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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03897-00

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03897-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la sociedad Programar Televisión S.A. en Reorganización, por conducto de apoderada judicial, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-03897-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03897-00
Accionante: Programar Televisión S.A. en Reorganización
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Negar las pretensiones de la demanda por no configurarse
los defectos alegados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela1 presentada por la sociedad Programar Televisión S.A. en
Reorganización, por conducto de apoderada judicial en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y del Juzgado
44 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Cuarta, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al «debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial y a la
prohibición de la reformatio in pejus», supuestamente ocurrida con ocasión de la
providencia del 14 de mayo de 20262 que confirmó la decisión del a quo del 21
de noviembre de 20233 al interior del proceso seguido a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-
37-044-2022-00192-00/01.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela y del expediente se colige que la DIAN, mediante
Resolución Sanción núm. 322412020000462 del 26 de octubre de 20204, impuso
una sanción a la sociedad Programar Televisión S.A. en reorganización, ante lo
cual la parte actora interpuso un recurso de reconsideración el 12 de enero de
2021, el cual fue inadmitido mediante el auto núm. 000128 del 8 de febrero de
2021, confirmado por auto núm. 000910 del 6 de agosto de 2021 que a su vez
fue notificado el día 10 del mismo mes y anualidad por la entidad referida.

1
Presentada el 21 de mayo de 2026.
2
Índice 9 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-37-044-2022-00192-01
3
Índice 26 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-37-044-2022-00192-00, Mediante la cual la autoridad judicial declaró
probada de oficio la excepción denominada ineptitud sustantiva de la demanda por falta de proposición jurídica completa.
4
Índice 2 del aplicativo SAMAI, 11_110010315000202603897007DemandaWeb2026521193152

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3. El 23 de febrero de 2022, la sociedad solicitó a la DIAN el reconocimiento
del silencio administrativo positivo frente al recurso de reconsideración, solicitud
que fue negada mediante Resolución núm. 001801 del 8 de marzo de 2022, lo
que dio lugar a que el 22 de junio de 2022 se instaurara una demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra dichos actos administrativos.

4. En el referido medio de control, la demandante dirigió sus pretensiones
contra la resolución sanción y el acto que negó el silencio administrativo positivo,
sin incluir el auto inadmisorio del recurso de reconsideración ni el auto que
confirmó la decisión5, pese a su relación jurídica con las pretensiones
invocadas.

5. Mediante sentencia del 21 de noviembre de 2023, el Juzgado Cuarenta y
Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá declaró de oficio la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda por falta de proposición jurídica completa y se
inhibió de emitir pronunciamiento de fondo, al considerar que los actos omitidos
eran indispensables para el análisis del litigio.

6. Contra dicha decisión la sociedad interpuso un recurso de apelación6, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, mediante sentencia del 14 de mayo de 2026, en la que
confirmó la providencia de primera instancia y señaló, adicionalmente, que
respecto del acto sancionatorio se había configurado la caducidad del medio de
control.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte accionante consideró vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del
derecho sustancial y a la garantía de no agravar la situación del apelante único,
al considerar que las providencias judiciales cuestionadas impidieron un
pronunciamiento de fondo y desbordaron los límites propios de la segunda
instancia.

8. En primer término, alegó la vulneración del debido proceso por
desconocimiento de la garantía de non reformatio in pejus, por cuanto adujo
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pese a existir apelante único,
confirmó la decisión de inhibición del a quo y adicionalmente declaró la caducidad
del medio de control, lo cual, en su criterio, agravó su situación jurídica en
segunda instancia.

9. En segundo lugar, adujo la configuración de un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, al estimar que las autoridades judiciales
accionadas exigieron la integración de la proposición jurídica completa integrada
por la demanda de los actos de inadmisión del recurso de reconsideración y del
auto que confirmó la decisión, como condición para resolver de fondo,
privilegiando, en su sentir, una exigencia formal sobre el derecho sustancial.

5
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Índice 13 del aplicativo SAMAI, 033RecursoApelacionDemandante

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10. Invocó igualmente la existencia de un defecto por desconocimiento del
precedente, en la medida en que, desde su punto de vista, las decisiones
cuestionadas desconocieron criterios jurisprudenciales que permitirían emitir un
fallo de mérito en casos similares, sin imponer cargas excesivas al demandante.

11. De igual forma, afirmó que se trasgredió el derecho de acceso a la
administración de justicia, al considerar que la declaratoria de ineptitud sustantiva
de la demanda condujo a una decisión inhibitoria que impidió el control judicial
de la legalidad del acto sancionatorio, pese a que, en su sentir, existían
elementos suficientes para un pronunciamiento de fondo.

12. Finalmente, concluyó que las autoridades judiciales antepusieron
exigencias procesales a la solución sustancial del litigio, desconociendo el
principio de prevalencia del derecho sustancial y consolidando, desde su punto
de vista, la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

2.3. Pretensiones

13. Con fundamento en lo anterior, el actor solicitó:

«A. Medida provisional (URGENTE — solicitud inmediata)

1. DECRETAR la suspensión de los efectos y de la ejecutoria de la
sentencia del 14 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
en el expediente 11001-33-37-044-2022-00192, mientras se decide
la presente acción de tutela.

B. Pretensiones principales

2. TUTELAR los derechos fundamenta (SIC)

3. les al debido proceso (art. 29 CP), al acceso a la administración de
justicia (art. 229 CP), a la prevalencia del derecho sustancial (art. 228
CP) y a la prohibición de la reformatio in pejus (art. 31 CP) de
PROGRAMAR TELEVISIÓN S.A. EN REORGANIZACIÓN.

4. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 14 de mayo de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B.

5. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 21 de noviembre de 2023,
proferida por el Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá.

6. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, que profiera una nueva sentencia de segunda
instancia que resuelva de fondo los cargos de nulidad formulados en la
demanda contra la Resolución Sanción No. 322412020000462 del 26
de octubre de 2020 y la Resolución No. 001801 del 8 de marzo de 2022.

C. Pretensión subsidiaria — Primera

7. En subsidio de la pretensión 3 y de manera subsidiaria a la pretensión
principal, DEJAR SIN EFECTOS PARCIALES la sentencia del 14 de
mayo de 2026, exclusivamente en lo que respecta a la declaratoria de
caducidad del medio de control respecto del acto sancionatorio
(numerales 62 y 63 de la providencia), por constituir una reformatio in
pejus en contra de la única apelante, manteniéndose lo demás de la
decisión. ORDENAR al Tribunal que en la nueva sentencia que profiera

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se abstenga de declarar la caducidad y, en cambio, resuelva de fondo
el proceso o adopte la medida que el H. Consejo de Estado considere
procedente para garantizar el acceso a la administración de justicia de
la accionante.
D. Pretensión subsidiaria — Segunda

8. En subsidio de todas las anteriores, ORDENAR al Juzgado Cuarenta
y Cuatro (44) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del fallo de
tutela, conceda a la parte accionante un término para corregir la
demanda e integrar la proposición jurídica completa, con la expresa
advertencia de que la caducidad no puede predicarse respecto de actos
de trámite de la vía gubernativa cuya demanda se omitió por razones
de confianza legítima.)» (SIC EN TODA LA CITA)

2.4. Intervenciones

14. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 22 de
mayo de 20267, a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y al Juzgado Cuarenta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Cuarta como accionados y a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como tercero interesado
en el resultado del proceso. Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia, se reconoció personería
a la abogada de la parte accionante y se negó la medida provisional solicitada
por esta.

2.4.1. El Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo de Bogotá8 indicó que no
vulneró derecho fundamental alguno, en tanto la decisión adoptada el 21 de
noviembre de 2023 se fundó en la ineptitud sustantiva de la demanda por falta
de proposición jurídica completa, dado que la parte actora omitió demandar el
auto inadmisorio del recurso de reconsideración y el auto confirmatorio de esa
decisión, los cuales resultaban inescindibles para el estudio del litigio.

15. Agregó que dicha determinación se soportó en la jurisprudencia reiterada
de esta Corporación, y que el proceso se adelantó con observancia del debido
proceso, la congruencia y las garantías de las partes, por lo que solicitó declarar
la improcedencia de la acción o, en su defecto, negar las pretensiones del
amparo.

2.4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B9 sostuvo que la sentencia del 14 de mayo de 2026 se limitó a
confirmar la decisión inhibitoria de primera instancia, reiterando que la demanda
carecía de proposición jurídica completa al no haberse demandado los actos
administrativos que inadmitieron el recurso de reconsideración y su confirmatorio,
cuya legalidad era necesaria para abordar el fondo del asunto.

16. Precisó que la alusión a la caducidad del medio de control constituyó un
argumento adicional y no el fundamento de la decisión, el cual no implicó
agravación de la situación del apelante, por tratarse de un presupuesto procesal

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Índice 5 del aplicativo SAMAI
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Índice 10 del aplicativo SAMAI
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Índice 12 del aplicativo SAMAI

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de orden público susceptible de declaratoria oficiosa, razón por la cual solicitó
negar el amparo.

2.4.3. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN10 expuso que
la acción de tutela carece de relevancia constitucional, en tanto pretende reabrir
una discusión ya decidida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y
que, en todo caso, las decisiones judiciales cuestionadas se ajustaron a la
normativa aplicable y al precedente vigente.

17. Señaló que la accionante incumplió sus cargas procesales al no demandar
el auto inadmisorio del recurso de reconsideración ni su confirmatorio, los cuales
mantienen su presunción de legalidad, y que la declaratoria de caducidad
constituye un aspecto de orden público que puede ser declarado de oficio, sin
que ello configure vulneración de derechos fundamentales.

2.4.4. No se presentaron más informes.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

18. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 201911 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la providencia objeto de análisis

19. Si bien la presente acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y el Juzgado 44
Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Cuarta, la Sala centrará su análisis
en la providencia del 14 de mayo de 2026 proferida por el ad quem que confirmó
la decisión del 21 de noviembre de 2023 proferida por el a quo al interior del
proceso seguido a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 11001-33-37-044-2022-00192-00/01.

3.2.2. De los defectos objeto de estudio en sede constitucional

20. Antes de abordar el estudio de fondo, la Sala precisa que el análisis
constitucional se circunscribirá a verificar si las autoridades judiciales
cuestionadas, en particular, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B con su decisión del 14 de mayo de 2026, vulneró el debido
proceso por desconocimiento de la garantía de la non reformatio in pejus, así
como si incurrieron en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en
relación con la declaratoria de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de
proposición jurídica completa.

10
Índice 11 del aplicativo SAMAI
11
Reglamento interno del Consejo de Estado.

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21. Por otro lado, esta Subsección advierte que no realizará un examen del
alegado desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que dicho
cargo no satisface las exigencias mínimas de estructuración fijadas por la
jurisprudencia constitucional, esto es, la identificación clara de la regla
jurisprudencial aplicable, la acreditación de su vigencia y la explicación concreta
de la forma en que fue desconocida en el caso particular.

22. Al respecto, la parte accionante se limita a invocar de manera genérica la
existencia de precedentes que, en su criterio, habrían permitido un
pronunciamiento de fondo, sin individualizar una línea jurisprudencial específica
ni efectuar el necesario juicio de contraste con las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales accionadas, lo cual impide adelantar un juicio
constitucional serio sobre este aspecto.

23. En consecuencia, para efectos de la presente decisión, el análisis se
contraerá a resolver los cargos debidamente estructurados, relativos a la
presunta vulneración del debido proceso y la alegada configuración de un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, descartándose el estudio
del desconocimiento del precedente por ausencia de desarrollo argumentativo
suficiente.

3.3. Problema jurídico

24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, con ocasión de su providencia del 14 de mayo de 2026 que
confirmó la decisión del 21 de noviembre de 2023 proferida por el a quo al interior
del proceso seguido a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 11001-33-37-044-2022-00192-00/01, vulneró los
derechos fundamentales al «debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la prevalencia del derecho sustancial y a la prohibición de la reformatio
in pejus», al incurrir supuestamente en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

25. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como

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cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

28. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde que fue proferida la decisión objeto de reproche, esto es, el
14 de mayo de 2026, y la interposición de la presente acción de tutela, realizada
el 21 de mayo de la presente anualidad.

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3.4.1.4. El asunto por resolver reviste relevancia constitucional, en la medida en
que se orienta a establecer una eventual vulneración de los derechos
fundamentales al «debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial y a la prohibición de la reformatio in pejus»,
con ocasión de la 14 de mayo de 202612 que confirmó la decisión del a quo del
21 de noviembre de 202313 al interior del proceso seguido a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-
37-044-2022-00192-00/01, como consecuencia de un presunto defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y la supuesta consolidación de una
situación más gravosa para la parte actora en la decisión de segunda instancia ,
aspectos que fueron razonablemente sustentados por esta.

29. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial

30. En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se
advierte que este se presenta cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los
procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal
manera que sus actuaciones generan una denegación de la justicia 14. Este
defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del derecho sustancial
y el derecho a acceder a la administración de justicia cuando: i) se aplican normas
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en cada
caso concreto, ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a
pesar de que pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando
dicha circunstancia sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad
procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso
de pruebas cuando a ello hay lugar15.

31. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto del defecto
procedimental absoluto como del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requiere: i) que se trate de
un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y
directa con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse
directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso;
iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya
alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido
imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo
anterior se vulneren derechos fundamentales16.

4. Análisis del caso concreto

32. En primer lugar, la Sala descarta de entrada la configuración de un defecto

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Índice 26 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-37-044-2022-00192-00, Mediante la cual la autoridad judicial declaró
probada de oficio la excepción denominada ineptitud sustantiva de la demanda por falta de proposición jurídica completa.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
15
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289 de 2005 y
T-053 de 2012.
16
Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.

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procedimental por exceso ritual manifiesto en el asunto objeto de estudio, en
tanto la exigencia de integrar adecuadamente la proposición jurídica completa no
constituye un formalismo caprichoso o irrazonable, sino una carga procesal
mínima y estructural del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, orientada a garantizar un adecuado ejercicio del control jurisdiccional.

33. En ese entendido, las autoridades judiciales accionadas fundamentaron
su decisión en la necesidad de demandar no solo los actos definitivos, sino
también aquellos actos administrativos inescindiblemente relacionados, como el
auto inadmisorio del recurso de reconsideración y su confirmatorio, cuya
legalidad condicionaba la posibilidad de examinar el fondo del litigio, en particular
la eventual configuración del silencio administrativo positivo.

34. Así las cosas, dicha exigencia no emerge de una interpretación aislada o
arbitraria, sino que responde a una línea jurisprudencial reiterada del Consejo de
Estado, conforme a la cual el juez contencioso carece de competencia para
pronunciarse sobre la legalidad de actos no demandados, especialmente cuando
estos determinan la validez, eficacia o contenido de los actos objeto de
controversia.

35. En ese sentido, no es posible predicar un sacrificio desproporcionado del
derecho sustancial como lo alega la parte actora, pues la restricción al análisis
de fondo no obedeció a un rigorismo formal injustificado, sino al incumplimiento
de cargas procesales a cargo de la sociedad tutelante, quien omitió integrar
correctamente el objeto del control judicial, manteniendo incólume la presunción
de legalidad de los actos administrativos no demandados.

36. Asimismo, la decisión inhibitoria adoptada por los jueces de instancia se
encuentra debidamente motivada, sin que pueda afirmarse que los operadores
judiciales hayan renunciado a la verdad material o hayan aplicado de manera
irreflexiva las normas procesales. Por el contrario, la actuación judicial se
desarrolló dentro del marco propio de un sistema de justicia de carácter
dispositivo.

37. En consecuencia, la Sala concluye que no se configura el defecto
procedimental alegado, en la medida en que la decisión cuestionada no es
producto de un formalismo excesivo, sino de la aplicación razonada y razonable
de las reglas procesales que gobiernan el acceso a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

38. Por otro lado, con respecto al cargo relativo a la presunta vulneración al
debido proceso por desconocimiento de la garantía de la non reformatio in
pejus, conforme a la cual el superior no puede agravar la situación del apelante
único al resolver el recurso de apelación17, la Sala precisa que su alcance no es
absoluto y admite excepciones derivadas de la naturaleza de ciertas figuras
procesales.

17
Garantía que está prevista en el artículo 31 de la Constitución Política y que constituye una manifestación del derecho
de defensa y del principio de confianza en la impugnación, aplicable a todas las jurisdicciones, incluida la de lo contencioso
administrativo.

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Accionante: Programar Televisión S.A. en reorganización

39. En particular, la jurisprudencia ha reconocido que los jueces pueden
pronunciarse oficiosamente sobre aspectos de orden público, tales como la
competencia, la caducidad o la legitimación en la causa, aun en segunda
instancia, sin que ello implique necesariamente una vulneración de la referida
garantía.

40. En el caso concreto, se advierte que el Juzgado Cuarenta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 21 de noviembre
de 2023, declaró la ineptitud sustantiva de la demanda por falta de proposición
jurídica completa y, en consecuencia, se inhibió de emitir pronunciamiento de
fondo.

41. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
sentencia del 14 de mayo de 2026, confirmó la decisión inhibitoria adoptada en
primera instancia, reiterando la imposibilidad de analizar el fondo del asunto por
la ausencia de integración adecuada del objeto del proceso.

42. Si bien en dicha providencia el ad quem expuso la configuración de la
caducidad del medio de control respecto del acto sancionatorio, lo cierto es que
esa consideración no constituyó el fundamento decisorio del fallo, sino un
argumento adicional encaminado a reforzar la imposibilidad de emitir un
pronunciamiento de mérito.

43. En ese entendido, la decisión adoptada por el Tribunal no modificó el
sentido del fallo de primera instancia, el cual permaneció incólume en su
contenido esencial, esto es, en la inhibición para pronunciarse de fondo, por lo
que, en manera alguna se empeoró realmente la situación jurídica de la parte
apelante.

44. Asimismo, la referencia a la caducidad se inscribe dentro de los
presupuestos procesales de orden público, cuya verificación corresponde al juez
en cualquier etapa del proceso y que pueden ser declarados oficiosamente, sin
que ello comporte por sí mismo una violación del debido proceso.

45. En consecuencia, la Sala concluye que no se acreditó la vulneración de la
garantía de la non reformatio in pejus, en tanto la actuación del Tribunal no
implicó una agravación sustancial de la situación del apelante único, sino el
ejercicio legítimo de sus competencias en el marco de la función jurisdiccional,
razón por la cual este cargo tampoco está llamado a prosperar.

46. Finalmente, es necesario recordar que el análisis que le corresponde
realizar al juez constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra
providencia judicial no es de corrección sino de validez18, motivo por el cual solo
habrá lugar a amparar los derechos fundamentales en los eventos en los que se
advierta que el razonamiento es arbitrario o caprichoso.

47. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte

18
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

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accionante con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada para
confirmar la decisión de primera instancia y en consecuencia negar las
pretensiones de la demanda, circunstancia que para la Sala no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.

48. Por lo tanto, al no hallarse estructurados los defectos invocados, la Sala
procederá a negar las pretensiones del amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada por la parte accionante en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y del Juzgado 44 Administrativo
del Circuito de Bogotá, Sección Cuarta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la
sociedad Programar Televisión S.A. en Reorganización, por conducto de
apoderada judicial, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva
de la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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