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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03916-00

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03916-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Alcaldía de Yopal, Corporinoquía, la Procuraduría 23 Judicial II de Asuntos Ambientales y Agrarios de Casanare y la Gobernación de Casanare. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la Asociación de Usuarios del Canal La Milagrosa. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03916-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

2 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03916-00
Demandante: ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL CANAL LA MILAGROSA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no
superar el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación1.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 22 de mayo de 20262, la Asociación de Usuarios del Canal La Milagrosa, a
través de apoderado judicial3, ejerció acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Casanare, con la que se pretende el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia, al «goce de un ambiente sano, y al agua como líquido vital para la
comunidad».

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de
la falta de vinculación al medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos, identificado con el radicado 85001-23-31-000-2012-00068-00.

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
3
Índice 2 de Samai. Poder otorgado por la señora María José Fajardo Vacca quien figura como
representante legal de la asociación accionante conforme al Certificado de Existencia y
Representación allegado al plenario con fecha del 15 de mayo de 2026 a la abogada Ximena
Salamanca Sanabria, para que represente sus intereses al interior del presente asunto y que fue
conferido mediante mensaje de datos
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Asociación de Usuarios del Canal La Milagrosa
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03916-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

Segundo: Declarar la nulidad de las órdenes impartidas en la sentencia del 21 de
julio de 2016 y subsiguientes autos de cumplimiento en lo que respecta a la
obligación impuesta al Canal La Milagrosa, por falta de NOTIFICACION y/o
vinculación de la Asociación de Usuarios del Canal La Milagrosa, con el fin de que
pudieran ejercer su derecho a la defensa.

Tercero: En consecuencia, dejar sin efectos todos los autos de requerimiento y
seguimiento al cumplimiento del fallo proferidos por el Tribunal Administrativo de
Casanare en el expediente 85001-2333-000-2012-00068-00 en los que se exija a
la Asociación de Usuarios del Canal La Milagrosa cualquier obligación derivada de
un proceso en el que no fue ni notificada ni vinculada en debida forma a este
proceso.

Cuarto: Ordenar al Tribunal Administrativo de Casanare que, antes de proferir
cualquier nueva providencia que implique obligaciones para la Asociación de
Usuarios del Canal La Milagrosa, surta integralmente la vinculación procesal a
través de la notificación con todos los requisitos constitucionales y legales del
debido proceso, garantizando el derecho de defensa, contradicción y a aportar y
controvertir pruebas.

Quinto: Ordenar al Tribunal Administrativo de Casanare que, dentro del término
máximo de treinta (30) días, realice una revisión integral del fallo del 21 de julio de
2016 y de las medidas de cumplimiento impuestas, a la luz de:

(i) la normatividad ambiental vigente,
(ii) el bloque de constitucionalidad en materia de protección del agua,
(iii) el concepto técnico presentado por la Asociación de Usuarios del Canal La
Milagrosa,
(iv) la verificación de la subsistencia actual de la afectación que motivó la
acción popular, y,
(v) la existencia de permisos ambientales otorgados por Corporinoquia.

Sexto: Ordenar al Tribunal Administrativo de Casanare que, mientras se surte el
trámite anterior, se abstenga de imponer sanciones o medidas coercitivas a la
Asociación de Usuarios del Canal La Milagrosa o a sus miembros por no permitir
la ejecución de las obras sobre el canal privado.

Séptima: De ser el caso, se vinculen a las personas naturales y jurídicas que
tengan interés en el trámite de esta acción de tutela.

Octava: Las demás decisiones que ultra y extra petita considere debe emitir su
despacho como consecuencia de la protección de los derechos fundamentales a
favor de la Asociación de la Asociación de Usuarios del Canal La Milagrosa4.

4
Transcripción literal que puede contener errores.
2

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Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
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1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:

La Procuraduría 23 Judicial II Ambiental y Agraria de Casanare presentó demanda
en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos contra el departamento de Casanare, Corporinoquía y la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY)5, con el fin de que se
protegieran las garantías fundamentales determinadas en los artículo 11, 44 y 79
de la Constitución Política, por la presunta omisión y planificación en el desarrollo
económico social y ambiental del municipio y por la falta de cuidado en el manejo
de los recursos naturales y del medio ambiente.

En sentencia del 21 de julio de 2016, el Tribunal Administrativo de Casanare
amparó los derechos fundamentales reclamados y dispuso:

[…]

3. DECLARAR que existe vulneración de los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley las
disposiciones reglamentarias y a la restauración y preservación del medio
ambiente, consagrados en el artículo 4° de la Ley 472 de 1998, en lo que tiene que
ver con la falta de terminación del sistema de recolección de aguas lluvias del
sector de la calle 24 - sede campestre del Colegio Braulio González, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

4. Como consecuencia de lo anterior, se adoptan las siguientes medidas para
protección:

4.1. ORDENAR al municipio de Yopal y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Yopal, que en el término de cuatro (4) meses a partir de la ejecutoria de
esta sentencia, realicen las gestiones de todo orden, incluidas las presupuestales
y de trámite, para adelantar los estudios necesarios y terminar la obra que hace
falta para que culmine la construcción del alcantarillado de aguas lluvias que
empalme en el canal La Milagrosa o en el que crean conveniente; para la
construcción de lo que hace falta del canal se fija un término de seis (6) meses, a
partir de la terminación del plazo inicial, además, deberán mantener la vigilancia
sobre la zona en aras de evitar que siga siendo utilizada por la comunidad como
basurero, la distribución de cargas será:

4.1.1. El municipio de Yopal y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseos de este ente territorial, deberán realizar las actividades
administrativas, técnicas, presupuestales, operativas, contractuales y
demás que sean necesarias para terminar la obra de evacuación de aguas

5
Como terceros con interés se vinculó a los siguientes: Ingenieros Civiles Constructores ICICO
Ltda.; Luis Ángel Ramos Walteros, Ricardo Alonso Avella Chaparro, Saúl Valderrama, Silvino
González, Fundación Universitaria San Gil, Martha Yaneth Vargas, María Lucila Reyes Ardila, Hugo
Rodrigo Prieto, Edilberto Pérez, Jaime Ernesto Barrera, Óscar Jiménez, Mery Riveros, Félix
Roberto Fajardo/Betty Alcira Camacho Reyes, Pedro Galeano Morales, Laureano Garzón/Jhon
Robinson Garzón, Universidad de la Salle y Germán Vargas Perilla/Edilberto Vargas.
3

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lluvias que se inició con el contrato 0874 de 2009 al canal La Milagrosa.

4.1.2. El municipio de Yopal deberá FINANCIAR, CONTRATAR Y HACER
CONSTRUIR LA OBRA que sea necesaria para verter las aguas lluvias al
canal La Milagrosa.

4.1.3. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal deberá
operar el sistema de alcantarillado pluvial que surja y hará el respectivo
mantenimiento que se requiera para su buen desempeño.

4.1.4. El departamento de Casanare deberá cofinanciar lo que Yopal no
pueda, eso sí, el municipio con antelación deberá presentar el proyecto y la
justificación de necesidad al Banco de Proyectos de la gobernación, la cual
ayudará como mínimo con el 25% del valor de la obra para la terminación
del canal de evacuación de aguas lluvias, habida cuenta que según lo
aducido por este sujeto procesal ya aportó para su ejecución dentro del
programa "sistema de alcantarillado pluvial", pero bajo los principios de
complementariedad y subsidiariedad (art. 298 Constitucional) deberá
prestar su colaboración para la terminación de la obra.

4.2. Entre las obras a realizar, la administración deberá contemplar la posibilidad
de hacer las obras que hicieron falta para la culminación del contrato 0874 de 2009,
como se indicó en la parte resolutiva de esta providencia.

4.3. ORDENAR que Corporinoquia, como autoridad ambiental de la región, expida
los permiso correspondientes, dentro del término que le otorga la ley, sin dilación
alguna, y a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes de la radicación de
los documentos que deberán presentar la gobernación de Casanare, el municipio
de Yopal o la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

4.4. ORDENAR a Corporinoquia realizar visitas de inspección, durante todo el
proceso de construcción de la obra, y un año más, con el fin de verificar el
cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas en los permisos y emitir
mensualmente un resumen indicando el cumplimiento de estos y una vez finalizado
el término otorgado presentará el correspondiente informe a esta Corporación.

5. Ordenar a los ciudadanos de la vereda El Garzón y La Unión y demás usuarios
del canal La Milagrosa que no deberán oponerse a la terminación de la obra de
construcción del sistema de recolección y evacuación de aguas lluvias del sector
de la calle 24, sin perjuicio de eventuales indemnizaciones por daño antijurídico, si
a ello hubiere lugar, aspecto que deberá discutirse en proceso separado.

6. INTEGRAR el Comité de Verificación, que será presidido por el magistrado у del
cual harán parte un la Procuraduría 23 Judicial II Ambiental y Agraria, los
representantes legales del departamento de Casanare y el municipio de Yopal, el
representante legal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado у Aseo de Yopal,
el defensor regional del pueblo, el personero municipal de Yopal y un representante
de Corporinoquia; este organismo se encargará de la verificación del cumplimiento
del fallo. El mencionado comité cumplirá las funciones de auditar, vigilar y asegurar
el cumplimiento de esta providencia.

[…].

El 8 de agosto de 2023, el tribunal requirió al alcalde del municipio de Yopal para
que allegara un informe detallado en el que constara, entre otros, el estado de los

4

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compromisos adquiridos en el acta de reunión del 8 de junio de 2023 con los
propietarios de los bienes ubicados en el canal La Milagrosa y las gestiones que
se habían adelantado para concretar el permiso ambiental de ocupación de cauce
en el referido cause para el cumplimiento de los requisitos exigidos por
Corporinoquia.

Luego de cumplido el requerimiento, la autoridad judicial dictó providencia del 15
de diciembre de 2023, en la que solicitó a la representante de la comunidad La
Milagrosa para que allegara el informe jurídico técnico acordado en la mesa
técnica realizada el 8 de junio de 2023, advirtiendo que su renuencia y oposición
en la ejecución de las obras necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del
21 de julio de 2016, daría lugar al inicio del trámite de incidente de desacato.

Posteriormente, en auto del 30 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de
Casanare señaló que, pese a que la representante legal del canal no se había
pronunciado frente a lo requerido previamente, se advertía que en la comunicación
efectuada por la Secretaría del Despacho no obra correo electrónico o datos de la
referida, por lo que ofició nuevamente para su comunicación.

En consecuencia, el 23 de septiembre de 2024, la representante legal de la
agrupación allegó contestación.

El 5 de mayo de 2025, el tribunal ordenó al municipio de Yopal:

1. Establecer de manera inmediata mesas de trabajo con la comunidad que
integra la Asociación de Usuarios del Canal La Milagrosa a efectos de
socializar y conciliar las respectivas obras y conseguir los respectivos
permisos.
2. Elaborar y presentar al Despacho un cronograma completo y detallado, en
el que constaran las medidas a adoptar para dar cumplimiento al fallo
proferido dentro del medio de control. Para ello, señaló un término máximo
de 10 meses.

Al respecto, la entidad territorial respondió que no había sido posible fijar un
cronograma para ejecutar la obra y culminar el proyecto, dado que requería la
autorización para la descarga del caudal de aguas lluvias por parte de la
Asociación, la cual presentaba oposición.

Por lo tanto, en auto del 16 de abril de 2026, nuevamente se requirió a la
representante legal de la Asociación de Usuarios de La Milagrosa para que, «[…]
previo a iniciar actuaciones correctivas, dé cumplimiento del numeral 5 de la parte
resolutiva del fallo del 21 de julio de 2016, de tal manera que se logre la terminación
de la obra de construcción del sistema de recolección y evacuación de aguas
lluvias del sector de la calle 24».

5

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1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte accionante alegó que el Tribunal Administrativo de Casanare no integró
en debida forma el contradictorio del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos, puesto que en ningún momento se vinculó a la
Asociación como parte o tercero interesado en las resultas del proceso, así como
tampoco le fue notificada actuación procesal alguna, a pesar de resultar
directamente afectados con el fallo del 21 de julio de 2016 y contener una orden
expresa al interior de la sentencia dirigida a ellos.

Adujo que la Asociación se enteró de las órdenes dictadas por el tribunal hasta
junio de 2023 cuando la alcaldía de Yopal los citó a una reunión, donde les fueron
informados los alcances de la providencia en mención.

Por lo tanto, señaló que la omisión procesal configuraba una irregularidad
sustancial que vulneraba el núcleo esencial del debido proceso, en tanto la
Asociación era titular de derechos reales sobre el bien afectado por las medidas
ordenadas en el fallo, por lo que, la ejecución de las obras implicaba directamente
el uso y aprovechamiento del canal de su propiedad, sin que hubieran tenido la
oportunidad de hacer valer sus derechos, presentar argumentos técnicos y
jurídicos pertinentes, ni solicitar la práctica de pruebas que demostraran la
inviabilidad de la medida ordenada.

Finalmente, argumentó que la providencia del 21 de julio de 2016 incurrió en los
siguientes yerros:

• Defecto sustantivo: No se basó en normas aplicables al caso, además de
desconocer las sentencias de la Corte Constitucional y de orden
internacional6 respecto de la protección al derecho fundamental al agua y a
la protección del medio ambiente.
• Defecto procedimental absoluto: La actuación del tribunal se adelantó sin
que la Asociación fuera notificada en debida forma ni vinculada mediante
alguna actuación debidamente motivada, privándola de su derecho de
defensa.
• Defecto fáctico: La autoridad judicial accionada ha exigido el cumplimiento
del fallo sin valorar adecuadamente las pruebas técnicas que demuestran
la inviabilidad de las obras y la ausencia de la afectación original.
• Violación directa de la Constitución: Se desconocieron los artículos 29, 44,
46, 79, 80 y 229 de la Carta Política, así como normas del bloque de
constitucionalidad en materia ambiental.

6
No identificó las sentencias.
6

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1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 2 de junio de 2025, la Magistrada Ponente admitió la demanda
de tutela, ordenó notificar a la parte demandante7 y, como parte demandada, al
Tribunal Administrativo de Casanare8.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, de la Procuraduría 23 Judicial II Ambiental y Agraria9 [quien
fungió como extremo activo de la litis al interior del proceso ordinario], al
departamento de Casanare10, al municipio de Yopal11, a la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Yopal12, a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía -
Corporinoquia13, [quienes comparecieron en calidad de sujetos pasivos], a la firma
de Ingenieros Civiles Constructores ICICO Ltda.14, a los señores15 Luis Ángel
Ramos Walteros, Ricardo Alonso Avella Chaparro, Saúl Valderrama, Silvino
González, Martha Yaneth Vargas, María Lucila Reyes Ardila, María Lucila Reyes
Ordóñes, Hugo Rodrigo Prieto, Rodrigo Prieto Laverde, Edilberto Pérez, Jaime
Ernesto Barrera, Óscar Jiménez, Mery Riveros, Félix Roberto Fajardo, Betty Alcira
Camacho Reyes, Pedro Galeano Morales, Laureano Garzón, Jhon Robinson
Garzón, Germán Vargas Perilla, Edilberto Vargas, a la Fundación Universitaria San
Gil16, a la Universidad de la Salle17, y a la Defensoría Regional del Pueblo de
Casanare18 [quienes comparecieron en calidad de vinculados].

Igualmente, negó la medida provisional solicitada, en atención a que con esta se
buscaba el mismo fin que la acción constitucional y, le reconoció personería a la
abogada Ximena Salamanca Sanabria para actuar como apoderada judicial de la
parte actora.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

7
Índice 8 de Samai. La notificación se realizó al correo electrónico: ximenasa1584@hotmail.com y
of.asesorajudicialesvk@gmail.com.
8
Índice 8 de Samai. Fue notificado en el buzón web: sectribadmcnare@cendoj.ramajudicial.gov.co
y sgtadmincas@notificacionesrj.gov.co.
9
Índice 8 de Samai. La notificación se realizó a las direcciones electrónicas:
mdrivera@procuraduria.gov.co y procesosjudiciales@procuraduria.gov.co.
10
Índice 10 de Samai. Se notificó personalmente al correo: procjudadm45@procuraduria.gov.co.
11
Índice 8 de Samai. Enviado a: notificacionesjudiciales@yopal-casanare.gov.co y
defensajudicial@casanare.gov.co.
12
Índice 8 de Samai. Remitido a: notificacionesjudiciales@eaaay.gov.co.
13
Índice 8 de Samai. Notificado a: notificaciones-judiciales@corporinoquia.gov.co.
14
Índice 8 de Samai. Enviado a: gerenciadministrativa@icicosas.com.
15
Índice 23 de Samai. Se notificó a las personas en mención por medio de aviso publicado por la
Secretaría General del Consejo de Estado el 22 de junio de 2026.
16
Índice 8 de Samai. Remitido a: secretariageneral@unisangil.edu.co.
17
Índice 8 de Samai. Notificado a: correspondencia@lasalle.edu.co.
18
Índice 8 de Samai. Enviado a: defensajudicial@casanare.gov.co y juridica@defensoria.gov.co.
7

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1.6.1. Tribunal Administrativo de Casanare

En documento allegado el 4 de junio de 2026, la Magistrada Ponente de la decisión
enjuiciada adujo que la acción tutelar no cumplía con el requisito de inmediatez,
en tanto la providencia se había proferido el 21 de julio de 2016, es decir,
superando el término de los 6 meses para cuestionar la providencia judicial.

Asimismo, mencionó que en el ordinal cuarto del auto admisorio de la demanda se
ordenó a costa de la parte demandante, informar a la comunidad en general acerca
de la existencia del proceso, divulgando en un programa de alta sintonía, el aviso
correspondiente. El actor popular acreditó que el aviso mencionado se publicó en
Caracol Radio Yopal 106.3 F.M Estéreo el 4 de mayo de 2012.

Por lo anterior, explicó que la Asociación tutelante pudo intervenir desde el inicio
del proceso, máxime que se vinculó a los residentes del sector donde se encuentra
la problemática que afronta la comunidad que impedía la realización de las obras
objeto de la acción popular.

En consecuencia, solicitó que se declarara la improcedencia del mecanismo.

1.6.2. Universidad de La Salle

Por medio de memorial remitido el 9 de junio de 2026, el rector del ente
universitario señaló que ha actuado dentro del marco de sus competencias legales,
como institución de educación superior, sin extralimitar sus funciones,
particularmente frente a la imposibilidad de asumir responsabilidades propias de
otras autoridades.

Igualmente, indicó que consideraba legítimo que la Asociación pudiera exponer
ante las autoridades competentes las consideraciones técnicas, ambientales y
jurídicas respecto de las medidas que eventualmente podían afectar el canal o a
sus usuario, en tanto era evidente la concurrencia de diversos intereses
constitucionalmente relevantes, entre ellos, la protección de los derechos
colectivos, la gestión adecuada del recurso hídrico, la protección ambiental, el
debido proceso y la participación de las comunidades potencialmente afectadas.

1.6.3. Alcaldía de Yopal

El 10 de junio del presente año, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio
argumentó que las inconformidades planteadas por la parte accionante se
encontraban dirigidas contra las actuaciones del tribunal, por lo cual la entidad
territorial carecía de injerencia, competencia o facultad decisoria.

Por lo tanto, sostuvo que no le era atribuible al municipio alguna actuación
relacionada con la admisión del medio de control, la vinculación de sujetos
8

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procesales, la práctica de notificaciones judiciales o la adopción de las decisiones
que objeto de cuestionamiento. Por ello, señaló que no existía nexo alguno entre
la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados y las
actuaciones desplegadas por la entidad.

Así las cosas, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva y la inmediatez por acudir al mecanismo constitucional 10 años después.

1.6.4. Corporinoquía

La apoderada judicial de la corporación solicitó que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva, al no haber incurrido en acción u omisión
alguna que vulnerara los derechos fundamentales de la parte tutelante.

1.6.5. Procuraduría 23 Judicial II de Asuntos Ambientales y Agrarios de
Casanare

El 10 de junio de 2026, el procurador puso de presente que no existía relación de
causalidad entre la entidad, sus funciones y el motivo originario de la acción de
tutela, razón por la que no tenía legitimación en la causa por pasiva. En
consecuencia, solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por
pasiva.

1.6.6. Gobernación de Casanare

El 26 de junio del año en curso, el apoderado judicial del ente territorial se opuso
a la prosperidad de las pretensiones, por cuanto no se evidenciaba que la
vulneración de los derechos fundamentales invocados fuera atribuible al
departamento.

1.6.7. Pese a que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, la firma
de Ingenieros Civiles Constructores ICICO Ltda., los señores Luis Ángel
Ramos Walteros, Ricardo Alonso Avella Chaparro, Saúl Valderrama, Silvino
González, Martha Yaneth Vargas, María Lucila Reyes Ardila, María Lucila
Reyes Ordóñes, Hugo Rodrigo Prieto, Rodrigo Prieto Laverde, Edilberto
Pérez, Jaime Ernesto Barrera, Óscar Jiménez, Mery Riveros, Félix Roberto
Fajardo, Betty Alcira Camacho Reyes, Pedro Galeano Morales, Laureano
Garzón, Jhon Robinson Garzón, Germán Vargas Perilla, Edilberto Vargas, la
Fundación Universitaria San Gil y la Defensoría Regional del Pueblo de
Casanare fueron notificados en debida forma, guardaron silencio.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por la Asociación de Usuarios del Canal La Milagrosa de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 5. ° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1. º del Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige
contra la Tribunal Administrativo de Casanare.

2.2. Solicitud de desvinculación

La alcaldía de Yopal, Corporinoquía, la Procuraduría 23 Judicial II de Asuntos
Ambientales y Agrarios de Casanare y la Gobernación de Casanare solicitaron la
desvinculación del presente trámite, pues a su juicio, se configuró la falta de
legitimación en la causa por pasiva. No obstante, ello será negado, en atención a
que les asiste un interés en las resultas de este trámite por haber sido parte de la
acción popular enjuiciada.

2.3. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Casanare vulneró los derechos
fundamentales de la Asociación de Usuarios del Canal La Milagrosa con
ocasión de la indebida conformación del contradictorio en el medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos, identificado
con el radicado 85001-23-31-000-2012-00068-00?

Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes temas: i)
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, si es procedente, iii) el caso concreto.

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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201219
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema20 y declaró su
procedencia21.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Subsidiariedad

En el presente caso, la Asociación de Usuarios del Canal La Milagrosa cuestionó
la sentencia proferida el 21 de julio de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Casanare, en atención a la indebida conformación del contradictorio dentro del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos iniciado por
la Procuraduría 23 Judicial II Ambiental y Agraria de Casanare contra el

19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
20
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
21
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
11

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departamento de Casanare, Corporinoquía y la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal.

La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al «goce de un
ambiente sano, y al agua como líquido vital para la comunidad», en tanto, sin haber
sido vinculada formalmente al proceso como parte demandada o como tercero con
interés, el Tribunal Administrativo de Casanare impartió órdenes que le resultaban
exigibles.

Revisado el expediente ordinario, se advierte que contrario a lo argumentado por
la parte actora, se evidencia que por medio del auto admisorio, se ordenó al actor
popular difundir la existencia del medio de control por un medio de amplia difusión,
aspecto sobre el cual se dio cumplimiento, realizando la comunicación en Caracol
Radio Yopal 106.3 F.M Estéreo el 4 de mayo de 2012.

Por lo tanto, se observa que se realizó la notificación debida de la acción popular
a toda la comunidad e interesados para que pusieran participar del trámite. No
obstante, en gracia de discusión, si la Asociación considera que debió haber sido
vinculado lo procedente era la solicitud del incidente de nulidad.

La Sala estima pertinente precisar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
Política consagra el requisito de la subsidiariedad como presupuesto de
procedencia de la acción de tutela, al disponer que «esta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto
reglamentado por el numeral 1. º del artículo 6. º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se desprende que, cuando el ordenamiento jurídico
prevea mecanismos ordinarios de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces
para la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados,
el interesado debe acudir en primer lugar a dichos instrumentos, siendo la acción
de tutela un mecanismo excepcional y residual.

La Sala considera que la Asociación omitió agotar los mecanismos judiciales
idóneos que tenía a su disposición para defender sus garantías fundamentales,
así como para exponer los argumentos que esgrimió en sede de tutela.

Aunque el título II de la Ley 472 de 1998 regula el trámite de las acciones
populares, lo cierto es que no establece un régimen específico en materia de
nulidades procesales ni prevé expresamente el incidente de nulidad. No obstante,
el artículo 44 de dicha ley incorpora una cláusula de remisión, conforme a la cual,
en los aspectos no regulados, deben aplicarse las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil (ahora CGP) y del Código Contencioso Administrativo (ahora
CPACA), según la jurisdicción correspondiente.

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Con fundamento en lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado22 ha
sostenido que el régimen general de nulidades previsto en la Ley 1437 de 2011
(CPACA) y en la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) resulta aplicable
al medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, como se
observa:

Con miras a resolver ese interrogante debe indicarse que el artículo 44 de Ley 472
de 1998 establece una remisión expresa en aquellos aspectos no regulados a las
disposiciones del CGP y al CPACA, dependiendo la jurisdicción que conozca del
asunto.

Ahora, como el presente asunto se tramita ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo es procedente acudir a las disposiciones del CPACA. No obstante,
dicha codificación no tiene alguna previsión respecto de los incidentes de nulidad
de las actuaciones procesales. En ese orden, el artículo 208 del CPACA, autoriza
la remisión al artículo 133 del CGP que enlista de manera taxativa las causales de
nulidad procesal, las cuales constituyen irregularidades o defectos
procedimentales que pueden tener lugar en cualquier etapa de un proceso judicial
o en la sentencia que resuelve de fondo el asunto y que, dada su relación con el
derecho al debido proceso y otros derechos fundamentales de las partes, pueden
llegar a invalidar las actuaciones allí surtidas.

En este sentido, el artículo 208 del CPACA establece que serán causales de
nulidad las consagradas en el Código General del Proceso, las cuales se tramitan
mediante incidente. A su turno, el artículo 133 del CGP enumera tales causales,
destacándose, para el caso concreto, la prevista en su numeral 8, conforme a la
cual el proceso es nulo, en todo o en parte, cuando no se notifique en debida forma
el auto admisorio de la demanda a quienes deban ser citados al proceso, o cuando
no se vincule a las personas que, de acuerdo con la ley, deban intervenir en calidad
de partes o terceros.

De acuerdo con la jurisprudencia contencioso-administrativa, no solo se configura
en supuestos de indebida notificación, sino también cuando no se vincula a
personas con interés directo en el proceso que, conforme a la ley, debían ser
llamadas a integrar el contradictorio. En otras palabras, comprende los eventos de
indebida integración del contradictorio, derivados de «[…] no citar a las personas
que deban fungir como demandado o litisconsorte necesario»23.

Así, el Consejo de Estado ha reiterado que, «[…] en aquellos casos en los que se
controvierte la omisión de integrar en debida forma el contradictorio, las normas
procesales permiten promover el incidente de nulidad, en el que se puede alegar
la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 133 del Código General

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 12 de
septiembre de 2024, Exp. núm. 11001-03-15-000-2024-04122-00.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 7 de marzo
de 2024. Radicación: 47001 23 33 000 2016 00482 01.
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del Proceso»24. En virtud de esta causal, «[…] el presunto afectado puede
vincularse al proceso judicial y solicitar en cualquier estado de este, e inclusive
después de haberse dictado sentencia de instancia, la nulidad de lo actuado»25.

En síntesis, la causal consagrada en el numeral 8 del artículo 133 del CGP habilita
la interposición del incidente de nulidad cuando una persona que debía ser
vinculada a la acción popular no lo fue. Esta nulidad debe alegarse oportunamente,
esto es, tan pronto como el interesado tenga conocimiento de la existencia del
proceso, en atención a los principios de convalidación y lealtad procesal. En
consecuencia, la omisión en la formulación oportuna del incidente comporta el
saneamiento de la nulidad y la preclusión de la oportunidad para alegarla26.

Por lo tanto, para el momento en que la parte actora tuvo conocimiento de la
existencia de la acción popular, le correspondía promover el incidente de nulidad
por indebida integración del contradictorio, con fundamento en su interés en el
proceso.

De lo expuesto en el escrito tutelar, la Asociación adujo que supo de la existencia
del medio de control desde junio de 2023, es decir que, además de pretermitir el
mecanismo que tenía a su disposición para el momento, también acudió a la acción
de amparo mucho tiempo después de conocer del proceso, lo que denota una falta
de urgencia en la protección de sus derechos fundamentales; lo cual deja sin
fundamento la naturaleza de la solicitud de amparo al ser un medio preferente y
sumario que salvaguarda de manera inmediata y eficaz las garantías.

Además, se reitera que, la acción de tutela no puede ser utilizada para corregir los
errores en los que incurrió la Asociación accionante o su apoderado en el proceso
ordinario, pues, la incuria en el ejercicio de los mecanismos procesales que tenía
a su disposición excluye la posibilidad que el mecanismo constitucional pueda
operar.

Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito de subsidiariedad.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 12 de
septiembre de 2024, Exp. núm. 11001-03-15-000-2024-04122-00.
25
Ibidem.
26
Corte Constitucional, T-481 de 2024, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Alcaldía
de Yopal, Corporinoquía, la Procuraduría 23 Judicial II de Asuntos Ambientales y
Agrarios de Casanare y la Gobernación de Casanare.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por la Asociación de Usuarios del Canal La Milagrosa.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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