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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03904-00

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03904-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Emilia Victoria González Morrón en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena, por falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03904-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

26 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03904-00
Accionante: Emilia Victoria González Morrón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03904-00
Accionante: Emilia Victoria González Morrón
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela. Falta de legitimación en la causa por activa. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Emilia Victoria González Morrón en
contra del Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Emilia Victoria González Morrón, por conducto de apoderado judicial, promovió acción de
tutela con el propósito de obtener la protección de su derecho fundamental al debido
proceso, cuya vulneración atribuyó al Tribunal Administrativo del Magdalena, con ocasión
de la presunta mora en que habría incurrido dicha autoridad judicial al resolver la petición
presentada el 19 de marzo de 2026 dentro del proceso ejecutivo identificado con el
radicado núm. 47-001-33-33-006-2021-00256-01, que cursa ante esa corporación .

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:

2.1. La señora Emilia Victoria González Morrón, por conducto de apoderado judicial,
promovió demanda ejecutiva contra el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa
Marta, con el fin de obtener el pago de las sumas reconocidas en la sentencia del 26 de
octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm.
47001-33-31-001-2013-00436-00/01.

2.2. El asunto fue conocido inicialmente por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Santa Marta y, posteriormente, remitido al Juzgado Décimo Administrativo del mismo

1
Proceso ejecutivo surtido en el Tribunal Administrativo del Magdalena, identificado con radicado núm. 47001-33-31-
001-2013-00436-01 Ver en:.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=470013333006202100256014700123
1 Ibidem.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03904-00
Accionante: Emilia Victoria González Morrón

circuito, donde continuó su trámite bajo el radicado núm. 47-001-33-33-006-2021-00256-
01. Mediante auto del 3 de noviembre de 2022, dicho despacho libró mandamiento de
pago por valor de $67.872.165, por concepto de capital, más los intereses causados
hasta la fecha.

2.3. Mediante auto del 16 de febrero de 2023 el juzgado ordenó seguir adelante con la
ejecución en los términos del mandamiento de pago. Como consecuencia de las medidas
cautelares decretadas, el 12 de julio de 2023 se constituyó un depósito judicial por valor
de $102.000.000.

2.4. Posteriormente, por auto del 11 de octubre de 2023, el juzgado modificó la liquidación
del crédito presentada por la ejecutante y fijó la obligación en la suma de
$173.076.076,06, por concepto de capital e intereses liquidados con corte al 30 de
septiembre de 2023, así como en $2.714.886,6 por concepto de agencias en derecho.

2.5. Mediante memorial del 14 de octubre de 2025 la ejecutante solicitó la actualización
del crédito. Esta solicitud fue resuelta mediante auto del 13 de noviembre de 2025,
providencia en la que el juzgado modificó de oficio la liquidación y la fijó en la suma de
$32.466.369,57, por concepto de capital e intereses liquidados con corte al 31 de octubre
de 2025, y mantuvo inalterado el valor reconocido por concepto de agencias en derecho.

2.6. Inconforme con dicha decisión, la ejecutante interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido en el efecto diferido mediante auto del 27 de noviembre de 2025.

2.7. La actora señaló que el 19 de marzo de 2026 presentó una petición ante la Sala
Tercera del Tribunal Administrativo del Magdalena, con el propósito de obtener
información sobre el trámite del recurso de apelación . Sin embargo, afirmó que no recibió
respuesta a dicha solicitud.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

3.1. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en
consecuencia, que se ordenara a la Sala Tercera del Tribunal Administrativo del
Magdalena resolver el recurso de apelación interpuesto dentro del proceso ejecutivo
promovido por Emilia Victoria González Morrón contra el Distrito Turístico, Cultural e
Histórico de Santa Marta, identificado con el radicado núm. 47-001-33-33-006-2021-
00256-01.

3.2. Como fundamento de la solicitud, sostuvo que se vulneró su derecho fundamental al
debido proceso, al considerar que la magistrada Maribel Mendoza Jiménez no había dado
respuesta al derecho de petición presentado ni había adoptado una decisión respecto del
recurso de apelación mencionado. Con fundamento en ello, invocó la protección prevista
en el artículo 29 de la Constitución Política.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03904-00
Accionante: Emilia Victoria González Morrón

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 22 de mayo de 2026 2 el despacho de la magistrada ponente admitió
la acción de tutela y requirió al abogado Orlando Vásquez Llanes para que, dentro de los
tres (3) días siguientes a la notificación de dicha providencia, allegara el poder conferido
por la señora Emilia Victoria González Morrón para promover la presente acción
constitucional contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Surtidas las notificaciones de rigor, se recibió el siguiente informe:

4.1. El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta 3 solicitó su
desvinculación del trámite constitucional y que se declarara la improcedencia de la acción
de tutela respecto de esa entidad, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Sostuvo que la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados no le
resulta atribuible, pues los hechos que dieron origen al amparo se relacionan con la falta
de respuesta a un derecho de petición y con la resolución de un recurso de apelación
dentro de un proceso ejecutivo, actuaciones cuya competencia corresponde al Tribunal
Administrativo del Magdalena.

Precisó que, si bien ostenta la calidad de parte ejecutada en el proceso de origen, carece
de facultades para impulsar, decidir o resolver las solicitudes formuladas ante dicha
corporación judicial. Por ello, afirmó que no existe acción u omisión atribuibl e a la entidad
territorial que pueda vincularse con la vulneración alegada.

Con fundamento en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y en la jurisprudencia
constitucional sobre legitimación en la causa por pasiva, concluyó que la autoridad
llamada a responder por los hechos expuestos en la solicitud de amparo es el Tribunal
Administrativo del Magdalena. En consecuencia, solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional.

4.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena guardó silencio a pesar de haber sido
debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2
Índice 00004 en el aplicativo SAMAI, certificado F2A3C0208C6DEE69 74C2BB7FF9F00E64 421F337F9421CBA3
D7EDCA4A95AD3194.
3 Índice 00009 en el aplicativo SAMAI, certificado EE2B16BCEFDF7A39 506CDBD48BCD27F6 4355CA2881DD9CD9

56EC203B01EF5850.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03904-00
Accionante: Emilia Victoria González Morrón

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice la autoridad judicial accionada
vulneró las garantías de la parte actora con ocasión de la mora judicial alegada en el
trámite del proceso ejecutivo.

3. Procedibilidad de la acción.

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley10.

Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos, se
acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

4. Legitimación en la causa

La Corte Constitucional, al interpretar el artículo 86 Superior y el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991, ha indicado que el titular de la solicitud de tutela es la persona cuyos
derechos han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad
pública o de un particular en los casos definidos por la ley; y, en esa medida, podrá
promover la protección de las garantías constitucionales: (i) de forma directa; (ii) por
medio de representante legal (evento de los menores de edad, los incapaces absolutos,
los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial; o (iv) por
intermedio de un agente oficioso. Y, en todo caso, también pueden ejercer la acción el
Defensor del Pueblo y los Personeros Municipales.

En los casos de acciones de tutela, es preciso expresar que, dado el carácter
personalísimo de los derechos fundamentales, el titular es el único habilitado para invocar
la protección del derecho al debido proceso que puede vulnerarse o resultar amenazado
por efecto de una sentencia o un auto. De ninguna manera, podrá solicitar directamente
el amparo constitucional quien fungió como apoderado judicial en aquella ocasión, pues
su calidad no genera ipso facto la suplantación del titular del derecho. En ese orden, de
acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en sus sentencias T-265 de 2017
y SU-620 de 1996, los titulares de los derechos invocados, que se encuentran legitimados
para ejercer la acción de amparo directamente o a través de representante, son las partes
y los terceros interesados que participaron de los referidos trámites.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción de tutela no satisface el requisito de legitimación
en la causa por activa, por las razones que se exponen a continuación :

5.1. La parte actora solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y,
en consecuencia, que se ordenara a la Sala Tercera del Tribunal Administrativo del
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03904-00
Accionante: Emilia Victoria González Morrón

Magdalena resolver el recurso de apelación interpuesto dentro del proceso ejecutivo
promovido contra el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Para sustentar
su solicitud, señaló que el 19 de marzo de 2026 presentó un derecho de petición con el
fin de obtener información sobre el trámite de dicho recurso, sin que, según afirmó,
hubiera recibido respuesta ni se hubiera adoptado decisión alguna respecto de la alzada.

5.2. De la revisión del proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 47-001-33-33-
006-2021-00256-01 y de los documentos allegados a esta actuación, la Sala advierte que
la señora Emilia Victoria González Morrón actuó como demandante dentro de ese trámite
judicial y estuvo representada por el abogado Orlando Vásquez Llanes, en virtud de un
poder conferido exclusivamente para actuar en dicho proceso, el cual fue aportado al
trámite de tutela.

5.3. En la presente acción constitucional, la señora González Morrón compareció
igualmente por conducto del abogado Orlando Vásquez Llanes. Sin embargo, este no
aportó el poder que lo facultara para promover la solicitud de amparo. Por tal razón,
mediante auto admisorio se le requirió para que allegara el correspondiente mandato
judicial.

5.4. No obstante, dicho requerimiento no fue atendido. En consecuencia, no obra en el
expediente prueba alguna que acredite la representación judicial de la señora Emilia
Victoria González Morrón para promover la presente acción de tutela.

5.5. Sobre el particular, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de
tutela puede ser ejercida directamente por la persona cuyos derechos fundamentales se
consideren vulnerados o amenazados, o por conducto de apoderado judicial, caso en el
cual debe acreditarse el respectivo mandato. En ese sentido, la legitimación en la causa
por activa constituye un presupuesto indispensable para habilitar el estudio de fondo de
las pretensiones formuladas en la solicitud de amparo 4.

5.6. En el asunto bajo examen, la Sala concluye que el abogado Orlando Vásquez Llanes
carece de legitimación para promover la presente acción en representación de la señora
Emilia Victoria González Morrón, toda vez que no acreditó el correspondiente poder para
actuar en este trámite constitucional. Por consiguiente, la solicitud de amparo resulta
improcedente por falta de legitimación en la causa por activa.

5.7. La Sala considera pertinente recordar que el ejercicio de la representación judicial
exige el cumplimiento de las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico,
particularmente aquellas relacionadas con la acreditación del mandato correspondiente.
Ello obedece a que el acceso a la administración de justicia supone el cumplimiento de
unas cargas mínimas de diligencia por parte de quienes intervienen en las actuaciones
judiciales, dentro de las cuales se encuentra la demostración de la facultad para actuar
en nombre de terceros.

4
Sentencia T-194 del 2012. “(…) Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de
tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial , de modo que no se puede pretender hacer
valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional.”
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03904-00
Accionante: Emilia Victoria González Morrón

5.8. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala observa que, al revisar el proceso ejecutivo
identificado con el radicado núm. 47001-33-33-006-2021-00256-01, constató que
mediante auto del 1º de junio de 2026 la Sala Tercera del Tribunal Administrativo del
Magdalena resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 13 de
noviembre de 2025 y modificó la decisión adoptada respecto de la actualización de la
liquidación del crédito. Esta circunstancia evidencia que la actuación cuya omisión motivó
la presente solicitud de amparo ya fue realizada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Emilia
Victoria González Morrón en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena, por falta
de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG

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