 del Decreto 196 de 1971 mediante la excepción de
inconstitucionalidad, por considerar que se encuentra en «en un limbo jurídico de
inhabilitación absoluta para ejercer su profesión, sin que exista norma alguna que
expresamente lo disponga ni justificación constitucional que lo respalde», debido
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Juan José Rendón Giraldo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03895-01
que aún se encuentra pendiente de la aprobación del examen de idoneidad para
efectos de solicitar la tarjeta profesional.
57. Al respecto, la Sala considera que, en este caso, no resulta procedente
realizar el juicio de constitucionalidad propuesto por el actor. Si bien es plausible
que la mencionada disposición pueda generar una limitación en el ejercicio de la
profesión de quienes obtuvieron el título de abogado, pero aún no han presentado
o no han aprobado el examen de idoneidad que introdujo la Ley 1905 de 2018,
lo cierto es que dicha situación, en su caso, no se traduce en una «inhabilitación
absoluta» que torne necesario la inaplicación de la norma antes referida, como
lo afirma en la tutela.
58. Lo anterior, debido a que se constató que: i) el 17 de mayo de 2026 el
accionante presentó el examen de idoneidad6, y ii) el 10 de julio de 2026,
mediante la Resolución No. URNAR26-184, fueron publicados los resultados del
examen de Estado para el periodo 2026-I, en la que el actor hace parte del grupo
de personas «aprobadas».
59. En ese orden, la discusión en este caso ya no versa sobre la vigencia de
la licencia temporal más allá de la obtención del título y mientras se cumplen con
el requisito de idoneidad previsto por el legislador, en la medida en que ya
cumplió con las exigencias legales para solicitar la expedición de su tarjeta
profesional.
60. Por tal razón y en todo caso, lo único que resta para la obtener su
habilitación definitiva es que el demandante solicite su expedición a través del
Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia (SIRNA) del Consejo Superior de la Judicatura. Este trámite tan solo tiene
una duración de 15 días hábiles desde la recepción de la documentación
completa, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo PCSJA25-12294 del 11
de abril de 2025.
61. Dicho lapso corresponde al término ordinario previsto para la obtención de
la tarjeta profesional y, por tanto, es aplicable de manera general a todos los
abogados que, habiendo cumplido los requisitos legales, solicitan su expedición.
En esa medida, no se trata de una carga diferenciada impuesta al accionante,
sino que ello corresponde al plazo previsto para garantizar la verificación de los
documentos aportados.
62. Por consiguiente, esta Sección concluye que la situación expuesta por el
accionante, en este momento, no constituye una limitación arbitraria o
desproporcionada a su derecho a la libertad de profesión u oficio, ni configura
una restricción irrazonable de su ejercicio. Por el contrario, obedece a la
aplicación de las disposiciones previstas en el ordenamiento jurídico para
6 Es decir, antes de la interposición de la acción de tutela, debido a que fue radicada el 21 de
mayo de 2025.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Juan José Rendón Giraldo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03895-01
acceder a su habilitación definitiva, las cuales persiguen fines
constitucionalmente legítimos relacionados con la acreditación de la idoneidad de
quienes desempeñan la profesión.
63. Además, la Sala estima pertinente destacar que es deber de quienes,
luego de haber cumplido los presupuestos legales requeridos para obtener su
tarjeta profesional, adelantar el trámite correspondiente de manera diligente y
oportuna, con el fin de poder ejercer libremente la abogacía, pues, en los términos
del artículo 26 de la Carta Política, esta es una de aquellas profesiones que
requiere cierta formación académica, por lo que su práctica está sujeta a las
condiciones dispuestas en la Ley.
64. Por lo anterior, la Sala negará la solicitud de amparo presentada por el
accionante, debido a que no se evidenció una vulneración a sus derechos
fundamentales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de junio de 2026 dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que accedió a las
pretensiones de la solicitud de amparo y, en su lugar, NEGAR la acción de tutela
interpuesta por el accionante.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Juan José Rendón Giraldo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03895-01
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.