Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03917-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03917-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03917-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-03917-00
Accionantes: YULIETH VARGAS ÁLVAREZ Y OTROS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por los accionantes contra el Juzgado
Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Los señores Yulieth Vargas Álvarez, Jhon Anderson Cedano Vargas, Humberto
Vargas Santa y Luz Marina Álvarez de Vargas, actuando a través de apoderado,
solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, a la igualdad y dignidad humana en conexidad con el
principio de legalidad, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 22 de
febrero de 2024 y 20 de noviembre de 2025, proferidas por el Juzgado Cincuenta y
Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, dentro del
medio de control de reparación directa con el número de radicación 11001-33-43-
059-2019-00135-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Señalaronque promovieron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa núm. 11001-33-43-059 2019-00135-00/01 contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, con el fin que se declarara
administrativamente responsable por la muerte del soldado Luis Fernando Cedano
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03917-00
Accionantes: Yulieth Vargas Álvarez y otros
Vargas (q.e.p.d), “[…] debido a la presunta falla del servicio que se configuró por las
acciones, omisiones y extralimitaciones presentadas, con ocasión del "Procedimiento
Fluvial" en el cual resultó muerto el IMP Luis Fernando Cenado Vargas, quien falleció
en confusos y trágicos hechos el día 31 de marzo de 2.017, encontrándose al servicio
activo de la Armada Nacional de Colombia […]”.
2.2. Indicaron que el conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia, al
Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial
que, mediante sentencia de 22 de febrero de 2024, negó las pretensiones de la
demanda.
2.3. Manifestaron que interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión y la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante sentencia de 20 de noviembre de 2025, confirmó la decisión de primera
instancia.
2.4. Comentaron que las providencias antes referidas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y dignidad humana en conexidad con el principio de legalidad, por haber
incurrido en un defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y en la causal
de violación directa de la Constitución.
2.5. Respecto del defecto fáctico señalaron que “[…] tanto el A QUO como el AD QUEM,
en dichas sentencias de manera errada no valoraron las pruebas a fondo con las que
contaba dentro del acervo probatorio, toda vez que los mismos desconocieron y no le
dieron el valor probatorio a los fallos tanto de la Investigación Disciplinaria del cual no
se menciona nada en los fallos, como también del Fallo Penal proferido por la Justicia
Penal Militar, del cual solo replican las pruebas pero solo en contra de mi representado
[…]”.
2.6. Mencionaron, en relación con el desconocimiento del precedente judicial, que se
desconocieron sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, de las
cuales se citaron, entre otras, las siguientes: “[…] Respecto del daño antijurídico, la
Corte Constitucional ha entendido que el daño antijurídico a pesar de no tener una
definición expresa en el ordenamiento, recoge el concepto elaborado por la doctrina
española en el sentido ya señalado, esto es que éste – el daño antijurídico – es el
perjuicio provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportar, que
coincide con la noción decantada por el Consejo de Estado y aceptada al unísono en
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (Ver, entre otras: Corte
Constitucional, Sentencia de C-333 de 1996, Magistrado Ponente Dr. Alejandro
Martínez Caballero; Sentencia C-430 de 2000, Magistrado Ponente Dr. Antonio
Barrera Carbonell; C-892 de 2001, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.) […]”.
2.7. Agregaron que, “[…] La jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado una
serie de elementos del daño para que sea resarcido, 1. Ser antijurídico, esto es, que
la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; 2. Que sea cierto, es decir, que se
pueda apreciar material y jurídicamente, y por ende se cause una lesión a un derecho,
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03917-00
Accionantes: Yulieth Vargas Álvarez y otros
bien o interés legítimo que se encuentre protegido jurídicamente, y 3. Que sea
personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita. (Ver, entre otras, Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia de 28 de marzo de 2012, Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero. Rad
No. 05001-23-25-000-1993-01854-01(22163). Sentencia de 14 de marzo de 2012.
Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero. Rad. No. 05001-23-25-000-1994-02074-
01(21859).Asimismo, la Corte Suprema de Justicia: “(…) la causalidad adecuada que
ha sido adoptada por nuestra jurisprudencia como explicación para la atribución de un
daño a la conducta de un agente, debe ser entendida en términos de ‘causa jurídica’
o imputación, y no simplemente como un nexo de causalidad natural”. Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de septiembre de 2016. Rad:
SC13925. […]”.
2.8. Sostuvieron respecto de la causal de violación directa de la Constitución que se
vulneró el derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia y “[…]
SOLICTO (sic) SE APLIQUE LA MISMA RATIO DECIDENDI APLICADA EN LA
SENTENCIA PROFERIDA EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
Magistrado Ponente: HENRY ALDEMAR BARRETO MOGOLLÓN. Bogotá, D.C.,
veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Radicado: 11001-33-36-031-2019 -
00250-02. Demandante: MAURICIO CEDANO FRANCO Y OTROS. Demandado:
NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL Y OTRO […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de mis
representados debido a los DEFECTOS FÀCTICOS Y PROCEDIMENTALES
IDENTIFICADOS POR VIOLACION AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE
DEFENSA – INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA - INDEBIDA
APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, AL DERECHO A LA
IGUALDAD, Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que EL JUZGADO
CINCUENTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO ORAL DE
BOGOTÀ, en sentencia del 22 de enero de 2024, y CONFIRMADA por el
citado despacho del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
[…]”.
[…]
“[…] SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 20 de
noviembre de 2025, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A,
MAGISTRADA PONENTE: BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOS,
DENTRO DEL PROCESO NO. 11001-33-43-059-2019-00135-02, O LO
QUE A BIEN CONSIDERE USTED SEÑOR CONSEJERO.
TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, MAGISTRADA
PONENTE: BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOS a que, en el término que
ordene en esta providencia, profiera una nueva sentencia favorable de acuerdo
a las argumentos aportados en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y el
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03917-00
Accionantes: Yulieth Vargas Álvarez y otros
Consejo de Estado, consideraciones que fueron vulnerados tanto por el
Juzgado como por dicho Tribunal dentro del proceso de Reparación Directa
promovido por mis representados, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis, Y
aunado a lo anterior a la sentencia proferida por el mismo Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en la cual un proceso igual presentado por
otros familiares del mismo fallecido IMP. (F) LUIS FERNANDO CEDANO
VARGAS, EN LA CUAL DECLARÓ JUDICIAL Y ADMINISTRATIMENTE (sic)
RESPONSABLE A LA ARMADA NACIONAL […]. [Negrilla del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 27 de mayo de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros
con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Armada Nacional y a los señores Édison Toro Donneys y Reynaldo
Cedano Vargas.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. LaSubsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, solicitó negar la protección invocada, en la medida que “[…] los
argumentos de la acción de tutela apuntan a controvertir las motivaciones
razonadas de una sentencia ordinaria adversa a los intereses de la parte
accionante, reabrir el debate probatorio ya resuelto e introducir argumentos
novedosos que no fueron planteados oportunamente en sede de apelación. Por
esas razones, considero que la tutela es improcedente por falta de relevancia
constitucional […]”.
5.2. El Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá señaló
“[…] que en sede de tutela no corresponde al fallador actuar como una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria, lo que solo le es posible ante
deficiencias ostensibles, flagrantes o manifiestas, lo que conforme se ha expuesto,
no quedó acreditado, por lo que comedidamente reitero mi pedimento de que se
declare la improcedencia de esta acción constitucional […]”.
5.3. El señor Reinaldo Cedano Vargas indicó que no ha promovido ni autorizado
acción de tutela alguna relacionada con el asunto objeto del presente trámite
constitucional y precisó que “[…] dejo expresa constancia de que la presente
manifestación se realiza a título estrictamente personal, con el único propósito de
informar a la Corporación sobre mi situación procesal particular, sin que ello
implique pronunciamiento alguno sobre los derechos o intereses de los demás
integrantes de mi familia o de terceros vinculados al presente asunto, respecto de
quienes guardo absoluto respeto por su autonomía procesal […]”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03917-00
Accionantes: Yulieth Vargas Álvarez y otros
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.
VI.2. Problemas jurídicos
7. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 22 de febrero de 2024 y 20 de noviembre de 2025, proferidas
por el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá y la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 20 de
noviembre de 2025, proferida en segunda instancia por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, vulneró los derechos
fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la litis
e hizo tránsito a cosa juzgada.
8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
1 “[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3 “[…][ Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela
[…]”.
4 “[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho […]”.
5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03917-00
Accionantes: Yulieth Vargas Álvarez y otros
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
11. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03917-00
Accionantes: Yulieth Vargas Álvarez y otros
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.
15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
16. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
17. Los señores Yulieth Vargas Álvarez, Jhon Anderson Cedano Vargas, Humberto
Vargas Santa y Luz Marina Álvarez de Vargas, actuando a través de apoderado,
solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, a la igualdad y dignidad humana en conexidad con el
principio de legalidad, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 22 de
febrero de 2024 y 20 de noviembre de 2025, proferidas por el Juzgado Cincuenta y
Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control
de reparación directa con el número de radicación 11001-33-43-059-2019-00135-
00/01.
18. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
19. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.
20. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03917-00
Accionantes: Yulieth Vargas Álvarez y otros
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.
21. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
22. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03917-00
Accionantes: Yulieth Vargas Álvarez y otros
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
23. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.
24. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.
17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Accionantes: Yulieth Vargas Álvarez y otros
25. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales indicados supra por haber incurrido, presuntamente, en un defecto
fáctico, desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación directa de
la Constitución.
26. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional; y
ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia
con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
27. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
28. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que el Tribunal confirmó la decisión
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
29. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue analizada
por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la providencia cuestionada:
“[…] 115. En el caso objeto de análisis, se encuentra acreditado que el señor
Luis Fernando Cedano Vargas, en su calidad de infante de marina profesional
adscrito al Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 33 de la Armada
Nacional, falleció mientras desempeñaba funciones propias del servicio a donde
ingresó voluntariamente, lo cual implica que asumió conscientemente los
riesgos propios que entraña el ejercen funciones relacionadas con la defensa y
la seguridad del Estado y la Sociedad.
116. En este orden, como los daños causados por quienes asumen
voluntariamente los riesgos inherentes a la actividad militar están cubiertos por
el sistema de la indemnización predeterminada o automática (a forfait), solo
habrá lugar a la reparación plena o integral de los perjuicios causados, cuando
dicho daño se produzca por el sometimiento del funcionario a un riesgo
excepcional, diferente o mayor al de sus demás compañeros o se haya
producido por falla del servicio.
117. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que, en el recurso de apelación, el
apoderado de la parte demandante sostuvo que la muerte del señor Luis
Fernando Cedano Vargas (q.e.p.d.) es atribuible a la administración, con
fundamento en una presunta falla en el servicio, al considerar que el deceso fue
consecuencia de omisiones y deficiencias de control por parte de los mandos
adscritos a la Base Fluvial La Tagua. En particular, señaló que el infante que
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conducía la embarcación no contaba con autorización para maniobrarla, que no
hubo intervención de los superiores para impedir dicha maniobra y que no se
disponía de las medidas de seguridad necesarias, como el uso de chalecos
salvavidas.
118. En esa línea, para resolver los reparos formulados por la parte
demandante, la Sala considera pertinente precisar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que ocurrió la muerte del señor Luis Fernando Cedano Vargas.
119. Así, se encuentra acreditado, conforme al Informe Administrativo por
Muerte elaborado el 19 de abril de 2017 por los comandantes de pelotón y de
unidad del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 33, que el 31 de marzo
de 2017, aproximadamente a las 13:40 horas, cuando era transportado un bote
a la altura del puesto de inspección y control fluvial de La Tagua, el infante de
marina profesional Luis Fernando Cedano Vargas (q.e.p.d.) cayó al río Caquetá
con su armamento, sin portar chaleco salvavidas, lo que ocasionó su
hundimiento y posterior fallecimiento.
120. Aunado a lo anterior, obra copia de los informes presentados el 31 de
marzo de 2017 por el comandante Juan Manuel Trujillo Monte y los infantes de
marina profesionales Brayan Carrasquiel Mendoza, Javier Baldomino Miranda,
Luis Gabriel Castro Luna y Camilo Andrés López Acevedo.
[…]
127. En esa medida, conforme a los informes rendidos por los infantes de
marina presentes en el lugar de los hechos y al Informe Administrativo por
Muerte, la Sala encuentra acreditado que el infante Luis Fernando Cedano
Vargas (q.e.p.d.), junto con otro compañero, abordaron la embarcación
conducida por el infante Luis Alfonso Bustos Mora, quien momentos antes había
transportado a dos compañeros que ingresaban a turno. Durante la navegación,
y al efectuar Bustos Mora una maniobra de giro, Luis Fernando Cedano Vargas
(q.e.p.d.) perdió el equilibrio y cayó al río, sin lograr salir a la superficie debido
al peso del armamento que portaba.
129. De manera que, la Sala considera pertinente precisar los aspectos
planteados por el recurrente. En lo que atañe a la autorización del infante Luis
Alfonso Bustos Mora para pilotear la embarcación, se advierte que, en efecto,
no contaba con permiso alguno para ello, circunstancia demostrada con las
declaraciones rendidas en sede disciplinaria y penal, así como con los informes
elaborados por los compañeros del infante Luis Fernando Cedano Vargas
(q.e.p.d.).
[…]
140. En esa medida, de acuerdo con las manifestaciones rendidas por los
declarantes en sede disciplinaria y penal, la Sala observa que el infante de
marina profesional Luis Alfonso Bustos Mora no contaba con autorización para
pilotear la embarcación. Sin embargo, ello no basta por sí solo para acreditar la
responsabilidad de la administración por falla en el servicio, pues la ausencia
de autorización no constituye automáticamente un incumplimiento atribuible a
la entidad demandada.
141. En efecto, de las pruebas recaudadas se desprende que todo el personal
del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 33 tenía conocimiento de que
los relevos debían realizarse por vía terrestre, conforme a las instrucciones
impartidas por los mandos de la unidad, las cuales eran de cumplimiento
general y reiterado. Pese a ello, los infantes involucrados optaron
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voluntariamente por abordar una embarcación, contrariando las órdenes
conocidas y los protocolos operacionales establecidos.
[…]
146. En consecuencia, la Sala concluye que la conducta asumida por los
infantes, y en particular por el señor Luis Fernando Cedano Vargas, quien
perdió la vida al abordar sin autorización una embarcación que no contaba con
orden de zarpe no resulta imputable a la administración. Ello, por cuanto el
citado infante, en su condición de profesional, tal como se acredita en la hoja
de servicios, en el Informe Administrativo por Muerte y en las firmas de recibido
de las órdenes contenidas en el Sumario de Órdenes Permanentes, conocía las
directrices institucionales sobre seguridad y disciplina fluvial, pero decidió
voluntariamente apartarse de ellas, asumiendo las
consecuencias de su propio actuar.
[…]
194. En mérito de lo expuesto, la Sala concluye que no se acreditó la
configuración de una falla del servicio atribuible a la Armada Nacional, toda vez
que no se demostró la existencia de una omisión institucional en el deber de
control o supervisión, ni la infracción de los protocolos de seguridad previstos
para las operaciones fluviales.
195. Por el contrario, el acervo probatorio permite establecer que el hecho que
ocasionó la muerte del infante Luis Fernando Cedano Vargas obedeció a un
comportamiento personal, consciente y voluntario, contrario a las órdenes
impartidas y a los procedimientos operacionales vigentes, al haber abordado
junto con otros compañeros una embarcación sin autorización, sin portar
chaleco salvavidas y sin cumplir las medidas de autoprotección exigidas
196. En ese orden, no se probó la existencia de una falla institucional o de un
incumplimiento atribuible a la administración, pues las pruebas demuestran que
la entidad contaba con los elementos de seguridad, manuales, circulares y
órdenes permanentes necesarios para una navegación segura, siendo el daño
consecuencia exclusiva de la conducta imprudente y desobediente de los
tripulantes, y no del incumplimiento de un deber funcional por parte del Estado.
[…]”.
30. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por el juez contencioso y no se observa que la decisión
proferida en sede ordinaria hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los
derechos fundamentales de la parte accionante en el proceso de reparación directa.
31. Lo que se observa es que la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión
en el material probatorio válidamente incorporado al proceso, el cual fue objeto de
valoración en ejercicio de la autonomía e independencia judicial. Asimismo,
examinó los argumentos expuestos por la parte actora en el recurso de apelación,
ofreciendo las razones que sustentaron la decisión adoptada, sin que se evidencie
una actuación caprichosa o arbitraria que comprometa la protección de los derechos
fundamentales invocados.
32. Sin perjuicio de lo anterior, frente a la aplicación señalada por la parte accionante
de “[…] la misma ratio decidendi aplicada en la sentencia proferida el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Magistrado ponente: Henry Aldemar Barreto
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Accionantes: Yulieth Vargas Álvarez y otros
Mogollón. Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026). radicado:
11001-33-36-031-2019 - 00250-02. Demandante: Mauricio Cedano Franco y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y otro. Medio de
control: Reparación directa. Instancia: segunda. Sistema: Oralidad.”, en el que otros
familiares del señor Luis Fernando Cedano Vargas demandaron por los mismos
hechos y se accedió parcialmente a las pretensiones bajo la figura de la
concurrencia de culpas, la Sala precisa que: i) se trata de subsecciones diferentes
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca las que
resolvieron dichos procesos y ii) lo resuelto en uno y otro caso se fundamentó en
los argumentos propuestos y el acervo probatorio obrante en cada expediente;
razón por la que dicho reparo lo que pretende es desconocer la autonomía e
independencia judicial de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
33. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”19.
34. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”20. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”21.
35. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
20
Ibid.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionantes: Yulieth Vargas Álvarez y otros
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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