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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03927-00

Fecha
31 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03927-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar ajustada a derecho, de manera condicionada, la Resolución 000011 del 23 de abril de 2026, expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—, bajo el entendido de que el acto administrativo objeto de control queda sometido a los condicionamientos territoriales, materiales y financieros fijados en la sentencia C- 191 de 2026, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. En firme esta decisión archívese el expediente, previas las anotaciones en el Sistema de Información SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03927-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

31 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Control inmediato de legalidad
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03927-00
Acto: Resolución 000011 de 23 de abril de 2026, proferida por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN-

FALLO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y los
artículos 136 y 185 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, la Sala Veintidós Especial de
Decisión procede a dictar sentencia en el marco del control inmediato de legalidad,
respecto de la Resolución 000011 de 23 de abril de 2026, proferida por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en
adelante DIAN, teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Acto objeto de control

En cumplimiento de lo previsto en el inciso segundo del artículo 136 de la Ley
1437 de 2011, la DIAN remitió al Consejo de Estado copia de la Resolución
000011 de 23 de abril de 2026, «[p]or la cual se adiciona una subsección
transitoria a la Sección 5 del Capítulo 1 del Título 5 de la Parte 1 de la Resolución
000227 de 2025 “Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria” para
establecer las condiciones para la transmisión de facturas electrónicas en casos
de reconocimiento voluntario del incumplimiento de la obligación formal de
facturar, en desarrollo de lo dispuesto en artículo 5 del Decreto Legislativo 0240 de
2026», para efectos de su correspondiente control inmediato de legalidad1, cuyo
contenido es del siguiente tenor:

1 Documento .pdf «5ED_Resolucion000011de23 […]» índice 2 de SAMAI.

1
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Referencia: Control inmediato de legalidad
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03927-00
Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

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Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

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Referencia: Control inmediato de legalidad
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03927-00
Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

2. Trámite procesal del medio de control

Por auto de 29 de mayo de 2026, el magistrado sustanciador avocó conocimiento
del control inmediato de legalidad de la Resolución 000011 de 23 de abril de 2026,
al considerar cumplidos los requisitos objetivos de procedencia del artículo 136 del
CPACA. En la providencia se ordenó la fijación en lista por el término de diez días2
para que los ciudadanos impugnaran o coadyuvaran la resolución objeto de
control, también se dispuso notificar al director general de la DIAN, al director
general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al agente del
Ministerio Público. Igualmente, se invitó a la Facultad de Derecho de la
Universidad Externado de Colombia y al Instituto Colombiano de Derecho
Tributario y Aduanero, en adelante ICDT, para que se pronunciaran sobre la
legalidad de la resolución mencionada3.

3. Intervenciones

3.1. El 12 de junio de 20264, la DIAN, por conducto de apoderada judicial, solicitó
declarar la legalidad de la Resolución 000011 de 2026. Explicó que el Decreto
Legislativo 0240 de 2026 fue expedido en desarrollo del Decreto 150 de 2026 y
que, entre las medidas adoptadas para atender la emergencia, autorizó a la
entidad para aceptar la subsanación de incumplimientos de obligaciones formales
en materia tributaria, aduanera y cambiaria hasta el 30 de abril de 2026.

En cuanto a la competencia, indicó que el director general está facultado por el
numeral 2 del artículo 8 del Decreto 1742 de 2020 y por el artículo 616-1 del
Estatuto Tributario, normas que permiten a la entidad fijar las características,
condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos del sistema de
facturación. Agregó que el proyecto fue publicado para comentarios ciudadanos
durante diez días calendario en el sitio web institucional, de acuerdo con el
numeral 8 del artículo 8 del CPACA y la Resolución 000091 de 2021.

Sobre la obligación formal de facturar, la entidad señaló que el artículo 5 del
Decreto Legislativo 0240 de 2026 exige, para el reconocimiento voluntario de la
omisión, que el sujeto obligado declare las operaciones e impuestos a que haya
lugar y transmita las operaciones no facturadas o facturadas sin requisitos,
conforme lo indique la entidad. A partir de esa habilitación, la resolución objeto de
control estableció las condiciones técnicas y operativas para realizar dicha
transmisión dentro del sistema de facturación electrónica.

Sostuvo que la medida no vulnera el principio de igualdad, pues solo aplica a
quienes, encontrándose en la situación descrita por el decreto legislativo, decidan

2 La fijación en lista se realizó el 16 de junio de 2026, tal y como consta en el índice 14 de SAMAI.
3
Índice 4 de SAMAI. El envío de los mensajes electrónicos para la notificación, comunicación y traslados
especiales ordenados en la providencia de 29 de mayo de 2026, consta en los índices 7 a 11 y 14 de SAMAI.
4 Índice 16 de SAMAI.

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Referencia: Control inmediato de legalidad
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Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

reconocer voluntariamente el incumplimiento y regularizarlo bajo las condiciones
especiales allí previstas. También indicó que la medida permite obtener ingresos
de manera expedita, sin imponer una carga general adicional a toda la ciudadanía,
y que resulta necesaria por la gravedad de la crisis climática que motivó la
emergencia.

Finalmente, la DIAN afirmó que la resolución guarda conexidad directa, fáctica y
jurídica con los Decretos Legislativos 0150 y 0240 de 2026, pues la finalidad del
acto se encuentra expresamente definida en su encabezado: establecer las
condiciones para transmitir facturas electrónicas en casos de reconocimiento
voluntario del incumplimiento de la obligación formal de facturar, en desarrollo del
artículo 5 del Decreto Legislativo 0240 de 2026.

3.2. El 17 de junio de 20265, el presidente del ICDT rindió concepto académico e
institucional, aprobado por su Consejo Directivo en sesión del 16 de junio de 2026,
con ponencia del doctor Miguel Ángel Fandiño Zuluaga. Precisó que su opinión no
versaba sobre controversias particulares, sino sobre el examen objetivo de
legalidad de la Resolución 000011 de 2026.

Para el ICDT, el acto administrativo objeto de control cumple los presupuestos de
procedibilidad del control inmediato de legalidad: i) es un acto administrativo de
contenido general, porque regula de manera abstracta el comportamiento de los
sujetos obligados a facturar electrónicamente; ii) fue expedido en ejercicio de
función administrativa por el director general de la DIAN y iii) tiene como
fundamento inmediato un decreto legislativo en desarrollo de un Estado de
excepción, esto es, el artículo 5 del Decreto Legislativo 0240 de 2026.

En cuanto a la competencia, señaló que el director general de la DIAN puede
regular aspectos técnicos y operativos del sistema de facturación electrónica, con
fundamento en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y en el Decreto 1742 de
2020. También resaltó que la resolución no crea, modifica ni extingue tributos,
hechos generadores, bases gravables, sujetos pasivos, tarifas o sanciones, por lo
que no invade materias sometidas a reserva de ley.

Sobre la conexidad y finalidad, indicó que la resolución desarrolla el artículo 5 del
Decreto Legislativo 0240 de 2026, al instrumentalizar la posibilidad de subsanar
voluntariamente el incumplimiento del deber formal de facturar. Agregó que el
mecanismo, al permitir regularizar operaciones omitidas y ampliar la base de
control fiscal sobre ingresos y obligaciones correlativas, guarda en principio
relación instrumental con el propósito recaudatorio y de fortalecimiento de la
administración tributaria que justifica el decreto legislativo.

En materia de transitoriedad y proporcionalidad, conceptuó que la resolución crea
una subsección expresamente transitoria, limita su aplicación a incumplimientos

5 Índice 17 de SAMAI.

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Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

anteriores a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 0240 de 2026 y fija
como fecha límite el 30 de abril de 2026. A su juicio, tampoco impone restricciones
a derechos fundamentales, no establece sanciones nuevas, mantiene la
voluntariedad del mecanismo y preserva las facultades de fiscalización de la DIAN.

No obstante, el ICDT advirtió que la conexidad material entre el Decreto
Legislativo 0240 de 2026 y los hechos sobrevinientes que dieron lugar a la
emergencia corresponde al control constitucional de la Corte Constitucional. Por
ello, para los efectos de este proceso, estimó que la Resolución 000011 de 2026
no excede el marco trazado por el decreto legislativo que declaró el estado de
excepción, sin perjuicio de los efectos que pueda producir el control de
constitucionalidad.

4. Concepto del Ministerio Público

El 30 de junio de 20266, la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de
Estado solicitó declarar la legalidad de la Resolución 000011 de 2026. Como
punto de partida, sostuvo que el acto fue expedido por una autoridad nacional, en
ejercicio de función administrativa, con contenido general, y en desarrollo del
artículo 5 del Decreto Legislativo 0240 de 2026.

Así mismo, formuló como problema jurídico determinar si la resolución se ajusta al
ordenamiento superior en cuanto a los presupuestos de competencia, conexidad,
finalidad, necesidad, proporcionalidad y transitoriedad, propios de los actos
administrativos dictados en el marco de un Estado de excepción.

En su análisis, recordó que el control inmediato de legalidad no se limita a
contrastar el acto administrativo con el decreto legislativo que dice desarrollar, sino
que comprende su confrontación con la Constitución, el decreto declaratorio de la
emergencia y el decreto legislativo desarrollado. También indicó que este control
debe realizarse con independencia de lo que decida la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los efectos que esa decisión pueda producir sobre los fundamentos
jurídicos del acto.

Sobre el fondo, la Procuraduría explicó que el Decreto Legislativo 0240 de 2026
autorizó la subsanación de incumplimientos formales en materia tributaria,
aduanera y cambiaria y que, en el caso de la omisión de facturar, dispuso que el
sujeto obligado debía declarar las operaciones e impuestos correspondientes y
transmitir las operaciones no facturadas o facturadas sin requisitos, conforme lo
indicara la DIAN.

A su juicio, la Resolución 000011 de 2026 tiene conexidad sustancial y normativa
con el Decreto Legislativo 0240 de 2026, porque se limitó a desarrollar la
regularización voluntaria prevista por ese decreto, particularmente en lo relativo a

6 Índice 18 de SAMAI.

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la identificación de las facturas electrónicas y notas crédito o débito transmitidas
durante la contingencia especial, los efectos de la transmisión, las validaciones
aplicables y la aplicación temporal de la medida.

La Procuraduría también consideró cumplidos los juicios de necesidad,
proporcionalidad, transitoriedad y no discriminación. En particular, señaló que la
resolución implementa una medida de alivio tributario dentro del marco del decreto
legislativo, que no implica discriminación respecto de quienes declararon
oportunamente la facturación, porque la medida parte de la aceptación voluntaria
del incumplimiento formal de facturar y, por lo mismo, el acto debe declararse
legal.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente para
decidir el presente medio de control inmediato de legalidad, de conformidad con el
trámite previsto en el artículo 185 del CPACA7, en concordancia con los artículos
1368 y 111, numeral 8º9 ibidem y el artículo 29 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de
2019 –Reglamento Interno del Consejo de Estado–.

2. Medio de control inmediato de legalidad

Previo a efectuar el juicio de legalidad de la Resolución 000011 de 23 de abril de
2026, suscrita por el director general de la DIAN, la Sala hará una breve
exposición acerca de tres aspectos fundamentales: i) los estados de excepción en
Colombia; ii) la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica
expedida a través del Decreto Legislativo 0150 de 2026, el alcance de la sentencia
C-191 de 2026 y el Decreto Legislativo 0240 de 2026, y iii) el alcance del control
inmediato de legalidad para luego proceder al iv) estudio del caso concreto.

2.1. Los estados de excepción en Colombia

Los denominados estados de crisis o estados de excepción, corresponden al
régimen jurídico que consagra la Constitución Política para otorgarle a las
autoridades administrativas, las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar
7 «Artículo. 185.- Trámite del control inmediato de legalidad de actos. […] 1. La sustanciación y ponencia
corresponderá a uno de los magistrados de la corporación y el fallo a la Sala Plena […]», adicionado
parcialmente (dos parágrafos) por el artículo 44 de la Ley 2080 de 2021.
8 «Artículo. 136.- Control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en

ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de
excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si
emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este
código».
9 «Artículo 111.- Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. […] 8. Ejercer el control

inmediato de legalidad de los actos de carácter general dictados por autoridades nacionales con fundamento y
durante los estados de excepción […]», modificado parcialmente (los numerales 3 y 4) por el artículo 18 de la
Ley 2080 de 2021.

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las circunstancias económicas, sociales, políticas o ambientales anormales o
extraordinarias que amenacen o afecten gravemente la estabilidad institucional, la
paz, el funcionamiento del Estado, a fin de conjurarlas e impedir la extensión de
sus efectos, cuando no es posible afrontarlos con los instrumentos jurídicos
ordinarios10.

En la tradición jurídica nacional, tales potestades se han caracterizado por su
carácter reglado, en tanto su ejercicio está sometido a un régimen de controles
políticos y jurídicos con el fin de evitar la ruptura del orden constitucional y el
consecuente surgimiento de regímenes de facto, que amenacen los derechos y las
libertades ciudadanas y atenten contra la vigencia del orden institucional.

Desde el comienzo del diseño de nuestras instituciones republicanas, se consagró
el uso de «facultades extraordinarias» por parte del Gobierno para enfrentar las
situaciones de crisis, que en no pocas ocasiones se presentaron, como
consecuencia del enfrentamiento de las distintas facciones de poder. Fue la
Constitución de Cúcuta de 1821, la que inauguró este instrumento, al estatuirlo en
el caso de guerra exterior (artículo 55) y conmoción interior (artículo 128); luego la
Constitución Neogranadina de 1832, la desarrolló de forma más específica,
dotándola de elementos propios (artículos 108-110 y 117); en tanto, la
Constitución de 1843 se limitó a otorgar al ejecutivo la potestad de «reprimir»
cualquier perturbación del orden público interno. Por su parte, en las
Constituciones de 1853, 1858 (Confederación Granadina) y 1863 (Rionegro) no
existieron instituciones de excepción, hasta que, con ocasión de la unificación de
la república en la Constitución de 1886 se trajo la figura del «estado de sitio», que
fue reformulada en 1910, 1960 y 1968, en procura de racionalizar su uso.

En la segunda mitad del siglo XX, se advierte un uso permanente de esta
institución, al punto que el país prácticamente se mantuvo bajo el régimen de
excepción, dado que los distintos gobiernos la declararon sucesivamente. Primero,
en vigencia del Frente Nacional (1958-1974), en razón del aumento de la protesta
social y el surgimiento de grupos subversivos, con la cual se afrontó la
denominada «violencia política», que enfrentó a los partidos políticos Liberal y
Conservador. Después, desde la ruptura del Frente Nacional y hasta la expedición
de la Constitución de 1991, ante el crecimiento de la presencia guerrillera y la
irrupción del narcotráfico y los grupos paramilitares, el país estuvo
sistemáticamente bajo el «estado de sitio», instrumento común de la acción
10 «(…) En la vida de los Estados también hay lugar para las situaciones excepcionales, esto es, para aquellos

estados de anormalidad que ponen en peligro la existencia del Estado, la estabilidad institucional y la
convivencia democrática, que no pueden enfrentarse con los instrumentos jurídicos ordinarios y que imponen
la necesidad de una respuesta estatal diferente. Distintos mecanismos han contemplado los Estados para
afrontar tales situaciones excepcionales. Unos, como ocurre en Estados Unidos e Inglaterra, amparándose en
el efecto vinculante de su ininterrumpida tradición constitucional, no regulan expresamente la manera como se
han de afrontar esos estados excepcionales. (…) Otros, como España y Colombia, consagran un derecho
constitucional de excepción que comprende una regulación detenida del constituyente y una regulación
complementaria del legislador. En ella se fijan los presupuestos para la declaratoria de un estado de
anormalidad institucional, se señalan los límites de esas facultades, se configura el sistema de controles a que
se somete al ejecutivo y supedita ese régimen a lo dispuesto en una ley de especial jerarquía». Corte
Constitucional. Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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gubernamental con serias repercusiones en materia de restricción de derechos y
libertades públicas y ausencia de contrapesos propios del sistema democrático11.

Así entonces, fue necesario que el constituyente de 1991 trajera un diseño distinto
que prefigurara una taxonomía de los estados de excepción, con mayores
condicionamientos y controles. Así, se establecieron tres categorías de estados de
anormalidad: el estado de guerra exterior (artículo 212), el estado de conmoción
interior (artículo 213) y el estado de emergencia económica, social y ecológica
(artículo 215).

Para su puesta en marcha, el constituyente ordenó la expedición de una ley
estatutaria que regulara la materia, con el fin de fijar sus límites y controles. En
este orden se expidió la Ley 137 de 1994 que, en su artículo 2.º, señaló como
finalidad (i) «establecer los controles al ejercicio de las facultades excepcionales
del Gobierno» y (ii) fijar «las garantías para proteger los derechos humanos de
conformidad con los tratados internacionales». Precisó la misma disposición que
los hechos que autorizan el uso de las facultades excepcionales deben
corresponder a «circunstancias extraordinarias que hagan imposible el
mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios del Estado».

En relación con las reglas que la Constitución, la ley y la jurisprudencia han
señalado en relación con los estados de excepción, pueden destacarse las
siguientes: (i) su declaratoria está sujeta a requisitos de forma y contenido, en
tanto debe ser firmado por el presidente y sus ministros, quienes serán
responsables por extralimitación o abusos en su expedición y obedecer a causas
extraordinarias, imprevistas y graves; ii) los decretos legislativos que se expidan
como consecuencia de su declaratoria, deben referirse a medidas estrictamente
necesarias para superar la crisis, conexas y proporcionales a sus causas; (iii)
durante su vigencia no pueden suspenderse los derechos ni las libertades
fundamentales de las personas, consagradas en la Constitución y los tratados
internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario; (iv) su
duración está definida en el tiempo, excepto el estado de guerra exterior, que se
extiende mientras subsista la confrontación armada internacional; (v) las medidas
deben respetar el principio de colaboración armónica entre las ramas y órganos
del Estado, como el sistema de frenos y contrapesos que los gobierna; (vi) los
decretos legislativos están sometidos, tanto al control político del Congreso de la
República, como al judicial por parte de la Corte Constitucional, y de la jurisdicción
contencioso-administrativa, que conoce del control inmediato de legalidad de los
actos administrativos de carácter general que desarrollan los decretos legislativos.
11 «(…) La Carta Política de 1886 -con sus reformas- no estableció controles suficientes para prevenir su

abuso. Su declaratoria, por ejemplo, era considerada un acto meramente político y no susceptible de control
jurídico, esto es, una potestad completamente discrecional del Presidente de la República. Así, frente a los
abusos cometidos bajo la figura del estado de sitio durante la vigencia de la Constitución Política de 1886, que
de exceptivo pasó a ser crónico, y en precaución ante la acumulación extraordinaria de poderes en manos del
ejecutivo, la Carta Política de 1991 estableció un estricto régimen regulatorio de los estados de excepción
para mantener la plena vigencia del Estado de Derecho, aún en periodos de anormalidad, en guarda del
principio democrático, de la separación de poderes y de la primacía de los derechos fundamentales». Corte
Constitucional. Sentencia C-156 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.

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2.2. Declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica
adoptada mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026, el alcance de la
sentencia C-191 de 2026 y el Decreto Legislativo 0240 de 2026.

En punto a la emergencia económica, desde la reforma constitucional de 1968, el
constituyente colombiano separó las nociones de «orden público político» y la de
«orden público económico», para diferenciar el estado de sitio (hoy conmoción
interior) y el estado de emergencia económica. La Constitución de 1991, agregó a
este último las nociones de orden social y ecológico, para identificar otros
fenómenos constitutivos de alteración anormales, distintos de la alteración del
orden político y la situación de guerra exterior. Así entonces, lo que interesa, para
identificar el estado de emergencia económica, social o ecológica es la naturaleza
de la causa inmediata de perturbación y la ubicación precisa de la deficiencia que
impide resolver a través del régimen ordinario, el hecho o las situaciones
imprevistas que inducen a la declaratoria del estado de excepción.

Ahora bien, en relación con el asunto que nos convoca, se tiene que el 11 de
febrero de 2026 fue expedido el Decreto Legislativo 0150, por el presidente de la
República, con la firma de todos los ministros, en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994. Por
medio de su artículo 1.º se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre,
Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, por el término de treinta (30) días calendario.

En la motivación del Decreto 0150 de 2026 se indicó que, entre finales de enero y
comienzos de febrero de 2026, se presentó una alteración súbita, simultánea y
extraordinaria de la dinámica hídrica en múltiples cuencas, asociada a intensas
precipitaciones y a la ocurrencia concurrente de eventos hidrometeorológicos. El
decreto registró afectaciones sobre personas, familias, viviendas, vías, puentes,
acueductos, centros educativos, centros de salud, actividades productivas y otros
bienes e infraestructuras en los territorios incluidos en la declaratoria.

Los artículos 2.º y 3.º del Decreto 0150 de 2026 dispusieron que el Gobierno
nacional adoptaría, mediante decretos legislativos, las medidas necesarias para
conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, y que tales medidas
debían guardar relación directa y específica con los hechos que motivaron la
declaratoria del estado de emergencia.

La Corte Constitucional examinó el Decreto Legislativo 0150 de 2026 en el
expediente RE-000039012. Según el Comunicado n.º 22 del 24 de junio de 202613,

12
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=11&expediente=RE0000390&lista=da
tosExpedientes_1779888484991
13 https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/comunicado-22-junio-24-de-2026

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Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

correspondiente a la sentencia C-191 de 202614, la Corte encontró acreditados los
requisitos formales de la declaratoria. Calificó el fenómeno meteorológico como
extremo, extraordinario y sobreviniente y tuvo por satisfechos, en términos
generales, los juicios de realidad, identidad y sobreviniencia.

En cuanto al ámbito territorial, la Corte Constitucional señaló que la información
suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres —
UNGRD— acreditaba afectaciones en 181 municipios. Por esa razón, declaró la
exequibilidad condicionada del artículo 1.º del Decreto 0150 de 2026, en el
entendido de que la declaratoria comprende esos municipios y los demás
respecto de los cuales se demuestre, de manera precisa, una afectación concreta
derivada del mismo fenómeno que originó el estado de excepción.

Excluyó del fundamento de la declaratoria tres grupos de circunstancias por no
haberse acreditado su agravación como consecuencia del fenómeno
hidrometeorológico: (i) la crisis financiera de las empresas prestadoras del
servicio público de energía eléctrica y el riesgo sistémico para la continuidad del
servicio; (ii) las circunstancias relacionadas con las facultades de la Agencia
Nacional de Tierras en materia de deslinde de tierras de la Nación, recuperación
de bienes de uso público y baldíos y otros procedimientos agrarios; y (iii) las
circunstancias relativas a la actualización de los Planes de Manejo y Ordenación
de Cuencas Hidrográficas —POMCA—, los procesos de acotamiento de rondas
hídricas y su incorporación como determinantes ambientales en los instrumentos
de ordenamiento territorial.

La Corte distinguió entre medidas de respuesta, rehabilitación, reconstrucción y
medidas estructurales. Allí se indicó que las medidas de respuesta corresponden
a actuaciones inmediatas dirigidas a proteger la vida, la salud y la integridad de la
población y a satisfacer sus necesidades básicas, mientras que las medidas de
rehabilitación buscan restablecer, a corto plazo, los servicios e instalaciones
preexistentes afectados por la crisis.

14
En cuanto a la validez y efectos vinculantes de los comunicados de la Corte Constitucional, la postura en
esta Corporación no ha sido pacífica. Sin embargo esta Sala Especial de Decisión acoge la adoptada por el
pleno de esta Corporación en el auto de unificación jurisprudencial de 3 de diciembre de 2024, radicado
11001–03–15–000–2023–00871–00, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra, en dicha providencia se acogió la tesis
que la Corte Constitucional expuso en el auto A966 de 2021 «En el caso de las decisiones de
constitucionalidad, siempre que la Corte no establezca efectos diferidos a la decisión, esta surtirá efectos
desde el instante en que un contenido normativo sea hallado incompatible con la Constitución o, de ser el
caso, objeto de un condicionamiento para su validez. En estos casos, operativamente, los efectos se
producen a partir del día siguiente a la fecha en que la Sala Plena adoptó la decisión y no a partir de la fecha
en que se suscribe el texto, la de su notificación mediante edicto o su ejecutoria. […] En ese sentido, una vez
se divulga oficialmente la sentencia, bien sea mediante la publicación integral de su texto o el respectivo
comunicado de prensa oficial, el conocimiento y cumplimiento de la parte resolutiva de la sentencia es exigible
a todos los operadores jurídicos.(…) Lo expuesto no significa que la notificación de una sentencia de
constitucionalidad -que por mandato del Artículo 16 del Decreto 2067 de 1991 debe hacerse por edicto- o que
el término de ejecutoria que corre a partir de la desfijación del edicto sean irrelevantes. Estos no determinan
los efectos temporales del fallo, pero permiten analizar, por ejemplo, el término dentro del cual se puede
alegar la nulidad de la decisión o solicitar su aclaración».

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Referencia: Control inmediato de legalidad
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03927-00
Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

Respecto de las medidas de reconstrucción, señaló que su adopción con
fundamento en las facultades extraordinarias exige que se encuentren directa y
estrechamente relacionadas con la fase de rehabilitación. En relación con las
medidas estructurales, la Corte consideró que aquellas destinadas a superar
problemas preexistentes a la crisis no están comprendidas dentro de la
habilitación derivada del estado de emergencia.

Sobre la suficiencia de los mecanismos ordinarios, tuvo en cuenta la legislación
ordinaria sobre gestión del riesgo, en especial la Ley 1523 de 2012, el deber de
anticipación estatal frente a los riesgos asociados al cambio climático y la
experiencia institucional en la atención de eventos semejantes. También informó
que, respecto de las medidas que no tenían por objeto financiar la emergencia,
consideró razonable la valoración gubernamental acerca de la insuficiencia de los
instrumentos ordinarios.

En materia de financiación, en el comunicado se registró que se plantearon
discrepancias acerca de la posibilidad de acudir a operaciones de
endeudamiento, recursos del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo,
distribuciones presupuestales y recursos provenientes de los sistemas generales
de Participaciones y Regalías. Dispuso que los recursos recaudados, obtenidos o
ejecutados al amparo de la emergencia no podían destinarse a gastos sin relación
directa con ella; ordenó al Ministerio de Hacienda recalcular el costo total de la
emergencia y las adiciones presupuestales necesarias; exigió que la autoridad
competente para ordenar el gasto motivara por qué no era posible acudir a
mecanismos ordinarios, atendiendo a la oportunidad y disponibilidad de los
recursos; y dispuso la articulación entre la Nación y las entidades territoriales
afectadas para distribuir las cargas correspondientes.

Según la parte resolutiva divulgada en el Comunicado n.º 22, los artículos 2.º y 3.º
del Decreto 0150 de 2026 fueron declarados exequibles bajo las condiciones allí
señaladas: la declaratoria no autoriza la adopción de medidas estructurales; las
medidas de reconstrucción requieren una relación directa y estrecha con la
rehabilitación; y las facultades extraordinarias de financiación y ejecución de
recursos quedan sujetas a su vinculación con los gastos de la emergencia y a las
demás exigencias establecidas en la sentencia.

Finalmente, el comunicado informó que la Corte señaló, de cara a futuras
declaratorias originadas en fenómenos meteorológicos, que el juicio de suficiencia
impondrá al Gobierno una carga argumentativa especial. De acuerdo con esa
información, la invocación de las debilidades del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres no bastará por sí sola, pues el Gobierno deberá explicar los
avances realizados para su fortalecimiento.

En consecuencia, para efectos del control inmediato de legalidad que
corresponde efectuar en este asunto, el Decreto Legislativo 0150 de 2026 no

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Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

puede ser considerado como una habilitación extraordinaria general o irrestricta.
Su alcance debe comprenderse conforme a los condicionamientos fijados en la
sentencia C-191 de 2026, pues estos determinan el marco constitucional dentro
del cual podían expedirse los decretos legislativos destinados a conjurar la crisis
y, por derivación, constituyen un referente necesario para examinar las medidas
administrativas generales adoptadas en desarrollo de aquellos. Por tanto, al
efectuar el control de la Resolución 000011 de 23 de abril de 2026, deberá
tenerse presente ese marco constitucional delimitado, particularmente al
establecer la relación de la medida con los hechos que permanecieron
comprendidos dentro de la emergencia y con las finalidades excepcionales
constitucionalmente admisibles.

A su vez, en desarrollo del estado de emergencia, el Gobierno nacional expidió el
Decreto Legislativo 0240 de 2026, mediante el cual adoptó medidas tributarias
adicionales destinadas a obtener recursos para atender la crisis. Entre ellas, el
artículo 515 estableció un mecanismo transitorio para subsanar los incumplimientos
de obligaciones formales tributarias, aduaneras y cambiarias existentes a la
entrada en vigor del decreto, siempre que se cumplieran las condiciones previstas
y se efectuara el pago correspondiente hasta el 30 de abril de 2026.

En relación con la omisión del deber de facturar, la norma exigió declarar las
operaciones y los impuestos respectivos, así como transmitir las operaciones no
facturadas o facturadas sin el cumplimiento de los requisitos, en la forma indicada
por la DIAN. Esta habilitación constituyó el fundamento para expedir la Resolución

15 ARTÍCULO 5. APLICACIÓN TRANSITORIA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FORMALES. El incumplimiento de obligaciones formales en materia tributaria, aduanera y cambiaria, que se
hayan generado a la entrada en vigencia del presente decreto, podrán ser subsanadas siempre que se
demuestre que al treinta (30) de abril de 2026, se haya realizado el pago del tres por ciento (3%) del valor de
los ingresos brutos que figuren en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos
y patrimonio, según sea el caso, del año gravable 2024.
Para los sujetos que no se encuentren obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios, conforme a las disposiciones establecidas en el Estatuto Tributario podrán subsanar el
incumplimiento de que trata el presente artículo, siempre que demuestre que a treinta (30) de abril de 2026,
haya realizado el pago del dos por ciento (2%) del valor del patrimonio bruto y/o activos totales poseídos a 31
de diciembre del año gravable 2025.
Lo dispuesto en este artículo, igualmente aplica para los sujetos a los cuales se les haya proferido pliego de
cargos o resolución sanción que se encuentre en firme en sede administrativa y se cumpla con las
condiciones, requisitos y plazos establecidos en el presente artículo.
La sanción aquí prevista no podrá superar la suma de mil quinientas (1.500) UVT, ni ser inferior a la sanción
mínima vigente.
PARÁGRAFO 1. Lo dispuesto en este artículo no aplica para subsanar el incumplimiento del deber formal de
declarar, ni obligaciones relacionadas con precios de transferencia. La subsanación de obligaciones formales
no es una causal de aceptación de ingresos, costos, deducciones e impuestos descontables de las
declaraciones tributarias.
PARÁGRAFO 2. La liquidación de la sanción prevista en el presente artículo aplica siempre que el sujeto que
se acoja a la misma subsane el incumplimiento y se cumpla con la obligación formal para los casos en que el
Estatuto Tributario lo exija.
Tratándose del reconocimiento voluntario del incumplimiento en relación con la omisión de la obligación formal
de facturar, el sujeto deberá declarar las operaciones e impuestos a que haya lugar por esta omisión; así
como la transmisión de las operaciones no facturadas o facturadas sin requisitos, conforme lo indique la DIAN.
PARÁGRAFO 3. Los contribuyentes que se acojan y cumplan con lo previsto en este artículo no podrán ser
sancionados por incumplimiento de las obligaciones formales previstas en esta disposición.
PARÁGRAFO 4. Lo previsto en este artículo en los temas aduaneros, no aplica cuando se trate de
mercancías aprehendidas o decomisadas, ni respecto de mercancías sometidas a limitaciones,
administrativas o legales.

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Referencia: Control inmediato de legalidad
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Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

000011 de 2026, objeto del presente control. El Decreto Legislativo 0240 de 2026
se encuentra sometido al control automático de constitucionalidad, dentro del
expediente RE-403, y está pendiente de decisión definitiva.

2.3. Alcance del control inmediato de legalidad

El control inmediato de legalidad sobre las medidas de carácter general dictadas
por las autoridades administrativas como desarrollo de los decretos legislativos
durante los Estados de Excepción, corresponde a la jurisdicción contencioso
administrativa según se trate de autoridad territorial, caso en el cual su
conocimiento está asignado a los tribunales administrativos, de conformidad con el
artículo 151.7 del CPACA16, o al Consejo de Estado, si el acto emana de una
autoridad nacional, según lo dispuesto en el artículo 111.8 ejusdem.

La Corte Constitucional, en sentencia C-179 de 199417, consideró que el control
inmediato de legalidad constituye una limitación al poder de las autoridades
administrativas, y es una medida eficaz con la cual se busca impedir la aplicación
de normas ilegales. A su turno, esta Corporación ha precisado que la Ley 137 de
1994 pretendió instaurar un mecanismo de control automático de legalidad de los
actos administrativos que opere de forma independiente respecto de la
constitucionalidad de los decretos legislativos que les sirven de fundamento, como
una garantía adicional de los derechos del ciudadano y de la legalidad abstracta.
Por consiguiente, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha de efectuar
el examen, de manera oficiosa, de todo acto administrativo, de alcance nacional,
departamental o local, que desarrolle los decretos legislativos expedidos durante
los estados de excepción, a efecto de verificar que tales determinaciones,
adoptadas en ejercicio de la función administrativa, no desborden las finalidades y
los límites establecidos por la Constitución, por la Ley y por el propio Gobierno
nacional en los decretos respectivos18.

En otras palabras, se trata de un procedimiento especial regulado en ley
estatutaria, de carácter excepcional y temporal, cuyo objeto recae sobre actos
administrativos de carácter general, expedidos al amparo de los decretos
legislativos dictados en un estado de excepción; y en el que corresponde al juez: i)
analizar la existencia de relación de conexidad entre la regulación contenida en el
acto objeto de control y los motivos que dieron lugar a la declaratoria de la
emergencia económica, ii) determinar su conformidad con las normas superiores
que le sirven de fundamento, entre otras, los mandatos constitucionales (arts. 212
a 215), la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, el decreto de declaratoria
del estado de excepción y los decretos con carácter legislativo expedidos por el
Gobierno en virtud de la autorización constitucional para legislar por vía

16
Reglas de competencia que fueron modificadas por el artículo 27 de la Ley 2080 de 2021, la cual fue
publicada en el Diario Oficial – «AÑO CLVI. N. 51568, 25 Enero, 2021. PÁG. 1».
17 Revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria No. 91/92 Senado y 166/92 Cámara «[p]or la cual se

regulan los estados de excepción en Colombia».
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009,

Radicación 11001-03-15-000-2009-00549-00 (CA). MP. Mauricio Fajardo Gómez.

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Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

excepcional19 y iii) establecer si el acto está conforme con la garantía de
protección de los derechos fundamentales de acuerdo con los tratados o
convenios internacionales sobre derechos humanos incorporados al ordenamiento
jurídico nacional.

La jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado20, ha definido como características principales del control inmediato de
legalidad, las siguientes:

1. Es oficioso, pues en el evento de no efectuarse el envío, la autoridad judicial
competente aprehenderá de oficio su conocimiento21.

2. Es integral porque los actos administrativos se deben confrontar con todo el
ordenamiento jurídico y el escrutinio del juez comprende:

[L]a revisión de aspectos como la competencia para expedirlo, el cumplimiento de
los requisitos de forma y de fondo, la conexidad de las medidas que se dicten con
las causas que dieron origen a su implantación, el carácter transitorio y la
proporcionalidad de las mismas, así como su conformidad con el resto del
ordenamiento jurídico, siempre bajo el entendido de que ellas hacen parte de un
conjunto de medidas proferidas con la exclusiva finalidad de “conjurar la crisis e
impedir la extensión de sus efectos”22.

En este punto, la jurisprudencia ha precisado que si bien el control inmediato
de legalidad tiene por finalidad establecer la conformidad del acto examinado
para «con el resto del ordenamiento jurídico», el control no es absoluto, pues
no se trata de la confrontación del acto administrativo «con todo precepto
existente de rango constitucional o legal», sino de examinar su legalidad, como
se indicó en precedencia, conforme las normas constitucionales que permiten
la declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la
Constitución Política), la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley 137
de 1994), los decretos expedidos por el Gobierno nacional con ocasión de la
declaratoria del estado de excepción, y las demás normas superiores que
debe atender el acto objeto del control.

De otra parte, la Sala precisa que, en los estados de excepción, el derecho
internacional de los derechos humanos (DIDH), constituye parámetro de
control de convencionalidad ex officio, por lo que, se impone al juez el deber
de analizar las medidas administrativas frente a las normas y principios

19 Así lo precisó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 23 de noviembre de 2010,

Radicación: 11001-03-15-000-2010-00196-00. MP. Ruth Stella Correa Palacio.
20 Entre otras decisiones, se pueden consultar las siguientes: Sentencia de 16 de junio de 2009, radicación:

11001-03-15-000-2009-00305-00(CA), MP. Enrique Gil Botero y sentencia de 20 de octubre de 2009,
radicación 11001-03-15-000-2009-00549-00 (CA), MP. Mauricio Fajardo Gómez.
21 Cfr. artículo 20 de la LEEE y artículo 136 del CPACA.
22
Cita original: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de mayo de
1999, Radicación número: CA-011. MP. Ricardo Hoyos Duque, citada en sentencia de 20 de octubre de 2009,
radicación 11001-03-15-000-2009-00549-00 (CA), MP. Mauricio Fajardo Gómez.

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Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

internacionales, que rigen la legalidad del estado de excepción y garantizan el
goce efectivo de los derechos humanos fundamentales.

En suma, el ejercicio del control integral de las medidas administrativas de
carácter general que se expidan como desarrollo de los decretos legislativos
durante los estados de excepción, comprende, como se indicó ut supra, la
confrontación del acto: i) con las normas constitucionales que permiten la
declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la
Constitución Política), ii) la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley
137 de 1994), iii) los decretos legislativos expedidos por el Gobierno nacional
con ocasión de la declaratoria del estado de excepción, iv) las demás normas
superiores a las que debe sujetarse el acto objeto del control y v) un control
de convencionalidad para determinar si la disposición que se expide dentro
del marco del estado de excepción, vulnera el núcleo esencial de los derechos
humanos consagrados en la CADH y en los tratados o convenios
internacionales sobre derechos humanos incorporados al ordenamiento
jurídico nacional23.

3. Es autónomo porque la revisión del acto administrativo es posible, antes de
que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la exequibilidad del decreto
declaratorio del estado de excepción y de los decretos legislativos que lo
desarrollan, sin perjuicio «de que deban acatarse y respetarse los efectos del
fallo de constitucionalidad respectivo si éste ya se ha proferido o en el
momento en el cual se profiera, pero sin que ello suponga la existencia de
prejudicialidad alguna del juicio de constitucionalidad que adelanta la Corte
Constitucional en relación con el proceso que adelante el Juez
Administrativo»24.

4. La sentencia que decide el control de legalidad hace tránsito a cosa juzgada
relativa. En este sentido entonces, como la sentencia que resuelve el control
de legalidad hace tránsito a cosa juzgada relativa es posible que la decisión

23 «Desde el caso Almonacid Arellano vs. Chile, la Corte IDH ha ido precisando el contenido y alcance del

concepto de control de convencionalidad en su jurisprudencia, para llegar a un concepto complejo que
comprende los siguientes elementos (o: las siguientes características): a) Consiste en verificar la
compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los
demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; b) Es una obligación que corresponde a
toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias; c) Para efectos de determinar la compatibilidad con
la CADH, no sólo se debe tomar en consideración el tratado, sino que también la jurisprudencia de la Corte
IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; d) Es un control que debe ser
realizado ex officio por toda autoridad pública; y e) Su ejecución puede implicar la supresión de normas
contrarias a la CADH o bien su interpretación conforme a la CADH, dependiendo de las facultades de cada
autoridad pública […] Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles
están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y los
tratados de derechos humanos de los cuales es Parte el Estado, evidentemente en el marco de sus
respectivas competencias y regulaciones procesales correspondientes». Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario
Militar) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012.
Control de convencionalidad. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
No. 7. Evolución de la Jurisprudencia de la Corte IDH: Precisiones conceptuales. Parámetro de
convencionalidad se extiende a otros tratados de derechos humanos. Disponible en:
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/convencionalidad.pdf.
24 Sentencia de 20 de octubre de 2009, radicación 11001-03-15-000-2009-00549-00 (CA), MP. Mauricio

Fajardo Gómez.

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Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

administrativa sea nuevamente controvertida en la jurisdicción respecto de
otras normas superiores no estudiadas y por aspectos diferentes a los
analizados25.

5. Es un medio de control compatible con el contencioso objetivo de anulación y
la nulidad por inconstitucionalidad.

Así entonces, el control inmediato de legalidad definido en la ley estatutaria es un
medio judicial con carácter excepcional y temporal que garantiza el orden jurídico
en estados de anormalidad y preserva el equilibrio en el ejercicio de los poderes
públicos en el estado constitucional de excepción.

2.3.1. Procedibilidad

En orden a resolver si es procedente o no este medio de control, es menester
verificar si se cumplen los requisitos de procedibilidad fijados en el artículo 136 del
CPACA.

2.3.1.1. Que el acto sea dictado en ejercicio de la función administrativa

La Resolución 000011 de 23 de abril de 2026 fue expedida por el director general
de la DIAN, en ejercicio de las facultades legales invocadas en el propio acto, en
especial las consagradas en el numeral 2 del artículo 8 del Decreto 1742 de
202026 y el artículo 616-1 del Estatuto Tributario27, esto es, la de impartir
instrucciones de carácter general en materia tributaria, aduanera, de comercio
exterior y de control cambiario.

Según el acto administrativo objeto de control, su finalidad consiste en adicionar
una subsección transitoria a la Resolución 000227 de 2025, con el objeto de
establecer condiciones para la transmisión de facturas electrónicas en casos de
reconocimiento voluntario del incumplimiento de la obligación formal de facturar.
Por tanto, prima facie, se trata de una manifestación expedida en ejercicio de
función administrativa, relacionada con la definición de condiciones técnicas y
operativas del sistema de facturación electrónica.

25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de mayo de 2016,
radicación 11001 03 15 0002015 02578-00, MP. Guillermo Vargas Ayala. En relación con esta característica
puede consultarse también: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23
de noviembre de 2010, radicación 11001-03-15-000-2010-00196-00, MP. Ruth Stella Correa Palacio.
26 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y

Aduanas Nacionales […] Artículo 8. Funciones de la Dirección General. Son funciones de la Dirección
General en desarrollo de las competencias propias de la DIAN, las siguientes: […] 2. Impartir instrucciones de
carácter general en materia tributaria, aduanera, de comercio exterior y de control cambiario, en lo de
competencia de la DIAN. […]
27
Articulo 616-1. Sistema de facturación. […] Parágrafo 1. La Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN reglamentará los sistemas de facturación establecidos en este
artículo determinando, entre otros, sus requisitos especiales, las definiciones, características, condiciones,
obligaciones formales e información a suministrar, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos aplicables,
la interacción de los sistemas de facturación con otros inventarios, sistemas de pago, impuestos y contabilidad
e información tributaria legalmente exigida, así como los calendarios para su implementación. […]

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2.3.1.2. Que el contenido del acto sea de carácter general

La Resolución 000011 de 23 de abril de 2026 es de carácter general, impersonal y
abstracto, en tanto establece reglas dirigidas a los contribuyentes que se acojan al
reconocimiento voluntario del incumplimiento de la obligación formal de facturar y
que deban generar y transmitir facturas electrónicas correspondientes a
operaciones no facturadas o facturadas sin el lleno de requisitos28.

Al respecto, la memoria justificativa aportada por la DIAN29 indica que el ámbito de
aplicación de la medida se extiende a todo el territorio nacional y se dirige a los
sujetos obligados a facturar electrónicamente que, en el marco de las medidas
transitorias establecidas por el Decreto Legislativo 0240 de 202630, reconozcan
voluntariamente el incumplimiento de la obligación formal de facturar, ya sea por la
omisión total de la expedición de la factura o por la expedición de facturas sin el
cumplimiento de los requisitos legales.

Así, aunque el acto se refiere a un universo delimitado de contribuyentes, tal
circunstancia no desdice de su generalidad, en la medida en que no individualiza
destinatarios concretos, sino que regula un supuesto objetivo aplicable a quienes
se encuentren en la situación normativa allí prevista.

2.3.1.3. Que el acto sea dictado por una autoridad nacional

Esta Sala resalta que la DIAN es una autoridad administrativa del orden nacional.
En efecto, conforme con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las unidades
administrativas especiales con personería jurídica integran el sector
descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del poder público en el orden
nacional. A su vez, el artículo 68 ibidem dispone que dichas entidades tienen por
objeto principal el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios
públicos o la realización de actividades industriales o comerciales, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, bajo la orientación, control
político y suprema dirección del órgano de la Administración al cual se encuentren
adscritas.

En el caso específico de la DIAN, el artículo 1.º del Decreto 1071 de 1999 31 la
organizó como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, de carácter
técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y
presupuestal y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
28 Resolución 000011 de 23 de abril de 2026, artículos 1.5.1.5.10.1 y siguientes, adicionados a la Resolución

000227 de 2025.
29 Índice 2 de SAMAI.
30
Por el cual se adoptan medidas tributarias adicionales destinadas a atender los gastos del Presupuesto
General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado mediante el Decreto
número 150 del 11 de febrero de 2026.
31
Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
como una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y se dictan otras
disposiciones.

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Por tanto, al provenir el acto objeto de control de una entidad descentralizada por
servicios del orden nacional, se satisface este presupuesto de procedibilidad del
control inmediato de legalidad.

2.3.1.4. Que el acto objeto de control sea proferido en desarrollo de un decreto
legislativo

Frente a este último requisito de procedibilidad, la Sala observa que la Resolución
000011 de 23 de abril de 2026 citó como fundamentos normativos los Decretos
Legislativos 0150 y 0240 de 2026. El artículo 5 del Decreto Legislativo 0240 de
2026 reguló la «[a]plicación transitoria por incumplimiento de obligaciones
formales» en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Dicha disposición previó
que los incumplimientos formales generados a la entrada en vigencia del decreto
podrían ser subsanados, bajo las condiciones allí previstas, siempre que se
demostrara el pago correspondiente a más tardar el 30 de abril de 2026.

De manera específica, el inciso segundo del parágrafo 2 del artículo 5 del Decreto
Legislativo 0240 de 2026 habilitó a la DIAN para indicar la forma en que debe
efectuarse la transmisión de operaciones no facturadas o facturadas sin el lleno de
requisitos, en el marco del reconocimiento voluntario del incumplimiento de la
obligación formal de facturar.

Según los antecedentes administrativos remitidos, esa disposición prevé que la
subsanación de dicho incumplimiento se realiza mediante el reconocimiento
voluntario, para lo cual el obligado debe declarar las operaciones e impuestos a
que haya lugar por la omisión, así como efectuar la transmisión de las operaciones
no facturadas o facturadas sin requisitos, conforme lo indique la DIAN.

Con fundamento en esa habilitación normativa, la DIAN expidió la Resolución
000011 del 23 de abril de 2026, mediante la cual adicionó una subsección
transitoria a la Sección 5 del Capítulo 1 del Título 5 de la Parte 1 de la Resolución
000227 de 2025, con el propósito de establecer las condiciones para la
transmisión de facturas electrónicas en casos de reconocimiento voluntario del
incumplimiento de la obligación formal de facturar. El acto administrativo señala
expresamente que se profiere «en desarrollo de lo dispuesto en artículo 5 del
Decreto Legislativo 0240 de 2026».

Además, la Resolución 000011 de 2026 precisa que la transmisión de operaciones
no facturadas o facturadas sin requisitos corresponde a un supuesto excepcional,
por tratarse de operaciones que no fueron facturadas en el momento de
ocurrencia del hecho económico, y que el sistema ordinario de facturación
electrónica no resulta plenamente aplicable a esos supuestos, razón por la cual se
requiere un esquema normativo y operativo especial que haga viable la aplicación

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Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

del inciso segundo del parágrafo 2 del artículo 5 del Decreto Legislativo 0240 de
2026.

De este modo, se observa que la Resolución 000011 del 23 de abril de 2026 fue
dictada como desarrollo administrativo de una habilitación expresa contenida en
decreto legislativo expedido durante el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica declarado mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026.

En consecuencia, la Sala encuentra satisfechos los requisitos de procedibilidad,
en los términos de los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del CPACA.

2.4. Estudio de legalidad de la Resolución 000011 del 23 de abril de 2026.

De conformidad con el marco expuesto, la Sala efectuará el estudio integral de
legalidad de la Resolución 000011 del 23 de abril de 2026. Para ello examinará:
(i) sus requisitos formales; (ii) la competencia de la autoridad que la expidió; (iii) la
conexidad, finalidad, necesidad, proporcionalidad, transitoriedad y ausencia de
discriminación de las medidas; (iv) el contenido particular de sus artículos; y (v) la
incidencia de los condicionamientos fijados por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-191 de 2026.

El parámetro de control está integrado por los artículos 13, 29, 83, 121, 189, 209 y
215 de la Constitución Política; la Ley 137 de 1994, en especial sus artículos 9,
10, 13, 14, 47 y 50; los Decretos Legislativos 0150 y 0240 de 2026; el artículo
616-1 del Estatuto Tributario; el numeral 2 del artículo 8 del Decreto 1742 de
2020; las reglas de publicidad y participación previstas en los artículos 8, numeral
8, y 65 del CPACA; y los condicionamientos contenidos en la Sentencia C-191 de
2026 respecto del alcance territorial y material de la emergencia y de las medidas
de financiación.

2.4.1. Requisitos formales

La Resolución 000011 de 2026 satisface los elementos externos exigibles a un
acto administrativo general. El mencionado acto administrativo está identificado
con número y fecha; contiene el epígrafe que describe su objeto; individualiza las
normas de competencia; incluye una motivación; desarrolla una parte resolutiva
organizada en tres artículos; fue suscrita por el director general de la DIAN; y
ordenó su publicación en el Diario Oficial como condición de vigencia y
oponibilidad.

La motivación identifica la relación de la regulación con el artículo 5 del Decreto
Legislativo 0240 de 2026 y explica la razón técnica de la medida. En concreto,
señala que el sistema ordinario de facturación electrónica está diseñado para
operaciones corrientes sometidas a reglas de secuencia, temporalidad y
consistencia, las cuales no resultan plenamente aplicables cuando se transmiten

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operaciones que no fueron facturadas al ocurrir el hecho económico o fueron
facturadas sin requisitos. En ese contexto, la regularización tributaria
extraordinaria no tuvo origen en la Resolución 000011 de 2026, sino directamente
en el artículo 5 del Decreto Legislativo 0240 de 2026. El acto administrativo
únicamente estableció la instrumentación técnica y operativa de la contingencia
especial y transitoria requerida para transmitir las operaciones comprendidas en
aquella medida legislativa.

También se acreditó la participación ciudadana previa. La parte considerativa de
la resolución dejó constancia de que el proyecto fue publicado en el sitio web de
la DIAN entre el 27 de marzo y el 6 de abril de 2026 para recibir comentarios, en
cumplimiento del numeral 8 del artículo 8 del CPACA. No se advierte, por tanto,
una irregularidad formal que afecte la validez del acto.

2.4.2. Competencia para expedir el acto

La Resolución 000011 de 2026 fue expedida por el director general de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El
numeral 2 del artículo 8 del Decreto 1742 de 2020 le atribuye la función de dirigir y
administrar la entidad y de impartir instrucciones de carácter general en materias
de competencia de la DIAN. Por su parte, el artículo 616-1 del Estatuto Tributario
establece el sistema de facturación y faculta a la DIAN para determinar las
características, condiciones, plazos, términos y mecanismos técnicos y
tecnológicos de los documentos que lo integran.

A esa competencia ordinaria se agregó una habilitación específica. El inciso
segundo del parágrafo 2 del artículo 5 del Decreto Legislativo 0240 de 2026
dispuso que, tratándose del reconocimiento voluntario del incumplimiento de la
obligación formal de facturar, el sujeto debía declarar las operaciones y los
impuestos correspondientes, así como transmitir las operaciones no facturadas o
facturadas sin requisitos, conforme lo indique la DIAN. La expresión transcrita
atribuyó a la entidad la determinación de las condiciones técnicas y operativas
indispensables para efectuar la transmisión.

La resolución no creó la regularización tributaria extraordinaria, pues esa medida,
sus destinatarios, beneficios, requisitos sustanciales, exclusiones y límite temporal
fueron establecidos directamente por el artículo 5 del Decreto Legislativo 0240 de
2026. Tampoco creó un tributo, una sanción, una amnistía ni un beneficio diferente
de los previstos por el legislador extraordinario, ni modificó los porcentajes,
requisitos, exclusiones o fechas allí contenidos. Su alcance se circunscribió a
establecer la forma de transmitir, identificar, validar y tratar dentro del sistema de
facturación electrónica las operaciones comprendidas en la regularización
voluntaria. En consecuencia, el director general de la DIAN actuó dentro de su
competencia funcional y no invadió materias sometidas a reserva de ley.

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2.4.3. Análisis de fondo

El control material exige establecer si las medidas administrativas desarrollan la
legislación de excepción sin ampliar su alcance y si conservan relación directa
con las razones y finalidades constitucionalmente admisibles de la emergencia.
Conforme al antecedente utilizado por la Sala, el examen se realizará mediante
los juicios de conexidad, finalidad, necesidad, proporcionalidad, transitoriedad y
no discriminación.

2.4.3.1. Juicio de conexidad

La conexidad debe verificarse en dos planos. En el plano normativo, se determina
si el acto desarrolla una habilitación contenida en un decreto legislativo expedido
durante el estado de excepción. En el plano material, se examina si las medidas
guardan relación con las finalidades de la legislación extraordinaria y no se
apoyan en hechos o problemas excluidos del fundamento de la emergencia.

La conexidad normativa es directa y específica. La fuente de la regularización
tributaria extraordinaria es el artículo 5 del Decreto Legislativo 0240 de 2026,
disposición que definió los incumplimientos susceptibles de subsanación, los
porcentajes aplicables, los requisitos, las exclusiones y el plazo para acogerse. En
el caso particular del incumplimiento de la obligación formal de facturar, el inciso
segundo del parágrafo 2 ordenó declarar las operaciones y los impuestos
correspondientes y transmitir las operaciones no facturadas o facturadas sin
requisitos «conforme lo indique la DIAN». La Resolución 000011 de 2026 no
reprodujo ni creó ese régimen sustancial; desarrolló la remisión expresa mediante
reglas técnicas de transmisión, identificación y validación dentro del sistema de
facturación electrónica.

Existe igualmente correspondencia concreta entre cada disposición de la
resolución y el supuesto regulado por el decreto legislativo. La contingencia
especial hace operativa la transmisión posterior de las operaciones omitidas; el
código 20-REG permite identificarlas dentro del sistema; la regla de efectos
conserva el deber de declarar y pagar los impuestos y las facultades de
fiscalización; la validación mediante la factura tipo 03 permite su procesamiento; y
la disposición temporal limita el mecanismo a incumplimientos anteriores a la
entrada en vigencia del Decreto 0240 de 2026 y al plazo máximo del 30 de abril de
2026. Así, todas las reglas del acto cumplen una función instrumental respecto de
la medida creada por el legislador extraordinario y ninguna amplía su contenido
sustancial.

En el plano material, la relación se aprecia a partir de la finalidad atribuida por el
Decreto 0240 de 2026 a la regularización extraordinaria: fortalecer el recaudo y
obtener ingresos adicionales e inmediatos para atender los gastos derivados de la
emergencia. La resolución conserva esa finalidad porque permite que las

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operaciones omitidas ingresen al sistema de facturación, sean identificables y
trazables y queden disponibles para el control fiscal. La cadena de conexidad es,
entonces, la siguiente: la emergencia generó necesidades extraordinarias de
financiación; el Decreto 0240 de 2026 creó el mecanismo excepcional de
regularización para contribuir al recaudo, y la Resolución 000011 de 2026 hizo
técnicamente ejecutable, en materia de facturación electrónica, uno de los
requisitos previstos por ese decreto. El acto tampoco contiene medidas relativas a
la crisis financiera del sector eléctrico, a procedimientos agrarios de la Agencia
Nacional de Tierras o a la actualización de los POMCA y rondas hídricas, asuntos
excluidos del fundamento de la declaratoria por la sentencia C-191 de 2026.

Por consiguiente, la Sala encuentra satisfecho el juicio de conexidad, bajo el
entendimiento de que la resolución solo puede operar como desarrollo técnico del
artículo 5 del Decreto 0240 de 2026 y no como fundamento autónomo para
ampliar la regularización, financiar problemas estructurales o destinar recursos a
finalidades carentes de relación directa con la emergencia.

2.4.3.2. Juicio de finalidad

El artículo 10 de la Ley 137 de 1994 exige que las medidas estén directa y
específicamente encaminadas a conjurar las causas de la perturbación e impedir
la extensión de sus efectos. En este caso, la finalidad inmediata de la resolución
es operativa: permitir que la regularización voluntaria diseñada por el artículo 5 del
Decreto 0240 de 2026 pueda ejecutarse dentro del sistema de facturación
electrónica. Su finalidad mediata, definida por el decreto legislativo, consiste en
facilitar el recaudo extraordinario previsto para atender los gastos de la
emergencia.

Las reglas sobre identificación, trazabilidad, validación y efectos de la transmisión
son coherentes con ambas finalidades. El acto no convierte la regularización en
un mecanismo permanente, no libera al obligado del deber de declarar y pagar los
impuestos a que haya lugar y no impide el ejercicio de las facultades de
fiscalización de la DIAN. En esas condiciones, el instrumento administrativo
conserva la finalidad trazada por la norma legislativa que desarrolla.

2.4.3.3. Juicio de necesidad

En cuanto a la necesidad jurídica, esta se encuentra acreditada porque el Decreto
Legislativo 0240 de 2026 remitió expresamente a la DIAN la determinación de la
forma en que debían transmitirse las operaciones no facturadas o facturadas sin
requisitos. Aunque el legislador extraordinario creó la regularización y definió sus
elementos sustanciales, no estableció el código de identificación, las validaciones
tecnológicas, el tipo de documento ni las reglas operativas indispensables para su
incorporación al sistema de facturación electrónica. Esos aspectos correspondían
a la competencia reglamentaria y técnica de la DIAN. Por ello, se requería un acto

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administrativo general que concretara la remisión legal y asegurara una aplicación
uniforme, sin que esa regulación pudiera alterar o ampliar la medida legislativa.

Distinta de la anterior es la necesidad fáctica. Esta surge de la dificultad material
que debía resolverse: las operaciones comprendidas en la regularización no
fueron facturadas cuando ocurrió el hecho económico o fueron facturadas sin el
cumplimiento de los requisitos, mientras que el sistema ordinario aplica
validaciones de secuencia, fecha y consistencia diseñadas para operaciones
corrientes, es decir, no fue diseñado para ese supuesto excepcional. Tales
validaciones dificultaban la transmisión extemporánea ordenada por el Decreto
0240 de 2026. La utilización de una contingencia especial, del código 20-REG y
de la factura tipo 03 respondió concretamente a ese obstáculo tecnológico y
permitió diferenciar las operaciones regularizadas, procesarlas y conservar su
trazabilidad. La Resolución, por tanto, atendió una necesidad operativa verificable
y no estableció medidas ajenas a la ejecución del decreto legislativo.

2.4.3.4. Juicio de proporcionalidad

Según el artículo 13 de la Ley 137 de 1994, las medidas adoptadas durante los
estados de excepción deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos que
pretenden conjurar. La regulación examinada permite incorporar al sistema
electrónico las facturas y notas correspondientes a operaciones omitidas y facilita
su trazabilidad y control.

La medida es proporcionada porque el acogimiento es voluntario; la resolución no
crea sanciones nuevas; no modifica los elementos de los tributos; no exonera del
deber de declarar y pagar; no convalida costos, deducciones, impuestos
descontables o beneficios sustanciales; y mantiene las competencias de
fiscalización y control. La carga técnica de utilizar la contingencia y el código 20-
REG resulta limitada frente a los fines de identificación, trazabilidad y ejecución
uniforme de la medida extraordinaria.

2.4.3.5. Transitoriedad

El juicio de transitoriedad exige verificar que la regulación administrativa no
convierta en permanente una medida adoptada con carácter excepcional ni
extienda su aplicación más allá de los límites temporales fijados por el legislador
extraordinario.

En este caso debe examinarse específicamente la concordancia de la Resolución
000011 de 2026 con el ámbito temporal establecido en el artículo 5 del Decreto
Legislativo 0240 de 2026, esta última disposición estableció dos límites temporales
para la subsanación del incumplimiento de obligaciones formales. El primero, se
refiere al momento en que debía haberse configurado el incumplimiento:
únicamente podían regularizarse las omisiones de facturación correspondientes a

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operaciones realizadas antes de la entrada en vigencia de ese decreto, esto es,
antes del 13 de marzo de 2026. El segundo límite correspondía a la oportunidad
para acogerse al beneficio, cumplir sus condiciones y efectuar la transmisión, cuyo
plazo máximo venció el 30 de abril de 2026.

La Resolución 000011 de 2026 respetó ambos límites. El parágrafo del artículo
1.5.1.5.10.2 restringió la contingencia especial a las operaciones no facturadas o
facturadas sin requisitos antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo
0240 de 2026. A su vez, el artículo 1.5.1.5.10.5 reiteró que los sujetos obligados
únicamente podían acogerse al mecanismo y efectuar la transmisión hasta el 30
de abril de 2026. Por tanto, la DIAN no amplió el ámbito temporal definido por el
legislador extraordinario.

Esta regulación también resulta concordante con el Decreto Legislativo 0150 de
2026. Aunque la emergencia fue declarada por treinta días calendario a partir del
11 de febrero de 2026, el Decreto Legislativo 0240 fue expedido el 12 de marzo
siguiente, dentro de ese término. Los treinta días delimitaban la oportunidad para
ejercer las facultades legislativas extraordinarias, pero no implicaban que las
medidas adoptadas debieran agotarse al finalizar la emergencia. Precisamente, el
artículo 5 estableció expresamente un periodo de aplicación posterior, hasta el 30
de abril de 202632.

En consecuencia, la Resolución 000011 de 2026 no convirtió la regularización en
un mecanismo permanente ni permitió aplicarla a incumplimientos posteriores, se
limitó a desarrollar técnicamente el artículo 5 del Decreto Legislativo 0240 dentro
de los supuestos y del plazo allí establecidos. Por tanto, se encuentra satisfecho el
juicio de transitoriedad.

2.4.3.6. Juicio de no discriminación y protección de derechos

El artículo 14 de la Ley 137 de 1994 prohíbe que las medidas adoptadas durante
los estados de excepción entrañen discriminaciones fundadas en raza, lengua,
religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica. La Resolución
000011 de 2026 no establece distinciones basadas en esas categorías ni en otros
criterios sospechosos.

Sus destinatarios se determinan por una condición objetiva: ser sujetos obligados
a facturar que, dentro de los supuestos y plazos del artículo 5 del Decreto 0240 de
2026, reconozcan voluntariamente el incumplimiento y transmitan las operaciones
omitidas. El trato diferente frente a quienes cumplieron oportunamente no fue
creado por la resolución, sino que proviene de la medida legislativa extraordinaria;
además, la resolución no amplía el beneficio ni dispensa el pago de los impuestos
correspondientes.

32 Incluso existen otras medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 0240 de 2026 que indican que tendrán

vigencia hasta 31 de diciembre de 2026.

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Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

Tampoco se advierte una restricción del núcleo esencial de derechos
fundamentales ni humanos consagrados en la CADH y en los tratados o
convenios internacionales sobre derechos humanos incorporados al ordenamiento
jurídico nacional. Por el contrario, la identificación especial de los documentos y la
conservación de las facultades de fiscalización contribuyen a la transparencia, al
debido proceso y a la seguridad jurídica en la aplicación de la regularización.

2.4.4. Examen particular de los artículos de la Resolución 000011 de 2026

2.4.4.1. Artículo 1: adición de la subsección transitoria

El artículo 1 adicionó los artículos 1.5.1.5.10.1 a 1.5.1.5.10.5 a la Resolución
000227 de 2025. El primero no creó la regularización tributaria extraordinaria, ya
establecida por el artículo 5 del Decreto Legislativo 0240 de 2026; dispuso la
contingencia técnica especial y transitoria necesaria para su ejecución en el
sistema de facturación electrónica y remitió al procedimiento previsto para la
factura tipo 03. En consecuencia, desarrolló la orden legislativa sin modificar sus
condiciones sustanciales.

El artículo 1.5.1.5.10.2 dispuso que las facturas y las notas crédito o débito
expedidas para subsanar los incumplimientos debían identificarse con el código
«20-REG» en el campo «CustomizationID». Esta identificación tiene una finalidad
técnica: permite clasificar y hacer seguimiento a las operaciones regularizadas, sin
crear una nueva clase de factura ni limitar las facultades de fiscalización de la
DIAN.

Ahora bien, la expresión «clasificación, trazabilidad y tratamiento diferenciado» se
refiere únicamente a la aplicación del mecanismo extraordinario previsto en el
Decreto Legislativo 0240 de 2026, dentro del marco establecido por el Decreto
0150 de 2026, la sentencia C-191 de 2026 y la decisión definitiva que adopte la
Corte Constitucional sobre el Decreto 0240. En este punto se precisa que la
disposición regula el cumplimiento de la obligación de quien expide la factura, pero
no define los efectos tributarios que su recepción extemporánea pueda producir
para quien la recibe. Sin embargo, este aspecto no corresponde ser definido en el
presente medio de control y deberá resolverse, en cada caso, conforme a las
normas tributarias ordinarias aplicables. En efecto, la resolución examinada
únicamente establece el instrumento técnico para subsanar la obligación formal,
mientras que la medida excepcional de subsanación y sus efectos fueron
establecidos por el artículo 5 del Decreto Legislativo 0240 de 2026.

El artículo 1.5.1.5.10.3 precisó los efectos de la transmisión. Su texto mantiene el
deber de declarar y pagar los impuestos y preserva expresamente las facultades
de fiscalización. Esta disposición evita que la subsanación formal sea interpretada
como saneamiento sustancial de la operación y se ajusta al parágrafo 1 del
artículo 5 del Decreto 0240 de 2026.
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El artículo 1.5.1.5.10.4 sujetó la validación al esquema de contingencia previsto
en la Resolución 000227 de 2025 y a la utilización de la factura tipo 03. La
remisión utiliza una infraestructura normativa y tecnológica existente para ejecutar
la medida, sin alterar el contenido del decreto legislativo.

Finalmente, el artículo 1.5.1.5.10.5 delimitó la aplicación de la contingencia a
incumplimientos generados antes de la entrada en vigencia del Decreto 0240 de
2026 y reiteró el 30 de abril de 2026 como fecha máxima. Con ello, la resolución
respetó la transitoriedad y no extendió el plazo fijado por el legislador
extraordinario.

2.4.4.2. Artículos 2 y 3: publicación y vigencia

El artículo 2 ordenó publicar la resolución en el Diario Oficial de conformidad con
el artículo 65 del CPACA, mientras que el artículo 3 dispuso que regiría a partir de
esa publicación. La Resolución 000011 de 2026 no hizo coincidir su
obligatoriedad con la simple expedición, sino con la publicidad exigida para los
actos administrativos generales. Por tanto, estos artículos se ajustan al
ordenamiento superior.

2.4.5. Incidencia de la sentencia C-191 de 2026

Como se expuso, la sentencia C-191 de 2026 no retiró del ordenamiento el
Decreto 0150 de 2026. La Corte declaró su exequibilidad bajo límites territoriales
y materiales33. La Resolución 000011 de 2026 no dispone directamente la

33 La siguiente transcripción es tomada del comunicado de prensa núm. 22 del 24 de junio de 2026 emitido

por la Corte Constitucional:
«Primero: Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 1 del Decreto 150 de 2026, “[p]or el cual se declara el
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional”, salvo en lo relativo a
los hechos y consideraciones relacionados (i) con la atención de la crisis financiera de las empresas de
servicios públicos de energía eléctrica y el riesgo sistémico para la continuidad del servicio público
domiciliario de energía en el territorio nacional; (ii) las facultades de la Agencia Nacional de Tierras en materia
de deslinde de tierras de la Nación y la recuperación de bienes de uso público y baldíos, así como en otros
procedimientos agrarios; y (iii) la actualización de los Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA–,
los procesos de acotamiento de rondas hídricas y su incorporación como determinantes ambientales en los
instrumentos de ordenamiento territorial que se declaran INEXEQUIBLES.
La exequibilidad previamente declarada se condiciona a que se entienda que el ámbito territorial definido en el
artículo 1, únicamente comprende (i) a los 181 municipios que, según el reporte de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD–, registraron afectaciones por el fenómeno meteorológico atípico
ocurrido entre enero y febrero de 2026, y (ii) a los demás municipios respecto de los cuales pueda
demostrarse, de manera precisa, una afectación concreta derivada del fenómeno que originó la declaratoria
del estado de excepción.
Segundo: Declarar la EXEQUIBILIDAD de los artículos 2 y 3 del Decreto 150 de 2026, “[p]or el cual se declara
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional”, bajo las siguientes
condiciones cuya implementación deberá iniciarse tan pronto se publique el comunicado de esta decisión:
a) El estado de emergencia no habilita la adopción de medidas estructurales, ni de aquellas que tengan por
objeto ejecutar acciones de reconstrucción, a menos que, respecto de estas últimas, el Gobierno nacional
demuestre que se encuentran directa y estrechamente relacionadas con la fase de rehabilitación, en los
términos que han quedado indicados en la parte motiva de esta providencia.
b) La configuración y ejecución de las medidas de financiación extraordinarias deberá sujetarse a las
siguientes exigencias:
i. Las competencias para financiar (recaudo, crédito, distribuciones, entre otras) y ejecutar recursos al amparo
del estado de excepción no pueden extenderse, en ningún caso, a gastos no relacionados directamente con el

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apropiación ni el gasto de los recursos recaudados. Su objeto se limita a la
operación técnica del sistema de facturación. Sin embargo, forma parte de la
cadena normativa de una medida de financiación prevista en el Decreto 0240 de
2026. Por ello, su legalidad debe declararse de manera condicionada para evitar
que la regulación administrativa sea interpretada separadamente de los límites
constitucionales que gobiernan la emergencia.

El condicionamiento no modifica el texto técnico de la resolución ni incorpora
requisitos que correspondan al contribuyente y que no estén previstos en el
Decreto 0240 de 2026. Su función es precisar que la resolución: (i) solo habilita la
transmisión extraordinaria en los supuestos y plazos definidos por el artículo 5 de
ese decreto legislativo; (ii) no constituye una autorización autónoma para ampliar
beneficios, crear una regularización permanente o resolver problemas
estructurales excluidos por la Corte; y (iii) no permite desligar los efectos
recaudatorios de la medida de las exigencias fijadas en la sentencia C-191 de
2026 para la financiación y ejecución de los gastos de la emergencia en «los 181
municipios que, según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres –UNGRD–, registraron afectaciones por el fenómeno meteorológico
atípico ocurrido entre enero y febrero de 2026» y «a los demás municipios
respecto de los cuales pueda demostrarse, de manera precisa, una afectación
concreta derivada del fenómeno que originó la declaratoria del estado de
excepción».

estado de emergencia declarado y en las condiciones indicadas en esta sentencia. A la mayor brevedad
posible, el Ministerio de Hacienda deberá recalcular el costo total de la emergencia y de las adiciones
presupuestales necesarias para financiarlo, teniendo en cuenta el contenido de esta sentencia y los principios
y reglas que guían la gestión de los recursos públicos.
ii. La entidad con competencia para ordenar el gasto en cada sector deberá indicar en un acto administrativo,
las razones por las cuales, en función de la oportunidad del gasto y la disponibilidad de los recursos, no es
posible acudir a medios ordinarios de financiación. Esta obligación se extenderá a los recursos que todavía no
se hayan comprometido o ejecutado.
iii. El Gobierno nacional, en coordinación con las entidades territoriales afectadas, deberá establecer
mecanismos que, con pleno respeto de su autonomía, permitan distribuir las tareas de financiación de las
medidas de emergencia entre la Nación y dichas entidades.
iv. El Gobierno nacional deberá prever, según los instrumentos actualmente existentes, un mecanismo para la
administración y ejecución de los recursos obtenidos al amparo del estado de emergencia, absolutamente
separado de otras fuentes, que permita un seguimiento adecuado de su destinación y que haga posible que
los organismos de control dispongan de información permanente sobre los diferentes compromisos que se
asuman. Esta obligación se extenderá a los recursos que todavía no se hayan comprometido o ejecutado.
Tercero: Declarar la EXEQUIBILIDAD de los artículos 4 y 5 del Decreto 150 de 2026, “[p]or el cual se declara
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional”.
Cuarto: ORDENAR al Gobierno nacional y al Congreso de la República que, en adelante y desde sus
competencias respectivas, incluyan un análisis de impacto climático en la preparación y aprobación de las
leyes del Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de optimizar la capacidad de respuesta del Estado frente a los
desastres o calamidades vinculadas con el cambio climático, y para contrarrestar las causas humanas
vinculadas con el mismo, protegiendo a todas las personas, en particular aquellas que se encuentran en una
situación de mayor vulnerabilidad.
Quinto: EXHORTAR al presidente de la República para que, en su condición de conductor del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y con el propósito de fortalecer todas las fases de
gestión del riesgo (conocimiento, reducción y manejo de desastres), adopte e impulse, en el marco de sus
competencias, las medidas que se requieran para (i) asegurar su financiación permanente, continua y
ascendente; y (ii) para optimizar su capacidad de respuesta frente a todos los desastres o calamidades
vinculadas con el cambio climático. El fin de estas medidas deberá consistir en asegurar recursos suficientes
para enfrentar la variabilidad climática y la clase de fenómenos meteorológicos evaluados en esta sentencia».

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Referencia: Control inmediato de legalidad
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03927-00
Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

En consecuencia, los recursos obtenidos como efecto del instrumento
extraordinario no podrán ser destinados a gastos sin relación directa con la
emergencia, a medidas estructurales ni de reconstrucción desvinculadas de la
rehabilitación de los territorios afectados. Las autoridades competentes para
estimar las necesidades, apropiar y ordenar el gasto deberán cumplir las cargas
de motivación, cálculo, coordinación y justificación establecidas por la Corte
Constitucional. Esta precisión no traslada esas competencias a la DIAN ni
convierte la resolución en un acto de ejecución presupuestal; únicamente
conserva la unidad entre el acto administrativo y el marco constitucional
condicionado que le sirve de fundamento.

En este punto se precisa que el artículo 5 del Decreto Legislativo 0240 de 2026 no
ha sido retirado del ordenamiento jurídico y continúa constituyendo el fundamento
normativo de las situaciones consolidadas durante el periodo de aplicación de la
medida. Lo anterior no significa que permanezca abierta la oportunidad para
acogerse al beneficio, pues el plazo previsto para subsanar los incumplimientos y
acreditar las condiciones correspondientes venció el 30 de abril de 2026, tal y
como se explicó en el acápite de transitoriedad de esta providencia. Por tanto, la
conclusión que se adopta en este acápite es sin perjuicio de los efectos que
produzca la decisión definitiva de la Corte Constitucional sobre el Decreto
Legislativo 0240 de 202634, pues como se explicó, el control inmediato de
legalidad es autónomo, pero debe respetar las decisiones de constitucionalidad
que se profieran sobre las normas que integran la cadena de validez del acto
administrativo.

2.4.6. Conclusión.

La Resolución 000011 del 23 de abril de 2026: (i) cumplió los requisitos formales
de expedición, motivación, participación y publicidad; (ii) fue proferida por el
director general de la DIAN dentro de las competencias previstas en el Decreto
1742 de 2020, el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y el artículo 5 del Decreto
Legislativo 0240 de 2026; (iii) no creó la regularización tributaria extraordinaria,
sino que desarrolló técnicamente la medida establecida por el legislador
excepcional; (iv) guarda conexidad normativa y material directa y específica con
esa regulación; (v) persigue una finalidad compatible con la medida extraordinaria
de recaudo; (vi) satisface separadamente la necesidad jurídica de concretar la
remisión efectuada a la DIAN y la necesidad fáctica de superar los obstáculos
técnicos para transmitir operaciones extemporáneas; (vii) resulta proporcionada,
temporal y no discriminatoria; y (viii) conserva las obligaciones sustanciales y las
facultades de fiscalización.

34
A la fecha en que se profiere esta sentencia, la Corte Constitucional no ha adoptado una decisión definitiva
sobre el Decreto Legislativo 0240 de 2026 dentro del expediente RE-0000403:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=11&expediente=RE0000403&lista=dato
sExpedientes_1779893870524

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Referencia: Control inmediato de legalidad
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03927-00
Resolución 000011 de 2026 -DIAN-

No obstante, la conformidad del acto no puede declararse de manera simple,
porque su fundamento mediato —el Decreto 0150 de 2026— fue declarado
exequible con condicionamientos mediante la sentencia C-191 de 202635 y porque
el Decreto 0240 de 2026 contiene medidas de financiación de la emergencia. En
consecuencia, como el acto objeto de control desarrolló técnicamente la medida
establecida por el legislador excepcional, la Sala declarará la legalidad
condicionada de la Resolución 000011 de 2026, bajo el entendido de que su
aplicación se limita estrictamente a los supuestos, efectos y plazo del artículo 5
del Decreto Legislativo 0240 de 2026 y de que sus efectos recaudatorios quedan
sometidos a los límites territoriales, materiales y financieros fijados por la Corte
Constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

III. FALLA

PRIMERO. Declarar ajustada a derecho, de manera condicionada, la
Resolución 000011 del 23 de abril de 2026, expedida por la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—, bajo el
entendido de que el acto administrativo objeto de control queda sometido a los
condicionamientos territoriales, materiales y financieros fijados en la sentencia C-
191 de 2026, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.

SEGUNDO. En firme esta decisión archívese el expediente, previas las
anotaciones en el Sistema de Información SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Magistrado Magistrado

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Magistrado Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

35 En similar sentido puede consultarse, Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de

abril de 2021, radicado 11001-03-15-000-2020-04138-00.

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