Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03931-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03931-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03931-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03931-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
17 de julio de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03931-00
Demandante: Sandra Gabriela Parra Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Primera – Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA | Subsidiariedad
Síntesis del caso: La parte actora solicitó al amparo de su derecho fundamental al debido
proceso de cara a la falta de notificación de las providencias proferidas en el marco de
una acción popular para la protección del derecho colectivo al uso y goce del espacio
público.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Sandra Gabriela Parra
Vargas, en nombre propio, contra el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá,
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el Instituto para la Economía Social – IPES y la Alcaldía Local
de Barrios Unidos.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 22 de mayo de 2026, Sandra Gabriela Parra Vargas presentó, en
nombre propio, una acción de tutela en contra del Juzgado 64
Administrativo de Bogotá, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Instituto para la Economía Social – IPES
y la Alcaldía Local de Barrios Unidos, por la presunta vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso, así como al principio de
publicidad, por haber omitido el deber de notificar en debida forma a la
accionante desde la etapa de admisión la acción popular No. 11001-33-43-
064-2025-00255-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03931-00
Demandante: Sandra Gabriela Parra Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
“1. Que sea ordenado por su honorable despacho protección a los derechos
PROTECCION DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO,EL PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD, y los que el señor juez considere aquí vulnerados.
2. Con el propósito de garantizar el derecho a la defensa, solicito a su honorable
despacho se decrete nulidad de lo actuado.
3. Como medida provisional solicito S (sic)
4. r juez (sic) Se tomen todas las medidas preventivas en aras de evitar un daño
irremediable y garantizar el principio de no revictimización frente a las personas que
se encuentran autorizadas y caracterizadas en este punto ejerciendo su derecho al
trabajo en condiciones de vulnerabilidad, madres cabeza de familia, familias víctimas
del conflicto y otros.”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) El 28 de octubre de 2021, Sandra Gabriela Parra Vargas fue elegida
por la localidad de Barrios Unidos para conformar el Consejo Distrital de
vendedores informales para el periodo 2021-2025.
5. 2) El 16 de julio de 2025, Luis Gabriel Melo Erazo presentó demanda, en
nombre propio, en ejercicio de la acción popular radicada bajo No. 11001-
33-43-064-2025-00255-00, contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía
Local de Barrios Unidos, la Defensoría del Espacio Público, la Defensoría del
Movilidad y el Instituto para la Economía Social, con el objetivo de que las
autoridades accionadas se abstuvieran de conferir, permitir u otorgar
permisos para la instalación de vendedores ambulantes o estacionarios en
los andenes, antejardines, puentes peatonales y zonas circundantes a la
Avenida Carrera 68, Calle 78 y Calle 75 (perímetro del Centro Comercial
Metrópolis), de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política y
el artículo 65 del Acuerdo 079 de 2003.
6. 3) Le correspondió en primera instancia, por reparto, al Juzgado 64
Administrativo de Bogotá, el cual, mediante Sentencia 10 de diciembre de
2025, negó las pretensiones de la demanda. Como argumento de su
decisión expuso que la parte actora no acreditó que la presunta vulneración
de los derechos e intereses colectivos obedeciera a una omisión atribuible
a las entidades demandadas.
7. Señaló que el material probatorio demostró que la Alcaldía Local de
Barrios Unidos ejecutó de manera periódica operativos de inspección,
vigilancia y control, censos, visitas técnicas, mesas de trabajo y actividades
de sensibilización; que el Instituto para la Economía Social -IPES- realizó
caracterizaciones socioeconómicas, identificó a los ocupantes del espacio
público, los inscribió en el Registro Individual de Vendedores Informales y
ofreció alternativas de formalización y reubicación; que el DADEP cumplió
2 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03931-00
Demandante: Sandra Gabriela Parra Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
sus funciones de georreferenciación, diagnóstico y apoyo técnico, sin que
pudiera exigírsele la ejecución de operativos de recuperación por carecer
de competencia policiva; y que la Secretaría Distrital de Movilidad acreditó
actuaciones de control dentro del ámbito de sus competencias.
8. Por lo anterior, estimó que no existió una omisión administrativa
relevante que permitiera declarar la vulneración de los derechos colectivos
invocados, y añadió que la ocupación obedeció a un fenómeno generado
por particulares y no a una actuación u omisión estatal, por lo que no se
acreditó el nexo causal exigido para la prosperidad de la acción popular.
Igualmente, indicó que las fotografías aportadas por la parte actora no
demostraron la existencia de un daño colectivo imputable a las entidades
demandadas y que la administración había desplegado actuaciones
permanentes de control y seguimiento.
9. 4) El señor Melo Erazo presentó recurso de apelación en contra de la
anterior decisión. En el escrito indicó que el juzgado incurrió en un error al
otorgar eficacia a las actuaciones adelantadas por las entidades
accionadas sin verificar si estas habían logrado la recuperación efectiva del
espacio público. Afirmó que el despacho omitió valorar adecuadamente el
material fotográfico, fílmico y la inspección judicial, los cuales demostraban
que la invasión del espacio público permanecía, por lo que no existían
pruebas que permitieran concluir que la vulneración había cesado.
10. Agregó que el sector objeto de la demanda correspondía a una zona
especial, respecto de la cual las autoridades tenían el deber de adoptar
medidas efectivas para garantizar la recuperación y conservación del
espacio público, conforme al artículo 82 de la Constitución, el Decreto 1421
de 1993, el Decreto 098 de 2004 y la Resolución 101 de 2011. Por ello, solicitó
revocar la sentencia y, en su lugar, ordenar la protección de los derechos
colectivos mediante la restitución del espacio público, el retiro de los
vendedores informales y el control de los taxis y bicitaxis que ocupaban
indebidamente la zona, así como la adopción de medidas permanentes
para asegurar su conservación.
11. 5) La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante Sentencia de 26 de febrero de 2026 revocó la
decisión de primera instancia para, en su lugar, acceder al amparo
solicitado. Explicó que el juzgado incurrió en una contradicción, pues,
aunque reconoció la existencia de una problemática de ocupación
indebida del espacio público, negó las pretensiones de la demanda con
fundamento en las actuaciones adelantadas por las entidades distritales.
Precisó que, si bien el actor tenía la carga de demostrar la vulneración de
los derechos colectivos, el juez de la acción popular debía valorar la
totalidad del material probatorio aportado por ambas partes. A partir de ese
3 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03931-00
Demandante: Sandra Gabriela Parra Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
análisis, concluyó que las pruebas allegadas por la propia administración
acreditaron que la ocupación irregular del espacio público en el sector de
Metrópolis persistió, al menos, desde el año 2022 hasta agosto de 2025, pese
a la realización de operativos, jornadas de sensibilización, mesas de trabajo
y demás actuaciones institucionales.
12. Asimismo, estimó que, aunque las entidades adelantaron algunas
medidas para mitigar la problemática, estas resultaron insuficientes para
lograr la recuperación material del espacio público, debido a la
permanencia de la ocupación indebida, la reiteración del comercio
informal no autorizado, la ausencia de estrategias integrales y continuas de
control, reubicación y formalización, y la falta de prueba de que el IPES
hubiera presentado una oferta formal a los vendedores previamente
caracterizados. En consecuencia, concluyó que las actuaciones
desplegadas no fueron eficaces, suficientes ni proporcionales para
garantizar la protección de los derechos colectivos al goce del espacio
público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, razón por la
cual revocó la decisión apelada, declaró acreditada su vulneración y
dispuso la adopción de medidas estructurales y coordinadas para su
recuperación.
13. 6) El 12 de mayo de 2026, la señora Parra Vargas tuvo conocimiento
de la referida acción popular a través de un link enviado por la alcaldía local
de Barrios Unidos con el objetivo de citar a una reunión para el 13 de mayo
de 2026, en la que realizaría una socialización del cronograma de
cumplimiento de las órdenes dadas en la sentencia de segunda instancia.
14. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que las
autoridades judiciales accionadas, vulneraron su derecho fundamental al
debido proceso y al principio de publicidad, pues, (se trascribe):
“Si bien es cierto que en la demanda se vinculan entidades, por mandato
constitucional (debido proceso)toda entidad pública o privada está obligada a
notificar formalmente a las personas cuyos derechos o intereses se verán
directamente afectados por una demanda en este caso, me correspondía ser
notificada como representante de los vendedores y consejera local de la localidad
e barrios unidos, de esta misma forma transmitirle la información a los vendedores que
se encuentran ubicados en este punto autorizados y caracterizados por el IPES.”
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2
2 Mediante Auto de 19 de junio de 2026, luego de un requerimiento efectuado el 1 de junio de 2026, el despacho
ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia por Sandra Gabriela Parra Vargas, en nombre
propio, (2) tener como demandados al el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Instituto para la Economía Social – IPES y la Alcaldía Local
de Barrios Unidos, (3) vincular a Luis Gabriel Melo Erazo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Defensoría del Espacio
Público y a la Secretaría Distrital de Movilidad, como terceros con interés en el asunto.
4 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03931-00
Demandante: Sandra Gabriela Parra Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
15. El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá3 negó la existencia de
irregularidades en la presentación y trámite de la acción popular, indicó que
los documentos aportados con la demanda se incorporaron regularmente
al expediente, no fueron objeto de tacha de falsedad ni de controversia
probatoria y se valoraron conforme con las reglas de la sana crítica.
16. Frente a las pretensiones, sostuvo que el auto admisorio de 29 de
agosto de 2025 dispuso las medidas de publicidad previstas en la Ley 472 de
1998, para lo cual ordenó comunicar la actuación a la Defensoría del
Pueblo, publicar el aviso correspondiente en la página web de la Rama
Judicial y disponer que las entidades demandadas divulgaran el proceso
mediante un enlace en su sitio web institucional. Explicó que la acción
popular tenía naturaleza pública y que la Ley 472 de 1998 no exigía la
vinculación ni la notificación personal de cada uno de los posibles
interesados, sino la observancia de mecanismos de publicidad que
garantizaran el conocimiento del proceso y la posibilidad de intervenir.
17. Luis Gabriel Melo Erazo4 solicitó declarar improcedente la acción de
tutela o, subsidiariamente, negar el amparo. Sostuvo que la acción no
cumplió los requisitos de procedencia, en particular, los de subsidiariedad,
inmediatez y acreditación de un defecto específico contra las providencias
cuestionadas, pues la accionante pretendió utilizar la tutela como una
tercera instancia para obtener la nulidad de un proceso de acción popular
que ya contaba con sentencia de segunda instancia y se encontraba en
etapa de cumplimiento.
18. Asimismo, afirmó que no existió vulneración del debido proceso ni del
principio de publicidad, toda vez que el trámite de la acción popular se
adelantó conforme con la Ley 472 de 1998, la accionante no acreditó
legitimación para actuar en representación de los vendedores informales ni
demostró un perjuicio irremediable, y cualquier inconformidad relacionada
con el cumplimiento del fallo debía plantearse ante el juez natural.
19. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca5 solicitó declarar improcedente la acción de tutela al
considerar que no se cumplieron los requisitos de procedencia contra
providencias judiciales, en particular el de relevancia constitucional, pues la
controversia pretendió convertir la tutela en una tercera instancia.
20. Sostuvo que la accionante no formuló reproches concretos contra la
sentencia de segunda instancia ni acreditó la vulneración de sus derechos
3 Índice 21 de SAMAI.
4 Índices 20 de SAMAI.
5
Índices 23 de SAMAI
5 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03931-00
Demandante: Sandra Gabriela Parra Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
fundamentales, toda vez que el trámite del proceso respetó las garantías del
debido proceso y el principio de publicidad mediante el aviso a la
comunidad, lo que permitió la intervención de los interesados. Agregó que
la accionante no hizo parte del proceso de acción popular, que la
notificación de la sentencia de segunda instancia se efectuó a los sujetos
procesales conforme con la Ley 472 de 1998 y que no se configuró ninguna
causal de nulidad ni defecto atribuible a dicha autoridad judicial.
21. La Secretaría Jurídica Distrital, en representación de la Alcaldía Mayor
de Bogotá6 solicitó declarar improcedente la acción de tutela. Sostuvo que
la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados no era
atribuible al Distrito, pues los hechos cuestionados correspondían
exclusivamente a las actuaciones adelantadas por las autoridades
judiciales dentro de la acción popular.
22. Asimismo, afirmó que la tutela no satisfizo los requisitos de
procedencia, en especial, los de relevancia constitucional y subsidiariedad,
ya que la accionante pretendió reabrir un debate propio del proceso
judicial sin acreditar la existencia de un perjuicio irremediable ni el
agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa. Finalmente, señaló
que la accionante no demostró su legitimación para actuar en
representación de los vendedores informales ni su condición de consejera
local, razón por la cual solicitó mantener a la Secretaría Jurídica Distrital
como tercero interesado y no como parte accionada, y desestimar las
pretensiones de la tutela.
23. La Secretaría Distrital de Gobierno, en representación de la Alcaldía
Local de Barrios Unidos7 solicitó declarar improcedente la acción de tutela
y, subsidiariamente, negar las pretensiones. Expuso que la accionante
careció de legitimación en la causa por activa, pues no acreditó actuar en
representación de los vendedores informales ni demostró que su calidad de
consejera local le otorgara facultades de representación judicial.
24. Asimismo, afirmó que la Alcaldía Local careció de legitimación pasiva
en la causa, toda vez que los cuestionamientos formulados recayeron sobre
actuaciones de las autoridades judiciales dentro de la acción popular y no
sobre actos u omisiones atribuibles a esa entidad y, en esa medida, solicitó
ser desvinculada del presente proceso.
25. Agregó que la tutela desconoció el principio de subsidiariedad, ya
que la accionante no agotó los mecanismos previstos para solicitar su
vinculación al proceso de acción popular ni acreditó la inexistencia de otros
6 Índice 24 de SAMAI.
7
Índice 25 de SAMAI.
6 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03931-00
Demandante: Sandra Gabriela Parra Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
medios de defensa judicial. Finalmente, señaló que no existió vulneración de
derechos fundamentales por parte de la Alcaldía Local, puesto que no
encontró solicitudes o actuaciones relacionadas con los hechos objeto de
la tutela y las actuaciones adelantadas por esa entidad se limitaron al
cumplimiento de la sentencia proferida dentro de la acción popular.
26. La Secretaría Distrital de Movilidad8 pidió declarar improcedente la
acción de tutela y que se le desvinculara del presente trámite por falta de
legitimación pasiva en la causa.
27. Sostuvo que las presuntas vulneraciones alegadas por la accionante
se dirigieron exclusivamente contra las actuaciones surtidas por el Juzgado
64 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
dentro de la acción popular, relativas a la notificación de la admisión del
recurso de apelación, sin que existiera acción u omisión atribuible a esa
entidad. Agregó que sus funciones legales se circunscribían a la formulación
de políticas y al ejercicio de competencias en materia de movilidad y
transporte, por lo que carecía de competencia para pronunciarse sobre la
actuación judicial cuestionada o satisfacer las pretensiones de la demanda.
28. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -
DADEP-9 solicitó declarar improcedente la acción de tutela y desvincularla
del trámite por falta de legitimación pasiva en la causa.
29. Sostuvo que las presuntas vulneraciones alegadas por la accionante
correspondieron a actuaciones surtidas dentro de la acción popular y a las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales, sin que existiera acción
u omisión atribuible al DADEP. Asimismo, afirmó que careció de
competencias para efectuar notificaciones judiciales, resolver recursos o
vincular terceros dentro del proceso, así como para adelantar la
caracterización, el registro, la reubicación o los programas dirigidos a
vendedores informales, funciones asignadas al Instituto para la Economía
Social (IPES) y a las alcaldías locales.
30. Agregó que la controversia debía ventilarse a través de los
mecanismos ordinarios previstos en la acción popular, por lo que no se
satisfizo el requisito de subsidiariedad ni se acreditó un perjuicio irremediable
imputable a esa entidad.
31. El Instituto para la Economía Social – IPES, a pesar de haber sido
notificado en debida forma10, guardó silencio.
8 Índice 26 de SAMAI.
9 Índice 27 de SAMAI.
10 Índice 14 de SAMAI.
7 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03931-00
Demandante: Sandra Gabriela Parra Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Solicitudes de desvinculación
32. La Sala negará las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Alcaldía Local de Barrios Unidos, la Secretaría Distrital de Movilidad y el
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP,
comoquiera que su vinculación al trámite de la acción de tutela se realizó
en calidad de terceros interesados en el proceso y la eventual decisión de
amparo de los derechos fundamentales que reclama la parte actora podría
llegar a tener incidencia en el proceso ordinario en el que actuaron como
demandados.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
33. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
superar el requisito de subsidiariedad
34. Para estudiar el requisito en comento, debe aclararse que lo
pretendido por la parte actora fue que se declarara la nulidad de todo lo
actuado en el trámite de la acción popular No. 11001-33-43-064-2025-00255-
00/01, por haberse vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y
el principio de publicidad al no haberse notificado ni vinculado en debida
forma al mencionado proceso.
35. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el
numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 199111, que desarrolló el artículo
8612 constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando
existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
36. La Corte Constitucional13 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
11 “Artículo 6. causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”
12 “Artículo 86—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden
para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
13 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
8 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03931-00
Demandante: Sandra Gabriela Parra Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
le otorga para la defensa de sus derechos, pues, de no ser así, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.
37. En ese orden de ideas, en el presente caso no se configuró el
mencionado requisito (subsidiariedad) porque (1) la parte actora no solicitó
su intervención al proceso ni agotó la solicitud de nulidad y (2) no es posible,
en este caso, acudir a la acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
38. El numeral 8 del artículo 133 del CGP, al cual se acude en virtud del
artículo 306 del CPACA, dispone como causal de nulidad el hecho de que
no se practicara en debida forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás
personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como
partes14. En el caso concreto, la presunta omisión en la notificación del auto
admisorio y demás actuaciones proferidas en el trámite de la acción
popular No. 11001-33-43-064-2025-00255-00/01, le impidió participar de
manera activa en dicho proceso bajo la calidad de representante de los
vendedores ambulantes de la localidad de Barrios Unidos, motivo por el cual
le correspondía formular el respectivo incidente de nulidad.
39. En ese orden, debe indicarse que dicho incidente, para el caso
concreto, no solo era idóneo sino también eficaz, pues el sustento fáctico
del asunto de la referencia está contemplado expresamente dentro de los
supuestos de hecho de las normas previamente citadas.
40. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que el artículo 134 del CGP 15,
aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 306 del
CPACA, regula la oportunidad y el trámite del incidente de nulidad. En
particular, la disposición establece que la nulidad por indebida
representación, falta de notificación o de emplazamiento en legal forma,
14 “ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
(…)
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto
admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación
omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en
la forma establecida en este código.”
15 “ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes
de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.
La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, o la originada en
la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá también alegarse en la diligencia de entrega o como
excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en
las anteriores oportunidades.
(…)
La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento, solo beneficiará a quien la haya invocado.
Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se integrará el
contradictorio.”
9 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03931-00
Demandante: Sandra Gabriela Parra Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
así como la originada en la sentencia contra la cual no procede recurso,
puede alegarse incluso con posterioridad a la sentencia, ya sea en la
diligencia de entrega o como excepción dentro de la ejecución del fallo,
de acuerdo con la Sentencia T - 481 de 202416 (se trascribe) “En tales
términos, los eventos que se listan en los incisos 2º y 3º del artículo 134 son
oportunidades adicionales para presentar la nulidad por falta de
vinculación o citación al proceso, luego de que se dicte la sentencia de
segunda instancia.”
41. Además, se destaca que, en la referida providencia, la Corte indicó,
expresamente, que conforme con los artículos 36 y 37 de la Ley 472 de 1998,
el recurso extraordinario de revisión no es procedente para cuestionar las
sentencias que se dictan en un proceso de acción popular, y, así, lo ha
reconocido de forma pacífica y uniforme el Consejo de Estado17.
42. En ese orden, aunque la parte actora indicó en la solicitud de amparo
que tuvo conocimiento después de proferida la sentencia de segunda
instancia, es pertinente indicar que, de acuerdo con los efectos de la
notificación del auto admisorio de la demanda en acciones populares, de
conformidad con el artículo 21 de la Ley 472 de 1998 (se trascribe)
“Notificación del Auto Admisorio de la Demanda. En el auto que admita la
demanda el juez ordenará su notificación personal al demandado. A los
miembros de la comunidad se les podrá informar a través de un medio
masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta
de los eventuales beneficiarios. (…)”, es dable inferir que la señora Parra
Vargas pudo haber tenido conocimiento de la existencia de la acción
popular, debido a que se convocó a la comunidad para que los
interesados, como ella en su calidad de consejera distrital de vendedores
informales, comparecieran al proceso y, por ende, habría estado en
condiciones de alegar la eventual nulidad dentro de la oportunidad
ordinaria prevista en el inciso 1 del artículo 134 del CGP.
43. En todo caso, la misma disposición en sus incisos 2 y 3 prevé
expresamente la posibilidad de alegar la nulidad por indebida notificación
con posterioridad al fallo, incluso en la diligencia de entrega o como
16 Se trascribe: “Los incisos 1º, 2º y 3º del artículo 134 del CGP precisan las etapas procesales en las que el afectado
puede proponer el incidente de nulidad. De un lado, el inciso 1º dispone que “[l]as nulidades podrán alegarse en
cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si ocurrieren en ella”. El
inciso 2º del artículo 134 del CGP, por su parte, agrega que “[l]a nulidad por indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento en legal forma (…) podrá también alegarse en la diligencia de entrega o como
excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en
las anteriores oportunidades”
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 18 especial de decisión, auto de 14 de noviembre
de 2023, rad. 11001-03-24-000-2023-00246-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. Ver también, Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 10 de febrero de 2011, rad. 11001-03-15-000-2010-
01519-00, C.P. Enrique Gil Botero y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto
de 16 de agosto de 2002, rad. 254168 25000-23-24-000-1999-9001-01 AP-300A, C.P. Ligia López Díaz.
10 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03931-00
Demandante: Sandra Gabriela Parra Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
excepción en su ejecución18, pudiéndose entender la etapa de
cumplimiento de la acción popular como la ejecución de la sentencia,
debido la materialización de los efectos de la decisión judicial. De manera
que la accionante tuvo a su disposición esos mecanismos procesales y no
hizo uso de ellos antes de acudir a la acción de tutela, por lo que esta no
puede emplearse para subsanar esa omisión ni para revivir oportunidades
procesales precluidas, conforme con la regla reiterada por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-481 de 2024.
44. Adicionalmente, la accionante no puso de presente por qué la tutela
procedía como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable, el cual ni siquiera refirió.
45. En ese orden de ideas, para la Sala no se configuró el mencionado
requisito (subsidiariedad) porque, la parte demandante no agotó los
mecanismos judiciales a su alcance, con el fin de ventilar ante el juez
competente, los aspectos que expuso mediante este mecanismo
constitucional.
46. Además, no se alegaron motivos que dieran cuenta por qué ese
mecanismo no sería apto o capaz de lograr la protección de derechos que
ahora se pretende. Por ende, el carácter residual de la acción de tutela no
se cumplió.
2.3. Conclusión
47. Tras corroborar que no se superó el requisito de subsidiariedad, la Sala
se abstendrá de pronunciarse sobre los demás requisitos de procedibilidad
y declarará la improcedencia de la acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
18 En la Sentencia T-400 de 2025, la Corte Constitucional tuvo por superado el requisito de subsidiariedad, en vista
de que, en ese caso, el accionante alegó la nulidad por indebida notificación en el trámite de ejecución de la
sentencia condenatoria, es decir, durante una de las oportunidades previstas en la ley. Además, consideró que
no era aceptable el argumento de que debía también acudir al recurso extraordinario de revisión, ya que el
numeral 8 del artículo 133, el artículo 134 y el artículo 442 del Código General del Proceso disponen que para
alegar una nulidad en un recurso extraordinario de revisión es necesario que la persona no la hubiese podido
alegar en otra oportunidad, como lo es la ejecución de la sentencia.
11 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03931-00
Demandante: Sandra Gabriela Parra Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Sandra Gabriela Parra Vargas, en nombre propio, de conformidad con las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Alcaldía Local de Barrios Unidos, la Secretaría Distrital de Movilidad y el
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP-
de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlos, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 19.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
19 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
12 de 12
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.