Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03910-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03910-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03910-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Jorge Hernán López Botero.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03910-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por no cumplir
el requisito de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La Comisión Nacional del Servicio Civil realizó la Convocatoria 436 de
2017 SENA, a través del Acuerdo 2017000000116 del 24 de julio de 2017
para proveer 4.973 empleos en esa institución de educación técnica.
1.2. El señor Jorge Hernán López Botero se inscribió para optar por el
empleo OPEC 60476 al cargo de instructor, grado 1, código 3010. El
registro correspondiente lo llevó a cabo el 18 de octubre de 2017.
1.3. El accionante fue catalogado como no admitido por no acreditar la
experiencia mínima exigida que, para el caso de los profesionales
universitarios, era de 24 meses, contados de la siguiente manera: 12
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meses en el desempeño de labores relacionadas con la mecatrónica y
12 meses de actividades docentes.
1.4. El accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió demanda contra la Comisión
Nacional del Servicio Civil, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y
la Universidad de Pamplona, con el fin de que se declarara la nulidad
parcial de la lista de admitidos y no admitidos expedida dentro de la
Convocatoria a concurso público de méritos 436-2017SENA, publicada el
7 de marzo de 2018 en la plataforma SIMO y la nulidad total del Oficio del
5 de abril de 2018 por medio del cual se le resolvió su reclamación.
1.5. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia de única instancia de 29 de enero de 2026, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que las certificaciones laborales
aportadas por el accionante con la inscripción al concurso de méritos de la
Convocatoria 436 de 2017 SENA no cumplían con los requisitos del artículo
19 del Acuerdo 2017000000116 del 24 de julio de 2017 como es que los
certificados allegados debían contener “[…] una descripción de las
actividades desarrolladas por el aspirante y la única excepción prevista a
esa regla general es que las funciones estén descritas en la norma,
circunstancia que no se configura en este caso, de modo que la descripción
de dichas funciones no puede ser objeto de presunciones como sugiere el
actor […]”.
Asimismo afirmó que el accionante allegó cinco certificados los cuales eran
“[…] 3 provenientes de empresas del sector privado (ASOCED LTDA,
Importfood SAS y Netgroup SA) y 2 del Sena, expedidas en octubre de
2017 […]” y, que de los dos referentes al SENA relacionados con “[…] los
contratos de prestación de servicios no se encontraban firmados por el
certificador encargado y que la del nombramiento en provisionalidad desde
el año 2006 si bien contenía las funciones desempeñadas, no era clara
sobre desde cuándo ostentaba el empleo de instructor, desde el año 2006
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o desde el 2017 con ocasión de la Resolución 5489 del 24 de julio de ese
año y citada en el documento […]”,
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico por indebida apreciación probatoria al haber afirmado que el certificado
núm. 000169 que acreditaba 29 meses de experiencia no se encontraba
firmado, lo cual no era un hecho cierto toda vez que sí estaba firmado en
manuscrito escaneada “[…] por el subdirector Álex Amed Valencia Rojas […]”,
quien ratificó su firma el 16 de marzo de 2026, situación que conllevó a que se
le denegaran las pretensiones por no acreditar la experiencia mínima exigida
que, para el caso de los profesionales universitarios como lo era en su caso
era de 24 meses y, todo porque al descartar el certificado por falta de firma se
perdieron 29 meses de experiencia.
Afirmó que la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo porque “[…]
aplicó una regla temporal no prevista en el acuerdo, vulnerando el principio de
legalidad del concurso (SU-446/11) […]”, al afirmar que no podía valorarse el
certificado aclaratorio del 8 de marzo de 2018 porque había sido expedido
después del 15 de septiembre de 2017.
Adujo que la providencia cuestionada incurrió en un exceso de formalismo al
afirmar que el certificado del instructor grado 18 no era claro respecto desde
cuando se ejerció tal cargo.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Primera: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso (art.
29 C.P.), igualdad (art. 13 C.P.) – por trato diferenciado injustificado en el
concurso de méritos, acceso a cargos públicos por mérito (art. 125 C.P.),
confianza legítima (arts. 83 y 209 C.P.), prevalencia del derecho
sustancial (art. 228 C.P.), transparencia (art. 209 C.P.) y trabajo (art. 25
C.P.), invocados en esta acción.
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Segunda: Dejar sin efectos la sentencia proferida el 29 de enero de 2026
por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Segunda – Subsección B, dentro del expediente de origen No.
11001-03-25-000-2018-01695-00, por incurrir en un defecto fáctico
constitucionalmente relevante y en los defectos concurrentes expuestos
en esta acción.
Tercera: Ordenar al Consejo de Estado proferir una nueva decisión
valorando integralmente las pruebas y corrigiendo el error fáctico
identificado (en particular, la existencia de la firma en el Certificado No.
000169), con respeto al debido proceso, el mérito y la transparencia,
conforme a los lineamientos establecidos en la parte motiva de este fallo
de tutela.
Cuarta: Conceder la medida provisional solicitada en el capítulo VIII de
esta demanda, consistente en ordenar al Consejo de Estado conservar el
expediente físico (folios 33-35) en las condiciones actuales, garantizando
su preservación e integridad material hasta que se practique la inspección
judicial directa (art. 7 Decreto 2591/91).
Quinta: Notificar el contenido de la sentencia a las partes y a los terceros
vinculados.
Sexta: Inaplicar, por exceso de formalismo o desproporción, la exigencia
contenida en el artículo 19 del Acuerdo CNSC No. 20171000000116 (o la
interpretación que de él hizo la Universidad de Pamplona y convalidó la
sentencia accionada), en cuanto exige que el certificado de experiencia
relacionará “todos los cargos desempeñados y los periodos de los
mismos”, cuando se acredita la continuidad en el mismo cargo y la
información es objetivamente verificable. Esta inaplicación se solicita con
fundamento en la jurisprudencia constitucional que autoriza al juez de
tutela a apartarse de normas que, aplicadas al caso concreto, vulneran
derechos fundamentales (SU-691/11, T-456/19, T-202/24, entre otras), y
tendrá efectos interpartes para este proceso.
Séptima: Condenar en costas a la CNSC y a la Universidad de Pamplona,
o, en subsidio, imponerles una multa por temeridad o mala fe, de
conformidad con el artículo 28 del Decreto 2591 de 1991, siempre que del
acervo probatorio se acredite su actuar temerario o la vulneración
flagrante de derechos fundamentales. En caso de no imponerse dicha
sanción, se ordene la apertura de incidente de regulación de perjuicios
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con fundamento en
el artículo 90 de la Constitución Política, para que se liquiden los daños y
perjuicios causados al accionante desde su indebida exclusión en 2018.
Octava: Ordenar que, en caso de accederse a las pretensiones de la
demanda, se respeten los derechos adquiridos de buena fe por el señor
VÍCTOR GABRIEL QUIJANO VIDAL, actual ocupante del cargo asociado
a la OPEC 60476. En consecuencia, se dispondrá que la entidad
nominadora (SENA) y la CNSC, en un término no superior a seis (6)
meses, gestionen su reubicación sin solución de continuidad en un cargo
de igual o superior categoría, con el mismo nivel salarial y prestacional,
en virtud de su calidad de tercero de buena fe que superó un concurso de
méritos (C.P. arts. 13, 25, 53 y 125; jurisprudencia de la Corte
Constitucional) […]”.
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 29 de mayo de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó a la Comisión Nacional del Servicio Civil, al Servicio Nacional de
Aprendizaje -SENA- y a la Universidad de Pamplona, en calidad de terceros
con interés directo en el resultado del proceso.
III. INTERVENCIONES
1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó
declarar improcedente la presente acción constitucional o, en su defecto,
negar las pretensiones toda vez que la falta de “[…] la rúbrica en el certificado
169 del 5 de octubre de 2017 no fue el único argumento por el cual se negaron
las pretensiones de la demanda […]”, sino que además los documentos
allegados por el accionante no eran idóneos e imprecisos, que no permitían
acreditar con claridad el tiempo de experiencia necesario y las funciones.
Agregó que en la providencia cuestionada no se decidió si el accionante
cumplía materialmente o no con los requisitos exigidos para optar por el
empleo al que se inscribió sino si se había acreditado dichos requisitos en la
etapa administrativa prevista para ello de conformidad con las reglas y etapas
fijadas en el Acuerdo 2017000000116, que se regía como la norma reguladora
de la convocatoria 436 de 2017.
Finalmente, aseguró que el demandante sustentó la supuesta vulneración de
sus derechos fundamentales en una serie de documentos que fueron
expedidos con posterioridad a la sentencia cuestionada, de modo que no
fueron objeto de valoración ni por parte de las entidades en sede administrativa
ni en la instancia judicial reprochada.
2. La Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó negar las pretensiones de la
presente acción de tutela toda vez que la parte accionante acreditó solo 18
meses y 6 días y no 29 meses, por tanto, ese periodo era insuficiente para el
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proceso de valoración de requisitos mínimos, lo que hizo imposible su
continuidad dentro del concurso.
3. El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA regional Valle del Cauca
manifestó que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
profirió la providencia cuestionada conforme a derecho, respetando todas las
garantías procesales de la parte accionante razón por la cual solicita se declare
improcedente porque no cumplió con los requisitos generales de procedibilidad
y solicitó su desvinculación de la presente acción constitucional.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Cuestión previa
La Sala advierte que el Servicio Nacional de Aprendizaje – Regional Valle del
Cauca solicitó su desvinculación del presente trámite de tutela.
La Sala considera que, comoquiera que el Servicio Nacional de Aprendizaje –
Regional Valle del Cauca fungió como parte procesal dentro del proceso objeto
de estudio identificado con el radicado núm.11001-03-25-000-2018-01695-00,
le asiste interés directo en la decisión de la acción constitucional de la
referencia, razón por la que se negará la solicitud de desvinculación.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido
presuntamente en defecto fáctico, sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución.
4. Caso concreto
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
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el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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competencia y la independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 29 de
enero de 2026 en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicación núm. 11001-03-25-000-2018-01695-00.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora en esta
instancia está asociada a que la autoridad accionada valoró indebidamente el
material probatorio porque afirmó que el certificado núm. 000169 que
acreditaba 29 meses de experiencia no se encontraba firmado, lo que lo
conllevó a considerar que no acreditaron los 24 meses de experiencia mínima
exigida que se divida en 12 meses en el desempeño de labores relacionadas
con la mecatrónica y 12 meses de actividades docentes, argumentos que para
esta Sala implican la reapertura del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho objeto cuestionamiento por esta vía.
Lo anterior en razón a que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en la sentencia acusada expuso de manera razonada, coherente y
fundamentada las razones jurídicas por las cuales el accionante no acreditó la
experiencia mínima exigida, la cual no solo se sustentó en la falta de la firma
del certificado que aduce el actor, sino en que los certificados expedidos por
las empresas privadas no eran idóneos e imprecisos que no permitían
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acreditar con claridad el tiempo de experiencia necesario ni las funciones, por
lo que el hecho de que él discrepe de ese análisis no implica que sea arbitrario,
caprichoso o irracional y mucho menos transgresor de derechos
fundamentales.
En este punto, resulta preciso señalar que de conformidad con los principios
de libre valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos
228 y 230 de la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades
para valorar las pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural
de la causa a quien le corresponde determinar el valor de cada medio de
prueba, bajo las reglas de la sana crítica.
De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la
decisión contenga errores graves que desconozcan los principios de la sana
crítica. En esta oportunidad lo perseguido por el extremo accionante es
controvertir el análisis probatorio efectuado por el juez contencioso, lo que
claramente constituye una desnaturalización de este mecanismo, en tanto que
está siendo utilizado como una tercera instancia.
Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Servicio
Nacional de Aprendizaje – Regional Valle del Cauca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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