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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03914-00

Fecha
31 de agosto de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03914-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente el control inmediato de legalidad respecto de las disposiciones de la Resolución 000009 del 27 de marzo de 2026, expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, mediante las cuales se incorporaron al instructivo del Recibo Oficial de Pago de Impuestos Nacionales -Formulario 490- los códigos 75 «Sanción intercambio automático internacional de información» y 81 «Contribución Fondo Nacional de Parque Automotor de Carga», por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Declarar ajustada a derecho la incorporación del código 82 al instructivo del Recibo Oficial de Pago de Impuestos Nacionales -Formulario 490-, correspondiente al concepto «Impuesto al patrimonio personas jurídicas», por las razones expuestas en esta sentencia. 3. Notificar personalmente o mediante mensaje de datos al buzón electrónico dispuesto para notificaciones judiciales, a la DIAN, al procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado y al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 4. Archivar el expediente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03914-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

31 de agosto de 2026

Control inmediato de legalidad
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03914-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚMERO 5

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Control inmediato de legalidad
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03914-00
Acto: Resolución nro. 000009 del 27 de marzo de 2026, proferida por la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)

Sentencia de única instancia

Procede la Sala Quinta Especial de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo a ejercer el control inmediato de legalidad sobre la Resolución nro.
000009 del 27 de marzo de 2026, «Por la cual se modifica el instructivo del Recibo Oficial de
Pago Impuestos Nacionales – Formulario 490 prescrito por el artículo 1.2.2.36 y contenido en el numeral
1. Tabla de formularios de que trata el artículo 3 de la Resolución No 000227 del 23 de septiembre de
2025 “Resolución Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria”», proferida por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

I. ANTECEDENTES

1. Marco normativo que antecede a la expedición del acto objeto de control

1. Mediante el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026, el Gobierno
nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los
departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena
y Chocó, por el término de treinta (30) días calendario, con ocasión de los graves
efectos ocasionados por el fenómeno climatológico que afectó la región Caribe durante
los primeros días del mes de febrero de ese año.

2. En la motivación del Decreto Legislativo 0150 de 2026 se indicó que los efectos del
fenómeno climatológico superaban la capacidad de respuesta del Estado y que los
recursos disponibles en el Presupuesto General de la Nación eran insuficientes para
atender la emergencia. En ese contexto, el Gobierno ejerció las facultades previstas
en el artículo 215 de la Constitución Política.

3. En desarrollo del estado de emergencia, el Gobierno expidió el Decreto Legislativo
0173 del 24 de febrero de 2026, modificado por el Decreto Legislativo 0240 del 12 de
marzo del mismo año, mediante los cuales adoptó medidas tributarias para obtener
recursos destinados a la atención de la emergencia. Entre esas medidas, se incluyó
como sujetos pasivos del impuesto al patrimonio a «las personas jurídicas y sociedades de
hecho contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, y los establecimientos
permanentes (incluidas las sucursales) de entidades del exterior». Asimismo, el artículo 5 dispuso
que la DIAN prescribiría el formulario para la presentación de la declaración y el pago
del impuesto, y fijó los plazos para el cumplimiento de esa obligación.

4. En ejercicio de esa habilitación normativa, el director general de la DIAN expidió la
Resolución nro. 004285 del 26 de marzo de 2026, mediante la cual adicionó el artículo
1.2.2.39 a la Resolución 000227, única en materia tributaria, aduanera y cambiaria.
Dicho acto prescribió el formulario 425, denominado «Declaración del impuesto al patrimonio
para personas jurídicas», el cual debe ser utilizado por las personas jurídicas, las
sociedades de hecho y los establecimientos permanentes -incluidas las sucursales de
entidades extranjeras- para declarar, presentar y pagar el impuesto al patrimonio
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Control inmediato de legalidad
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03914-00

correspondiente a la vigencia fiscal 2026, de conformidad con los Decretos Legislativos
0173 y 0240 de 2026.

2. Acto sometido a control inmediato de legalidad

5. Posteriormente, mediante la Resolución nro. 000009 del 27 de marzo de 2026, el
director de la DIAN modificó el instructivo del recibo oficial de pago de impuestos
nacionales Formulario 490, con el fin de adicionar los siguientes códigos y conceptos:
75 «sanción reporte intercambio internacional de información», 81 «contribución Fondo Nacional de
Parque Automotor de Carga» y 82 «impuesto al patrimonio personas jurídicas», con el propósito
de facilitar la correcta identificación, liquidación y pago de estas obligaciones, cuyo
texto es el siguiente:

«RESOLUCIÓN NÚMERO
( )

Por la cual se modifica el instructivo del Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales –
Formulario 490 prescrito por el artículo 1.2.2.36 y contenido en el numeral 1. Tabla de
formularios de que trata el artículo 3 de la Resolución No 000227 del 23 de septiembre de
2025 “Resolución Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

En uso de sus facultades legales, en especial de las que confieren el numeral 2 del artículo
8 del Decreto 1742 de 2020, los artículos 578 y 631-4 del Estatuto Tributario, el artículo 24
del Decreto 1017 de 2025 y el artículo 5 del Decreto Legislativo 173 de 2026 y

CONSIDERANDO

Que el Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026, expedido en desarrollo del
artículo 215 de la Constitución Política, adicionó el numeral 6 al artículo 292-3 del Estatuto
Tributario para incluir como sujetos pasivos del impuesto al patrimonio a personas jurídicas
y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta; y su artículo 5 dispuso
que la DIAN prescribirá el formulario para la declaración y pago de dicha obligación, razón
por la cual se requiere la identificación específica del concepto en el Recibo Oficial de Pago
de Impuestos Nacionales - Formulario No. 490 (código 82).

Que el Decreto Legislativo 0240 del 12 de marzo de 2026 modificó el Decreto Legislativo
0173 del 24 de febrero de 2026 incluyendo para la vigencia del año 2026 como sujetos
pasivos del impuesto al patrimonio a los establecimientos permanentes (incluidas las
sucursales) de entidades del exterior.

Que el artículo 24 del Decreto 1017 de 2025 adicionó el artículo 2.2.1.7.7.16 al Decreto
1079 de 2015. Este artículo asignó a la DIAN la facultad de reglamentar el procedimiento
para el recaudo y la transferencia de los recursos previstos en esa normativa. Por lo tanto,
se requiere individualizar en el Recibo Oficial de Pago de Impuestos Nacionales -
Formulario No. 490 el concepto correspondiente a la Contribución Fondo Nacional de
Parque Automotor de Carga (código 81) para su adecuada identificación en el recaudo y
posterior transferencia al FOPAT.

Que el artículo 631-4 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 15 de la Ley 2155
de 2021, asignó a la DIAN la competencia para definir, mediante resolución, los sujetos
obligados a suministrar información para el intercambio automático de información, y que
su parágrafo 3 establece que el incumplimiento dará lugar a las sanciones del artículo 651
del Estatuto Tributario. En consecuencia, es necesario contar con un concepto específico
en el Recibo Oficial de Pago de Impuestos Nacionales - Formulario No. 490 para el pago
de dichas sanciones (código 75).

Que corresponde a la DIAN prescribir y ajustar los instrumentos oficiales para la
identificación, liquidación y pago de las obligaciones a su cargo, entre ellos el Recibo Oficial
de Pago Impuestos Nacionales – Formulario No. 490, con el fin de garantizar el recaudo,
control y trazabilidad de los recursos administrados por la entidad.

Que se hace necesario modificar el instructivo del Recibo Oficial de Pago de Impuestos
Nacionales - Formulario No. 490, mediante la adición de los conceptos número 75 “Sanción
reporte intercambio internacional de información”, número 81 “Contribución Fondo
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Control inmediato de legalidad
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Nacional de Parque Automotor de Carga” y número 82 “Impuesto al patrimonio personas
jurídicas”, con el propósito de contar con un documento único que permita la correcta
identificación, liquidación y pago de estos conceptos, facilitando el cumplimiento oportuno
de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, responsables y demás obligados.

Que mediante el artículo 1.2.2.36 de la Resolución 000227 de 2025 se compiló el artículo
4 de la Resolución 4 de 2019 que prescribió el Recibo Oficial de Pago de Impuestos
Nacionales - Formulario 490 y dicho formulario fue incluido en la tabla de formularios y su
instructivo.

Que es necesario actualizar el instructivo del Formulario 490 conforme a lo expuesto para
garantizar la correcta identificación de los diferentes conceptos de pago que recibe la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN por
conceptos tributarios.

Que en cumplimiento del Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, y
los artículos 3 y 8 de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de Resolución fue publicado, en el
sitio web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, entre el 14 y el 23 de marzo de 2026.

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Modificación del instructivo del Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales -
Formulario No. 490. Modifíquese el Instructivo del Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales –
Formulario 490 prescrito por el artículo 1.2.2.36 y contenido en el numeral 1. Tabla de formularios de
que trata el artículo 3 de la Resolución No. 000227 de 2025 adicionando los siguientes conceptos y
periodicidades de pago:

Código Descripción del concepto Período
Concepto
75 Sanción Intercambio Automático Internacional de 01
Información
81 Contribución Fondo Nacional de Parque Mensual
Automotor de Carga
01 Ene 05 May 09 Sep
02 Feb 06 Jun 10 Oct
03 Mar 07 Jul 04 Abr
11 Nov 08 Ago 12 Dic
82 Impuesto Patrimonio Personas Jurídicas 01

Parágrafo. El Formulario 490 prescrito por el artículo 1.2.2.36 de la Resolución 000227 de 2025
corresponde al diseño anexo a esta resolución y forma parte integral de esta y de aquella.

ARTÍCULO 2°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de
conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.»

3. Trámite del control inmediato de legalidad

6. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 136 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) remitió a esta Corporación copia
de la Resolución 000009 del 27 de marzo de 2026, para efectos del control inmediato
de legalidad.

3.1. Auto que avoca conocimiento

7. Mediante auto del 17 de junio de 20261, la magistrada ponente avocó el
conocimiento del asunto y ordenó fijar aviso sobre la existencia del proceso por el
término de diez días, para que los ciudadanos impugnaran o coadyuvaran la legalidad
de la Resolución 000009 del 27 de marzo de 2026. Además, dispuso notificar
personalmente la providencia a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) y al Procurador General de la Nación. Ofició a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) para que allegara los antecedentes administrativos que

1
Samai CE, índice 4.
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dieron lugar a la expedición de la resolución y ordenó publicar la providencia en la
página web oficial de la entidad.

3.2. Intervenciones

8. Dentro del término concedido para intervenir en el presente trámite comparecieron
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) y el Ministerio Público.

9. La DIAN solicitó declarar ajustada a derecho la Resolución 000009 del 27 de marzo
de 2026 al considerar que cumplió los requisitos formales exigibles, pues (i) fue
expedida durante la vigencia del estado de emergencia, (ii) desarrolló los Decretos
Legislativos 0173 y 0240 de 2026, (iii) fue proferida por autoridad competente y (iv)
contiene la motivación que justifica la modificación del Formulario 490 como
instrumento para la identificación, liquidación y pago de las obligaciones tributarias con
el fin de garantizar el recaudo, control y trazabilidad de los recursos administrados por
la entidad.

10. En cuanto a los requisitos materiales, sostuvo que el acto satisface los criterios de
conexidad, necesidad, proporcionalidad y transitoriedad. Explicó que el acto desarrolla
directamente los Decretos Legislativos 0173 y 0240 de 2026, al adecuar el Formulario
490 para hacer posible la liquidación y el recaudo del impuesto al patrimonio
establecido como una de las medidas tributarias adoptadas durante el estado de
excepción. Agregó que la medida era necesaria, pues la habilitación del formulario
constituía el mecanismo orientado a facilitar el recaudo del impuesto al patrimonio y
proporcional, en tanto permite establecer de manera directa el valor de «los recursos a
invertir en esta zona del país para conjurar la crisis humanitaria y el restablecimiento de las actividades
económicas».

11. El Procurador Delegado de Intervención 10: Quinto Delegado ante esta
Corporación, previo a hacer relación de los antecedentes de la Resolución nro. 000009
del 27 de marzo de 2026, solicitó declararla «violatoria de los derechos y garantías de los
contribuyentes y contraria al ordenamiento jurídico», con fundamento en los siguientes
argumentos:

12. Indicó que la resolución desarrolla el Decreto Legislativo 0173 de 2026, modificado
por el Decreto Legislativo 0240 del mismo año, mediante el cual se creó un impuesto
temporal al patrimonio para personas jurídicas. Sin embargo, consideró que ese
decreto desconoce el principio de irretroactividad, por cuanto estableció el impuesto
aplicable a la vigencia fiscal 2026, pese a que al tratarse de un tributo de periodo solo
puede aplicarse a partir del periodo siguiente al inicio de su vigencia. Agregó la
vulneración a los principios de causación, equidad, justicia y certeza tributaria, al
establecer cambios normativos en obligaciones tributarias bajo el estado de
emergencia, desconociendo el principio de legalidad pues no se definen los elementos
esenciales del impuesto al patrimonio, particularmente los sujetos activo y pasivo, el
hecho generador, la base gravable y la tarifa como lo exige la Constitución Política.

13. En su criterio, la habilitación del formulario de pago constituye un desarrollo directo
de un decreto legislativo que es contrario a la Constitución, por lo que la resolución
carece de sustento jurídico suficiente. Asimismo, sostuvo que las medidas
implementadas no guardan una relación directa con las causas que motivaron la
declaratoria del estado de emergencia, y corresponde a un asunto de «exclusivo
desarrollo legislativo» razón por la cual tampoco satisfacen los requisitos materiales
exigidos para los actos administrativos expedidos durante los estados de excepción.
En consecuencia, solicitó declarar la nulidad del acto objeto de control.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

14. Conforme a los artículos 20 de la Ley 137 de 19942, 37-2 de la Ley 270 de 19963,
111 [núm. 8] y 136 de la Ley 1437 de 20114, 23 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de
20195 y lo aprobado en sesión del 2 de abril de 2020 de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, corresponde a las Salas Especiales de Decisión ejercer
el control inmediato de legalidad de los actos administrativos de carácter general
proferidos por autoridades del orden nacional, en ejercicio de la función administrativa
y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción.

15. La Sala ejercerá el control de legalidad de manera integral, de acuerdo con lo
establecido por la Sala Plena de esta Corporación, y, en consecuencia, analizará si el
acto bajo estudio se ajusta al ordenamiento jurídico porque satisface los requisitos
formales y materiales. Con todo, el control ejercido se entiende agotado, únicamente,
frente a las disposiciones jurídicas abordadas en esta providencia y, por tanto,
materializará una cosa juzgada relativa, en los términos del artículo 189 del CPACA,
pues no impedirá que frente a los puntos no estudiados se ejerzan los medios de
control pertinentes, a través del control judicial rogado.

2. Cuestión previa

16. La Sala advierte que el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026,
mediante el cual se declaró el estado de emergencia, fue objeto de control automático
de constitucionalidad por la Corte Constitucional. En la Sentencia C-191 de 2026,
divulgada mediante el Comunicado 22 del 24 de junio de 2026, la Corte declaró su
exequibilidad condicionada en relación con el ámbito territorial de la emergencia6. Por
su parte, los Decretos Legislativos 0173 del 24 de febrero de 2026 y 0240 del 12 de
marzo del mismo año, que sirven de fundamento a la Resolución 000009 de 2026,
actualmente son objeto del control automático de constitucionalidad ante la Corte
Constitucional, sin que a la fecha se conozca una decisión definitiva sobre su
exequibilidad. No obstante, esta circunstancia no impide adelantar el presente control
inmediato de legalidad.

17. En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido de manera uniforme
que dicho mecanismo tiene carácter autónomo7, por lo que su ejercicio no está
supeditado al pronunciamiento previo de la Corte Constitucional sobre el decreto que
declaró el estado de excepción ni sobre los decretos legislativos expedidos en su
desarrollo. En consecuencia, la Sala abordará el examen de legalidad de la resolución
demandada, sin perjuicio de los efectos jurídicos que pueda generar la decisión que
posteriormente adopte la Corte Constitucional respecto de los decretos legislativos
que le sirven de fundamento.

18. Adicionalmente, la Sala advierte que, mediante Auto 533 del 29 de abril de 2026,
la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el recaudo de la segunda cuota
del impuesto al patrimonio, cuyo pago estaba previsto para el 4 de mayo de 2026,
respecto de las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario
especial y de las personas jurídicas que se encontraran en liquidación a esa fecha. La
medida fue adoptada en el trámite de control automático de constitucionalidad del
Decreto Legislativo 0173 de 2026, cuyo artículo 5 regula dicho recaudo.
2 «Por la cual se reglamentan los estados de excepción en Colombia»
3
Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
4
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
5
Reglamento del Consejo de Estado.
6
comunicado-22-junio-24-de-2026.pdf
7 Sentencia del 13 de noviembre de 2020, Sala Especial de Decisión Dieciséis. Proceso radicado número: 11001 03 15 000 2020

01613 00. Consejero Ponente: Nicolás Yepes Corrales. «Es autónomo, lo que implica que sea posible adelantar el control de los
actos administrativos aún antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que declara
el Estado de Excepción o respecto de los decretos legislativos que lo desarrollan».
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19. Esta medida cautelar no modifica el objeto del presente control inmediato de
legalidad ni afecta, por sí misma, la legalidad de la Resolución 000009 de 2026. El
acto examinado no determina los sujetos pasivos del impuesto ni regula su causación,
declaración o pago, sino que se limita a incorporar el código 82 en el Formulario 490
para identificar el concepto correspondiente. En consecuencia, la suspensión
provisional ordenada por la Corte respecto del recaudo a determinados contribuyentes
no incide en el juicio de legalidad que corresponde efectuar en este proceso.

20. Con todo, la decisión de la Corte Constitucional hace parte del contexto normativo
que debe considerar la Sala al momento de decidir. Por ello, la legalidad de la
Resolución 000009 de 2026 se examina a partir del marco normativo vigente, sin
perjuicio de los efectos jurídicos que pueda producir la decisión que posteriormente
adopte la Corte Constitucional en el control de constitucionalidad de los Decretos
Legislativos 0173 y 0240 de 2026, que sirven de fundamento al acto administrativo
objeto de control.

21. En el mismo sentido, la Sala advierte que algunos de los planteamientos
formulados por el Ministerio Público están dirigidos a cuestionar la constitucionalidad
de los Decretos Legislativos 0173 y 0240 de 2026, al considerar que vulneran
principios como la irretroactividad, la certeza y la equidad tributaria. Tales
cuestionamientos exceden el ámbito propio del presente medio de control, pues se
dirigen contra las medidas adoptadas por el legislador excepcional y no contra el acto
administrativo expedido por la DIAN en su desarrollo.

22. En consecuencia, el examen que corresponde realizar se circunscribe a verificar
los requisitos de procedencia del control inmediato de legalidad y, superados estos, si
la Resolución 000009 de 2026 se ajusta a los requisitos formales y materiales exigidos
para los actos administrativos expedidos en desarrollo de los decretos legislativos
dictados durante el estado de excepción, sin que ello implique emitir un
pronunciamiento sobre la constitucionalidad de estos últimos, asunto reservado a la
Corte Constitucional.

23. Mientras no exista un pronunciamiento definitivo de inexequibilidad, los Decretos
Legislativos 173 y 240 de 2026 conservan su presunción de constitucionalidad y
obligatoriedad, razón por la cual constituyen parámetro válido para adelantar el
examen de legalidad del acto administrativo expedido en su desarrollo.

3. Naturaleza, finalidad y alcance del control inmediato de legalidad

24. El control inmediato de legalidad es el mecanismo judicial previsto en el artículo
20 de la Ley 137 de 1994 y en el artículo 136 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para examinar los actos
administrativos de carácter general expedidos por las autoridades administrativas en
desarrollo de los decretos legislativos dictados durante los estados de excepción.

25. Su finalidad es garantizar que el ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas a las autoridades administrativas durante los estados de excepción se
mantenga dentro de los límites fijados por la Constitución, la Ley Estatutaria de los
Estados de Excepción y los decretos legislativos que sirven de fundamento a las
medidas adoptadas. Por ello, el examen de legalidad comprende la confrontación del
acto administrativo con las disposiciones constitucionales que regulan los estados de
excepción, la Ley 137 de 1994, el decreto que declara el estado de excepción y los
decretos legislativos expedidos para atender la situación extraordinaria que le dio
origen.

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26. La jurisprudencia del Consejo de Estado8 ha precisado que este medio de control
presenta, entre otras, las siguientes características:

(i) Es un verdadero proceso judicial, pues corresponde a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo determinar, mediante sentencia, si los actos administrativos
expedidos en desarrollo de los decretos legislativos se ajustan al ordenamiento jurídico.

(ii) Es automático e inmediato, porque surge por ministerio de la ley una vez se expide el
acto administrativo de carácter general9. En consecuencia, la autoridad que lo profiere
debe remitirlo a esta jurisdicción dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
su expedición y, si incumple ese deber, el juez contencioso puede asumir de oficio su
conocimiento.

(iii) Es autónomo, en cuanto su ejercicio no depende de que la Corte Constitucional haya
decidido previamente sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de
excepción o de los decretos legislativos que lo desarrollan 10. En consecuencia, el juez
administrativo puede adelantar el examen de legalidad del acto administrativo, sin
perjuicio de los efectos que produzca la decisión que posteriormente adopte la Corte
Constitucional.

(iv) Es integral, porque comprende el examen de todos los presupuestos que condicionan
la validez del acto administrativo expedido en desarrollo de los decretos legislativos. Así,
el juez verifica la competencia de la autoridad que lo expidió, el cumplimiento de los
requisitos formales para su expedición y los requisitos materiales de la medida con el
marco jurídico excepcional, para lo cual examina, entre otros aspectos, la conexidad
entre el acto administrativo y los decretos legislativos que desarrolla, así como la
necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas.

(v) Es compatible con los medios ordinarios de control, de manera que la sentencia que
decide este proceso no impide que el acto administrativo pueda ser posteriormente
demandado mediante los medios de control de nulidad o de nulidad por
inconstitucionalidad, siempre que se formulen cargos distintos de aquellos que fueron
objeto de análisis en este proceso11.

(vi) Tiene efectos de cosa juzgada relativa, pues la sentencia produce efectos erga
omnes12 respecto de los aspectos efectivamente analizados y decididos, sin impedir que
con posterioridad puedan formularse nuevos cuestionamientos sustentados en cargos
diferentes13.

4. Requisitos de procedencia

27. En orden a resolver si es procedente o no este medio de control, es menester
verificar si se cumplen los requisitos de procedibilidad fijados en el artículo 136 del
CPACA.

4.1. Que el acto sea dictado en ejercicio de la función administrativa

28. La Resolución 000009 del 27 de marzo de 2026 fue expedida por el director
general de la DIAN, en ejercicio de las facultades legales invocadas en el propio acto,
en especial las consagradas en el numeral 2 del artículo 8 del Decreto 1742 de 2020
y el numeral 1 del artículo 616 del Estatuto Tributario, esto es, la de impartir
instrucciones de carácter general en materia tributaria, aduanera, de comercio exterior
y de control cambiario.

8 Ver, entre otras, sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 28 de enero de 2003, expediente núm. 2002-

0949-01, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; del 7 de octubre de 2003, expediente núm. 2003-0472-01, C.P. Tarcisio
Cáceres Toro, del 16 de junio de 2009, expediente núm. 2009-00305-00, y del 9 de diciembre de 2009, expediente núm. 2009-
073200, C.P. Enrique Gil Botero.
9
Artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del CPACA
10
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 28 de julio de 2020, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
expediente 11001-03-15-000-2020-01299-00.
11
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: (i) del 7 de febrero de 2000, expediente núm. CA-033, C.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez; (ii) del 20 de octubre de 2009, expediente núm. 2009-00549, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y (iii) del 9 de diciembre de
2009, expediente núm. 2009-00732, C.P. Enrique Gil Botero.
12 Artículo 189 CPACA «[…] Las [sentencias] que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control

inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se
haga el examen […]»
13
Sentencia del 3 de junio de 2022, Sala 17 Especial de Decisión, sentencia, Exp. 11001-03-15-000-2021-04664-00.
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Control inmediato de legalidad
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03914-00

4.2. Que el contenido del acto sea de carácter general

29. La Resolución 000009 del 27 de marzo de 2026 es de carácter general, impersonal
y abstracto, en tanto modificó el instructivo del recibo oficial de pago de impuestos
nacionales Formulario 490, con el fin de adicionar los siguientes códigos y conceptos:
75 «sanción reporte intercambio internacional de información», 81 «contribución
Fondo Nacional de Parque Automotor de Carga» y 82 «impuesto al patrimonio
personas jurídicas», con el propósito de facilitar la correcta identificación, liquidación y
pago de estas obligaciones.

30. Al respecto, la DIAN justifica en el ámbito de aplicación de la medida que se
extiende a todo el territorio nacional y se dirige a la DIAN para prescribir y ajustar los
instrumentos oficiales para la identificación, liquidación y pago de las obligaciones a
su cargo, entre ellos el recibo oficial de pago impuestos nacionales – Formulario No.
490, con el fin de garantizar el recaudo, control y trazabilidad de los recursos
administrados por la entidad.

4.3. Que el acto sea dictado por una autoridad nacional

31. La DIAN es una autoridad administrativa del orden nacional, pues conforme con el
artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las unidades administrativas especiales con
personería jurídica integran el sector descentralizado por servicios de la Rama
Ejecutiva del poder público en el orden nacional.

32. El artículo 1.º del Decreto 1071 de 1999 organizó a la DIAN como una Unidad
Administrativa Especial del orden nacional, de carácter técnico y especializado, con
personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y patrimonio propio,
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

33. Por tanto, al provenir el acto objeto de control de una entidad descentralizada por
servicios del orden nacional, se satisface este presupuesto de procedibilidad del
control inmediato de legalidad.

4.4. Que el acto objeto de control sea proferido en desarrollo de un decreto legislativo

34. Frente a este último requisito de procedibilidad, la Sala observa que la Resolución
000009 del 27 de marzo de 2026 citó como fundamentos normativos los Decretos
Legislativos 0150, 0173 y 0240 de 2026. El Decreto Legislativo 0240 del 12 de marzo
de 2026 modificó el Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026, en el sentido
de incluir para la vigencia del año 2026 como sujetos pasivos del impuesto al
patrimonio a los establecimientos permanentes (incluidas las sucursales) de entidades
del exterior.

35. Mediante el artículo 1.2.2.36 de la Resolución 000227 de 2025 se compiló el
artículo 4° de la Resolución 4 de 2019 que prescribió el Recibo Oficial de Pago de
Impuestos Nacionales - Formulario 490 y dicho formulario fue incluido en la tabla de
formularios y su instructivo.

36. Con fundamento en la regulación de los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio
en los términos del Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026, modificado por
el Decreto Legislativo 0240 de 2026, la DIAN expidió la Resolución 000009 del 27 de
marzo de 2026, mediante la cual modificó el instructivo del Recibo Oficial de Pago de
Impuestos Nacionales – Formulario No. 490, mediante la adición del concepto número
82 «Impuesto al patrimonio personas jurídicas», con el propósito de contar con un
documento único que permita la correcta identificación, liquidación y pago de este
impuesto, facilitando el cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo de los
contribuyentes.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03914-00

37. De este modo, se observa que la Resolución 000009 del 27 de marzo de 2026
respecto al código 82 del instructivo se expidió en desarrollo de la habilitación conferida
por el Decreto Legislativo, dictado durante el Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica.

38. En consecuencia, la Sala encuentra satisfechos los requisitos de procedibilidad,
en los términos de los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del CPACA frente al
código 82 «Impuesto al patrimonio personas jurídicas» del Formulario 490.

39. Distinta es la situación de las modificaciones introducidas mediante los códigos 75
«Sanción reporte intercambio internacional de información» y 81 «Contribución Fondo
Nacional de Parque Automotor de Carga». Del contenido de la resolución se advierte
que dichos códigos no fueron incorporados para implementar las medidas tributarias
previstas en los Decretos Legislativos 0173 y 0240 de 2026. Por el contrario, su
inclusión obedece a disposiciones ordinarias que regulan obligaciones administradas
por la DIAN y cuya aplicación no deriva de las facultades excepcionales conferidas
durante el estado de emergencia.

40. Respecto del código 81, el acto señala expresamente que su incorporación
obedece al artículo 24 del Decreto 1017 de 202514, disposición que adicionó el artículo
2.2.1.7.7.16 al Decreto 1079 de 2015 y asignó a la DIAN la facultad de reglamentar el
procedimiento para el recaudo y la transferencia de los recursos correspondientes al
Fondo Nacional de Parque Automotor de Carga. Con ese propósito, la resolución
incorpora un concepto específico en el Formulario 490 « Contribución Fondo Nacional de
Parque Automotor de Carga» para facilitar la identificación de esos recursos y su posterior
transferencia al FOPAT.

41. Por su parte, el código 75 tiene como fundamento el artículo 631-4 del Estatuto
Tributario15, modificado por el artículo 15 de la Ley 2155 de 2021, norma que atribuyó
a la DIAN la competencia para definir los sujetos obligados a suministrar información
para el intercambio automático internacional de información y previó la imposición de
las sanciones contempladas en el artículo 651 del Estatuto Tributario en caso de
incumplimiento. En desarrollo de esa regulación, la resolución creó un concepto
específico en el Formulario 490 para el pago de dichas sanciones « sanción reporte
intercambio automático internacional de información».

42. Como se observa, ambas modificaciones desarrollan competencias ordinarias
atribuidas previamente a la DIAN por normas ajenas al estado de excepción. Ninguna
de ellas encuentra sustento en las medidas tributarias adoptadas mediante los
Decretos Legislativos 0173 y 0240 de 2026, ni guarda relación con el impuesto al
patrimonio creado para la vigencia fiscal 2026 o con la ampliación de los sujetos
pasivos de ese tributo. Se trata, por tanto, de medidas que pudieron ser adoptadas con
independencia de la declaratoria del estado de excepción y que no encuentran su
justificación en las facultades extraordinarias conferidas por el legislador excepcional.

14
"2.2.1.7.7.16. Otros recursos para la financiación de la Subcuenta de Modernización de Transporte de Carga Pesada
del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico - FOPAT. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en
vigencia del presente decreto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN reglamentará el procedimiento para el
recaudo y transferencia de los recursos establecidos en el artículo 21 de la Ley 2251 de 2022. La tarifa corresponderá al 0.1%
calculada sobre el valor del flete incluido en el manifiesto de carga de cada operación de carga.
Durante este período, la DIAN definirá el contenido del formulario y/o instrumento que considere más adecuado para garantizar
el recaudo.
15
Artículo 631-4. Intercambio automático de información. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN definirá mediante resolución los sujetos que se encuentran obligados a suministrar información para efectos de
cumplir con los compromisos internacionales en materia de intercambio automático de información, así como la información que
deben suministrar y los procedimientos de debida diligencia que deben cumplir, teniendo en cuenta los estándares y prácticas
reconocidas internacionalmente sobre intercambio automático de información.
(…)
Parágrafo 3. El incumplimiento de lo previsto en este artículo será sancionable de conformidad con lo previsto en el artículo 651
de este Estatuto.
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Control inmediato de legalidad
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03914-00

43. La circunstancia de que la DIAN hubiera decidido incorporar estas modificaciones
en la misma resolución mediante la cual adecuó el Formulario 490 al impuesto al
patrimonio no altera esa conclusión. El requisito de procedibilidad que exige el
desarrollo del decreto legislativo para superar el control inmediato de legalidad no se
predica del acto administrativo considerado únicamente desde una perspectiva formal,
sino de cada una de las medidas que lo integran. En consecuencia, la inclusión de
disposiciones sustentadas en competencias ordinarias dentro de un acto expedido
para desarrollar decretos legislativos no basta para conferirles el carácter excepcional
que exige este mecanismo de control.

44. Por lo anterior, la Sala concluye que las modificaciones correspondientes a los
códigos 75 y 81 no guardan una relación directa y específica con los Decretos
Legislativos 0173 y 0240 de 2026 y, en consecuencia, no superan el juicio de
procedibilidad exigido para los actos administrativos expedidos en desarrollo de la
legislación excepcional. Aunque fueron incorporadas en la misma Resolución 000009
de 2026, su fundamento jurídico se encuentra exclusivamente en normas ordinarias y
permanentes que atribuían previamente competencias a la DIAN. En consecuencia,
frente a estas dos disposiciones no se cumple uno de los presupuestos previstos en
los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del CPACA, por lo que el control inmediato
de legalidad resulta improcedente.

45. Esta conclusión tiene sustento en la jurisprudencia de las Salas Especiales de
Decisión del Consejo de Estado16, según la cual los actos administrativos generales
que, aun expedidos durante un estado de excepción, se limitan a ejecutar
competencias ordinarias y no desarrollan la legislación extraordinaria no son
susceptibles de revisión automática. En esos eventos, el control judicial corresponde
al medio ordinario de control de nulidad previsto en el artículo 137 CPACA.

46. La improcedencia del control automático no comporta juicio alguno sobre la
legalidad de los códigos 75 y 81 ni afecta su presunción de legalidad. Tampoco impide
que esas disposiciones sean controvertidas posteriormente mediante los medios
ordinarios de control, escenario en el que podrán formularse los cargos de nulidad
correspondientes y adelantarse el examen propio de esas competencias ordinarias.

5. Problema jurídico

47. Establecido lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la Resolución 000009
del 27 de marzo de 2026, expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), respecto del código 82 «impuesto al
patrimonio personas jurídicas», satisface los requisitos formales y materiales exigidos
para los actos administrativos generales dictados en desarrollo de los decretos
legislativos expedidos durante un estado de excepción y, en consecuencia, si debe
declararse ajustada a derecho.

6. Control formal y material de legalidad del código 82 de la Resolución 000009
del 27 de marzo de 2026

48. Precisado el alcance de este medio de control, corresponde a la Sala establecer
si frente al código 82 «impuesto al patrimonio personas jurídicas», la Resolución
000009 del 27 de marzo de 2026 satisface los requisitos formales y materiales exigidos
para los actos administrativos expedidos en desarrollo de los decretos legislativos
dictados durante el estado de excepción.

49. Para ese efecto, se verificará, en primer lugar, si el acto fue expedido por la
autoridad competente y con observancia de las exigencias formales previstas para su
16 Sala Especial de Decisión 23, sentencia del 20 de enero de 2021, radicado 11001-03-15-000-2020-03794-00(CA) (Acumulado

11001-03-15-000-2020-03795-00), sala Especial de Decisión 27, sentencia del 18 de febrero de 2021, expediente 11001-03-15-
000-2020-03004-00, C.P. Rocío Araújo Oñate.
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Control inmediato de legalidad
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03914-00

expedición. Posteriormente, se analizará si la medida adoptada satisface los
presupuestos materiales que rigen este mecanismo de control, particularmente los
juicios de conexidad, necesidad y proporcionalidad.

6.1 Competencia, objeto, causa y finalidad del acto

50. Conforme con los parámetros expuestos, corresponde verificar si la Resolución
000009 de 2026 reúne los elementos formales que condicionan la validez de los actos
administrativos expedidos en desarrollo de los decretos legislativos dictados durante
un estado de excepción. Para ello, la Sala examinará la competencia de la autoridad
que profirió el acto, así como sus elementos de objeto, causa, finalidad y forma.

51. La Resolución 000009 del 27 de marzo de 2026 fue expedida por el director
general de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), autoridad a la que corresponde administrar los impuestos
nacionales y prescribir los formularios oficiales necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, de conformidad con las funciones previstas en el Decreto 1742
de 202017. Además, se observa que el acto fue suscrito por el director general de la
DIAN, quien actuó en ejercicio de las atribuciones expresamente invocadas en el acto
administrativo y de las funciones de dirección y administración que le confiere el
numeral 2 del artículo 8 del Decreto 1742 de 202018. Por tanto, no se evidencia vicio
alguno relacionado con la competencia subjetiva o funcional de la autoridad que
adoptó la medida.

52. De manera específica, el artículo 5° del Decreto Legislativo 0173 de 2026 dispuso
que la DIAN debía prescribir el formulario para la declaración y pago del impuesto al
patrimonio allí establecido. Posteriormente, el Decreto Legislativo 0240 del mismo año
amplió los sujetos pasivos del tributo, lo que hizo necesaria la adecuación del
formulario correspondiente. En ese contexto, la Sala concluye que la DIAN contaba
con competencia para expedir la Resolución 000009 de 2026.

53. Cabe precisar desde la perspectiva temporal de la competencia, que la Resolución
000009 fue expedida el 27 de marzo de 2026, cuando ya había finalizado la vigencia
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el
Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026. Sin embargo, este hecho no
determina por sí solo la falta de competencia para expedir el acto objeto de control,
pues debe distinguirse entre la vigencia temporal del estado de excepción y la de las
medidas adoptadas mediante los decretos legislativos expedidos durante este.

54. En este caso, la Resolución 000009 de 2026 tuvo por objeto hacer operativo el
cumplimiento de una obligación tributaria establecida en el Decreto Legislativo 0173
de 2026, cuyos efectos se extendían más allá de la terminación del estado de
excepción, en tanto la declaración y el pago del tributo debían efectuarse
posteriormente, dentro de los plazos allí previstos. Por tanto, la circunstancia de que
la resolución hubiera sido expedida una vez finalizado el estado de emergencia no
rompe, por sí misma, la correspondencia temporal entre la medida excepcional y la
actuación administrativa dirigida a hacer posible su ejecución.
17
“Artículo 1. Competencia. A la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le competen los
siguientes asuntos:
La administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana
y los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate
de impuestos internos o al comercio exterior; así como la dirección y administración de la gestión aduanera, incluyendo la
aprehensión, decomiso o declaración en abandono a favor de la Nación de mercancías y su administración y disposición.
Igualmente, le corresponde el control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y
exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y
exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones. La administración de los impuestos comprende su
recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
18
“Artículo 8. Funciones de la Dirección General. Son funciones de la Dirección General en desarrollo de las competencias propias
de la DIAN, las siguientes: (…)
2. Impartir instrucciones de carácter general en materia tributaria, aduanera, de comercio exterior y de control cambiario, en lo de
competencia de la DIAN”.
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Control inmediato de legalidad
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03914-00

55. Desde el punto de vista de su objeto, la resolución contiene una decisión
administrativa clara, determinada y jurídicamente posible. En efecto, mediante ese
acto la DIAN modificó el instructivo del Formulario 490 con el fin de incorporar un
concepto y periodicidad para la liquidación y pago de obligaciones administradas por
la entidad. La medida adoptada se encuentra expresamente definida en la parte
resolutiva del acto, por lo que su contenido resulta cierto y susceptible de ejecución.

56. En cuanto a la causa, la Sala observa que la resolución identifica las normas
constitucionales, legales y reglamentarias que le sirven de fundamento y expone las
razones que justifican su expedición. En particular, señala que la modificación
introducida al Formulario 490 obedece a la necesidad de adecuar el instrumento oficial
de recaudo a la medida tributaria adoptada mediante los Decretos Legislativos 0173 y
0240 de 2026. En consecuencia, el acto exterioriza las circunstancias de hecho y de
derecho que motivaron su expedición y permite conocer las razones que condujeron a
la administración a adoptar la decisión allí contenida. Lo anterior se entiende sin
perjuicio del examen material que posteriormente realizará la Sala respecto de la
conformidad de esas razones con el régimen jurídico propio de los estados de
excepción.

57. La finalidad del acto consiste en que este tenga como objeto desarrollar uno o más
de los decretos legislativos expedidos en los estados de excepción. La Sala entiende
que este juicio tiene como fin verificar, en un plano formal, que el acto administrativo
haya sido expedido para desarrollar las competencias y mandatos previstos en el
decreto legislativo que constituye su fundamento inmediato, de manera que exista una
relación objetiva entre la medida administrativa adoptada y la finalidad perseguida por
la legislación excepcional.

58. En el caso concreto, la Resolución nro. 000009 de 2026 fue expedida con el
propósito de modificar el Formulario 490 como instrumento para la presentación y pago
de obligaciones administradas por la DIAN. Además, dentro de las modificaciones
incorporadas se encuentra la creación del concepto 82 «Impuesto al patrimonio personas
jurídicas», medida adoptada en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto
Legislativo 0173 de 2026, que atribuyó a la entidad la función de prescribir los
instrumentos necesarios para la declaración y pago de dicha obligación.

59. En consecuencia, desde la perspectiva formal, la Sala encuentra acreditado el
requisito de finalidad, toda vez que el acto administrativo fue expedido para
materializar un mandato contenido en el Decreto Legislativo 0173 de 2026, sin que en
esta etapa del análisis se advierta el ejercicio de la potestad administrativa para un
propósito manifiestamente ajeno al previsto por dicha normativa. Lo anterior sin
perjuicio del examen material de finalidad que se encuentra inmerso en los juicios de
conexidad y necesidad.

60. Finalmente, la resolución fue expedida por escrito, identifica la autoridad que la
profirió, contiene la motivación que sustenta las decisiones adoptadas, incorpora una
parte resolutiva en la que se precisa la modificación introducida al formulario y fue
debidamente publicada. En consecuencia, la Sala encuentra acreditado el
cumplimiento de las exigencias formales previstas para este tipo de actos
administrativos.

61. En síntesis, la Resolución 000009 del 27 de marzo de 2026, como se indicó, reúne
los requisitos formales de validez exigidos para los actos administrativos expedidos en
desarrollo de los decretos legislativos dictados durante un estado de excepción.
Corresponde, entonces, establecer si la medida adoptada mediante dicho acto
respecto del código 82 satisface los presupuestos materiales que rigen el control
inmediato de legalidad.

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Control inmediato de legalidad
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03914-00

6.2. Examen material del código 82 de la Resolución 000009 de 2026

62. Superado el examen formal del acto, procede establecer si la medida incorporada
en la Resolución 000009 de 2026 frente a la incorporación dentro del instructivo del
citado código satisface los requisitos materiales que rigen el control inmediato de
legalidad. Para ello, la Sala verificará si la modificación introducida al Formulario 490
guarda conexidad con los decretos legislativos expedidos durante el estado de
excepción y si resulta necesaria y proporcional para la finalidad perseguida por esas
disposiciones.

63. La Sala precisa que el examen material de legalidad comprende la confrontación
de la medida sometida a control con las disposiciones constitucionales que regulan los
estados de excepción, con la Ley 137 de 1994 y con los decretos legislativos que les
sirven de fundamento, a fin de verificar que las competencias excepcionales hayan
sido ejercidas dentro de los límites previstos por el ordenamiento jurídico.

6.2.1. Conexidad

64. El juicio de conexidad tiene por objeto verificar que las medidas adoptadas por la
administración constituyan un desarrollo efectivo de los decretos legislativos
expedidos durante el estado de excepción y guarden una relación directa y específica
con las materias reguladas en ellos. En consecuencia, no basta que el acto
administrativo haga referencia al estado de excepción o invoque como fundamento un
decreto legislativo; es necesario que las decisiones que incorpora encuentren sustento
en las facultades excepcionales conferidas por dichas disposiciones y se orienten a
hacer efectivas las medidas previstas en dichos decretos.

65. En el presente caso, la Resolución 000009 incorporó el código 82 al instructivo del
Formulario 490 para identificar el pago correspondiente al impuesto al patrimonio
creado para la vigencia fiscal 2026. Según se indica en la motivación del acto, dicha
modificación obedeció a la necesidad de adecuar el formulario oficial de declaración y
pago a las medidas adoptadas mediante los Decretos Legislativos 0173 y 0240 de
2026.

66. Al respecto, se observa que el artículo 2 del Decreto Legislativo 0173 de 2026
creó, para la vigencia fiscal 2026, un impuesto al patrimonio aplicable a las personas
jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta que
cumplieran las condiciones allí previstas «Para la vigencia 2026, el impuesto al patrimonio a
que refiere el numeral 6 del artículo 292-3 del Estatuto Tributario, se genera por la posesión de un
patrimonio al primero (1) de marzo de 2026, cuyo valor sea igual o superior a doscientas mil (200.000)
UVT (…)». Posteriormente, el Decreto Legislativo 0240 de 2026 adicionó como sujetos
pasivos a los establecimientos permanentes, incluidas las sucursales de entidades del
exterior19.

67. A su vez, el artículo 5 del Decreto Legislativo 0173 dispuso que la DIAN debía
prescribir el formulario para la declaración y pago del impuesto y fijó el calendario para
el cumplimiento de esa obligación20. En desarrollo de esa habilitación, la Resolución
000009 modificó el instructivo del recibo oficial de pago de impuestos nacionales
Formulario 490, mediante la adición del código 82 con el fin de permitir la identificación
y el recaudo del impuesto al patrimonio establecido por los decretos legislativos.

19
Parágrafo. Para el año 2026, respecto de los establecimientos permanentes (incluidas las sucursales) de entidades del exterior,
el hecho generador será la posesión de un patrimonio al treinta y uno (31) de marzo de 2026, cuyo valor sea igual o superior a
doscientas mil (200.000) UVT. Para este efecto, el patrimonio es equivalente al patrimonio líquido, calculado tomando el total del
patrimonio bruto atribuido al establecimiento permanente en la misma fecha, menos las deudas atribuidas al establecimiento
permanente vigentes en esa misma fecha. Lo anterior, de acuerdo con el artículo 20-2 del Estatuto Tributario.
20
Artículo 5. Declaración y control. La Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales prescribirá el formulario para que los
contribuyentes de que trata el numeral 6 del artículo 292-3 del Estatuto Tributario declaren el impuesto al patrimonio el 1 de abril
de 2026 y en esa misma fecha paguen una primera cuota del cincuenta por ciento (50%). La segunda cuota del cincuenta por
ciento (50%) se pagará el 4 de mayo de 2026. La Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales habilitará el respectivo formulario
de pago.
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13

Control inmediato de legalidad
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03914-00

68. En consecuencia, la Sala encuentra una relación directa entre la medida adoptada
por la DIAN y las disposiciones contenidas en los Decretos Legislativos 0173 y 0240
de 2026, pues la modificación introducida constituye el instrumento mediante el cual
se hace operativa la obligación tributaria creada por el legislador excepcional mediante
la identificación específica del concepto de pago dentro del Formulario 490, lo que
permite su correcta liquidación, recaudo y control por parte de la administración
tributaria. En esa medida, la incorporación del código 82 guarda una relación directa y
específica con las medidas tributarias adoptadas durante el estado de excepción y
satisface el juicio de conexidad exigido para este medio de control.

69. Ahora bien, la conexidad que exige el control inmediato de legalidad debe
verificarse no solo respecto de los decretos legislativos desarrollados por el acto
administrativo, sino también frente a las causas que dieron lugar a la declaratoria del
estado de excepción. En este caso, el impuesto al patrimonio establecido mediante los
Decretos Legislativos 0173 y 0240 de 2026 fue adoptado como una medida dirigida a
fortalecer la capacidad financiera del Estado para atender las consecuencias de los
hechos que motivaron la declaratoria de emergencia. En ese contexto, la incorporación
del código 82 al Formulario 490 guarda conexidad con tales circunstancias, pues
constituye un instrumento para hacer posible el recaudo del tributo adoptado como
parte de las medidas destinadas a enfrentar la crisis y evitar la extensión de sus
efectos.

6.2.2. Necesidad

70. El juicio de necesidad tiene por objeto verificar que la medida administrativa
constituya un instrumento idóneo e indispensable para la ejecución de los decretos
legislativos y que su adopción responda a la necesidad de hacer efectivas las medidas
extraordinarias previstas por el legislador excepcional.

71. En el presente caso, el artículo 5 del Decreto Legislativo 0173 de 2026 no solo fijó
los plazos para la presentación y pago del impuesto al patrimonio creado para la
vigencia fiscal 2026, sino que además encomendó expresamente a la DIAN la
prescripción del formulario mediante el cual debía cumplirse esa obligación tributaria.

72. En cumplimiento de ese mandato, la Resolución 000009 incorporó al Formulario
490 el código 82 «Impuesto al patrimonio personas jurídicas», con el fin de identificar
el concepto correspondiente al nuevo tributo y permitir su adecuada liquidación y
recaudo. La medida no introduce obligaciones distintas de las previstas en los decretos
legislativos ni modifica los elementos esenciales del impuesto; se limita a implementar
el mecanismo operativo necesario para hacer posible el cumplimiento de la obligación
tributaria creada por el legislador excepcional.

73. Debe resaltarse, además, que el impuesto al patrimonio creado por el legislador
excepcional debía declararse y pagarse dentro de los plazos extraordinarios fijados
por el propio decreto legislativo. En ese contexto, la identificación específica del
concepto de pago dentro de los sistemas de recaudo administrados por la DIAN
constituía un presupuesto operativo indispensable para la ejecución efectiva de la
medida tributaria. Sin la adecuación del instrumento oficial de pago no resultaba
posible individualizar los recursos provenientes del impuesto, asegurar su correcta
imputación ni garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones impuestas a los
contribuyentes.

74. En esas condiciones, la Sala concluye que la incorporación del código 82
constituye una medida necesaria para ejecutar los Decretos Legislativos 0173 y 0240
de 2026, pues sin la adecuación del formulario oficial previsto para el pago de las
obligaciones administradas por la DIAN no resultaba posible materializar el recaudo
del impuesto al patrimonio creado durante el estado de excepción.
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Control inmediato de legalidad
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03914-00

6.2.3. Proporcionalidad

75. El juicio de proporcionalidad exige verificar que la medida adoptada no exceda lo
estrictamente necesario para alcanzar la finalidad prevista por los decretos legislativos
y que exista una adecuada correspondencia entre el medio empleado y el propósito
perseguido por la legislación excepcional.

76. En el asunto objeto de estudio, la incorporación del código 82 al Formulario 490
constituye una medida de naturaleza exclusivamente instrumental. Su alcance se limita
a identificar el concepto de pago correspondiente al impuesto al patrimonio creado por
los Decretos Legislativos 0173 y 0240 de 2026, con el fin de hacer posible su recaudo
por parte de la administración tributaria.

77. La resolución no crea nuevas obligaciones tributarias, no modifica los elementos
estructurales del impuesto, no amplía los sujetos pasivos ni altera las condiciones
fijadas por el legislador excepcional para la causación, determinación o pago del
tributo. Por el contrario, se limita a desarrollar la habilitación expresamente conferida
a la DIAN para prescribir el formulario correspondiente y hacer operativa la medida
tributaria adoptada durante el estado de excepción.

78. En consecuencia, la Sala considera que la incorporación del código 82 constituye
un medio adecuado y proporcionado para cumplir la finalidad prevista en los Decretos
Legislativos 0173 y 0240 de 2026, sin que de su contenido se advierta una restricción
adicional de derechos o una ampliación de las medidas excepcionales adoptadas por
el legislador extraordinario.

79. La Sala tampoco advierte que la incorporación del código 82 comporte una
suspensión o restricción de derechos fundamentales o desconozca las limitaciones
materiales previstas en la Ley 137 de 1994, pues se trata de una medida de carácter
instrumental orientada exclusivamente a la identificación y recaudo de una obligación
tributaria establecida por los decretos legislativos.

7. Conclusión

80. Las modificaciones introducidas mediante los códigos 75, 81 y 82 poseen
contenido normativo autónomo, regulan supuestos diferenciados y producen efectos
jurídicos independientes. Esta autonomía permite definir separadamente la
procedencia del control inmediato de legalidad respecto de cada medida, sin extender
los efectos de este mecanismo excepcional a disposiciones sustentadas
exclusivamente en competencias ordinarias.

81. Del análisis efectuado, la Sala concluye que el control inmediato de legalidad
procede únicamente respecto de la incorporación del código 82 al Formulario 490, por
cuanto esta medida constituye desarrollo directo de los Decretos Legislativos 0173 y
0240 de 2026. En relación con ella, se encuentran satisfechos los requisitos formales
y los juicios materiales de conexidad, necesidad y proporcionalidad examinados en
esta providencia.

82. En cambio, las modificaciones correspondientes a los códigos 75 y 81 encuentran
fundamento en disposiciones del régimen tributario y reglamentario ordinario, ajenas a
las medidas adoptadas en desarrollo del estado de emergencia. Por ello, respecto de
tales disposiciones no se cumple el presupuesto de procedencia consistente en
desarrollar los decretos legislativos expedidos durante el estado de excepción, de
modo que el control inmediato de legalidad es improcedente. Esta decisión no supone
un pronunciamiento sobre su legalidad y deja a salvo su eventual control mediante los
medios ordinarios previstos en el CPACA.

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Control inmediato de legalidad
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03914-00

83. En consecuencia, la Sala declarará improcedente el control inmediato de legalidad
respecto de la incorporación de los códigos 75 y 81 y declarará ajustada a derecho, en
los términos examinados en esta providencia, la incorporación del código 82.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Quinta Especial de Decisión de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA

1. Declarar improcedente el control inmediato de legalidad respecto de las
disposiciones de la Resolución 000009 del 27 de marzo de 2026, expedida por la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN,
mediante las cuales se incorporaron al instructivo del Recibo Oficial de Pago de
Impuestos Nacionales -Formulario 490- los códigos 75 «Sanción intercambio automático
internacional de información» y 81 «Contribución Fondo Nacional de Parque Automotor de Carga»,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Declarar ajustada a derecho la incorporación del código 82 al instructivo del Recibo
Oficial de Pago de Impuestos Nacionales -Formulario 490-, correspondiente al
concepto «Impuesto al patrimonio personas jurídicas», por las razones expuestas en esta
sentencia.

3. Notificar personalmente o mediante mensaje de datos al buzón electrónico
dispuesto para notificaciones judiciales, a la DIAN, al procurador quinto delegado ante
el Consejo de Estado y al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

4. Archivar el expediente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES

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