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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03899-00

Fecha
6 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03899-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR el amparo invocado por el señor Nelson Enrique García Quintero contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03899-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Seis (6) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-03899-00
Accionante : Nelson Enrique García Quintero
Accionado : Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Vinculados : Juzgado Cuarto Administrativo de Cúcuta
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial - proceso disciplinario –
principio de non bis in idem
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada
por Nelson Enrique García Quintero, contra el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso y el
principio de non bis in idem, al expedir la sentencia del Veintisiete (27) de Noviembre de
Dos Mil Veinticinco (2025).

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
la parte accionante frente a las providencias judiciales objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará
lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. El accionante, quien actúa por medio de apoderado judicial, interpone el presente
recurso de amparo, con el fin de obtener la protección del derecho fundamental al debido
proceso y el principio de non bis in idem y que, como consecuencia de ello, se disponga:

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de
tutela solicitado por el IT. NELSON ENRIQUE GARCIA QUINTERO, se DEJE SIN
EFECTOS las sentencias citadas, y se ordene al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO
DE CUCUTA o quien actualmente haga sus veces y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

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Accionante: Nelson Enrique García Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

CUCUTA NORTE DE SANTANDER - MAGISTRADO PONENTE. ÁNGEL IGNACIO
ÁLVAREZ SILVA, dentro del término razonable que se considere, dictar la sentencia de
reemplazo, en la cual se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción
y observando el precedente vertical fijado por la Honorable Corte Constitucional y
Honorable Consejo de Estado en las sentencias cuyo desconocimiento se invocó.

TERCERA: Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER,
dentro de un término razonable, DICTAR SENTENCIA DE REEMPLAZO en la cual se
acaten los argumentos jurídicos sobre la clara configuración del Non Bis In Ídem,
declarando la Nulidad de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios, y
ordenando el correspondiente reintegro de mi poderdante a la Policía Nacional con el pago
de todos los salarios y emolumentos dejados de percibir.

CUARTA: ORDENAR la emisión de un nuevo fallo que valore de fondo la Cosa Juzgada
Administrativa y el hecho nuevo de la Preclusión Penal del 3 de octubre de 2025.

1.3 Hechos

3. El accionante se desempeñó como intendente de la Policía Nacional, ejerciendo el
cargo de almacenista en el Grupo Logístico de la Policía Metropolitana de Cúcuta
(MECUC).

4. El 5 de mayo de 2014, la Inspección General de la Policía Nacional dio apertura a la
indagación preliminar núm. P-INSGE-2014-215 con base en una denuncia anónima por
presuntas irregularidades con una donación de carne incautada por parte de la DIAN, la
cual, terminó con archivo definitivo el Veintiséis (26) de Marzo de Dos Mil Quince (2015).

5. Posteriormente, se abrió investigación disciplinaria en su contra por los mismos
hechos y le impuso sanción de destitución e inhabilidad de Quince (15) años.

6. Formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Cúcuta a través de providencia del Dieciséis (16) de Noviembre de Dos
Mil Veintiuno (2021) negó las pretensiones de la demanda, aduciendo que, no existía
identidad de causa en los dos procesos disciplinarios.

7. La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander Mediante sentencia del Veintisiete (27) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco
(2025).

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Accionante: Nelson Enrique García Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

8. Señala que, las providencias adolecen de los defectos sustantivo y fáctico, toda vez
que, confundieron el origen de la noticia disciplinaria (un anónimo o un reporte policial)
con la causa fáctica y material de los hechos (productos cárnicos donados por la DIAN)
y, bajo ese pretexto, lo investigaron dos veces por los mismos hechos, lo que vulnera
flagrantemente el principio de non bis in idem.

II. TRÁMITE PROCESAL

9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del
Veinticinco (25) Mayo de Dos Mil Veintiséis, admitió la presente acción de tutela. En dicha
decisión se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al Juzgado
Cuarto Administrativo de Cúcuta y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestación de la acción

10. El Juzgado Cuarto Administrativo de Cúcuta solicitó que, se tengan en cuenta los
argumentos jurídicos expuestos en la sentencia de primera instancia proferida por ese
Despacho, en tanto, allí está debidamente contenida la motivación de la decisión.

11. La Policía Nacional, después de referirse al contenido de la sentencia cuestionada,
señaló que, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no quebrantó el principio
de non bis in idem, toda vez que, señaló de manera suficientemente sustentada las
razones por las que encontró que no existía identidad en las conductas que fueron objeto
de sanción.

12. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander se opuso a las pretensiones de
la demanda, para lo que argumentó que, las actuaciones surtidas por ese Tribunal se
adelantaron con respeto de las garantías fundamentales del accionante, sin que, las
decisiones cuestionadas hayan vulnerado sus derechos fundamentales como se
pretende hacer ver a través de este mecanismo de amparo.

13. Además, señaló que, este mecanismo resulta improcedente para los fines
pretendidos, toda vez que, la solicitud de amparo versa sobre un asunto meramente legal
que tiene como propósito reabrir el debate sobre un proceso ya definido en sede judicial,

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pretendiéndose con ello que el Juez Constitucional funja como tercera instancia, lo cual
escapa a la finalidad de la acción de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

14. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud

de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.

3.2 La acción

15. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico

16. Se contrae a determinar si es procedente, a través de la acción de tutela, determinar

si el Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en violación directa de la
Constitución1 al proferir la sentencia del Veintisiete (27) de Noviembre de Dos Mil
Veinticinco (2025), mediante la cual, confirmó el fallo que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por haber desconocido,
presuntamente, el non bis in idem del demandante.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales

1 Si bien es cierto, el demandante alega los defectos fáctico y sustantivo, la Sala entiende que el reproche encuadra

en una violación directa de la Constitución porque se alega la vulneración del principio de non bis in idem.

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17. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional2 y de la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado3, es posible acudir a la acción de
tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

18. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia

constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

19. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal

2 Sentencia C-590 de 2005.
3 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García

González.

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Accionante: Nelson Enrique García Quintero
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fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

20. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso y el principio del non bis in idem; (ii) contra la decisión
objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron con meridiana los
hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida garantía superior; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que, la providencia atacada se
profirió el Veintisiete (27) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), y la acción de
tutela se radicó el Veintiuno (21) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir, dentro
de los 6 meses; y (v) la determinación acusada no es de tutela.

3.5. Caso concreto

21. En el presente caso, el demandante sostiene que, el Tribunal Administrativo de Norte

de Santander, al proferir la sentencia del Veintisiete (27) de Noviembre de Dos Mil
Veinticinco (2025), quebrantó el principio de non bis in idem, toda vez que,

22. Ahora bien, la Sala observa que, la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,

consideró sobre la cosa juzgada en el derecho disciplinario, lo siguiente:

[…]

El Consejo de Estado mediante Sentencia del 25 de septiembre de 2025, proferida dentro
del proceso radicado No. 54001-23-33-000-2016-00064-02 (7666-2023), al referirse al
principio de non bis in idem señaló que es considerado como un derecho, pues su función
es evitar que el Estado trate de castigar dos o más veces a una persona por la misma
conducta, en razón a que la pondría en la «situación intolerable e injusta de vivir en un
estado continuo e indefinido de ansiedad e inseguridad». Este también prohíbe (i) al
legislador permitir que una misma persona sea objeto de múltiples sanciones o juicios

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Accionante: Nelson Enrique García Quintero
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sucesivos «por los mismos hechos ante una misma jurisdicción»; y (ii) que después que ha
terminado conforme a derecho un juicio, posteriormente se abra investigación por el mismo
«hecho» dentro de la misma jurisdicción, de tal manera que la expresión «juzgado»
comprende las diferentes etapas del proceso de juzgamiento, no solo la final.

Se destacó igualmente, que en la sentencia C-191 de 2016 la Corte Constitucional
puntualizó que el principio tiene dos proyecciones: una temporal que predica la
imposibilidad de volver sobre el asunto una vez ha sido enjuiciado, y otro material, en la
cual es válido «la imposición de varias sanciones, cuando éstas persiguen finalidades
diferentes o tiene un objeto y causa distintas». Seguidamente, explicó que, por lo menos,
en materia penal se ha avalado que se realicen varios enjuiciamientos de un mismo hecho
cuando tengan distintos fundamentos normativos y diversas finalidades y que, para que
esto sea constitucionalmente válido, es necesario que «las respectivas tipificaciones se
encaminen a atender la vulneración de diferentes bienes jurídicos o el mismo, pero que
resulta vulnerado de manera distinta».

Asimismo, se puntualizó en la referida providencia, que el Consejo de Estado ha sido
reiterativo en sostener que, el principio de non bis in idem no se puede considerar absoluto,
pues su aplicación no excluye que se puedan originar diversas investigaciones y sanciones,
siempre que la conducta vulnere diversos bienes jurídicos.

Para mayor comprensión, se procede a citar el aparte pertinente de la referida sentencia
proferida el 25 de septiembre de 2025, así:

“48. En la misma línea, esta corporación ha señalado que se hace exigible cuando
mediante 2 o más procesos se pretende juzgar y sancionar repetidamente «un mismo
comportamiento»4, sin que pueda considerarse absoluto, pues su aplicación no
excluye que pueda originar diversas investigaciones y sanciones, siempre que «la
conducta enjuiciada vulnere diversos bienes jurídicos y atienda distintas causas y
finalidades»5.También se han expuesto los aspectos del principio así «[…]

a) En cuanto a la naturaleza, ha señalado la jurisprudencia que tiene el carácter de
principio y derecho fundamental de aplicación directa e inmediata6.
b) Acerca de la extensión de la aplicación se señala que comprende las diferentes
etapas del proceso y no sólo la decisión final7, por lo cual también se dirige a prohibir
la doble investigación y juzgamiento8.
c) Sobre el contenido y la finalidad la jurisprudencia constitucional señala que
pretende impedir nuevos debates sin distinta fórmula de juicio, en relación con
decisiones definitivas que establecen responsabilidad9.
d) En relación con el ámbito de aplicación se ha señalado que tiene lugar en los
distintos campos del derecho sancionador10, esto es el derecho penal delictivo,
convencional, disciplinario, correccional, punción por indignidad política
(impeachment) y al régimen jurídico especial ético – disciplinario aplicable a ciertos
servidores públicos (pérdida de investidura de los Congresistas)11.
e) En cuanto a la estructura ha señalado que no tiene carácter absoluto, por lo tanto
su aplicación no excluye la posibilidad de que un mismo comportamiento pueda dar
lugar a diversas investigaciones y sanciones, siempre y cuando la conducta
enjuiciada vulnere diversos bienes jurídicos y atienda a distintas causas y

4 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de abril de 2016, radicación 11001-03-25-000-2011-00004-00

(0744-11).
5 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de septiembre de 2016, radicación 11001-03-25-000-2011-

00590-00 (2266-11).
6 Corte Constitucional, Sentencia C-194 de 2005.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-194 de 2005.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-194 de 2005.
9 Sentencia C-478 de 2007.
10 Corte Constitucional, Sentencias T-438 de 1992, T-438 de 1994, SU-637 de 1996 y C-1265 de 2005, entre otras.
11 Corte Constitucional, Sentencia C-554 de 2001.

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finalidades12, y no impide que “una misma conducta sea castigada y valorada desde
distintos ámbitos del derecho, esto es, como delito y al mismo tiempo como infracción
disciplinaria o administrativa o de cualquier otra naturaleza sancionatoria”. Desde
este punto de vista, el citado principio se hace exigible cuando, dentro de una misma
área del derecho, y mediante dos o más procesos, se pretende juzgar y sancionar
repetidamente un mismo comportamiento13»

Entonces, el principio mencionado opera en aquellos casos en los que concurren
identidad de causa, objeto y de persona a la cual se le hace la imputación14. Ello, sin
dejar de lado que la prohibición «no excluye que un mismo comportamiento
pueda dar lugar a diversas investigaciones y sanciones, siempre y cuando
éstas tengan distintos fundamentos normativos y diversas finalidades»15”
(Negrilla y subrayado fuera del texto original).

23. Sobre el caso concreto, el Tribunal sostuvo:

«Conforme con lo anterior, el objeto del litigio, consiste en establecer si debe declararse la
nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos dentro de la
investigación con radicado MECUC 2016-15 del 9 de noviembre de 2016 y 1° de diciembre
de 2016, respectivamente, a través de los cuales se impuso al señor Nelson Enrique García
Quintero la sanción de destitución e inhabilidad general por un término de 15 años, porque,
según lo alega la parte demandante alega en el recurso de apelación, los referidos actos
se profirieron con violación del principio non bis in idem, ya que fue juzgado dos veces por
los mismos hechos y porque, en la primera actuación disciplinaria se dispuso a favor del
demandante el archivo de la investigación.

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado antes referenciada, este principio
se hace exigible cuando mediante dos o más procesos se pretende juzgar y sancionar
repetidamente un mismo comportamiento, sin que pueda considerarse absoluto, pues su
aplicación no excluye que puedan originarse diversas investigaciones y sanciones, siempre
que la conducta enjuiciada vulnere diversos bienes jurídicos y atienda distintas causas y
finalidades, razón por la cual, se procederá a verificar si en el presente caso se vulneró o
no el principio en mención, y para ello es necesario determinar si existe identidad de
sujetos, objeto y causa entre las actuaciones disciplinarias a las que hace referencia la
parte actora.

Respecto de la identidad de sujetos, la Sala advierte que la entidad demandada adelantó
dos investigaciones disciplinarias contra el señor Nelson Enrique García Quintero. La
primera corresponde al radicado INSGE-2014-134, tramitada por la Inspección General de
la Policía Nacional, y la segunda al radicado MECUC-2016-15, adelantado por la Oficina
de Control Disciplinario Interno de la misma institución, por lo que se colige que existe
identidad del sujeto pasivo del poder sancionatorio del Estado, toda vez que en ambos
procesos el señor Intendente Nelson Enrique García Quintero, figura como investigado.

Ahora, para verificar la identidad de objeto y causa, la Sala pasa a verificar las
particularidades de los expedientes disciplinarios INSGE-2014-134 y MECUC-2016-15,
encontrando que la primera investigación INSGE-2014-134 se originó por la queja anónima
allegada a través del sistema PQRS bajo el número 142149-20140411, en la que se relatan
presuntas irregularidades en manejos contractuales en la Policía Metropolitana de Cúcuta,
además de la presunta apropiación por parte del demandante de elementos donados por

12 Corte Constitucional, Sentencia C-478 de 2007.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-632 de 2011.
14 Sentencia C-006 de 2003.
15 Sentencia C-088 de 2002.

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la DIAN para la Policía Metropolitana de Cúcuta, correspondientes a 9.000 kilos de carne,
prendas de vestir, calzado, juguetes y relojes.

De otro lado, la segunda investigación objeto de este proceso, esto es, MECUC-2016-15,
se inició con base en la orden de captura No. 015/15 de fecha 21 de agosto de 2015,
expedida dentro de la investigación penal No. 540016106079201480053, a la cual fue
vinculado el demandante por los delitos de favorecimiento al contrabando, falsedad
material en documento público, peculado por apropiación, favorecimiento por servidor
público, y falsedad ideológica en documento público, donde en diligencia concentrada del
14 de septiembre de 2015, se le impuso medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva en su lugar de residencia.

Los hechos que dieron origen al citado proceso penal y que posteriormente derivaron en la
segunda investigación disciplinaria están relacionadas con presuntas irregularidades
ocurridas el día 7 de enero de 2014, por la presunta apropiación por parte del demandante
de elementos donados por la DIAN a la Policía Metropolitana de Cúcuta, correspondientes
a 9.000 kilos de carne.

Ahora, en cuanto a la primera investigación disciplinaria con radicado INSGE-2014-134, se
observa que, mediante auto del 26 de marzo de 2015 el Inspector General de la Policía
Nacional declaró la terminación del proceso disciplinario y, en consecuencia, ordenó el
archivo definitivo de la investigación adelantada contra el señor Nelson Enrique García
Quintero.

Tal decisión se fundamentó en que no era procedente iniciar nuevamente la investigación
sobre hechos que ya habían sido objeto de análisis y resueltos por la Procuraduría Regional
de Norte de Santander y Contraloría General de la República, donde se abstuvieron de
iniciar las respectivas actuaciones al no encontrar mérito conforme a la queja presentada
por un ciudadano.

Al respecto, resulta importante destacar que, al revisar la indagación preliminar adelantada
por la Procuraduría General de la Nación, se observa que si bien, esta tuvo origen en la
queja recibida por correo electrónico el 11 de abril de 2014, presentada por el señor Juan
Carlos Castañeda, donde denunció la ocurrencia de presuntas irregularidades, estas iban
dirigidas contra actuaciones que comprometían al Teniente Cesar Andrés Vallejo Colorado
y a los Subtenientes Deissy Alejandra Gallo Chacón, Nadia Zoraida Muñoz Pardo y Cesar
Giomar Galván Guerrero, relacionadas con la celebración y ejecución de contratos.

Por tal motivo, la Procuraduría abrió indagación preliminar únicamente en contra de los
mencionados oficiales, con el propósito de verificar la ocurrencia de los hechos, y
determinar si estos eran constitutivos de falta disciplinaria o si se había actuado bajo alguna
causal de exclusión de responsabilidad. En consecuencia, es claro que en ningún momento
dicho ente de control inició indagación preliminar en contra del aquí demandante, Nelson
Enrique García Quintero.

Efectuada la anterior precisión y descendiendo nuevamente a la primera actuación
disciplinaria adelantada por la Policía Nacional, se observa que en proveído del 27 de
octubre de 2014, la Inspección General de esa institución abrió investigación en contra del
aquí demandante y otros funcionarios más, por cuenta de la queja que denunciaba
irregularidades contractuales y la destinación indebida de unos kilos de carne donados por
la DIAN; sin embargo, se destaca de la mencionada resolución, que la autoridad policial
decidió iniciar actuación disciplinaria con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y
determinar si esta era constitutiva de falta disciplinaria, e igualmente esclarecer las
circunstancias de tiempo, modo y lugar para así determinar el eventual perjuicio causado
a la administración pública, es decir, no se concretó en dicho proveído la posible falta
disciplinaria o el bien jurídico que se encontraba comprometido con las conductas
denunciadas por el quejoso, lo cual, resulta relevante para efectos del análisis del non bis
in idem, concretamente en lo que corresponde a la identidad de causa, como se verá más

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adelante, pues insiste la Sala que con posterioridad se produjo el archivo de ese
diligenciamiento por los motivos ya expuestos.

Ahora bien, en la segunda investigación objeto de este proceso, esto es, MECUC-2016-
15, se advierte que el actor Nelson Enrique García Quintero, fue sancionado con
destitución e inhabilidad general por un término de quince (15) años. Al revisar los pliegos
de cargos formulados en su contra el día 13 de septiembre de 2016, se desprende que el
cargo que se le endilgó al investigado es la infracción a la Ley 1015 de 2006, artículo 34
faltas gravísimas, numeral nueve “9. Realizar una conducta descrita en la ley como delito,
a título de dolo, cuando se cometan en razón, con ocasión o como consecuencia de la
función o cargo”, por cuanto la conducta realizada se encuentra descrita en el Código Penal
como delito, de la siguiente manera:

“Artículo 397 DEL PECULADO POR APROPIACIÓN que sanciona con pena de prisión de 96
a 270 meses, multa equivalente al valor apropiado e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el mismo término, al servidor público que se apropie en
provecho suyo o de un tercero de bienes del estado o de empresa o de instituciones en que
éste tenga parte o de bienes o de fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya
administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus
funciones”.

Lo mismo se extrae de los fallos de primera, y segunda instancia, en donde se indicó que
al ejecutar el demandante actos tendientes a la comisión de conductas descritas en la ley
como delito, infringió la normatividad disciplinaria en concordancia con la Ley 599 de 2000,
artículo 397, peculado por apropiación, por cuanto el reproche disciplinario se edificó en el
actuar irregular por parte del Intendente Nelson Enrique García Quintero, por la
malversación de bienes donados por la Dirección de Aduanas Seccional Cúcuta a la Policía
Nacional – Metropolitana de Cúcuta, de carne bovina de despostada de procedencia
extranjera en cantidad de 6.235 kilos, avaluada en $50.441.150.00, los cuales fueron
recibidos por el actor el día 2 de enero de 2014, a través de acta de entrega No. 0001
siendo posteriormente aprehendida por el personal de la Policía Fiscal y Aduanera el día 7
de enero de 2014, en puesto de control ubicado en el sector de Los Vados del Municipio
de Los Patios, lo que permitió evidenciar la destinación indebida y el actuar reprochable
del aquí demandante.

Así las cosas, de lo anterior se observa que, si bien es cierto las dos investigaciones
disciplinarias examinaron hechos ocurridos por el comportamiento del Intendente Nelson
Enrique García Quintero, por la malversación dada a bienes relacionados con la donación
de carne bovina por parte de la DIAN Seccional Cúcuta, a la Policía Nacional –
Metropolitana de Cúcuta, también lo es que la causa que los originó y las conductas que
fueron objeto de sanción son diferentes.

Ciertamente, conforme se evidenció, la primera actuación con radicado INSGE-2014 -134,
se abrió con el propósito de adelantar las diligencias necesarias para verificar la ocurrencia
de la conducta y esclarecer los motivos determinantes de la presunta falta disciplinaria. No
obstante, observa la Sala que, dentro de la etapa de investigación, la Policía Nacional no
desplegó actuación alguna que permitiera establecer si la conducta atribuida al actor era o
no constitutiva de falta disciplinaria, ni mucho menos determinó el eventual perjuicio
ocasionado a la administración pública, por cuanto inmediatamente después de ordenar la
apertura de la investigación disciplinaria en contra del demandante, el Inspector General
de la policía Nacional dispuso la terminación del proceso y, en consecuencia el archivo de
la investigación, bajo el argumento de que los hechos ya habían sido objeto de
investigación por otras autoridades y dichas actuaciones habían concluido con el archivo,
razón por la cual carecía de objeto continuar con la investigación disciplinaria.

Por el contrario, en la segunda investigación MECUC-2016-15, se desprende que, en ella
se determinaron, de manera clara, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron los hechos, encontrando que el comportamiento del demandante se encuentra

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Accionante: Nelson Enrique García Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

descrito como una conducta dolosa atendiendo el caudal probatorio recaudado en el
expediente, por lo que se le endilgó responsabilidad al demandante y por ende la
formulación de cargos al señor Nelson Enrique García Quintero, por la transgresión de la
Ley 1015 de 2006, artículo 34, faltas gravísima numeral noveno “9. Realizar una conducta
descrita en la ley como delito a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o
como consecuencia de la función o cargo”.

Por lo anterior, es claro que, en las investigaciones antes mencionadas no existe identidad
de causa, en razón a que si bien el hecho que les dio origen fue similar, relacionado con el
uso indebido de una donación de carne, no ocurre lo mismo respecto de los bienes jurídicos
que en una y otra actuación se buscaron proteger, pues nótese que en la primera actuación
disciplinaria no se pudieron determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
posiblemente ocurrieron los hechos, de ahí que ni siquiera se haya efectuado el reproche
o se haya enrostrado algún cuestionamiento al demandante para así establecer la misma
causa mientras que, por el contrario, en la segunda investigación se pudo determinar que
con el actuar del demandante se afectó el servicio y se transgredieron las disposiciones
disciplinarias, lo que condujo al correctivo que hoy se demanda, de tal manera que como
lo concluyó el Juzgado de instancia, en el sub examine no se configura la identidad de
causa, requisito necesario para aplicar el principio non bis in ídem.

[…]

24. De conformidad con lo anterior, la Sala observa que, contrario a lo afirmado por el

accionante, el Tribunal no quebrantó el principio del non bis in idem, puesto que, en el
análisis adelantado estableció que, la investigación disciplinaria que se habría iniciado
contra el hoy demandante el Veintisiete (27) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014) tuvo
como propósito establecer si su conducta, relacionada con por la malversación dada a
bienes relacionados con la donación de carne bovina por parte de la DIAN Seccional
Cúcuta, a la Policía Nacional – Metropolitana de Cúcuta, era constitutiva de alguna falta
disciplinaria, y esta fue archivada inmediatamente después; mientras que, la segunda
investigación se dirigió a determinar si el señor García Quintero había incurrido en la falta
gravísima prevista en el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, relacionada
con: «Realizar una conducta descrita en la ley como delito a título de dolo, cuando se
cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo».

25. Esta última, originada en la orden de captura No. 015/15 de fecha 21 de agosto de

2015, expedida dentro de la investigación penal No. 540016106079201480053, a la cual,
fue vinculado el demandante por los delitos de favorecimiento al contrabando, falsedad
material en documento público, peculado por apropiación, favorecimiento por servidor
público, y falsedad ideológica en documento público, donde en diligencia concentrada
del 14 de septiembre de 2015, se le impuso medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva en su lugar de residencia.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

26. En el contexto descrito, no es cierto, como lo señala el accionante, que el Tribunal

Administrativo de Norte de Santander determinara que la diferencia entre ambos
procesos radicaba única y exclusivamente en que, el primero tuvo origen en una queja
anónima y, el segundo, en la orden de captura librada en su contra.

27. Contrario sensu, como se lee de las consideraciones expuestas en la sentencia de

segunda instancia, el Tribunal realizó un análisis detallado de ambas investigaciones y
determinó que, estas tenían diferencias sustanciales en relación con conductas objeto
de sanción, lo que, a juicio de esta Sala, descarta la vulneración del principio del non bis
in idem, pues, el argumento del tutelante parte de una lectura sesgada de la providencia,
en la que, se refiere a un argumento tomado de manera aislada; sin embargo, lo que
encuentra esta Sala de Subsección es que, el fallador de segunda instancia analizó los
detalles de cada proceso y determinó que, ninguna garantía constitucional había sido
quebrantada.

28. Debe recordarse que, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están
precedidas de una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas,
lo que, imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que, sean evidentemente
contrarias a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de
este aspecto, la Corte Constitucional16 sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia,
cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.

El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena
fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de
las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.

[…]

Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto,
y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

16 Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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29. En ese contexto, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.

30. Por las razones expuestas, la Sala negará el amparo constitucional solicitado.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR el amparo invocado por el señor Nelson Enrique García Quintero
contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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